Sergio Salas
El Poder Judicial debe dar la cara a la sociedad
Es consenso reconocer que Sergio Salas representa a lo mejor del Poder Judicial. Sin embargo, Salas ha sido sancionado porque tuvo la osadía de opinar sobre el liderazgo en ese poder del Estado. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué ha cambiado y qué no? Veamos las opiniones del propio Sergio Salas, actual presidente de la Corte Superior de Lima, representativas del sector de magistrados que están por el cambio y por una justicia democrática (ver también al respecto su reciente publicación, Justicia Democrática. Bases de política institucional para la consolidación
del Poder Judicial, editada por IDL).Completan esta sección reveladoras conclusiones del Consejo Judicial transitorio y un artículo de casa.
Un magistrado como usted, ¿qué sintió cuando vio destaparse la red de corrupción que también afectó al Poder Judicial?
Una desazón tremenda al ver que la institucionalidad del país se había quebrado fundamentalmente por un proceso ya cíclico, una carencia de valores de identidad nacional que se viene produciendo, calculo, desde la segunda mitad del siglo XX. El resultado de este proceso lo hemos visto durante los últimos 10 años, en los que todas las instancias, todos los estratos sociales, fueron afectados por la corrupción.
Si tuviera que escoger la principal causa que permitió la utilización del Poder Judicial, ¿cuál sería?
Creo que el problema específico radica en que hemos tenido un Poder Judicial cuya estructura rígida no permitía el acceso a las altas judicaturas, y además ponía sus condiciones. Era un poder del Estado. Y como poder del Estado, tenía que dar una respuesta social. Sin embargo, en lugar de alinearse con los cambios sociales, se puso de espaldas y le dijo a la sociedad: "Si quieres justicia, acepta mis condiciones".
Cuando la sociedad cambió y se modernizó, el Poder Judicial abrió los ojos y se dio cuenta de que se había quedado atrasado en el tiempo. El resultado ha sido un quiebre institucional del que ahora estamos intentando salir.
¿Cuán duro fue el día a día del sector de magistrados probos durante todos estos años en los que el Poder Judicial era manipulado?
Fue un tiempo difícil, porque no solamente estábamos sujetos a amenazas y presiones sino que veíamos la realidad y teníamos muchos sentimientos de impotencia, de indignación; por otra parte, no queríamos que se nos considerara como parte de la red interna de corrupción que atravesaba todo el Poder Judicial. Mantuvimos una capacidad crítica que nos permitía expresar nuestras ideas en torno a la defensa de dos valores fundamentales: justicia y democracia.
Después de ser juez durante varios años, ¿cuáles son las premisas básicas de las cuales depende la independencia de un magistrado?
Creo que se trata, fundamentalmente, de tener una visión amplia del país y del papel que le toca desempeñar al Poder Judicial. Es decir, hay que tener claridad sobre cuál es la misión del juez respecto de la sociedad.
El manejo del presupuesto es un elemento clave para la independencia judicial. ¿Qué ideas centrales tiene al respecto?
Si el presupuesto está centralizado en manos de un solo órgano, estamos frente a un problema porque nuestra realidad es muy variada. El Perú está compuesto por muchas regiones distintas unas de otras. Entonces, si centralizamos el presupuesto en un órgano único, éste dará partidas presupuestarias a cuentagotas y así será imposible atender adecuadamente las necesidades de cada región. El presupuesto tiene que ser descentralizado, sin que esto implique la pérdida de control por parte del órgano central.
Durante la época de la Reforma Judicial, el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva manejaba el presupuesto. ¿Quién lo maneja actualmente?
El titular del pliego es el presidente del Poder Judicial; él sustenta el presupuesto y lo solicita al Congreso. Pero la instancia que lo estructura técnicamente es la gerencia general. La ejecución depende de la gerencia general, que asigna cuotas para cada distrito judicial. Pero los distritos judiciales no pueden manejar esas cuotas, pues requieren la aprobación previa de la gerencia general. Es decir, la ejecución todavía no está descentralizada.
¿A qué porcentaje del presupuesto nacional asciende el presupuesto del Poder Judicial? ¿A cuánto cree usted que debería ascender?
Hay que hacer una reestructuración para saber cuál debería ser el presupuesto. Actualmente tenemos un presupuesto irreal porque, como no está descentralizado, carecemos de una identificación de áreas. La Constitución de 1979 asignaba al Poder Judicial 2% del presupuesto nacional. La última Constitución, de 1993, simplemente eliminó el tema, pues no menciona cuál es el porcentaje que le corresponde. Hasta donde sabemos, se le ha estado dando 0,5% y a veces hasta 1%, aunque actualmente no llegamos ni a este porcentaje.
¿Cuánto se ha avanzado en el desmontaje de la red de influencias políticas que se estableció durante el régimen pasado?
Yo no creo que en el Poder Judicial haya existido la red fujimontesinista de la que se habla. Hubo, sí, cuatro o cinco cabezas vinculadas a ese sector, pero el resto estaba constituido por magistrados proclives a la corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? Es muy difícil señalarlo, porque se trata fundamentalmente de tener pruebas. Si no respetamos el principio de acusar con pruebas, estaríamos cayendo en lo mismo que criticamos.
Ha sorprendido mucho la sanción de un juez anticorrupción, supuestamente por haber adelantado opinión cuando, de alguna manera, el abrir instrucción es ya, inevitablemente, un adelanto de opinión.
La sanción a un juez siempre genera este tipo de debate, pero después se haber leído la resolución puedo asegurar que su contenido es netamente funcional. La sanción no se dirigió específicamente contra el juez anticorrupción sino contra un magistrado que, en opinión del órgano de control, tuvo una conducta que merece ser reprimida; pudo haber recaído en cualquier otro juez. Yo no formo parte del órgano de control, y no puedo discutir sus resoluciones , pero sí me queda claro que se ha tratado de un proceso disciplinario de carácter funcional.
Pero usted también está siendo investigado y puede ser que se le sancione por haber declarado sobre el liderazgo en el Poder Judicial (posteriormente a la entrevista vino la sanción anunciada).
Sí, hay un proceso de investigación que se está siguiendo actualmente en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debido a declaraciones mías que se publicaron en medios que están tratando de enfrentar a los máximos organismos del Poder Judicial, es decir al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura con el presidente del Poder Judicial. Por mi parte, no hubo ninguna intención de crear conflicto; mis declaraciones tendían a conseguir que las máximas autoridades armonizaran sus criterios y que todo quedara dentro de casa. En ningún momento dije que no hay liderazgo pues yo, como miembro del Poder Judicial, tengo que reconocer el liderazgo de su presidente, así como también él tiene que ejercerlo.
Pero en otros países en los que el Poder Judicial funciona mejor tiene bastante prestigio, los magistrados acostumbran a expresar sus puntos de vista, obviamente sin entrar a casos particulares y dentro de determinados límites. Ésta es la manera en la que el Poder Judicial establece un vínculo con la sociedad. ¿No cree que ya es hora de que en el Perú entremos en una dinámica así?
Así es. Nosotros hemos hecho un planeamiento estratégico sobre el Poder Judicial en el que, como parte de la justicia democrática, hemos considerado la interacción ciudadana, la interrelación institucional, el control autosostenido y la cultura judicial. El Poder Judicial siempre estuvo de espaldas a la sociedad. Ahora los tiempos han cambiado y ésta exige la respuesta de sus instituciones. El Poder Judicial debe hacer un viraje, dar la cara a la sociedad y preguntarle cuáles son sus requerimientos respecto de la administración de justicia. Pero no solamente eso: la sociedad también debe comprometerse con el tema. Si se pide la participación de la sociedad civil en el sistema de administración de justicia, ésta debe asumir la responsabilidad de que, cuando este sistema esté consolidado, acepte sus fallos, y así el magistrado ya no tenga la necesidad de salir a los medios para explicar lo que pasa.
Otro rumor es que se estaría produciendo una cierta repartición de cupos políticos en el Poder Judicial, como resultado del reingreso de magistrados; concretamente se habla de una nueva "apristización".
Los magistrados que han reingresado son profesionales que fueron eliminados o separados de la carrera judicial de manera arbitraria. Corremos el riesgo de que se repita el error de la década pasada, consistente en meter en el mismo saco a todos los magistrados, incluso a los demócratas. No descarto que haya grupos que estén buscando copar el Poder Judicial, pero en todo caso, ellos han encontrado una institución diferente, con una fuerte corriente de magistrados independientes. En estas condiciones, será muy difícil volver a un copamiento de tinte político.
Existe otro temor relacionado con el tema de la provisionalidad, que todavía se mantiene. Se dice que hay mucho miedo porque los provisionales (la gran mayoría) tienen que ser nombrados y los titulares tienen que ser ratificados.
En este punto hay un problema de organización. El objetivo fundamental de la reforma fue la reducción de la carga procesal a cero. Pero en ningún sistema judicial existe carga cero; lo que se intentó fue limpiar de expedientes el despacho para que el juez pudiera atender un número razonable de expedientes. Los expedientes restantes simplemente se escondieron en el archivo o se derivaron a nuevas salas jurisdiccionales accesorias creadas con ese fin: los famosos juzgados sentenciadores, de ejecución, capturadores, etcétera. Como consecuencia de esa apertura de salas, se nombró a gran cantidad de magistrados provisionales; el ejemplo más pasmoso es Lima, que tiene entre 45 y 50% de la carga procesal nacional. Con este esquema, es difícil tener una organización permanente. La ciudad sigue creciendo y con ella el ámbito de competencia de la Corte Superior de Lima. Como ya todos los secretarios y relatores están promocionados, se ha tenido que recurrir a los abogados independientes, sin carrera judicial. Ellos constituyen el gran porcentaje de los magistrados. La proporción es alarmante: tres provisionales y cinco suplentes por cada titular. Y mientras el magistrado titular está sujeto a ratificación, el suplente no lo está, lo cual es incoherente.
¿Qué puede decirnos sobre el proceso de ratificación que se está llevando a cabo?
El proceso de ratificaciones tiene que ejecutarse porque la Constitución así lo establece. Lo que se está cuestionando no es la labor del Consejo sino el sistema mismo de ratificaciones. Sobre este punto existen dos corrientes: una sostiene que las ratificaciones se eliminen y la otra que sean cargos públicos a perpetuidad o que, en todo caso, se amplíe su plazo. Ambas posiciones son atendibles, pero siempre debe haber mecanismos de control adecuados.
Usted es partidario de la segunda posición, por lo menos por ahora.
Sí. Incluso he sostenido que el cargo se mantenga hasta por 12 años y que el Consejo Nacional de la Magistratura convoque cada tres años al magistrado para decirle si está realizando una buena labor o si debe corregir tal o cual aspecto. De este modo se eliminarían las apreciaciones subjetivas acerca de los criterios del Consejo, y su labor se haría más transparente. Este mecanismo tiene un riesgo: el magistrado se puede portar bien durante nueve años y dejar de hacerlo el último período, o se puede portar mal los 12 años y no pasa nada. Entonces es cuando debe actuar el sistema aleatorio de control que permita que el propio sistema de justicia depure al magistrado corrupto o incapaz.
Tomando en cuenta la importancia de las atribuciones del Consejo Nacional, ¿qué nos puede decir del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Ahora es realmente autónomo y está constituido por integrantes probos?
Tenemos que guiarnos por el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura hasta este momento, sobre todo en el tema de las ratificaciones. Su labor está siendo muy coherente; si comparamos los aciertos con los errores, el resultado será más que aceptable.
¿Qué instancia debe impulsar una auténtica reforma que constituya la refundación del Poder Judicial?
¿Por dónde se empieza la institucionalización, por arriba o por abajo? Creo que por cualquiera de los dos lados, pues son complementarios. Lo que sí tiene que haber es una unidad de criterio. Ahora que el caos se está superando, las bases están tomando un papel muy activo que se complementa con la labor que deben realizar los representantes de las máximas instancias, el liderazgo que debe ejercer el presidente de la Corte Suprema. Éste es un proceso de recomposición integral que parte de las bases y es conducido adecuadamente por la cabeza.
¿Sería conveniente la creación de una instancia en la que participen tanto representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público como de la sociedad civil?
La sociedad civil debe expresar sus requerimientos y al mismo tiempo brindar los indicadores para elaborar un diseño adecuado de la administración de justicia y asumir su responsabilidad cuando esta propuesta jurídica se implemente. Los colegios de abogados, las universidades, las organizaciones de derechos humanos pueden brindar los indicadores para evaluar el trabajo del Poder Judicial.
El procesado Montesinos
Cuando Vladimiro Montesinos llegó al Perú después de haber estado prófugo, usted apareció junto a él. ¿Cómo fue ese encuentro?
Algunas personas –que desconocen lo que pasó– me han criticado mucho señalando que yo escolté a Montesinos y que no tenía por qué hacerlo. El incidente se produjo en el marco del operativo que se había organizado para trasladar a Montesinos al Palacio de Justicia. A mí, como presidente de la Corte Superior, me interesaba certificar que todo estuviera en orden porque Montesinos estaba comprometido en muchos temas de corrupción y se decía que en la carceleta iba a gozar de privilegios o que su integridad iba a correr riesgos. Este señor iba a ser puesto a disposición de la Corte Superior de Lima, a disposición del Poder Judicial, y yo, que en ese momento conducía la política anticorrupción en la Corte Superior, tenía que cerciorarme de las condiciones físicas en las que estaba. El encuentro fue entre un procesado y la autoridad; en ningún momento lo traté como si fuéramos iguales o quebré la rigidez de ese tipo de situaciones. Al final, cuando él era conducido a su celda, se detuvo y me pidió perdón por todo lo que me había hecho; me dijo que él sabía lo que yo había sufrido por causa suya. Le contesté: "No creo que usted lo sepa", y él insistió en que sí sabía todo lo que yo había pasado. Le dije que confiara en Dios y él insistió en pedirme perdón diciéndome que tal vez era la última vez que nos veíamos. Yo consideré que todos somos hijos de Dios y que, como hombre, no tenía por qué negarme a perdonarlo. Él fue conducido al juzgado y luego se publicó la famosa foto en la que aparezco "escoltándolo". Los jueces, que habían vivido horas muy difíciles, para sentirse seguros y tranquilos necesitaban sentir el respaldo de la persona que en ese momento los representaba. Y yo, como presidente de la Corte Superior de Lima, permanecí junto a ellos, esperando la llegada de Montesinos, durante todo el día y hasta altas horas de la noche. Ésa es la historia de mi encuentro con Montesinos.
Jueces por la Justicia y la Democracia
protestan por sanción a Salas"Lamentamos tener que recordar que ni en las épocas de intervención notoria del Poder Judicial, se ha impuesto sanción alguna a un Presidente de Corte o a otros Magistrados por el ejercicio de sus derechos de libre opinión y expresión."
(Párrafo del pronunciamiento público aparecido en los medios el 8 de noviembre.)
Cada uno asume el papel
que le tocaUsted está considerado como uno de los magistrados capaces de revalorizar la imagen del juez y de jugar un papel muy importante en el Poder Judicial. ¿Tiene conciencia del desafío histórico que le espera?
Sí, por supuesto. Cada uno desarrolla el papel que le toca en la sociedad, en la vida en general. Esto origina muchas privaciones, muchos sacrificios, pero lo fundamental es tener fuerza interior, mucha conciencia espiritual. Soy consciente de la situación en la que estoy en este momento y no tengo ningún afán protagónico. Lo que sí tengo es una sólida formación que nació en casa con el ejemplo de mis padres, de mis abuelos, quienes fueron personas muy respetuosas de los demás y capaces de postergar sus intereses individuales por atender el interés común. Mi abuelo fue dirigente sindical del rubro textil en los años treinta, en un momento en el que había que asumir responsabilidades muy grandes. El respeto hacia la persona humana, el carácter fuerte, la responsabilidad son valores que yo busco inculcar a mis hijos y a mis compañeros de trabajo. Porque yo no estoy solo sino que formo parte de un movimiento transparente y democrático que se está generando en todo el Perú. Aunque estamos empezando por cambiar el Poder Judicial –lo que constituye un clamor nacional– no se trata sólo de eso sino de cambiar el país. En Lima y en provincias tenemos magistrados de primer nivel. Se necesita un cambio estructural, que el pueblo sea capaz de sostener un Poder Judicial autónomo, impenetrable a todo intento de manipulación política. Necesitamos recobrar la identidad nacional que hemos perdido un poco. Necesitamos identificarnos con nuestra propia imagen, tender lazos de hermandad entre las regiones del país donde nos ha tocado vivir. Esto implica un cambio social, un cambio de idiosincrasia, y como toda transformación, encuentra resistencia. Pero ante la resistencia, persistencia.
¿De qué manera descubrió usted su vocación de juez?
Todo abogado que asuma su carrera con pasión lleva dentro algo de juez porque esta función se relaciona con los más sólidos principios éticos profesionales. Mi vocación nació cuando ejercía como abogado independiente. Mientras asesoraba empresas, hacía consultorías y litigaba, al realizar constantes visitas a juzgados, a escribanías, podía constatar las deficiencias del sistema de administración de justicia, las fallas del servicio. Conforme iba avanzando profesionalmente, sentía que estaba rindiendo una prueba, un examen muy exigente. Me sentía satisfecho porque consideraba que, en todo este proceso de autoevaluación, estaba respondiendo bien. Después de haber sido tratado mucho tiempo como abogado –en buena cuenta, maltratado–, sentí que quería aportar a mejorar el servicio, porque si el sistema trata así a los abogados, imagínese cómo trata al litigante común y corriente. Así, mi vocación de juez nació a partir de mi conocimiento interno del Poder Judicial y de mi deseo de cambiar esa situación.
Si le pido mencionar un caso especial para usted, ¿cuál escogería?
He vivido casos apasionantes, aunque el apasionamiento hace correr el riesgo de perder la objetividad. En el área penal he tenido procesos importantes; mis primeros casos me llevaron a conocer el drama de los procesados por tráfico de drogas. Una cosa es leer sus expedientes y otra muy distinta participar en los procesos orales, en los que el juez se enfrenta cara a cara con el drama del acusado. Otro caso que me viene a la memoria y que tuvo trascendencia fue el del capitán en retiro Gustavo Cesti. En ese momento, yo formaba parte del derecho público; declaré fundado el hábeas corpus que presentó el señor Cesti, quien tenía derecho de ser juzgado en el fuero común y no en el militar. Se originó un debate jurídico muy amplio, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la larga se comprobó que nosotros teníamos la razón. A pesar de todos los golpes que recibí por haber firmado esa resolución, quedé plenamente satisfecho.
Versión oficial del estado del Poder Judicial después de la reforma
El Consejo Transitorio del Poder Judicial que surgió de la Mesa de Diálogo de la OEA luego de la desactivación de la Comisión Ejecutiva interventora, integrado por magistrados y juristas, llegó a hacer un riguroso y drástico diagnóstico sobre el estado en que la reforma judicial de Fujimori y Montesinos dejó al Poder Judicial. Como sus conclusiones no han tenido el eco que debieron, tal vez por lo poco que se difundió el informe, reproducimos algunas conclusiones del pronunciamiento público que en el marco del informe hizo dicho Consejo.
¿Qué se encontró? Desde la conocida provisionalidad, hasta irregularidades en cuanto a remuneraciones y services
"1. Provisionalidad persistente de los magistrados. 2) Transitoriedad ‘permanente’ de juzgados y salas, creados mediante Resoluciones Administrativas. 3) Traslados y rotación de jueces y vocales. 4) Remuneraciones diferenciadas algunas en moneda extranjera otorgadas principalmente a funcionarios administrativos. 5) Asignación indiscriminada de vehículos (tres, por ejemplo, al Gerente General, cuatro vehículos a un Vocal Supremo Provisional). 6) Excesivo número de personal de la administración en ambas gerencias. 7) Contrataciones y ‘services’ abundantes en casi todos los reglones de la administración, con cifras significativas."
Salas Provisionales de duración indefinida, no permitidas por la ley
"Conformación de Salas sin respeto del principio de antigüedad de los Magistrados. / Coptación de la Sala y Juzgados de Derecho Público. / Designación de Magistrados sin los requisitos de ley. / Designación centralizada de los Presidentes de Corte, desconociendo el derecho de sus miembros de elegirlos. / Remoción interesada e intempestiva de Magistrados."
Innovando en materia de corrupción
"No puede negarse la amplitud que ha alcanzado la corrupción y que compromete la dignidad, el honor y el decoro de los magistrados honestos que los hay en número considerable. Ese incremento permite al C.T. manifestar que se ha formulado un nuevo concepto de corrupción más amplio que la burda compraventa mediante la coima dineraria y sus sucedáneos, pues modernamente se añade conceptos como corrupción organizada, corrupción no dineraria, corrupción sin premio que se manifiesta de varios modos como la indebida delegación de la función en abogados o auxiliares, la tardanza en las resoluciones, la deficiente elaboración y redacción de las resoluciones, la falta de sustento, motivación y fundamentación de las sentencias, y otras formas. La lucha contra la corrupción no se limita, por tanto, a un solo aspecto."
Hasta los aspectos que se creían positivos deben ser revisados
"La modernización es otro tema. El C.T. ha encontrado en ese aspecto un avance significativo: la implementación de sistemas informativos en casi todos los Distritos Judiciales es un ejemplo. También puede citarse los intentos de una organización moderna como son los Juzgados y Salas Corporativas y los Módulos Básicos de Justicia (MBJ), pero sujetos a severa revisión como se verá posteriormente."
La trampa de la separación radical entre lo administrativo y lo jurisdiccional
"La división radical entre lo jurisdiccional y lo administrativo, criterio impuesto por los reformadores del Poder Judicial, constituye una de las expresiones de tal cultura judicial. Como consecuencia, el magistrado quedó relegado a dictar resoluciones judiciales, mientras, por su parte, el funcionario administrativo asumía el rol de definir entre otras las decisiones relativas a asuntos como la distribución de carga procesal, la tramitación propiamente dicha, la división de funciones administrativas sin la intervención del magistrado. Consecuencia mayor de este criterio es el aislamiento del magistrado, pues prohibido de reunirse en salas plenas o juntas de jueces, los problemas generales del Poder Judicial se convirtieron en asuntos ajenos a él y de competencia de los órganos de emergencia."
Uso y abuso de la provisionalidad
"... Y cuyo contenido fue y es contrario a la Constitución. Un claro ejemplo es la facultad concedida a los presidentes de Corte (nombrados por la propia Comisión Ejecutiva) para designar a los magistrados provisionales. Esta facultad fue ejercida prescindiendo de la normatividad propia de la Ley Orgánica y de la razón común."
"La solución que se dio a los problemas de carga procesal fue recurrir a dos instituciones: el magistrado provisional, designado en algunos casos sin cuidado de los requisitos de ley, y el órgano jurisdiccional transitorio, sin determinación de su temporalidad. Un tipo de solución precaria, coyuntural, sin una fijación del rumbo a adoptar."
Miles de normas sin ningún rumbo, salvo un aspecto: concentración del poder
"Desde noviembre de 1994 hasta el 6 de noviembre del año 2000, se dictaron 3671 normas, de las cuales 29 son leyes del Congreso, 8 Decretos Legislativos, 1327 Resoluciones Administrativas de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y 2307 Resoluciones dictadas por la Secretaría Ejecutiva. En ninguna de las resoluciones administrativas se encuentra un Plan de la Reforma Judicial ni la decisión de formularlo. La reforma, al parecer, se realizó bajo los siguientes criterios: rumbo a definirse en el camino, sin participación ni consulta a los magistrados, sin control interno ni externo de las decisiones trascendentales, sin Salas Plenas ni en la Corte Suprema ni en las Cortes Superiores, menos Juntas de Jueces."
"La normatividad acusa una clara tendencia hacia la concentración de poder. El exponente de esa tendencia fue la Secretaría Ejecutiva que asumió el mayor poder que es la titularidad del pliego presupuestal del Poder Judicial. Luego se creará una Gerencia Central de la Reforma dependiente de la Secretaría Ejecutiva, compitiendo con la Gerencia General del Poder Judicial."
¿Qué se hicieron los 284 millones de la Reforma Judicial?
"El costo de la reforma judicial ha sido de más de 284 millones de soles. Esta cifra se divide en resultados tangibles y resultados intangibles, siendo estos últimos los de mayor cantidad, por lo que debe ser objeto de una exhaustiva indagación. Sin embargo de este esfuerzo financiero económico del país (sic) la carga procesal sigue igual, la organización y estructura del Poder Judicial continúa igual, salvo las creaciones provisionales o transitorias."
"Al inicio del presente año presupuestal, se ha constatado que el Poder Judicial es deudor de 26 millones de soles en servicios básicos, alquileres, licitaciones, concursos y adjudicaciones directas, en publicaciones y suscripciones y otros."
"La Inspectoría (control financiero y presupuestal) fue objeto de una política persistente de desactivación por los responsables de la reforma judicial, aunque no se llegó al extremo de suprimirla. Esta acción es indicativa de la clase de administración y gobierno implantados."
"La burocracia creció hasta alcanzar niveles preocupantes. Más de 700 servidores en las Gerencias. Igualmente en el tema de la seguridad, se crearon tres niveles desconectados de seguridad, con agentes de civil y uniformados ubicados en gran número en los pasillos de los locales, en las oficinas y dependencias. Una atmósfera de sospecha, temor y susceptibilidad que los magistrados y servidores han vivido diariamente y que ha terminado por acción del Consejo Transitorio."
Mensaje de esperanza
"El Consejo Transitorio está convencido que a pesar de lo ocurrido, el Poder Judicial cuenta con un significativo número de magistrados en todos los niveles de su jerarquía, conscientes de la importancia de la función jurisdiccional para el desarrollo del país, y de las tareas personales y colectivas para superar los problemas y alcanzar un verdadero ascenso de nivel cualitativo y cuantitativo en el desempeño de la administración de justicia."
Puntos básicos para la refundación de la administración de justicia
Ernesto de la Jara B.
De qué condiciones dependen los cambios que se requieren en el sistema de administración de justicia y por dónde comenzar, son cuestiones que nos parecen más o menos claras a estas alturas; lo que falta es hacerlo, dar pasos concretos. Y si ni se dan, con razón comenzarán las suspicacias.
Veamos algunos puntos básicos que surgen casi naturalmente de la terrible experiencia de los últimos años.
La voluntad política es clave
En un contexto de intervención y control político de instituciones como el que existía en 1996, era realmente ingenuo creer que el régimen de Fujimori y Montesinos impulsaría una verdadera reforma judicial. Hoy suena hasta a broma (y, seamos sinceros, en el pasado también).
El presidente Toledo ha declarado en innumerables oportunidades que respetará escrupulosamente la independencia de la justicia, y hay que reconocer que ya tiene en esa línea varias señales en su haber. Las principales: 1) El apoyo inicial (obviamente en términos de promover condiciones favorables y no de intervención) de todo lo que viene siendo la lucha contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos del régimen anterior, lo cual se ha materializado en el incremento de remuneraciones en el Poder Judicial y en el apoyo –por lo menos hasta ahora– de los procuradores ad hoc, quienes de hecho constituyen un elemento sumamente dinamizador en la administración de justicia. 2) Apoyo en el desmontaje de la red vinculada de muy distintas maneras al régimen pasado.
Ahora, esa voluntad política debe ir mucho más allá, pues tiene que abarcar aspectos importantes, como, para mencionar tan solo dos: 1) recursos y 2) marco legal.
Recursos: El Poder Judicial debe tener recursos suficientes para dejar de ser el pariente pobre y sumiso. Somos un país con recursos limitados, pero si en el marco de esa carencia no asignamos más recursos al Poder Judicial, todo el discurso sobre una justicia independiente no pasará de ser cháchara.
Recursos al Poder Judicial, al Ministerio Público y –también importantísimo– a instancias vinculadas como el Consejo Nacional de la Magistratura, que tienen por delante nada menos que la "titularización" de jueces y fiscales, es decir, reemplazar a los provisionales y suplentes (la gran mayoría) y, por si fuera poco, las ratificaciones y destituciones, líneas estas últimas también muy activas en las actuales circunstancias. Al respecto, aprovechamos la oportunidad para lanzar una pregunta de fondo: ¿el actual Consejo ofrece las garantías del caso? Nosotros no tenemos información en contra, pero hay rumores y críticas que es bueno explicitar, dada la magnitud de lo que esta entidad tiene en sus manos.
Recursos también para la Academia, a cargo de la capacitación de aspirantes y de los magistrados de todos los niveles. Plantear que se puede hacer sin un incremento significativo del presupuesto es una mentira para interpretar. Un punto a favor en este ámbito es la presencia de Róger Rodríguez, su actual director general, que hay que saber aprovechar.
Sobre el marco legal, es necesario hacer modificaciones fundamentales que abarcan desde el nivel constitucional hasta el de las leyes orgánicas respectivas (con la salvedad que hacemos más adelante), pasando por la revisión de una serie de normas sustantivas y procesales dadas durante el anterior régimen.
Pero en las actuales circunstancias el tema de la voluntad política ya no sólo tiene que ver con el oficialismo sino también con la oposición. De frente al punto: ¿es cierto que se está volviendo a una "apristización" del Poder Judicial y el Ministerio Público a través del reingreso de los que fueron destituidos en el contexto del golpe del 5 de abril de 1992? Nosotros no tenemos pruebas de ello, pero venimos escuchando las preocupaciones de quienes saben muy bien quién es quién en los predios de la justicia.
Otro nivel de preocupaciones: ¿hay o no un freno en el desmontaje de la red judicial vinculada al régimen anterior? ¿Cómo interpretar la sanción al juez anticorrupción por, supuestamente, haber adelantado opinión? ¿Y la absurda sanción de Sergio Salas por hablar del liderazgo en el Poder Judicial? ¿Y la campaña en contra de la Contraloría, que no viene sólo desde quienes están por culpa de ella sentados en el banquillo, sino de diversos sectores, incluidas instancias del sistema de administración de justicia, comenzando por la OCMA? ¿Son un excesivo celo institucional, o algo más?
Todas éstas son señales realmente preocupantes y hasta alarmantes que deben ser revertidas rápidamente, tomando en cuenta que la independencia y buen funcionamiento de la justicia es una de las garantías básicas para preservar y profundizar la transición democrática.
¿Quién y hacia dónde?
¿Cuál va a ser la vía para refundar el Poder Judicial, para seguir adoptando y profundizando cambios? ¿Y cuál será esta vez el modelo, el paradigma del esquema?
En ambos puntos debemos agradecer que la anterior reforma judicial ha marcado el camino: hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se hizo.
En cuanto a lo primero, es absurdo pensar que vamos a llegar a un sistema en el que cada juez pueda actuar independientemente, como debe ser, por la vía de crear un súper poder que concentre todas las atribuciones y decisiones, como era el caso de la otrora famosa Comisión Ejecutiva y –sobre todo– de su todopoderoso secretario ejecutivo. Todo lo contrario: un sistema así sólo puede llevar a la subordinación y corrupción, como los hechos y los vladivídeos lo demostraron. Al revés: lo hay que hacer desde el comienzo es fortalecer las posibilidades de actuación de todos y cada uno de los niveles jurisdiccionales; desde el de primera instancia hasta el supremo. Recordemos la famosa frase "no existe el poder del Poder Judicial sino el poder de cada juez".
Entonces hay que descartar por completo la idea de algo que se parezca en lo más mínimo a la Comisión Ejecutiva. Pero, a la vez, tiene que haber una instancia especial cuya función sea impulsar el cambio, la refundación, la –esperamos no asustar a nadie– reforma judicial. Es ingenuo pensar que el cambio en la administración de justicia se producirá espontáneamente o sólo a partir de iniciativas individuales.
En esta instancia, pendiente de diseñar creativamente, de hecho han de tener una presencia muy importante las diferentes partes del Sistema de Administración de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Academia, Consejo, etcétera), pero su composición debe ir necesariamente más allá, pues debe tener una significativa representación de sectores de la sociedad civil: universidades, colegios profesionales, asociaciones de magistrados, organizaciones no gubernamentales, entre otras.
No es gratuito que la anterior reforma judicial prescindiera por completo del componente sociedad civil, salvo en una oportunidad en la que el comandante Dellepiani aceptó crear un espacio para la fiscalización de la sociedad civil, pero bajo la modalidad de que sería la Comisión Ejecutiva –es decir, él– la que definiría quién representaría a la sociedad civil.
Es hora de terminar con esa concepción según la cual independencia judicial es sinónimo de monopolio de la justicia de jueces y fiscales. La justicia no es feudo de nadie sino territorio de todos, pues a la vez que es un servicio es también un derecho. Prueba de ello es que la tendencia es a incluir a la sociedad civil en los órganos de gobierno del sistema de administración de justicia, una buena idea que podríamos acoger.
¿Y cuál es el modelo? La anterior reforma judicial jamás planteó un modelo. Siempre fue dando medidas aisladas, casi reactivas, un poco sobre el caballo, traducidas en miles de resoluciones administrativas. Y ahora ya sabemos por qué no había ningún interés por diseñar y tener un esquema previo. Pero ¿vamos a repetir esto de ir adoptando medidas libres y sueltas?
Incluso la definición de este modelo debería ser previa a una nueva ley orgánica del Poder Judicial, pues sólo tiene sentido cambiar la actual ley con base en un nuevo esquema.
Acceso a la información
Un último punto que necesita mayor explicación: información. Hay que diseñar y poner en práctica un sistema de información que permita acceder fácilmente a la información básica sobre la administración de justicia.
Resumiendo, estamos planteando los siguientes puntos, para comenzar:
– Enfrentar el problema de los recursos económicos.
– Esclarecer las malas señales y tomar medidas frente a lo que está frenando u obstaculizando el saneamiento del Poder Judicial y la política de cambios.
– Crear las condiciones para avanzar adecuadamente en la "titularización" de magistrados.
– Crear las condiciones para que la Academia pueda actuar.
– Definir una instancia formal para la refundación del Poder Judicial.
– Definir y debatir públicamente el modelo de administración de justicia que queremos.
– Darle su lugar al componente de la sociedad.
– Establecer sistemas de información adecuados que permitan el monitoreo y la fiscalización.
Datos y cifras
– Presupuesto del Poder Judicial del año 2000= 132 319 506 nuevos soles, el 1,43% del Presupuesto total. Año 2001= 367 075 000 nuevos soles, el 1,27% del presupuesto total. Según Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2002 = 456 048 291 nuevos soles.
– Número de jueces en 26 distritos judiciales: 1611 jueces, de los cuales sólo 254 son titulares y el resto,1357, provisionales o suplentes. De los 1318 fiscales a nivel nacional sólo 179 son titulares.
– Carga procesal en Lima (agosto del 2001): en los Juzgados Civiles había una carga de 28 111 expedientes judiciales, de los cuales se resolvieron 5188; en los Juzgados Penales, 57 810 expedientes, de los cuales se resolvieron 3405.
– Ingresos de magistrados: Vocales Supremos: 26 100 nuevos soles (6700 nuevos soles de remuneración+ 6300 de bono + 13 730 de gastos operativos), Vocales Superiores: 12 008 (3008 de remuneración+3500 de bono+5500 de gastos operativos), Juez Especializado o Mixto: 9008 (2008 de remuneración+ 2700 de bono+ 4300 de gastos operativos) y Juez de Paz letrado: 6208 (1408 de remuneración+2100 de bono+2700 de gastos operativos).
– Población penitenciaria a agosto del 2001: 15 378 procesados y 11 302 sentenciados.
TOTAL= 26 680 personas.