El IDL por la refundación del Poder Judicial

Estamos convencidos de que es el momento de introducir cambios fundamentales en la administración de justicia en el Perú. Motivado por esta convicción, el IDL está impulsando espacios y actividades que permitan consolidar una alianza entre quienes en el "interior" del sistema judicial están por la "democratización de la justicia" y los sectores de la sociedad civil empeñados en lo mismo.

En las siguientes páginas damos cuenta de tres actividades realizadas en este marco por el IDL y otras instituciones en Lima, Chiclayo e Iquitos.

 

La independencia judicial como punto de agenda internacional

Cinco instituciones (Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, de los Estados Unidos; Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF, de los Estados Unidos; Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, creado por la OEA y con sede en Santiago de Chile; Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, del Perú; y el Instituto de Defensa Legal, con el apoyo de USAID), unieron sus esfuerzos para llevar a cabo la Conferencia Internacional "Independencia Judicial, Perspectivas Internacional, Regional y Nacional", que contó con la participación de magistrados, autoridades, representantes de la cooperación internacional y expertos nacionales y extranjeros. La Conferencia tuvo como objetivos, por un lado, presentar la "Guía de Independencia Judicial" elaborada por IFES, extensa investigación de 26 países de todas las regiones del mundo y, por otro lado, reflexionar sobre la actual situación de la justicia en el Perú a partir de la Guía y de otras experiencias latinoamericanas. El resultado fue la aprobación de la "Declaración de Lima", documento que se permite señalar algunos derroteros por donde podría discurrir un Poder Judicial más independiente, legitimado y de cara al país.

Declaración de Lima sobre independencia judicial

El gobierno de la ley exige un sistema de justicia independiente e imparcial. El valor de la igualdad
–a cuya realización aspira una sociedad democrática– encuentra en jueces independientes y provistos de condiciones objetivas de imparcialidad un camino imprescindible para su realización. Ese objetivo se ve, a veces, obstaculizado por una cultura corporativa puesta de espaldas a la ciudadanía y débil para oponerse a un sistema político que, en lugar de dar independencia a los jueces, crea las condiciones para subordinarlos. En vez de esa cultura cerrada y autorreferente, la experiencia muestra que jueces vinculados a la ciudadanía y abiertos a la sociedad civil poseen una base de legitimidad que favorece su independencia y su capacidad para controlar el poder. La independencia judicial es una aspiración y un esfuerzo de la ciudadanía que los jueces no deben dilapidar. Con miras a ese objetivo, parece necesario:

1. Crear las condiciones para una profesión judicial con sentido de independencia y consciente de la importancia de su función. Contribuirán a ello un sistema de selección basado en criterios objetivos que aseguren la idoneidad del juez; su lealtad irrestricta a la ley; y lo liberen de la subordinación a intereses políticos y económicos.

2. Fortalecer las bases de la legitimidad de los jueces. Para estos fines, es necesario asegurar la pluralidad en el debate al interior de la judicatura; acortar las distancias culturales y comunicativas entre los miembros de la judicatura y el común de la ciudadanía, acogiendo, en especial, la diversidad social y cultural; asegurar la publicidad en la realización de los juicios; y descentralizar la administración de justicia, para así hacerla más cercana a las culturas locales.

3. Garantizar la independencia interna de los jueces. Para alcanzarla, será necesario separar el control de contenidos de las decisiones jurisdiccionales del control disciplinario; ejercer ese control disciplinario con respeto irrestricto del debido proceso legal; efectuar la evaluación del desempeño de los jueces con base en criterios impersonales medidos con indicadores objetivos; y no interferir con el ejercicio de los jueces de sus derechos ciudadanos, en especial los derechos de asociación y libre expresión.

4. Asegurar la adecuada asignación de recursos al sistema de justicia. Favorecerá el logro de este objetivo, dotar a los jueces de la capacidad necesaria para diseñar su propio presupuesto, concibiéndolo como un instrumento de gestión con sentido estratégico orientado a hacer posible el gobierno de la ley; discutir en condiciones de igualdad con los otros sectores del Estado su asignación presupuestaria; prever una ejecución presupuestaria autónoma y descentralizada; e instituir sistemas de control ex post en los que, con base en indicadores, la ciudadanía y el poder público puedan evaluar el desempeño de los jueces.

Finalmente, hacemos votos para que en el Perú, país anfitrión de este encuentro, se persista en los esfuerzos por construir un Poder Judicial independiente e imparcial, provisto de las condiciones necesarias para evitar injerencias económicas y políticas que lesionan el gobierno de la ley. (David Lovatón)

 

Justicia y derechos humanos en
el norte del país

En un país tan centralista, donde la mayoría de discusiones académicas se efectúan en Lima y desde Lima, la realización de eventos regionales es fundamental. Por eso, el día 30 de noviembre se realizó en la ciudad de Chiclayo un taller especializado sobre Justicia y Derechos Humanos, en el cual participaron magistrados, representantes de la Defensoría del Pueblo y ONG de los departamentos del norte del Perú. Este taller fue organizado por el IDL y también auspiciado por AID.

Se analizaron los nuevos fenómenos que generan violaciones de los derechos humanos, como los que surgen a partir de las empresas mineras.  Fue por ello importante escuchar el testimonio de la Vicaría de Solidaridad de Cajamarca, así como de una magistrada que ha denegado una acción de amparo a la Minera Yanacocha, impidiendo que afecte el agua que consume la ciudad.

Al hacerse evidentes la existencia de problemas comunes en la región (situación legal de las rondas campesinas, relaciones con el fuero militar, casos de tortura) y la necesidad de seguir reuniéndose, generó gran interés la Red de Operadores Jurídicos de la Región Norte que ha permitido cohesionar a los abogados y magistrados con tendencias progresistas de Piura y Tumbes, organizar eventos académicos y proponer reformas legales. Varios participantes de Cajamarca y La Libertad plantearon la posibilidad de replicar iniciativas similares en sus respectivas sedes.

Este taller fue el preludio del Seminario Internacional sobre Justicia y Derechos Humanos para la Región Norte, que coorganizamos por iniciativa de la Corte Superior de Lambayeque. Esta Corte Superior realiza con frecuencia eventos académicos en Chiclayo con profesores de diversas universidades de Lima y del norte; sin embargo, la posibilidad de analizar el propio sistema de administración de justicia y su relación con los derechos humanos causó especial interés, porque acudieron más de 200 personas, varios de ellos de otros departamentos, como los presidentes de las Cortes Superiores de Cajamarca y Amazonas.

Todos escucharon las exposiciones de Margaret Popkin, directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) de los Estados Unidos; Luciana Sánchez, experta argentina del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA); José Burneo, director de FEDEPAZ; Ronald Gamarra, procurador ad hoc en derechos humanos; Wilfredo Ardito y Carlos Rivera del IDL.

Durante muchos años los abogados de los organismos de derechos humanos visitamos Chiclayo para atender los casos de las personas inocentes detenidas en el penal de Picsi.  Eran los tiempos de los jueces sin rostro y las condenas a cadena perpetua.  Por eso es muy satisfactorio que en esa misma ciudad puedan ahora desarrollarse eventos sobre derechos humanos y administración de justicia, auspiciados por el Obispado y coorganizados por la Corte Superior. (Wilfredo Ardito)

 

Iquitos:
justicia e interculturalidad

En la ciudad de Iquitos la Corte Superior de Justicia de Loreto y el IDL llevaron a cabo la Conferencia "Derecho Consuetudinario y Administración de Justicia", a la que asistieron magistrados, abogados, funcionarios públicos y jueces de paz. Hay que tomar en cuenta que los nativos, por lo general, no acuden a las autoridades estatales, tanto por el problema de distancia como por las diferencias lingüísticas y culturales. En todo Loreto hay apenas 46 jueces de paz (en Cajamarca hay 427) y la mayoría son mestizos con serios prejuicios hacia los nativos.

Se analizaron algunas prácticas culturales, por las que los nativos son muchas veces detenidos, como las relaciones sexuales con menores de 14 años. Algunos magistrados aplican el artículo 15 del Código Penal, sobre el error culturalmente condicionado, pero otros consideran que si son personas que hablan castellano o han tenido algunos estudios, no puede afirmarse que ignoraban las consecuencias legales de su acción. En el otro extremo, algunos intelectuales plantean que el Poder Judicial prácticamente no debería intervenir en ningún caso en que la población nativa estuviera involucrada, pretendiendo una especie de inimputabilidad de los nativos sólo por el hecho de serlo. Se concluyó que es imposible establecer una norma general y que cada caso debe resolverse de forma concreta. (Wilfredo Ardito)