Un año de lucha anticorrupción:
Balance de la Procuraduría Ad-Hoc
José Ugaz Sánchez-Moreno
El pasado 3 de diciembre, la
Procuraduría Ad-Hoc para los casos Fujimori-Montesinos cumplió 13 meses de
existencia, por lo que resulta pertinente realizar una evaluación de los
principales logros conseguidos, así como de los objetivos no alcanzados y
problemas detectados.
Cabe recordar que a la fecha de instalación de la
Procuraduría Ad-Hoc, designada por el prófugo ex presidente Fujimori, toda la
estructura del Estado se encontraba copada por las cabezas visibles de la
organización criminal cuya persecución le había sido encargada, así como por el
aparato dedicado a garantizarle impunidad.
En la Fiscalía de la Nación se encontraba la fiscal Blanca
Nélida Colán, quien ejercía un poder autoritario sobre los fiscales
subalternos. La Corte Suprema y buena parte del Poder Judicial estaban
controlados por el emisario de Montesinos, Alejandro Rodríguez Medrano. Las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaban comandadas por los altos
oficiales adictos a la cúpula. El Congreso de la República era dominado
monolíticamente por el oficialismo y estaba plagado de congresistas tránsfugas
y cómplices de diversos delitos. A la cabeza del Poder Ejecutivo se encontraba
aún el ex presidente Fujimori, y lo propio ocurría en las demás reparticiones
del Estado como el Tribunal Constitucional, la ONPE, el Jurado Nacional de
Elecciones, etcétera.
A manera de anécdota, cabe recordar que la Unidad de
Protección de Dignatarios de la Policía Nacional, encargada de brindar la
seguridad al equipo de procuradores, estaba comandada nada menos que por el
lugarteniente de Montesinos, hoy detenido en los Estados Unidos de América,
coronel PNP Manuel Áybar Marca, y que el coronel Huamán Azcurra, imputado como
el principal ejecutor de las interceptaciones telefónicas, estaba en plena
actividad.
Todo ello obligó a desarrollar una estrategia de impulso de
las investigaciones y procesamiento de los imputados que debió sortear varios
escollos, hasta que se produjo la fuga del ex presidente a los pocos días que
la Procuraduría solicitara a la Fiscalía de la Nación que fuera investigado por
tráfico ilícito de drogas, a raíz de las comprometedoras declaraciones de Roberto
Escobar Gaviria, hermano del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Como ha sido de público conocimiento por declaraciones del
ex ministro de Justicia, doctor Alberto Bustamante Belaúnde, a la semana de
haber designado al Procurador Ad–Hoc, Fujimori convocó al ministro a su
despacho para exigirle la renuncia del Procurador por considerar que no
obedecía sus instrucciones y reiteraba en sus declaraciones que las
investigaciones avanzarían "caiga quien caiga", lo que Fujimori consideraba
una insinuación que lo comprometía.
Aspectos
positivos
a) Primer proceso penal y orden de detención
Tal como lo señaláramos en nuestro informe del mes de julio,
al crearse la Procuraduría Ad-Hoc para el caso Montesinos –luego ampliada para
el caso Fujimori–, no existía ninguna investigación abierta contra el ahora
imputado en cárcel Vladimiro Montesinos Torres, por lo que la primera tarea a
la que nos avocamos de inmediato fue a la preparación y presentación de una
denuncia en su contra con el fin de conseguir que se le abriese proceso penal y
se dictase orden de captura en su contra, lo que efectivamente conseguimos tres
días después de nuestro nombramiento, es decir, el 6 de noviembre del año
próximo pasado.
b) Diseño e implementación de un sistema anticorrupción
Dado que el sistema penal peruano no estaba preparado para
enfrentar un problema de criminalidad organizada desde el poder de tal
magnitud, fue necesario diseñar e implementar un sistema que permitiera luchar
eficientemente contra la corrupción. En tal sentido, se prepararon en la
Procuraduría diversos proyectos de ley que, luego de ser debatidos en el
Congreso de la República, fueron sancionados como leyes. Así, se creó un
Sistema de Fiscales Anticorrupción (Ley Nº 27380) al que luego se sumó una Sala
Penal y jueces especializados anticorrupción; además, se facultó a los fiscales
anticorrupción para que pudiesen solicitar a los jueces la adopción de medidas
cautelares fuera de proceso (Ley Nº 27379), con el fin de evitar la fuga de los
imputados; se estableció un régimen de Beneficios por Colaboración Eficaz (Ley
Nº 27378), así como la posibilidad de imponer medidas cautelares personales a
los funcionarios con derecho a antejuicio (Ley Nº 27399).
Gracias a estas leyes, las investigaciones han podido desarrollarse
con celeridad, asegurando dentro de lo posible la presencia de los
investigados, la incautación de bienes y la recolección de pruebas.
Posteriormente, la Procuraduría presentó nuevos proyectos de
ley con el fin de reforzar el diseño del sistema anticorrupción, habiéndose
promulgado las leyes que reglamentan la intervención del Procurador Ad-Hoc en
los acuerdos por beneficios (Resolución Suprema Nº 281-2001-JUS), regulan la
administración de bienes incautados y embargados (DS Nº 029-2001-JUS, Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 964-2001-MP-FN y Anexo), reglamentan la Ley de
Colaboración Eficaz (DS 035-2001-JUS) y crean el Fondo Especial de
Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado-FEDADOI
(Decreto de Urgencia Nº 122-2001).
Se encuentran pendientes de aprobación los proyectos
relativos a la ampliación de la Ley de Beneficios por Colaboración Eficaz para
comprender a los procesados por delitos contra los derechos humanos, la
regulación de la interceptación telefónica y el establecimiento de un régimen
simplificado para las ampliaciones de cargos en casos de antejuicio.
c) Denuncias, impulso de los procesos y adopción de medidas
cautelares
Durante los primeros meses de instalada la Procuraduría, le
cupo preparar las denuncias correspondientes a los delitos cometidos por la
organización criminal que se fueron detectando por indagaciones o información
anónima remitida a nuestras oficinas a través de la línea 0-800 donada por
Telefónica del Perú u otros medios.
De igual forma, a través de una
estrecha coordinación con las fiscalías y juzgados anticorrupción y la Policía
Judicial, se gestionaron y ejecutaron importantes órdenes de captura, lo que ha
posibilitado que a la fecha existan 117 detenidos, muchos de los cuales son
responsables de delitos graves.
Entre ellos destacan un Fiscal de
la Nación, un Vocal Supremo, un Fiscal Provincial Penal, un alcalde, cuatro
congresistas, un magistrado electoral, un jefe de la ONPE, tres ex ministros de
Estado, 15 generales y un almirante.
En la medida que los procesos judiciales han ido
desarrollándose, la Procuraduría ha ido cumpliendo su papel como representante
de los intereses del Estado en juicio, impulsando los procesos, impugnando
resoluciones, aportando pruebas e interviniendo en las diligencias judiciales
en que puede participar.
A la fecha existen 208 investigaciones abiertas, de las
cuales 124 se encuentran en el Ministerio Público, 4 en el Congreso de la
República y 84 en el Poder Judicial.
En calidad de investigados se encuentran 1305 personas, de
las cuales 428 en investigaciones fiscales y 877 en calidad de procesados ante
el Poder Judicial.
c) Relaciones institucionales
Conforme lo hemos venido reportando mensualmente, la
Procuraduría ha desplegado múltiples esfuerzos para coordinar acciones con
diversas instituciones involucradas directa o indirectamente con las
investigaciones objeto de su mandato.
En el ámbito nacional, se han desarrollado diversas
reuniones con fiscales y jueces anticorrupción, con la Fiscal de la Nación, el
presidente de la Corte Superior de Justicia, el jefe de la OCMA, el jefe de
INTERPOL, el jefe de la Policía Nacional, los ministros de Justicia, Interior,
Defensa y Relaciones Exteriores, jefes de la SUNAT, superintendente de Banca y
Seguros, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y diversas
instancias de la justicia militar, congresistas, especialmente presidentes de
comisiones investigadoras, a las que nos hemos presentado varias veces con el
fin de informar sobre el desarrollo de las investigaciones.
En el ámbito internacional, hemos sostenido reuniones muy
productivas con embajadores en el Perú de Estados Unidos, Suiza, Colombia e
Inglaterra, y diversos funcionarios de la Embajada Norteamericana en el Perú,
así como con la magistrada suiza Cornelia Cova, a cargo de las investigaciones
en Zurich, fiscales federales de los Estados Unidos, oficiales del FBI,
Procurador Adjunto de México, autoridades de la Unidad de Inteligencia
Financiera de Gran Caimán, fiscales de Colombia y Panamá. También con jefe
regional de INTERPOL, autoridades panameñas a cargo de la extradición de José
Lizier, Vocal Supremo de Chile a cargo de la extradición de Daniel Borobio y
autoridades de la República Argentina a cargo de las extradiciones de Ilan Weil
y Ernesto Schutz.
e) Negociaciones
Como hemos venido documentando a lo largo de los informes
mensuales, gracias a los procedimientos de negociaciones derivadas de las
solicitudes de acogimiento a los beneficios propuesto por la Ley 27388, ha sido
posible conocer un conjunto de acciones delictivas de singular importancia que
permanecían ocultas, identificar a los principales responsables de estos
hechos, determinar la dinámica y estructura de la organización criminal
investigada, acopiar pruebas que documentan suficientemente la existencia de
los delitos, detectar sumas de dinero y otros bienes producto del delito y
proceder a su repatriación o incautación.
Hasta la fecha, la Procuraduría ha intervenido en 21
procesos de acogimiento a la colaboración eficaz, de los cuales se han firmado
cinco acuerdos en el nivel de Fiscalía, los que sin embargo no han avanzado al
nivel judicial debido a la solicitud de los jueces para que proceda a
reglamentarse diversos aspectos relativos a la aprobación judicial, lo que
finalmente se hizo mediante el DS 035-2001-JUS publicado el 19 de los
corrientes.
Es necesario precisar que se trata de procesos que por
mandato de la ley requieren que la información recibida de los solicitantes sea
previamente verificada, luego de lo cual recién se puede proceder a la firma
del acuerdo ante la Fiscalía para someterlo a aprobación por el Juzgado.
Promulgada la ley, es de esperar que en las próximas semanas
se aprueben los primeros acuerdos.
f) Unidad Financiera de la Procuraduría
Dada la envergadura que fue asumiendo la cantidad de dinero
detectado y la especialidad de la materia, se incorporó al equipo a una
especialista en asuntos financieros y comerciales, creándose la Unidad
Financiera de la Procuraduría.
Esta Unidad ha estado muy activa en el análisis de la
información bancaria y en permanente relación con autoridades extranjeras a
cargo del dinero congelado a diversos miembros de la red criminal, así como con
las instituciones bancarias nacionales y los titulares de las cuentas y/o sus
abogados.
Debe resaltarse como un logro muy importante la repatriación
de prácticamente la totalidad del dinero congelado en el Wiese Bank
International (33,6 millones de dólares), lo que fue posible gracias a intensas
conversaciones con los representantes del Banco Wiese y a que se pudo detectar
el sistema empleado para simular que el dinero había sido depositado en el
extranjero, cuando en realidad se encontraba en Lima. Esta operación le ha
significado al Perú no sólo la recuperación de una suma de dinero
significativa, sino que le ha ahorrado tiempo y dinero que hubiera sido
necesario invertir si no se hubiera detectado el esquema empleado por el Banco.
Adicionalmente, y con la finalidad de reforzar las acciones
tomadas por la Unidad Financiera, a sugerencia de la Procuraduría, la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) creó, mediante Resolución SBS N°
598-2001 publicada el 15 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Comité
Especial de Asistencia Técnica en Análisis Financiero de la SBS para el Caso
Montesinos–Fujimori (CEAF).
A la fecha, se ha logrado congelar 216,4 millones de dólares
en diversas plazas del mundo, de los cuales se han recuperado 63,2 millones que
se encuentran en capacidad de pasar a la administración del recientemente
creado FEDADOI.
Aspectos
negativos
Como todo proceso complejo, este año de trabajo también ha
estado marcado por algunos problemas que se han erigido como obstáculos en la lucha
contra la corrupción. Entre los principales, podemos señalar los siguientes:
a) Problemas institucionales y de competencia
Desde la creación de la Procuraduría Ad-Hoc y la propuesta
que presentáramos a la señora Fiscal de la Nación para la creación de los
fiscales anticorrupción, se ha hecho evidente una creciente mortificación en la
Fiscalía de la Nación (lo que no ocurre en el nivel de los fiscales
provinciales o del Fiscal Superior Coordinador), por el desarrollo de las
actividades de la Procuraduría y la cobertura de prensa que éstas han merecido.
Ello ha impedido una relación fluida con los altos mandos de
la Fiscalía, lo que ha redundado en falta de intercambio de información,
duplicidad de esfuerzos y posiciones contradictorias.
b) Falta de claridad con las competencias investigadoras del
Congreso
Tan pronto se instaló el Congreso de la República, se creó
una comisión investigadora para avocarse al caso Montesinos, a la que
progresivamente se han ido sumando varias otras comisiones; hoy existen cuatro
dedicadas a esta labor.
Sin pretender desconocer la competencia del Congreso para
instalar comisiones investigadoras, hemos señalado la inconveniencia de que
éstas se dediquen a investigar hechos que ya han sido judicializados y se
encuentran sujetos a procesamiento ante las autoridades jurisdiccionales.
Esta objeción no sólo se fundamenta en la necesidad de
evitar duplicidad de esfuerzos, sino, principalmente, en impedir el
entorpecimiento de la actividad investigadora del Poder Judicial y el Ministerio
Público, quienes ven afectada su labor cuando testimonios que se han recabado
reservadamente en el contexto de los procesos o investigaciones se ventilan
públicamente a través de las sesiones televisadas de las comisiones
investigadoras.
Esto ha traído como consecuencia que se debiliten o
perjudiquen pruebas, o se ponga en riesgo el escenario probatorio al alertar
acerca de la existencia de determinada información.
c) Factores que afectan las decisiones jurisdiccionales
Si bien los jueces y fiscales anticorrupción son
funcionarios escogidos por su competencia y trayectoria, en algunos casos se
advierte que subsisten ciertos factores que afectan el proceso de toma de
decisiones, por lo que la Procuraduría ha creído conveniente impulsar la
adopción de determinadas normas reglamentarias que contribuyan a establecer un
marco de seguridad que respalde dichas decisiones y evite que luego tengan que
afrontar problemas o cuestionamientos por ellas (concesión de beneficios,
transferencia de dinero al Estado, sistema de acumulaciones, etcétera).
A ello se ha agregado la reciente decisión de la OCMA de
sancionar a uno de los jueces por considerar que ha expedido una resolución que
adelanta opinión, así como el apercibimiento impuesto por la Corte Suprema al
presidente de la Corte Superior, al estimar que su opinión respecto a la falta
de liderazgo en la máxima instancia constituye un falta de respeto. Tales
decisiones, en la medida que cuestionan una decisión jurisdiccional y una
opinión respectivamente, pueden contribuir a acrecentar cierta sensación de
inestabilidad que afecte de alguna manera la función que desarrollan los
magistrados anticorrupción.
d) Falta de recursos humanos para preparar ciertos casos de
relevancia
Debido a la cantidad de información que ha ido surgiendo a
lo largo de este tiempo, ha habido temas en los que se presume que la
organización criminal puede haber intervenido y que, debido a su complejidad y
dimensión, han venido siendo postergados por requerir una atención más
especializada, específicamente en lo que atañe a ciertos casos de envergadura
en materia económica.
Entre ellos destacan las pesquisas relativas al tema de la
deuda externa y la recompra silenciosa de los papeles, negociación de la deuda
rusa, el destino de los fondos de la privatización, entre otros.
Así, se ha sugerido que la Comisión de Investigación de
Delitos Económicos y Financieros del Congreso, que cuenta con personal
especializado en la materia, se haga cargo de desarrollar estas investigaciones.
e) Impunidad de Fujimori
Debido a la cobertura que le está brindando el Japón al
prófugo ex presidente peruano Alberto
Fujimori, a quien incluso le han conferido la nacionalidad
japonesa, las posibilidades de
extraditarlo para que rinda cuentas ante la justicia peruana
son en la actualidad escasas, a lo que se suma la dificultad para el
seguimiento de sus cuentas en el circuito asiático, donde se presume ha
ocultado el dinero sustraído en complicidad con su cuñado Víctor Aritomi, a
quien mantuvo como embajador en Japón durante los 10 años de su régimen con tal
finalidad.
Para superar estos problemas se han desplegado diversos
esfuerzos en el ámbito diplomático, y se están realizando las gestiones para
contar con el apoyo de una empresa especializada en seguimiento de dinero en el
ámbito internacional.
Como se puede advertir de lo
expuesto, han sido 13 meses de intenso trabajo, a lo largo de los cuales se han
ido creando las condiciones para construir un sistema anticorrupción que pueda
estar a la altura del reto que impone desarticular la organización criminal más
importante en la historia del Perú y sancionar ejemplarmente a sus directivos e
integrantes, permitiendo establecer la realidad de lo acontecido y recuperar el
dinero sustraído al Estado peruano en la década pasada.
Sin embargo, falta un largo trecho por recorrer, toda
vez que, por su envergadura, se trata de un proceso que tardará muchos años
hasta su culminación. En tal sentido, habrá que intensificar el esfuerzo para
que el trabajo de las agencias anticorrupción cuente con un liderazgo que
posibilite la concertación para el logro de los objetivos nacionales en esta
materia: desterrar la corrupción y poner término a la impunidad.
José Ugaz Sánchez-Moreno es Procurador Público
Ad-Hoc.