El lanzamiento de la Comisión  de la  Verdad en el interior

Glatzer Tuesta

Por fin se produjo el lanzamiento de las actividades públicas de la Comisión de la Verdad. Y como debió ser, se fue al interior del país para, simbólicamente, comenzar sus labores en las zonas más afectadas por la violencia. Ahora sí, echóse a andar.

Y de los primeros contactos con "la Verdad", ya se puede sentir que se viene algo grande, enorme. Siempre lo dijimos: las cifras conocidas son sólo la punta del iceberg. Hay que construir los cauces por donde procesar lo que se viene.

 

"Desde siempre en Ayacucho le hemos cantado a la muerte, al dolor, al lamento; es que desde siempre hemos visto la vida con terror y con des­confianza... Ojalá que ahora sigamos cantando, pero esta vez a la esperanza, al futuro, a la reconciliación. Ojalá que nuestros niños rían en vez de llorar, y que jueguen a la paz en vez que a la guerra", dice doña Emiliana, que perdió a su marido un martes fatal y lleva 18 años buscando al mayor de sus hijos, sin resultados. En su voz se sienten todavía la frustración y la angustia, pero, curiosamente, también la confianza.

Así recibe Huanta a los miembros de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, con rostros que entremezclan escepticismo con miedo a ser engañados nuevamente: "cuántas comisiones han venido a visitarnos, cuántos candidatos han venido a ofrecernos cosas a cambio de nuestro voto, cuántas veces nos han dicho que la justicia llegará y nada", dice Tomás en un castellano que casi no se entiende. Qué difícil y lamentable habrá sido vivir ese momento de terror y tragedia, cuando un grupo de encapuchados llegaba y en nombre de la justicia mataba, saqueaba y destruía. Tiempo cuando los sinchis, también encapuchados, se llevaban a todo aquel que osaba mostrar la cabeza y salir en el momento preciso. Tiempo aquel cuando dejando a sus mujeres y a sus hijos se organizaban para defenderse, cuando cargados de su miedo salían a donde sea, porque peor no podían estar. Tiempo que en Ayacucho no quieren que vuelva.

Desde que se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la gente en Ayacucho reclamaba su presencia, que sus integrantes tengan contacto real con las víctimas, organizaciones y con las autoridades, que les den la seguridad para poder creer en su trabajo. En Ayacucho y otras zonas del país que vivieron la violencia se han originado confusiones: la gente no conoce exactamente qué hará la Comisión y no sabe cómo pueden ayudar a que marche hacia buen puerto. Algunos inescrupulosos, aprovechándose de esta situación, han engañado y generado falsas expectativas. La Comisión de la Verdad, encabezada por su presidente, el doctor Salomón Lerner, estuvo en Ayacucho reunida con sus pobladores. Y ahí inició simbólicamente su trabajo de campo. Otro grupo de comisionados hizo lo propio en los departamentos de Junín, Huancavelica y Cerro de Pasco.

El contacto directo sirvió de mucho: "Hace unos días vino un abogado y nos ofreció que nos iba a conseguir indemnización. Nos pidió 80 soles para agilizar el trámite. Vendimos una ovejita y le pagamos. Hasta ahora no sabemos nada. Pero ahora que hemos visto a los integrantes de la Comisión nos han dicho que sólo ellos nos van a recoger nuestro testimonio, que ellos no van a juzgar y no van a darnos indemnización, que van a recomendar para que el gobierno lo haga". Así lo resume don Ángel momentos después de participar de una de las reuniones con los comisionados en El Tambo.

Resulta interesante constatar que estos encuentros fueron útiles también para los miembros de la Comisión. Las reuniones, que inicialmente tenían carácter formal de presentación del trabajo que se va a desarrollar, terminaron, a pedido de los asistentes, en una especie de confesión colectiva, en una catarsis grupal y un baño de esperanza.

Después de varias reuniones
–emotivas, intensas, dramáticas y por momentos alucinantes–, le preguntamos al doctor Salomón Lerner, en Ccarhuapampa, sus impresiones sobre la visita: "En realidad es una experiencia impactante que creo que ha remecido a todos, porque si bien nosotros conocíamos teóricamente lo que había sufrido el pueblo de Ayacucho, escucharlo con la voz propia de las víctimas y ver que hay una esperanza depositada en la Comisión ha hecho que la asumamos más allá del plano meramente intelectual. Esta reunión ha terminado por consolidar una vía de comunicación con las poblaciones afectadas y permitirá que aquello que nosotros trabajemos no sea obra solamente de unos cuantos profesionales sino de toda la sociedad peruana".

Habíamos entrevistado a Salomón Lerner en otras oportunidades, pero esta vez fue diferente: su discurso formal y académico se fue convirtiendo en frases fraternas de aliento a los pobladores, en ofrecimientos emotivos pero reales, en palabras alentadoras y de consuelo. Los asistentes aplaudían los gestos, mientras José Coronel, responsable de la Oficina de la Comisión de la Verdad en Ayacucho, traducía al quechua.

Sofía Macher ha tenido relación y diálogo permanente con muchas víctimas por su trabajo como defensora de derechos humanos, pero a pesar de ello sus impresiones fueron impactantes:

"Lo que más sorprende es que las personas que han tenido tantas frustraciones después de tanta incredulidad, hayan dado el recibimiento que le han hecho a la Comisión de la Verdad; porque al final tú sentías que volvían a creer. En cada uno de sus testimonios te decían: ‘sí, voy a volver a confiar’. Algo que me impresionó mucho fue cuando te dicen: ‘mira, no me falles, te estoy contando, ya me han engañado. Estoy en la miseria más grande, y sin embargo voy a creer en ti’, y te vuelven a contar. Una señora contó lo que le había pasado a su esposo, y nunca lo había dicho antes. Son cosas que te llenan de una tremenda responsabilidad. Escuchar directamente y que den a la Comisión de la Verdad una credibilidad y que te hagan depositario de una confianza y esperanza, me sobrecoge".

Es cierto que una visita no va a despejar las dudas por completo; es cierto que una visita resultará siempre insuficiente y que las tensiones generadas por el trabajo que desarrollará la Comisión de la Verdad se irán acrecentando o disminuyendo con el tiempo. Todo dependerá de los resultados concretos que la Comisión vaya obteniendo. Pero si se trata de hablar de la primera visita, se ha podido ver una modificación de una conducta que se tenía previamente. Había una cierta áurea de desconfianza que poco a poco está siendo despejada.

Los miembros de la Comisión de la Verdad resaltaron durante sus intervenciones que no son una comisión del gobierno, sino una comisión del Estado, es decir, de todos los peruanos. Eso les permitirá asumir el pasado en forma crítica y enfrentar las cosas con un nuevo espíritu, evitando intervenciones de cualquier tipo. Otro tema recurrente fue mostrar la intención sanadora de este proceso, no sólo para ilustrar lo que sucedió, sino también para proponer caminos efectivos para el desarrollo de estos pueblos que han sido marginados y para la reparación de las víctimas. La gente confía, y espera que esta vez no vengan a llevarse la verdad y las dejen, como siempre, en el olvido. ¡Chiqaqtan yachayta munaniku! ¡Justiciata munaniku!

Glatzer Tuesta es periodista de ideele-radio.

 

La verdad que reconcilia en la justicia

Xabier Etxeberria

Existe ya una serie de experiencias de Comisión de la Verdad y un desarrollo conceptual sobre el tema que hay que tener como referentes en la construcción de nuestro propio camino.

 

Para cualquier país que vive entre la zozobra y la esperanza, un proceso de afirmación democrática con el que superar un pasado de violaciones graves, generalizadas e impunes de los derechos humanos, crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación es un reto relevante. La mera creación de la Comisión muestra ya una voluntad explícita de no cerrar el pasado en el puro y estricto olvido legal, que puede adquirir la forma de amnistía total sin verdad previa. Hay quienes defienden esta postura porque entienden que es la que más "reconcilia".

Aparte de que políticamente sólo es viable en circunstancias muy precisas (lejanía de las violaciones más graves, mixturas generalizadas de víctimas y victimarios en la población, progreso económico firme, apertura compartida al futuro, etcétera), siempre es injusta. Lo que se construya sobre esa base estará marcado por esa tara, que tarde o temprano podrá surgir en forma de conflicto.

Una Comisión de la Verdad se aparta de este enfoque. Puede plantearse, de todos modos, con la intención dominante de hacer verdad sobre lo sucedido pero para pedir luego la reconciliación, quizá a través de una amnistía generalizada. En esta lógica, hacer verdad para luego pedir olvido es no sólo injusto de nuevo, sino profundamente frustrante. Cuando se hace la verdad hay que tener presente que se hace como condición de posibilidad de la justicia y, quizá, de la reconciliación. Nunca puede llamarse reconciliación a la que se consigue por la vía del olvido, porque reconciliarse supone reconocer que se vuelve a anudar una relación que se experimentó como rota.

Otro enfoque posible de la Comisión es ser sobre todo comisión de la verdad para la justicia. Aquí la verdad prepara a una justicia que, hecha luego por el sistema judicial, se concibe como búsqueda firme de la reparación debida a las víctimas y del castigo que merecen los culpables. Este es un enfoque que se nos muestra coherente con cierta concepción de la justicia, pero que prepara mal para la reconciliación. Porque orienta a una justicia que puede ser vista y vivida como venganza controlada, y la venganza no anuda precisamente relaciones. Tiene con todo la gran ventaja de que hace imposible la impunidad.

¿Tendremos que resignarnos a elegir entre una verdad con posterior olvido legal que construye una falsa reconciliación o una verdad con posterior justicia que la hace muy difícil? Puede aspirarse a lo más delicado, pero a su vez lo más pleno: a la verdad que prepara una justicia de tal naturaleza que se abre a la reconciliación. La primera condición para ello es reconocer que la justicia en nuestras sociedades tiene un doble objetivo: el dirigido a la sociedad (asentar la adecuada convivencia de las libertades) y el dirigido a la víctima (reparación debida). Desde ahí, a su vez, se puede distinguir la reparación directa a la víctima (las acciones encaminadas a que recupere en lo posible lo perdido, material y psíquicamente) y el castigo o daño directo al culpable de cara al cual pueden entrar consideraciones basadas en el bien común. La justicia se plantearía aquí garantizando la reparación debida y a su vez contemplando posibilidades de inhibición total o parcial del castigo.

¿Qué supone en este contexto la reparación debida a las víctimas? Creo que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo expresa muy bien cuando incluye en ella cinco exigencias: 1) restitución en lo posible de lo perdido;
2) indemnización por los daños sufridos; 3) readaptación a la normalidad, con sus costes jurídicos y médicos; 4) reparaciones de carácter global: declaraciones oficiales de rehabilitación de las víctimas, asunción de responsabilidades del Estado, ceremonias conmemorativas, monumentos, homenajes, inclusión en la historia del país, etcétera; y, 5) garantías de que no se repetirá la violencia sufrida. Una Comisión de la Verdad abierta a la justicia debe hacer tal modo de verdad y tales recomendaciones que convierta a estas exigencias en un objetivo irrenunciable.

Fijémonos, de todos modos, en que en esa lista no se ha incluido el tema del castigo o daño directo al victimario.

¿Puede plantearse que parte de la pena que cabe asignarle en justicia no se lleve a efecto para que así la sociedad le muestre que se le da una oportunidad y porque así se abre una vía hacia la reconciliación? La respuesta puede ser afirmativa con ciertas condiciones. En primer lugar, debe haber garantías plenas de que no se repetirán los delitos. En segundo lugar, la inhibición de la pena no debería adquirir la forma de amnistía u olvido, por las razones aducidas, sino de indulto o "perdón legal". En tercer lugar, las medidas de condonación, reducción o transformación de la pena deben ser todo lo flexibles que aconseje la prudencia política: hay que discernir responsabilidades de diverso grado entre los victimarios para luego aplicar en función de ello indultos totales o parciales, o para sustituir pena carcelaria por inhabilitación para cargos y empleos públicos, o por exilio, o por sanciones económicas, etcétera. En cuarto lugar, debe pedirse al victimario un exquisito respeto por la víctima y que colabore en la medida de sus posibilidades en la reparación debida a esta; si además es capaz de mostrar arrepentimiento público probará con ello que está, por propia iniciativa, en la vía más adecuada de reconciliación. Una Comisión de la Verdad abierta a esta perspectiva se preocupará de hacer recomendaciones que avancen en esta dirección.

Esta es una dirección, con todo, que tiene un serio problema, porque nos hace vivir una paradoja: quien propiamente puede perdonar es la víctima, pero quien puede hacer jurídicamente eficaz el perdón como inhibición del castigo es el sistema judicial. Puede producirse aquí una disintonía entre el deseo de unos y la decisión de otros, que es especialmente dolorosa para la víctima. Por eso, estas iniciativas sólo se sostienen si implican un fuerte acompañamiento social a las víctimas, a las que se les respeta en la empatía el "tiempo de duelo", el tiempo que precisan para encajar en la serenidad medidas conducentes a la reconciliación.

Incluso si se dan todas estas condiciones, la reconciliación sigue siendo difícil. Pero entonces no se hace imposible y además podrá ser una reconciliación auténtica. Porque se basa en la verdad, por dolorosa que sea. Porque no pide sacrificios a todas luces injustos, al tomar medidas reparadoras adecuadas y dar acompañamiento social a las víctimas. Porque no se cierra en una justicia que pide castigo, sino que se abre a restaurar las relaciones a través de flexibilidades diversas que muestran una intención claramente recon­ciliadora.

Xabier Etxeberria es filósofo de la Universidad de DEUSTO, tiene varias publicaciones sobre justicia y perdón en la vida pública.

 

Dimensión ética de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Pilar Coll

 

Organizado por el Concilio Nacional Evangélico, el Instituto Bartolomé de Las Casas, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –FEDEPAZ– y el Consejo Latinoamericano de Iglesias –CLAI–, del 9 al 11 de octubre pasados se realizó un magistral seminario internacional con el título "Tareas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Su dimensión ética y teológica". Ha sido una rica experiencia que queremos compartir con los lectores de ideele aun cuando sea de un modo reducido y forzosamente incompleto.

Un discurso de inauguración del presidente de la CVR puso un excelente marco para reflexionar los tres días. Afirmaba entre otras cosas que la esencia de la misión de dicha Comisión es precisamente su propósito ético que busca propiciar en nuestro país una profunda reflexión colectiva, un reconocimiento de nuestras responsabilidades y, a partir de esto, un esfuerzo de reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Tarea difícil, por cierto, pero no podemos transar con el olvido. La posibilidad de relacionarnos humanamente resultó seriamente dañada en las últimas décadas y el fundamento ético de nuestra existencia colectiva quedó profundamente socavado por la violencia.

Recuperar el fundamento ético exige afrontar la verdad de nuestra historia reciente. Las relaciones entre nosotros sólo podrán traducirse en vínculos creativos y en caminos de humanización si reconocemos lo ocurrido, restituimos la dignidad a las víctimas, expresamos nuestra cercanía a los dolientes y ejercemos la justicia como requisito para el perdón y la reconciliación. Se trata de ir más allá de señalar a los culpables de los crímenes.

El discurso de la Comisión de la Verdad no puede ser neutral sino deliberadamente moral, nombrando el daño que no puede volver a suceder y que nunca debió acontecer. Sin perjuicio de que los responsables de los crímenes ocurridos afronten ante el Poder Judicial las consecuencias de sus actos, es todo el cuerpo social el que debe comparecer ante el juicio moral que ha de llevarse a cabo. Nuestra sociedad tiene que responder ante sí misma por qué no vivió la muerte de los más humildes como un escándalo intolerable, por qué no denunció y se opuso a ese escándalo con mayor energía, aunque esto pusiera en riesgo su tranquilidad.

El perdón nos libera del pasado y del lastre de quedarnos petrificados en el sufrimiento; y aunque no puede imponerse a quien ha padecido los duros atropellos, tenemos que afirmar que ayuda a hacer del mundo que nos rodea un espacio de libertad.

La verdad fue un tema ampliamente trabajado desde diferentes ángulos: como valor interpersonal y social, tantas veces silenciada o manipulada entre nosotros o acallada por razones de Estado o por interés propio y la necesidad de rescatarla para que la "historia oficial" no sustituya la verdad de las víctimas. La sociedad peruana debe convertirse a la tolerancia activa y a la valoración de nuestras diferencias vistas como una riqueza, no como una desigualdad; debe convertirse a una convivencia marcada por el respeto y por la práctica de todos los derechos humanos para todos. Se desmontó la conocida expresión de que "el fin justifica los medios" no solamente como inmoral sino también como radicalmente inexacta, puesto que fines y medios están unidos indesligablemente.

Trabajamos también la verdad como exigencia para la justicia, como derecho que concierne tanto a las personas cuanto a la sociedad. Tenemos derecho a saber la verdad de los hechos y sus causas. Buscar la verdad sobre los hechos ocurridos en nuestro país en los años de violencia nos puede hacer descubrir que también nosotros tenemos alguna responsabilidad por nuestro silencio y el de nuestras Iglesias, por nuestras evasiones ante lo que ocurría, por nuestras cobardías o nuestra indiferencia. Puede ser doloroso asumir nuestra propia verdad, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar a un compromiso con la verdad que libera. Justicia sin verdad puede ser arbitrariedad, pero verdad sin justicia puede ser impunidad.

Vistas las dificultades para que una Comisión de la Verdad pueda favorecer que en todos los casos se haga justicia a las víctimas, se presentó un interesante cambio de perspectiva que es la llamada justicia restaurativa, que sin renunciar en absoluto al acceso a los tribunales de justicia de quienes lo merezcan, contempla otras posibilidades que significan restaurar a las víctimas, restituirles su dignidad profundamente herida pero que también restaura a la comunidad y a los agresores al hacer que las relaciones humanas sean más equitativas. Se trata de un sistema criminal más centrado en la víctima y que parte del diagnóstico de que la actual administración de justicia no restaura, no reconcilia; en el mejor de los casos solamente impide que quien cometió un crimen cometa otros. Pretende mejorar sustancialmente la relación entre las partes y recuperar una dimensión perdida de la justicia que alude a la reconciliación, dejando claro que la justicia restaurativa es justicia y que, como tal, no puede negociar con la verdad.

En cuanto al perdón, quedó claro que este no elude sino que exige la búsqueda de la verdad. Sólo la víctima puede reconciliar y nadie puede obligarla a hacerlo. Hay que respetar procesos de duelo pero a la vez plantear las enormes potencialidades de la reconciliación, no sólo para el victimario sino también para la víctima que la libera de los resentimientos que la agobian. Se trata no de transar con la impunidad sino de la difícil tarea de compaginar justicia y reconciliación. Hay algo que éticamente no podemos eludir, y es la búsqueda de la verdad. En algunos casos no será posible hacer justicia y habrá que recurrir a la justicia restaurativa y a la sanción moral cuando no sea posible la sanción penal, pero la búsqueda de la verdad es irrenunciable.

Pillar Coll ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, actualmente asesora de la Comisión de la Verdad.

 

La Verdad debe provocar una ciudadanía más activa

Frank La Rue

 

El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala tiene un elemento muy importante. No es sólo descriptivo: es interpretativo. Interpreta todo el período de la violencia: de dónde surge, cómo surge, qué mecanismos se usaron. La Comisión investigó a plenitud todo los factores que incidieron en la violencia para poder explicar este fenómeno, y esto fue muy importante.

Establecía que estadísticamente el 93% de violaciones de los derechos humanos se había dado por parte de las Fuerzas Armadas. Era una estadística que antes no existía: había otros orígenes de la violencia. Esto era importante porque lo tenía documentado y explicado en la lógica de la contrainsurgencia. Ello provocó un debate democrático nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas, a quién responden, qué intereses deben defender dentro de un Estado democrático. El valor de la Comisión es que el informe altera el debate, la conciencia nacional. Un informe de una Comisión y el ejercicio mismo que debe verse a largo plazo tiene que provocar como efecto una ciudadanía más consciente y más activa.

La Comisión no debe ser una simple recopilación de datos o testimonios. La otra parte que es importantísima es la interpretación. Las preguntas que una comisión debe hacerse es qué sucedió y cómo, pero también por qué y quién lo realizó; y ese por qué es importante porque lo que una sociedad quiere es explicarse ese fenómeno, por qué sufrimos esa etapa histórica en el país, para que no vuelva a ocurrir.

Esas interpretaciones se convirtieron después en recomendaciones, y muchas de estas tenían que ver con el fortalecimiento del sistema de justicia, replantearse la doctrina militar, algunas reformas constitucionales; incluso el papel del Ejército en la sociedad democrática.

Por otro lado, la Comisión fue muy cuidadosa, mantuvo su autonomía pero se esmeró en reunirse con todos los que tuviesen interés: con las autoridades de gobierno a todos los niveles, con autoridades militares que quisieron, con víctimas, asociaciones de víctimas, grupos de derechos humanos. Sin embargo, mantuvo su trabajo y su dinámica interna en forma confidencial hasta el momento en que se terminó el informe.

Guatemala es un país particular, porque vivimos una situación de apartheid entre las grandes ciudades y el campo, especialmente las zonas indígenas. Hay un abismo enorme de diferenciación. La Comisión explicó que en Guatemala hubo genocidio y que el racismo era uno de los fundamentos básicos de la violencia, un problema que además deviene en problemas económicos y sociales. La Comisión trajo ese tema a debate y dentro del proceso de reconciliación nacional establecía la necesidad y la urgencia de tener un elemento de unidad nacional, no sólo dentro del marco legal, ya que según la Constitución todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero en el marco práctico eso no se hace realidad. Entonces hacía un llamado muy concreto a volver a establecer una ciudadanía activa, y a partir de una ciudadanía activa el compromiso del Estado con toda su población.

Desde nuestra institución insistimos en que la primera reconciliación que se debe hacer es entre el Estado y la ciudadanía, porque quien primero le falló a los ciudadanos fue el Estado, y para recuperar confianza de la ciudadanía tiene que haber esa reconciliación. Quiere decir que las instituciones del Estado, el sistema de justicia, deben empezar a funcionar; debe darse la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos; la apertura de los procesos y la transparencia, como el proceso legislativo y la toma de decisiones del gobierno. Tiene que haber un proceso de comunicación y de entablar relación entre un Estado que debe volverse representativo de su pueblo, y eso implica ampliar sus mecanismos de comunicación y consulta con la sociedad.

Frank La Rue, abogado guatemalteco, director general del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).