Los indultos en tiempos de Olivera

Gabriela Joo

El actual gobierno tiene en sus manos la posibilidad de acabar con el problema de los inocentes en prisión acusados injustamente de terrorismo. Desde que cayó el régimen fujimorista albergamos esa esperanza. Aunque con el gobierno de transición democrática se avanzó bastante, han quedado casos pendientes. Durante los casi seis meses de gobierno de Alejandro Toledo, sólo se ha indultado a 36 personas, y la mayoría de ellas ya habían logrado la recomendación de la Comisión anterior nombrada por el presidente Paniagua. Urge apurar la solución de este problema, pues no estamos hablando de días sino de años, y muchos inocentes siguen esperando que la democracia se acuerde de ellos.

La falta de atención del problema motivó que hace poco un grupo de 30 internos del Establecimiento Penal Miguel Castro Castro iniciaran una huelga de hambre en un intento desesperado por llamar la atención de las autoridades para que revisen sus casos. Sabemos que dejar de comer un día es poner en riesgo su salud, dada la baja calidad y cantidad de la dieta alimenticia (un plato de comida una vez al día).

Aún está pendiente la agenda que dejó la comisión designada por el gobierno de transición:

– Quedan en la cárcel un número significativo de inocentes patrocinados por organismos de derechos humanos y por iglesias.

– De los que alegaban inocencia pero no se tiene información, su situación ha empeorado por la reducción de abogados en la Comisión de Indultos establecida por la actual administración.

– No se ha dicho nada sobre la reparación moral y económica a los indultados, quienes al salir en libertad enfrentan un cúmulo de problemas que no facilitan la reinserción social, pues tienen que reconstruir sus vidas, deben salir a buscar trabajo, curar sus heridas físicas y psicológicas y los daños causados a la familia. Para ello necesitan recursos, y no los encuentran. No olvidemos que la gran mayoría de indultados provienen de los sectores más pobres del país.

– Hay varios casos de enfermos graves que esperan un indulto humanitario. Hablamos de personas totalmente indefensas, varios años presas, que han adquirido enfermedades crónicas y graves como producto de las durísimas condiciones en las que están viviendo. Por otro lado, es casi imposible que el Inpe pueda cubrir los costos de tratamiento que ellas necesitan. Sólo ponerse un momento en el drama de estas personas bastaría para firmar su indulto.

– Quedan por evaluar las conmutaciones solicitadas por los arrepentidos.

– La Comisión debería continuar el camino de las modificaciones a la legislación antiterrorista. Hay personas que tuvieron una mínima participación, no quieren saber nada con el terrorismo desde mucho tiempo antes que se formara la Comisión Ad Hoc, y están condenadas a penas que van entre los 20 años y la cadena perpetua. Casi todas trabajan y estudian, pero eso no les sirve para redimir su pena. Muchas están presentando cuadros de depresión y enfermedades físicas que se agravan ante la falta de esperanza.

Agenda cuya solución sólo requiere de voluntad política.

Gabriela Joo es trabajadora social del IDL.

Marcos Espinoza

Fue detenido cuando salía de votar por el referéndum el 31 de octubre de 1993. Dos años antes la Policía había encontrado una nota donde estaba su nombre y un seudónimo en la casa de una senderista. Junto al de Marcos, otros nombres estaban escritos en ese papel, casi todos estudiantes de la universidad. Durante ese tiempo, la Policía jamás lo notificó; sin embargo, lo había involucrado en la comisión de varios hechos terroristas basándose en supuestos informes policiales en los que sólo indican a los autores por sus seudónimos mas no por sus nombres verdaderos. Sin ninguna otra prueba, fue condenado a 10 años, de los cuales ya ha cumplido ocho.

El encarcelamiento de Marcos es más injusto aún si se toma en cuenta que la Comisión de Indultos ya comprobó el error cometido indultando a su esposa, Soledad Flores, en setiembre de este año, pues ella también fue involucrada de la misma manera, por hallarse su nombre en dicha nota.

Francisco Carhuallay

El 25 de agosto de 1999 fue detenido un campesino del distrito de Chir-Chir en Cajamarca, acusado de ser mando terrorista de SL entre los años 1994 y 1995.

Las imputaciones realizadas se basan en la declaración de un arrepentido que no sólo no lo menciona en su solicitud de arrepentimiento de fecha 23 de noviembre de 1993, sino que, además, no tiene validez ya que la Ley de Arrepentimiento 25499 estuvo vigente hasta el 30 de octubre de 1994, siendo imposible que a esa fecha pudiera conocer de hechos sucedidos un año después (1995).

Fue acusado del delito de traición a la patria, pero la ausencia de pruebas hicieron que el fuero militar se inhibiese de conocer su caso y de formular acusación. Sin embargo, en lugar de ordenar su inmediata libertad, se ha dispuesto su pase al fuero común, donde está a la espera del pronunciamiento del fiscal.

Lo peor del caso es que Francisco tuvo que esperar dos años para conocer el fallo del fuero militar. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar ahora para ser absuelto del delito de terrorismo? La Comisión de Indulto puede resolver inmediatamente su caso recomendándolo para el derecho de gracia presidencial.