Concertación a la peruana
"Concertar, concertar, que el mundo se va a acabar", es una melodía de plena moda en el Perú. ¿Es posible en las actuales circunstancias? ¿De qué depende? Vienen opiniones externas de Gonzalo Portocarrero, Jorge Santistevan y Rafael Roncagliolo y algunas de casa, y luego lecciones sobre concertación desde el interior del país. Termina el bloque con la perspectiva histórica sobre el tema.
Necesidad y problemas de la concertación
Gonzalo Portocarrero
1. Alan García debería estar en la cárcel por los numerosos delitos que cometió durante su gobierno. En el fondo, todos lo sabemos. No obstante, Montesinos, en uno de sus últimos actos como hombre de poder, decidió que la Corte Suprema declarara la prescripción de sus pendientes con la justicia. Una apuesta interesada, desde luego. Más tarde el electorado peruano, 46% de los votos, catapultó a García a una posición de gran expectativa en la política peruana.
Hay varias razones que explican este apoyo. Muchos compatriotas piensan de los políticos que "está bien que roben, pero que hagan algo". Es decir, es inevitable que roben, pero por eso mismo se les puede exigir dinamismo para atender las demandas de la gente. Otros han querido pensar que Alan ha madurado y que merece otra oportunidad. Algunos más tendrán mala memoria y ganas de creer en alguien, pues hay también mucha gente que se decepcionó de Toledo. Sea como fuere, por obra del pueblo peruano y el carisma de García, la concertación pasa por el APRA. Hecho que se puede lamentar pero no ignorar.
2. En el Perú las reglas de la democracia no han sido bien interiorizadas ni por la clase política ni por la ciudadanía. Así, los políticos que hegemonizan la oposición tratan de desestabilizar al gobierno del momento para forzar la renuncia del Presidente y convocar a elecciones adelantadas. No se quiere esperar para llegar al poder. Esto lo hizo Belaunde con el gobierno de Prado. Y cuando Belaunde fue presidente, hacia 1967-68, todos querían sacarlo, pero finalmente fue Velasco quien lo hizo. Después la izquierda pretendió hacer lo mismo con Belaunde en su segundo periodo. Hacia 1987-88 la derecha quiso sacar a García. "¡¡Caballo loco va a caer!!", era el deseo y la consigna gritada a todo pulmón por las clases medias en esa época.
Ahora bien: para desestabilizar al gobierno la oposición suele usar los movimientos populares como armas arrojadizas. Es decir, los políticos apoyan toda clase de reivindicaciones y expectativas y, paralelamente, critican al gobierno por no satisfacer la justicia de esas demandas. Se genera entonces la imagen de un gobierno tercamente equivocado, insensible a la justicia, que está produciendo una situación de caos social en circunstancias en las que la solución estaría al alcance de la mano si se siguiera la política correcta propuesta por la oposición.
Esta actitud tiene muchas causas que conviene identificar. Primero, la impaciencia de los políticos por llegar al poder. Sea porque creen que tienen la solución, sea porque la ambición personal los desborda, de manera que no están dispuestos a esperar. Creo que en esta época, cuando la mayoría debería saber que no hay soluciones fáciles, lo decisivo es el segundo factor.
Una variante menos radical del mismo juego es una crítica no tan desestabilizadora. Se pretende que el gobierno llegue a su fin moribundo, pero que llegue de todas maneras. Aislado, sin ninguna popularidad. La presunción es que un caos social demasiado intenso puede derruir todo el escenario político y precipitar un golpe militar. Todas estas estrategias remiten, en el fondo, a la falta de identificación con el interés general. Es decir, los partidos tienden al antagonismo. A destruir al otro partido. La oposición prefiere que el gobernante fracase aunque ello signifique sufrimiento para el país. De cualquier forma, así están más cerca del poder. Hay pues mucha mala fe en la política peruana.
3. Pero sería injusto echar toda la responsabilidad a los políticos. Los ciudadanos tenemos también mucho que ver. El electorado hace competir a los políticos a ver quién ofrece más. No se discierne la factibilidad de las promesas, ni se pondera su integración en programas coherentes. La ilusión implícita es que todos los problemas puedan resolverse rápido gracias a una persona en quien se deposita una gran confianza.
La gente quiere creer en milagros, de manera que una vez elegido el nuevo gobierno se exige que se cumplan las promesas. Muchas veces hay irresponsabilidad o trasgresión de la ley por parte de la ciudadanía. La gente está dispuesta a luchar por lo suyo sin importarle el daño que está causando al conjunto del país. Cerrar el aeropuerto del Cusco, por ejemplo, es una medida de presión muy eficaz, pero tiene un costo muy elevado para el país. El turismo se asusta y la economía regional sufre. A menudo la actitud es que yo quiero lo mío y no me importa el daño que cause mi acción. Es decir, si el país pierde 50 pero yo gano 5, ya se justifica; total, todos lo hacen.
4. Creo que del diagnóstico anterior se derivan ideas muy precisas para estabilizar la democracia en el país. En efecto: la moralización de la clase política es una tarea urgente. Por eso es tan importante rechazar la impunidad y condenar a la mafia fujimontesinista. No obstante, aun así estaría quedando el pésimo precedente de la falta de sanciones para García. Los políticos tendrían que posponer sus legítimos intereses personales para construir un interés colectivo.
Ahora bien: para que esto resulte posible es necesario que la concertación política no sea solo un gesto o retórica vacía, sino que esté orientada a establecer una agenda de prioridades. Es decir, lograr acuerdos mínimos en torno de lo que debe hacerse en el país. Las tareas estratégicas no pueden ser otras que la salud, la educación y la lucha contra la pobreza extrema, desarrollando en todos estos frentes una perspectiva descentralista.
En estas actividades debe estar concentrado el esfuerzo y los recursos del Estado. No hay otra forma de salir adelante. La concertación tiene que proyectarse hacia diversos espacios de la vida social: municipios y espacios locales.
De otro lado, la concertación no tiene que significar, ni mucho menos, la eliminación del disenso, pero sí manejar este disenso discriminadamente, no como un principio de acción, menos como forma de desestabilización del régimen vigente.
5. La ciudadanía, para ser efectiva, tiene que sustentarse en la conciudadanía, tal como lo señala Eloy Neira. Es decir, en el respeto de los otros, en la afirmación de una cultura cívica que arrincone a la trasgresión y a la "pendejada", a la "viveza", a la que estamos tan acostumbrados. En la sociedad peruana hay demasiada jerarquización y fragmentación, de manera que cada uno va por lo suyo. Entonces sería necesario reformar nuestra moral para liberarnos de los lastres que nos impiden progresar. Como están las cosas, es difícil que la gente confíe y espere su turno. Pero si no hay confianza tampoco habrá paciencia y se perpetuará la ley de la jungla: "a quien no se pasa de conchudo lo matan por cojudo".
Para romper estos círculos viciosos, la concertación es fundamental. Los políticos tienen que dar el ejemplo. Solo del reconocimiento del otro como un igual puede nacer esa suerte de proyecto nacional mínimo que es la agenda común de prioridades de la que se habló en el párrafo anterior. Hay que crear una nueva disposición, algo así como: si el Perú gana 10 y yo solamente 4 no me importa, pues confío en que ya me tocará.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene que cumplir un papel fundamental en este cambio de actitud, pues solo el reconocimiento y la reparación de las injusticias, junto con el señalamiento de sus causas profundas, permitirá la elaboración de una nueva memoria, de una veracidad que a nadie excluya y que haga posible la identificación de todos los peruanos con nuestro país. De repente todo esto es un sueño, pero lo peor es renunciar al deseo y convertirnos en espectadores de la repetición de lo mismo.
Gonzalo Portocarrero es sociólogo y profesor universitario.
Transición:
Desafíos para armar el modelo
Jorge Santistevan
Si de democratizar se trata, de transición hablemos. Hace 25 años, después del oncenio militar, de eso se trató. Y hoy, después del decenio del fujimorato, en eso estamos nuevamente. Para que no sea melodía repetida, tenemos que hacerlo con plena seguridad de que cuando conmemoremos los 200 años de la Independencia (del 2001 al 2004) hayamos superado el punto de no retorno.
El tránsito del autoritarismo a una democracia duradera y próspera no es cosa ni caso aislado. Miramos siempre con interés a España y Chile y hacemos seminarios de primera sobre "Los Pactos de la Moncloa" y "La Concertación". Completaríamos el panorama –a mi gusto– si también nos detuviéramos en construcción de democracia de la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín. Esto nos ayudaría a aprender cuánto más difícil es la tarea sin partidos ni tradición partidaria, sin instituciones respetables ni firmes que no sean los ejércitos, así como con grados y formas de corrupción mucho mayores que las de la península y nuestros vecinos.
La transición peruana confronta a mi juicio dos desafíos que, si no manejamos, pueden amenazar el éxito del proceso. El primero tiene que ver con política y con instituciones. No se ve tan claro aquí dónde vamos a ubicar los pilares de la transición si la institucionalidad del país es precaria y los partidos políticos, cuando existen, son débiles. Tendremos que ponernos a definir en qué instituciones –no personas, por lo mucho que puedan contribuir– reposa el cambio: ¿el Congreso como está sin una Cámara reflexiva?; ¿el centralismo de siempre o la descentralización en marcha?; ¿el Poder Judicial o el sistema de justicia en general que conocemos y que no da suficiente confianza?; ¿el Ejecutivo agigantado y anticuado como lo tenemos hoy antes de que se pueda reformarlo?; y, para no ir más lejos, ¿las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional antes no solo de modernizarse, sino de pasar por el proceso de esclarecimiento, exculpación y reconciliación? Añadiendo lo que resulta obvio y acerca de lo cual Europa del Este nos puede ilustrar: ¿cuál puede ser la contribución de la sociedad civil que, me consta, puso montañas de arena en la recuperación de la democracia aquí, en el Perú de ahora?
El otro desafío es igualmente político, pero suele aparecer con otro ropaje. Me refiero al gran tema económico en torno del cual debe girar la transición y la concertación que la hace viable. En España, por cierto, además de los acuerdos democráticos básicos (las libertades política, religiosa, de pensamiento, de cátedra, de prensa y medios, sindicalización y negociación colectiva que fueron consagradas en la Constitución de 1978), los pactos contienen acuerdos elementales de buen manejo económico para garantizar el equilibrio fiscal, controlar la inflación e imponer un marco limitativo a los incrementos de precios y salarios.
Todo ello fue pactado así porque constituía un prerrequisito para el ingreso de España en la economía europea, verdadera locomotora que permitió el cambio y el progreso de los españoles en ejemplar democracia. Fue impresionante escuchar al diputado comunista Sartorious declarar hace poco en Lima: "la mayor virtud de los pactos ha sido la de haber permitido el bienestar de la mayoría de los españoles".
El caso de Chile es similar. "La Concertación" implicó que socialistas y democristianos asumieran el modelo chileno de mercado volcado a la exportación. Una vez admitido ese primer paso, se producen y ponen en práctica los acuerdos de la oposición democrática que permitieron la derrota de Pinochet en el referéndum y el acceso a tres gobiernos sucesivos en manos democráticas como resultado de triunfos electorales transparentes e indiscutidos. Con ello –lo presentó brillantemente en Lima el senador Bitar– los compromisos democráticos han marcado el rumbo definitivo de Chile.
Pero la transición concertada ha permitido a este país avanzar y constituirse en el ejemplo económico exitoso de América del Sur, con 30 000 millones de dólares de inversiones en el exterior y el lujo –doloroso para nosotros– de aspirar a ser la potencia militar número uno de estas tierras. Falta por supuesto la tarea de abrir los candados que la dictadura instaló en la Constitución y en la institucionalidad chilena y avanzar en el empeño del presidente Lagos de crecimiento con equidad.
Aparte de las limitaciones en materia de instituciones, es impostergable preguntarnos: ¿cuál es en nuestro caso el eje del acuerdo económico de la democracia en transición? A estas alturas no hay quién defienda el modelo neoliberal, pero habrá que definir el que el Perú necesite, incorporando el tema nuestro del sector informal de la economía, con el mea culpa de la equidad después de conocido el fracaso de la experiencia argentina. Pero es preciso tener claro a dónde queremos y podemos llegar en el mercado global que se nos impone y cuál es la locomotora que nos va a hacer avanzar como lo fue Europa para España y el modelo exportador para Chile. En la transición será imprescindible pactar, pero construyendo –como España, Chile y Europa del Este– nuestro propio modelo para armar.
Jorge Santistevan es primer Defensor del Pueblo del Perú.
La promesa de la república democrática
Rafael Roncagliolo
– I –
En 1895, a partir de una concertación civilista y oligárquica, se inicia el periodo histórico que Jorge Basadre bautizó como la República Aristocrática. El adjetivo aristocrático, usado por Basadre, no debe hacernos olvidar su carácter republicano. Hubo entonces una genuina concertación nacional entre fuerzas hasta entonces enfrentadas. El resultado fue que durante los 20 años siguientes crecieron la economía peruana y los primeros movimientos sociales.
Este periodo, democrático a pesar de sus restricciones, se cerró con el varias veces re-eleccionista Augusto B. Leguía. A la caída de Leguía, en 1931, con las primeras elecciones verdaderamente universales, libres y secretas, el país se merecía y se proponía fundar una república democrática. A pesar de la Constitución modernizadora de 1933, lo que vino a predominar fue la polarización y, otra vez, la autocracia, la represión y la corrupción.
De entonces para acá ha habido varios intentos de fundar la república democrática que aún nos debemos. Particularmente en 1945, con el Frente Democrático de Bustamante. En 1956, a la caída de Odría. En 1963, con el espíritu y el compromiso de las reformas estructurales. Y en 1979, con la Constitución que vino a cerrar el docenio de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Pero en todas estas coyunturas, las fuerzas centrífugas de la política terminaron por imponerse sobre los impulsos centrípetos, convirtiendo a los rivales y competidores en enemigos irreconciliables. El río revuelto produjo ganancia de los autoritarismos que, una y otra vez, pasmaron y abortaron los intentos de fundar la república democrática.
Con este telón histórico, la concertación ofrecida por todos los candidatos del 2001 ha aparecido como el saldo de una deuda histórica para con nosotros mismos. La concertación debe plasmar la plataforma común para salir del autoritarismo de Fujimori y Montesinos, que fue el precursor Acuerdo de Gobernabilidad. Plasmarla, a través de una genuina refundación republicana. El presidente del Consejo de Ministros lo ha interpretado bien al proponer un acuerdo para el año 2021, bicentenario de la proclamación de la Independencia.
De manera que la meta de nuestra concertación tiene que ser muy ambiciosa y recoger, cómo no, todos los antecedentes internacionales existentes, entre los que se cuentan los Pactos de la Moncloa en España, pero también los acuerdos específicos que llevaron a la reforma política en México y en República Dominicana, así como otros pactos en numerosos países, como Costa Rica y Bolivia, convertida ahora en la democracia más estable y firme de la subregión andina.
De ahí el primer deslinde cuando se habla de concertación. Los peruanos buscamos una concertación nacional que incluya al gobierno y a la oposición y no solamente una concertación dentro del gobierno o dentro de la oposición, tipo la muy exitosa Concertación chilena. Una concertación para fundar república y no solo para ganar elecciones o para gobernar. Ni siquiera solo para legislar.
En este marco, la frondosa discusión acerca de la concertación para el largo o para el corto plazo tiene poco sentido. Dado que el futuro largo (futuro perfecto, para usar una analogía gramatical) se construye en el futuro inmediato (futuro imperfecto, según los lingüistas), la fundación de la república democrática debe partir de acuerdos muy puntuales sobre el presente. Por ejemplo, tratamiento de las reivindicaciones sociales y regionales, elecciones regionales, metas de inflación, etcétera. Por eso era mucho más fácil la concertación preelectoral que intentaron Paniagua y Pérez de Cuéllar con el propósito de facilitar el camino para el nuevo gobierno. Cada día que pasa la concertación es más difícil. Pero, por supuesto, más vale tarde que nunca.
– II –
A partir de las experiencias exitosas de otros países, puede pensarse que nuestra concertación debería pasar por tres momentos sucesivos.
En primer lugar, la presentación de propuestas muy concretas y puntuales por el Poder Ejecutivo. No solamente agendas o listas de temas o áreas para conversar, sino diagnóstico y objetivos específicos que, en todos los otros casos, han sido muy pocos y muy precisos, seguramente por aquello de "quien mucho abarca, poco aprieta".
En segundo lugar, el encuentro directo, de trabajo, "en mangas de camisa", entre los responsables de las fuerzas políticas, quienes deben asumir, juntos, la responsabilidad por la concertación, puesto que la clave para el éxito consiste en el convencimiento de que el fracaso afectaría no solo al gobierno sino a todas las fuerzas políticas. Igual ocurre con el éxito, ya que en la concertación todos (y en primer lugar el país) deben ganar.
Y, en tercer lugar, la invitación más amplia al conjunto de organizaciones de la sociedad civil, para convertir el acuerdo político en acuerdo social, lo que resulta crucial en una época y en un país en que la capacidad de articulación de los partidos y la confianza de la población en ellos se encuentran profundamente mermadas.
Sabemos que la sociedad civil es muy difícil de articular y de representar, puesto que su lógica es la de la legitimidad y no la de la representatividad, y en ello reside su diferencia radical con los partidos. Pero hoy en día no hay democracia sin sociedad civil, del mismo modo que no hay democracia sin partidos. De manera que las organizaciones sociales autónomas (que no son sinónimo de ONG) tienen un lugar propio en este diálogo nacional que corresponde iniciar, con urgencia, a los partidos políticos.
Por desgracia, los ánimos políticos se caldean de modo inevitable y el tiempo pasa sin que se advierta urgencia. A pesar de que urgencia, no impaciencia, es lo que esta tarea viene demandando, aun desde antes de la instalación del nuevo gobierno. El resultado es que uno siente a veces que la euforia de la concertación puede volverse una pasión solitaria, sin correspondencia en los actores políticos reales. Si así ocurriera, habríamos abandonado una vez más la ocasión (esta vez, la mejor ocasión) para cumplir, todos los peruanos juntos, con la promesa de la república democrática. Esperemos, apostemos y hagamos todo lo que haya que hacer para que esto no ocurra.
Rafael Roncagliolo es analista político, miembro de Transparencia.
"Dibujar el rostro del Perú para los próximos 20 años"
Ernesto de la Jara B.
"Dibujemos conjuntamente el rostro del Perú para los próximos 20 años", es ahora una de las frases preferidas del presidente Toledo. Y reconozcamos que es feliz en forma y fondo. Pero, ¿cuánto tiene la concertación de posibilidad y cuánto de problema?
"Nadie ha dicho no" es otra frase de Toledo, y sintetiza bien lo que puede ser el principal logro de la primera y segunda rondas de consultas llevadas a cabo por el gobierno. Efectivamente, todo el que fue convocado no solo asistió y conversó, sino que a la salida aceptó la foto conjunta y los mutuos halagos como una señal de público compromiso.
Es que en un país como el Perú deberíamos estar –siguiendo con las frases de Toledo– "condenados a concertar", y por muchas razones. Para comenzar, hay que reconocer que por más potencialidad que de hecho tenemos ahora somos un país casi en ruinas, y obviamente no por los vestigios de las culturas Inca y preíncas. Lo que queremos decir es que no hay tanto que disputarse, como podría ocurrir en el caso de un país boyante, y que el ejercicio del poder en el Perú, si bien siempre será ejercicio del poder, es también hacerse de una papa más que caliente. Lo lógico sería entonces hacer un esfuerzo conjunto para que con la mayor fuerza que da la unidad pudiéramos intentar frenar la caída, asumir prioridades básicas y levantar poco a poco.
Hasta por una cuestión de cálculo político absolutamente pragmático: la gobernabilidad del 2006 depende en buena medida de la gobernabilidad del periodo 2001-2006. El Perú es ya dificilísimo de gobernar para cualquiera, y podríamos decir que casi hasta ingobernable; imaginemos cómo sería con cinco años más de deterioro.
Por otra parte, también podríamos decir que somos un país que acaba de salir de dos guerras sucesivas. Primero tuvimos que enfrentar un fenómeno terrorista (SL y el MRTA) que casi nos hace perecer, y después el secuestro y saqueo del país por Fujimori y Montesinos. Este gobierno debería ser entonces como esos gobiernos de unidad y reconstrucción nacional que se levantan sobre los escombros de una larga guerra.
Salir de esas guerras supuso enfrentar enemigos comunes, juntos y de manera exitosa, lo que nos debería hacer aquilatar las ventajas de la unidad frente a objetivos comunes. A la vez, los enemigos que enfrentamos ahora están derrotados, pero no han desaparecido por completo. En el caso de SL felizmente es muy difícil que vuelva a ser siquiera la sombra de lo que llegó a ser, aunque mantiene una presencia y capacidad de acción que no hay que desatender; pero en el caso de la red Fujimori-Montesinos, todavía está por todas partes y esperando la oportunidad para retornar. Es absurdo ver el complot fujimotesinista por todas partes o para justificar errores, pero cualquier fracaso o deterioro de la situación es punto para ellos antes que para otros.
En consecuencia, hay que mantener la unidad para seguir con el "desmontaje del andamiaje" Fujimori-Montesinos y para al mismo tiempo levantar otro andamiaje que nos proteja de los peligros del pasado, del futuro y hasta de nosotros mismos.
La gran cantidad de demandas que existen en el país es otra de las razones que deberían hacer de la concertación un horizonte inexorable. Casi no hay sector del país que no tenga una demanda o reivindicación que considere justa, impostergable y por la que hay que luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo responder satisfactoriamente a ellas en un país en recesión y que no tiene casi para el té? La única posibilidad: distintos niveles de concertación.
Lo internacional está también jugando a favor y hasta presionando para la concertación en el Perú, por distintos motivos. Desde porque cualquier tipo de inversión tiene pavor a los "bandazos" provocados por el cambio de las condiciones políticas, como porque a nadie conviene que la recuperación de la democracia en el Perú termine en un desastre; basta ya con lo que está ocurriendo con otras democracias de la región.
Aunque parezca mentira, así como con Fujimori y Montesinos el Perú era una especie de ejemplo de "estabilidad" basada en el autoritarismo, podemos convertirnos en el ejemplo de estabilidad y hasta de mejoría en democracia. La venida de Bush confirma estas expectativas frente a la experiencia peruana. Aunque no podemos dejar de contemplar que también podríamos ser un caso más de una democracia que no logra frenar la caída del país sino que incluso lo precipita al barranco, como es el caso de otros países.
Cuidado con el "manoseo" de la concertación
Razones de peso y condiciones para la concertación de hecho las hay, pero a la vez las hay también para dudar, para pensar que todavía no estamos para nada en riel con esa dirección.
Más allá del discurso formal, ¿quiere el gobierno realmente concertar? ¿Cuán dispuesto está a compartir, negociar, ceder, conceder, lo que implica de alguna manera sacrificar cuotas de poder? En todo caso, hechos y no palabras, y hasta ahora hay discurso pero los hechos no son suficientes. Tal vez habría que mencionar como una excepción lo que está sucediendo en el Congreso, donde al parecer hay un buen nivel de concertación, por lo menos hasta antes de que se agudizaran las pugnas en Perú Posible.
El gobierno tiene que dar pruebas muy concretas de su verdadera voluntad política para concertar con todas las ventajas y desventajas que ello significa, y de que no recurre al estribillo de la concertación solo cuando tiene que enfrentar una crisis o sufre un descenso en la popularidad o para aplacar los ataques de la oposición.
Otra tensión que enfrenta el gobierno en torno de la concertación es que necesita de ella para gobernar pero, a la vez, para lograrla requiere exhibir previamente estabilidad y fortaleza.
Es muy difícil que un gobierno inestable o débil pueda seducir y atraer a la concertación a las distintas fuerzas. Como es lógico de esperar, nadie estaría dispuesto a subirse a un barco del que se piensa que tal vez no llegue a buen puerto o a salir en la foto con quien no ofrece una buena imagen. Con la concertación, de una u otra manera todos tienen que ganar algo.
A ese nivel nuestra impresión es que la estabilidad del gobierno ha mejorado, por lo menos en comparación con la situación que le tocó enfrentar cuando cumplió los famosos 100 días, tanto por logros en distintos ámbitos como porque ya no se ve tanto el "Toledo contra Toledo" en términos de estilo presidencial. Sin embargo, hace falta una mayor consolidación del gobierno para que los distintos sectores del país sientan que más ganan estando del mismo lado que en la otra orilla.
Un elemento en contra de esta estabilidad que se requiere para la concertación es sin duda la crisis que vive Perú Posible: ¿cómo creer en la concertación con el gobierno cuando el partido de gobierno está a punto de estallar?
Pero las dificultades para concertar no están obviamente solo del lado del gobierno. ¿Las otras fuerzas políticas están realmente comprometidas con la concertación, o la concertación es solo para la foto y debajo de la mesa confrontan y confrontan? Alan García y el resto de dirigentes son muy sensatos en sus discursos, pero a la vez no pierden una oportunidad de disparar a matar.
Un ejemplo reciente ha sido el tema de los bonos. Si bien es cierto que el ministro Pedro Pablo Kuczynski ha tenido una reacción destemplada (habría que recordarle que la democracia se goza y se sufre y que en ella hasta él tiene que informar y explicar), hay que reconocer que lo del APRA fue una provocación, pues salió a criticar la operación en tono de denuncia y escándalo, sin tener las cosas mínimamente claras y cuando todo hace pensar que ha sido un triunfo para el país.
En el caso de Unidad Nacional esta línea de concertación en el discurso pero confrontación en los hechos se está viendo en estos días en la campaña de demolición que algunos de sus miembros están desarrollando contra Andrade, al que intentan tumbarse porque aparece como el indiscutible ganador –por lo menos hasta ahora– de las próximas elecciones municipales. Situación que obviamente dificulta que el alcalde y Lourdes Flores puedan compartir la misma mesa. Ella ha dicho que no es así, pero otra vez no bastan las palabras.
En el fondo continúa lo que ha sido generalmente la política en el Perú: el gobierno tratando de impedir –o por lo menos no queriendo contribuir a– que las organizaciones y líderes de la oposición se fortalezcan como alternativa, y los líderes y organizaciones de la oposición buscando convertirse en la alternativa sobre la base de la desgracia del gobierno. ¿Es posible encontrar una manera distinta de hacer política en el Perú, sobre todo ahora que no están Fujimori y Montesinos? En otros países la alternancia en el poder rompe o por lo menos debilita esta lógica. ¿Algún mecanismo que hurgar por allí como parte de la concertación?
¿Todo el amplísimo espectro de organizaciones y gremios que se encuentran movilizados y presionando por demandas y reivindicaciones (los trabajadores, productores, frentes regionales, empresarios, etcétera) está dispuesto a entrar a una lógica de concertación? En el discurso sí, pero en el mensaje de los hechos hay una segunda parte, por lo menos hasta ahora: siempre y cuando mi exigencia no se toque; lo mío es no-negociable. Por supuesto que hay que diferenciar casos y casos en función de prioridades, pero aun así cabe la pregunta: ¿es posible la concertación en un contexto en el que cada sector lucha sólo por su propio interés, sin ubicarse para nada en el mapa de necesidades y posibilidades del país y con la consigna "patria o muerte"? Por acá está uno de los grandes desafíos de la concertación y de la democracia y gobernabilidad en general.
Hay también una serie de temas que se cuchichean o se discuten en privado pero que no se llegan a poner sobre la mesa de la concertación porque son complicados y cargan el ambiente, pero a la vez siguen allí sin resolverse. Dos de ellos: 1) Alan García; 2) el fujimorismo.
Alan García por poco gana la Presidencia de la República y hoy es el principal líder de la oposición; consecuencia: sin él y sin el APRA no hay concertación. ¿Quiere decir entonces que en nombre de la concertación debemos hacer borrón y cuenta nueva frente a Alan García? La encrucijada parece estar resolviéndose a favor del líder aprista, pero muchos –entre los que nos ubicamos– seguimos teniendo resistencias a optar por la impunidad en este caso.
Los fujimoristas por su parte vienen reclamando en la misma línea que se les incluya en la concertación, como ocurrió –suelen decir– con los franquistas en España o los pinochetistas en Chile. ¿Cómo concertar excluyendo a una gran parte del país que sigue siendo fujimorista, abiertamente o a escondidas?, es la pregunta de fondo. La carta bajo la mesa es obviamente que si ellos entran a la concertación, la lucha contra la corrupción –es decir, contra muchos de ellos– pasa a ser punto negociable y transable.
Al respecto, si bien es cierto que la inclusión de Alan García les da cierta legitimidad para plantear el punto, nuestra respuesta debería ser: lo que ha demostrado haber sido una mafia en el poder no puede pretender después ser interlocutor político, ni parte del proceso y proyecto políticos del país. Igual que cuando SL y el MRTA nos plantean una negociación política y se les contesta que se puede contemplar determinados temas y casos vinculados a esos años pero no hay nada que negociar con ellos en términos de proyecto político, puesto que en ambos casos son proyectos basados en el terrorismo y en postulados reñidos por definición con un régimen democrático.
Las diversas experiencias que se vienen tomando como referentes nos enseñan sobre la concertación: 1) que es muy difícil, pero posible; 2) que da frutos: sirve desde para derrotar dictadores hasta para gobernar; 3) que no es flor de un día sino un largo proceso en el que se aprende, se gana, se cede;
4) caminante no hay camino, se hace camino al andar. Perspectivas hay entonces, pero todavía estamos en el umbral donde "todos somos concertación" porque es políticamente correcto, lo que ordena el focus group, algo frente a lo que solo cabe estar de acuerdo (¿se imaginan el futuro de un político que se declarase enemigo a muerte de la concertación?). Pero falta todavía que nos creamos el discurso y que se convierta en un –como se dice– eje transversal de la política.