Masacre en la frontera

Wilfredo Ardito

Creemos en el reconocimiento, respeto y protección de las identidades y derechos de los diversos grupos nativos que viven en la selva del Perú. Somos conscientes, también, de los conflictos generados en muchas partes del país por la presencia de colonos en tierras comunales. Pero nada de esto nos lleva a justificar la masacre recientemente cometida por un grupo de aguarunas contra colonos. El derecho a la vida y a la integridad física está por encima de cualquier tipo de condición social y cultural. En esto reside justamente la esencia de los derechos humanos (universal).

 

La madrugada del 18 de enero, un grupo de aguarunas atacó un poblado de colonos y mató a diez adultos y siete niños. Esta masacre nos lleva a plantearnos el tema de los conflictos étnicos existentes en la selva y los retos que implican para la vigencia de los derechos humanos.

Hace unos años, en la despedida de un afable dentista de Moyobamba, sus amigos limeños bromearon diciendo que era el primer "aguaruna" que se especializaba en los Estados Unidos. El ánimo del dentista y el de su familia cambiaron súbitamente, y ninguno ocultó su disgusto por esta denominación.

Esta anécdota revela los fuertes prejuicios existentes en la región amazónica entre la minoría nativa (unas 200 000 personas) y la mayoría de población de origen migrante (alrededor de dos millones). La selva es la región peruana donde se mantienen con mayor nitidez las identidades étnicas: idioma, vestimenta, apellidos, cosmovisión.

Ninguno de estos grupos es homogéneo: los nativos denominan "patrones" a los madereros y otros grupos de poder económico asentados en las ciudades, y "mestizos" a los campesinos andinos que, por supuesto, también son indígenas y buscan colonizar la selva. También entre los nativos existen marcadas diferencias: se trata de alrededor de 60 grupos con idiomas y culturas diferentes; algunos más guerreros, otros más sumisos. Los aguarunas, asháninkas y shipibos son los más numerosos. Existen asimismo dos grandes confederaciones nativas, Aidesep y Conap, pero las rivalidades entre ambas han impedido una plataforma unitaria de resolución de sus problemas.

La migración proviene de toda la región andina, desde Cajamarca hasta Puno, pero llega con mayor intensidad a la selva alta, donde el suelo es más fértil para muchos cultivos como frutales y café. Allí surgieron los grandes centros comerciales: Rioja, Tarapoto, Jaén, La Merced, Satipo. En algunos lugares subsiste una importante concentración de población nativa, pero la percepción de los migrantes es que esta mantiene en desuso grandes extensiones de tierra que ellos podrían aprovechar mejor.

El Ministerio de Agricultura otorga a las comunidades nativas títulos de propiedad, pero no para todo un grupo étnico (territorio étnico), sino para cada comunidad. Esto deja disponibles amplias zonas en las que teóricamente es posible la colonización. Sin embargo, los nativos sostienen que los títulos son insuficientes y plantean procedimientos de ampliación sobre las zonas no tituladas, donde ellos anteriormente cazaban y pescaban. Por ello, los migrantes son percibidos con rechazo y desconfianza, aunque se establezcan fuera de las zonas comunales. Temen que tarde o temprano ingresen en el territorio comunal.

Aunque muchas veces llegan familias andinas completas, como las que fueron asesinadas en La Flor de la Frontera, también es frecuente la migración de varones solos que eventualmente establecen una relación con una mujer nativa. Estas "parejas mixtas" son rechazadas por muchos dirigentes nativos, quienes las consideran una estrategia de penetración de los colonos para convertirse en comuneros y luego hacer llegar a sus familiares.

Mientras los nativos reciben apoyo de antropólogos, ecologistas, ONG y organismos internacionales, los colonos o ribereños, como se les conoce en la selva baja, son ignorados o vistos como una amenaza, aunque la gran mayoría son tan pobres como los nativos y mucho más numerosos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene un programa especial dirigido a las comunidades nativas, a las que considera un grupo prioritario. Sin embargo, en el ámbito local muchos funcionarios comparten la tradicional ideología gubernamental relativa a fomentar la "conquista del Perú por los peruanos" (como si los nativos no lo fueran), y asumen como positiva la llegada de colonos que "saquen adelante" la región. La proximidad cultural y el mejor desarrollo económico confirman esta buena relación con las autoridades.

De ahí el respaldo que suelen tener muchas veces los migrantes en posibles conflictos con los nativos. En el caso de Los Naranjos sorprende más bien la sentencia que favorece a los nativos y ordena el desalojo de los colonos. Lo predecible era la desidia para hacer cumplir la sentencia.

Sin embargo, ni la injusticia que los nativos han padecido ni la defensa de su derecho de propiedad (articulado a su cosmovisión) pueden justificar que una población sea exterminada. Y resulta lamentable que se llame tanto la atención sobre la responsabilidad del Estado y no se investigue aquella que compete a los autores de la matanza más brutal que ha vivido nuestro país desde los crímenes de Sendero Luminoso y los militares. Quienes atacaron el caserío asesinaron a niños de 1 y 2 años y violaron a una niña antes de matarla. Ninguna institución estatal, por más corrupta o ineficiente que haya sido, puede ser responsabilizada por estas atrocidades.

Es importante recordar que los aguarunas no son un grupo en situación de aislamiento. En los últimos 40 años, como la mayoría de nativos de la selva, han enfrentado una serie de cambios radicales a partir de su sedentarización. Podría considerarse el grupo que mejor ha sabido relacionarse con la sociedad para obtener una serie de beneficios. Los varones nativos hablan castellano, y los principales dirigentes suelen ser invitados a Ginebra, Nueva York o Estocolmo.

Manteniendo su cultura, los aguarunas reconocen la competencia del Estado peruano enviando a sus hijos al colegio, obteniendo el DNI y votando en las elecciones. En varios casos han accedido a los gobiernos locales. Desde hace varios periodos los alcaldes de la provincia de Condorcanqui son aguarunas, e inclusive pudieron haber obtenido una curul para congresista por Amazonas de no ser porque los votos nativos se dividieron entre diversos candidatos.

Sería contradictorio, además, pretender que no están obligados a reconocer la competencia del Estado para investigar y sancionar a los homicidas, cuando ellos mismos presentaron ante el Poder Judicial de San Ignacio la demanda por usurpación contra los colonos.

Podría plantearse que el artículo 149 de la Constitución facultaría a las autoridades comunales a administrar justicia ante los hechos que se produzcan en su territorio. No está en discusión que la masacre se cometió en el territorio de una comunidad aguaruna, y el citado artículo no distingue cuáles son los hechos que una comunidad puede juzgar... Sin embargo, ¿podemos presumir que las autoridades comunales juzgarán imparcialmente a los asesinos? ¿No fueron las propias autoridades las que promovieron la masacre? En ningún momento han expresado voluntad de sancionar a los culpables, y se han concentrado en acusar a jueces y funcionarios sin imputar mayor responsabilidad a los nativos que participaron.

Esta actitud de las autoridades comunales no permite que el citado artículo constitucional sea aplicable. El gobierno peruano está obligado a sancionar un atentado contra la vida y la integridad física de las personas. Por lo tanto, los homicidas deben ser juzgados en el fuero común, donde, según el artículo 15 del Código Penal, deberá tomarse en cuenta su cultura y sus costumbres para examinar en cada caso concreto si podían percibir el carácter delictuoso de su acto. No se puede considerar, a priori, que puedan ser exculpados por pertenecer a otra cultura. A nuestro entender, sí se daban perfecta cuenta de que estaban cometiendo un terrible crimen, tanto para la ley peruana cuanto para sus propios valores tradicionales. No existe en la cultura aguaruna ningún elemento que permita asesinar a balazos a personas indefensas, niños y adultos. Violar a una niña y matarla es un crimen para los aguarunas y para los demás peruanos.

Debe analizarse, más bien, que el encarnizamiento brutal que mostraron los autores se debe a que sus víctimas eran migrantes. Por eso la similitud de esta masacre con las que se han cometido en otros conflictos étnicos. Serbios y hutus también pensaban que sus adversarios eran seres indeseables, sin derechos, y por ello justificaban su exterminio con terribles niveles de crueldad. Así, y aun considerando que los campesinos estaban en las tierras de la comunidad, las características del crimen lo aproximan a los citados casos de genocidio.

Al abordar este problema es fundamental evitar un discurso que colectivice la responsabilidad penal pretendiendo exculpar o culpar a todos los aguarunas por lo sucedido. Ningún grupo es totalmente homogéneo, y las actitudes de los nativos hacia este crimen pueden ser muy diversas por razones de edad, género y religión. Es muy posible que los asesinos hayan tenido además una experiencia en el servicio militar o algún rasgo psicopático del que habría que proteger a la propia comunidad.

Por ello, también es peligrosa la defensa de quienes ejecutaron la matanza por otros aguarunas que no plantean un esclarecimiento de lo sucedido por el simple hecho de que los responsables eran aguarunas. Cuando se comete un crimen de esta naturaleza, tomar una opción a favor o en contra de un determinado grupo por una identificación étnica lleva simplemente a la complicidad con este crimen.

Alternativas para los conflictos étnicos

La arraigada identidad existente no permite pensar que en las próximas décadas podrá darse una "integración" entre migrantes y nativos, especialmente aguarunas y asháninkas. Por lo tanto, la mejor alternativa para el Estado es minimizar las posibilidades de conflicto, lo que pasa por conceder a los 200 000 nativos las garantías que la Constitución y la ley señalan, como el respeto a los territorios comunales que el propio Estado ha titulado. Algunos grupos nativos han planteado además el reconocimiento de "Reservas Comunales" en las zonas no tituladas. A la fecha se han declarado reservas para algunas comunidades aguarunas y yaneshas, y debe estudiarse con atención extender esta propuesta a otros lugares, puesto que permitiría una mejor conservación de la diversidad biológica e impediría la colonización.

De igual forma, resulta fundamental diseñar para la población potencialmente migrante políticas de desarrollo que no impliquen la ocupación de los territorios comunales y que muchas deberían darse en sus zonas de origen.

Es urgente que la población nativa no vea en las autoridades estatales a los voceros de los "patrones" o los "mestizos". Las autoridades deben manifestar una relación respetuosa hacia la población nativa, venciendo prejuicios y estereotipos. Un paso adelante lo han dado las Cortes Superiores de Amazonas, San Martín y Ucayali al acceder al pedido de las comunidades de contar con sus propios jueces de paz, quienes aplican los criterios culturales para resolver problemas como la hechicería y la bigamia, respetando los derechos fundamentales.

Por otro lado, las instituciones privadas que trabajan con poblaciones nativas deben revisar un discurso que se concentra en las reivindicaciones de los nativos y deja en segundo plano una perspectiva de derechos humanos y de respeto de normas fundamentales de convivencia. El énfasis en derechos colectivos, como tierra y lenguaje, no debe hacer olvidar que la población nativa está formada por individuos que, si lo desean, tienen derecho a hablar castellano o casarse con personas de otros grupos. Más urgente aún es tomar en cuenta los derechos del niño, de la mujer, de los enfermos y de los ancianos. En el Perú conviven muchas personas de culturas diversas y todas tienen derecho a la vida. La aceptación de la diversidad y la pluralidad debe ser un compromiso de todos, también de los propios nativos. Como todos los seres humanos, en ellos existe la tendencia a no tolerar lo diferente. Es fundamental plantear que los casi dos millones de habitantes de la Amazonia, que son migrantes o descendientes de migrantes, no se van a ir de la selva. Así, de lo que se trata es de proponer estrategias positivas de convivencia.

Finalmente, debemos reflexionar acerca de si en el discurso de derechos de los pueblos indígenas existe realmente un contenido de derechos humanos. En mi opinión, los derechos humanos son derechos de personas. Los derechos de los pueblos indígenas solo son parte de una posición de derechos humanos en cuanto son enfocados como derechos de individuos a su cultura, su lenguaje o su tierra, y no implican vulnerar derechos o disminuir responsabilidades de las personas, nativos o no nativos.

Sería muy negativo que la respuesta estatal mantuviera este crimen en la impunidad simplemente porque los autores son aguarunas, pero también lo sería que la única respuesta del Estado fuera la represión penal y se dejara de lado la prevención de nuevos conflictos.

Esperemos que, como resultado de esta masacre, la sociedad peruana sea suficientemente madura como para no afianzar un estereotipo de salvajismo de los aguarunas; pero para ello es también importante la reacción de las propias organizaciones nativas, que no pueden aparecer amparando estos hechos. De lo contrario, un rechazo similar al expresado por el dentista de Moyobamba se incrementará. El Estado y los organismos de derechos humanos deben enfrentar todas las formas de intolerancia entre los peruanos y entender que ningún grupo está autorizado a ser intolerante o cometer crímenes contra los demás.