Transición democrática en el Poder Judicial:
¿Trabada, desorientada, atacada?
David Lovatón
Como corresponde en tiempos
de transición democrática, el balance de lo logrado hasta ahora en el sistema de
justicia debe comenzar por no olvidar la oscura –y no muy lejana– época de un
Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional
de la Magistratura total y absolutamente sometidos a los designios de
Montesinos y a los instrumentos de impunidad y persecución política. De ahí que
la actual situación –a pesar de sus inmensas dificultades y complejidades– es
sin duda mucho mejor que la anterior, no solo porque la comparación la favorece
tremendamente (¿se imaginan a Percy Escobar, Rodríguez Medrano, Blanca Nélida o
Alipito todavía de jueces o fiscales?), sino también porque es fruto del
proceso de transición y, en ese sentido, las "fuerzas democráticas"
estamos comprometidas (o deberíamos estarlo) en la "refundación" de
la justicia en el Perú, expresión bastante extendida y que refleja la voluntad
de diversos sectores por tener un Poder Judicial radicalmente nuevo y distinto,
independiente, eficiente, transparente, prestigiado y sensible a los valores
democráticos y de derechos humanos. Por ello nos preocupa lo poco que se ha
avanzado hasta el momento en esa dirección, pues se ha dejado pasar un momento
propicio –y tal vez único en muchos años de nuestra historia– de una transición
política en la que, por decirlo de alguna manera, "está de moda" (al
menos en el discurso) un nuevo perfil de juez independiente, honesto y pro
democracia y derechos humanos.
El
"viejo estilo" de gobernar y la falta de liderazgo
Hay dos grandes agendas en materia judicial. Por un lado, la
de corto plazo, que tiene que ver sobre todo con la lucha anticorrupción y la
solución del grave problema de la provisionalidad de jueces y fiscales. Por
otro lado, la de largo plazo, la de los problemas históricos del Poder
Judicial, que tienen que ir resolviéndose ya: la sempiterna excesiva carga
procesal, los "cuellos de botella" que se forman en la Corte Suprema
y la definición del papel jurisdiccional que debería cumplir, la escasez de
recursos y la dependencia presupuestal, el costo de la justicia, la capacitación
de los magistrados, la composición y funciones del órgano de gobierno, la
descentralización del servicio de justicia, la imagen pública del Poder
Judicial, etcétera.
El reto, por ende, es inmenso, y para enfrentarlo se
necesita liderazgo en el Poder Judicial. En principio, este liderazgo debería
ser ejercido por la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
pero en los hechos y hasta el momento ni la una ni el otro lo están asumiendo.
No se trata aquí de poner en tela de juicio a los vocales supremos ni a los
integrantes del Consejo Ejecutivo en forma personal, sino de cuestionar un
estilo de gobernar el Poder Judicial huérfano de conducción, de transparencia,
de claridad, de capacidad de convocatoria.
Por el contrario, los responsables del gobierno del Poder
Judicial vienen actuando bastante próximos al "viejo estilo" de
gobernar que imperó hasta la reforma judicial de 1995, estilo que todos
recordamos (o deberíamos recordar) y que, entre otros rasgos, se caracterizaba
por la falta de iniciativa; una posición bastante vertical, napoleónica y hasta
autoritaria de las relaciones en el Poder Judicial, de espaldas a la sociedad;
una concepción "corporativa" del cuerpo judicial, por el apego a la
"letra" y no al "espíritu" de la ley y por su renuencia a los
cambios e innovaciones.
Recordemos también que ese
"viejo estilo" de gobernar no fue defendido por nadie cuando vino la
intervención a través de las comisiones ejecutivas –ni siquiera por los que
criticamos desde el inicio la reforma–, pues todos coincidimos en la necesidad
de una conducción más clara y eficiente del Poder Judicial. Por tanto, salir de
la "reforma judicial" de Fujimori y Montesinos no debe significar de
ninguna manera "volver al pasado" ni que las cosas "vuelvan a
ser como antes". Lo que se necesita es superar tanto ese viejo estilo de
gobierno cuanto el estilo autoritario de la reforma que todos ahora rechazamos.
El hecho de que se sancionara al presidente de la Corte
Superior de Lima, Sergio Salas, por ejercer su derecho de opinión y declarar
que en el Poder Judicial faltaba precisamente liderazgo; la concentración de
decisiones en el Consejo Ejecutivo y en Lima, de la que se quejan las Cortes
Superiores del interior del país; la falta de pronunciamiento o toma de
posición pública frente a hechos trascendentales para el país; algunas trabas
para que los magistrados asistan becados a eventos de capacitación, o la
reciente prohibición al presidente de la Corte de Lima para que una comisión de
magistrados elabore un informe sobre la problemática laboral y remunerativa del
personal de dicha Corte, son, todas, expresiones de ese "viejo
estilo" de gobierno que, como es de suponer, resulta absolutamente
contrario a la refundación democrática del Poder Judicial.
Nombramiento
de magistrados, a segundo plano
La solución del grave estado de
provisionalidad de la judicatura a través de la selección y designación de
nuevos jueces y fiscales es un hecho de extrema importancia que definirá el
nuevo rostro de la justicia en el Perú y, por ende, debería ocupar un lugar
privilegiado en la agenda de las autoridades del sistema de justicia, los
medios de comunicación y las instituciones de la sociedad civil.
Lamentablemente, el tema ha pasado a un segundo plano.
Por un lado, la convocatoria a ocupar las plazas de vocales
y fiscales supremos no logró concitar el interés de los mejores juristas,
profesionales más destacados o personalidades con trayectoria democrática, como
fue la intención en un primer momento, cuando se llegó a barajar nombres tan
importantes como el del presidente Valentín Paniagua; muestra de ello es que al
final del proceso de selección solo fueron elegidos una fiscal suprema y tres
vocales supremos, y el resto de plazas quedó desierto. Por otro lado, tampoco
surtió efectos la medida que con bombos y platillos anunció el presidente
Alejandro Toledo, a pesar de que fuera duramente criticada por diversos
sectores: el sustancial incremento de los sueldos de los magistrados titulares,
cuya intención era hacer atractiva la carrera judicial.
Así, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –órgano
encargado de esta función– no ha tenido hasta la fecha suficiente capacidad de
convocatoria de "lo mejor" del foro. Y es que hay que ser conscientes
de que estamos frente a una situación totalmente excepcional de provisionalidad
de la judicatura en el país (alrededor de 70%) y de una carrera judicial
desprestigiada socialmente, razón por la cual se espera del Consejo una
actuación también excepcional que suponga no una actitud de "se abren las
inscripciones", sino de iniciativa, de búsqueda y de invitación a los
mejores.
Poniéndole cabe a la
lucha anticorrupción
La lucha anticorrupción es un
terreno en el cual, por lo menos hasta ahora, el Poder Judicial, el Ministerio
Público, la Procuraduría Ad Hoc y el Congreso pueden mostrar importantes logros
en términos de saldar cuentas con la mafia de Fujimori y Montesinos y recuperar
parte del dinero que robaron. Sin embargo, hay algunos factores que juegan en
contra de esa buena performance
y que podrían significar un lamentable retroceso.
Primero, desde hace un buen tiempo son públicos y notorios
los desencuentros, las diferencias de opinión, los celos profesionales y hasta
cierta rivalidad entre el equipo de procuradores y la fiscal de la Nación, situación
que no solo no contribuye a la necesaria cooperación y coordinación que exige
esta labor tan compleja, sino que además abre grietas que aprovechan los capos
de la mafia y sus voceros (entre ellos, algunos medios de comunicación) para
enfrentar a autoridades o sectores democráticos.
Segundo, hay congresistas que por buscar un excesivo
protagonismo en las investigaciones parlamentarias a su cargo, terminan como
"cajas de resonancia" de Montesinos o interfiriendo en las
investigaciones judiciales.
Sin embargo, hace poco el sistema anticorrupción ha recibido
un golpe bastante duro y preocupante, pues podría abrir una puerta a la
impunidad. El Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus
interpuesto por Luis Bedoya de Vivanco –ex alcalde de Miraflores que recibió 25
000 dólares de manos de Montesinos para su campaña electoral, tal como quedó
registrado en un vladivídeo que fue hecho público el año pasado– y ordenó su
libertad por considerar que como existían dudas sobre el origen público o privado
del dinero entregado por Montesinos, tiene lugar también la duda acerca de si
Bedoya incurrió o no en el delito de peculado. En consecuencia, en aplicación
del principio in dubio pro reo,
no hay justificación para que permanezca detenido.
Como no podía ser de otra manera en un Estado de derecho,
todos han respetado y acatado la decisión del Tribunal Constitucional, pero
diversos sectores del Legislativo, del Ejecutivo, del Poder Judicial y de la
sociedad civil han lamentado el hecho y discrepado profundamente del fallo.
Jurídicamente, 1) la sentencia es incoherente con la jurisprudencia del propio
Tribunal, que en casos similares ha fallado en sentido contrario; 2) el
Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto (la probable culpabilidad
o inocencia de Bedoya), lo que no corresponde en sede de hábeas corpus; y, 3)
ha invocado el principio de in dubio
pro reo, que solo corresponde invocar al momento de sentenciar sobre el
fondo.
Políticamente, el fallo del
Tribunal es un revés en el buen desempeño que en general han tenido los jueces
y fiscales anticorrupción; es un precedente que de hecho va a ser explotado al
máximo por otros involucrados en graves actos de corrupción, y ha provisto de
combustible a los voceros de la mafia para sostener que en la lucha
anticorrupción se están vulnerando las garantías del debido proceso.
Pero por encima de todo, cuesta aceptar que recibir
dinero de uno de los capos de la mafia para financiar una campaña electoral –lo
que en contraprestación suponía el sometimiento al régimen de entonces– no sea
considerado por el Tribunal Constitucional como un hecho gravísimo; por el
contrario, da la impresión de que habría gravitado en esta decisión el hecho de
que el procesado sea hijo de uno de los líderes políticos más influyentes del
país.