Avances de la  Comisión de la Verdad

Su organización, planes y el camino recorrido hasta hoy.

 

De acuerdo con la interpretación que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha hecho de su mandato legal, su primer objetivo consiste en analizar los procesos y las condiciones políticas, sociales y culturales que determinaron la forma en que la sociedad y las instituciones actuaron frente a la violencia política que se vivió a partir de 1980.

También quiere contribuir a que los órganos jurisdiccionales esclarezcan los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetrados por organizaciones terroristas y agentes del Estado.

Identificar y analizar las secuelas individuales y colectivas de la violencia política, tanto en el espacio regional cuanto en el local, es otro de sus propósitos. En este punto, la CVR no dejará de poner particular énfasis en el impacto de la violencia sobre las mujeres.

La Comisión busca, asimismo, plantear propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares, así como otras formas de reparación colectiva.

Finalmente, se propone elaborar recomendaciones que sirvan para diseñar reformas institucionales, educativas y de otra índole para evitar que estos hechos vuelvan a producirse.

Cómo está organizada

La CVR cuenta con los siguientes órganos de gobierno y gestión:

• El Pleno.

• La Presidencia.

• El Comité Coordinador, que está integrado por el presidente, los comisionados responsables de las áreas de trabajo, la Unidad de Audiencias Públicas y el secretario ejecutivo.

• Áreas de trabajo, integradas por comisionados.

• El secretario ejecutivo.

A partir de los objetivos descritos, los integrantes de la CVR se han organizado en cinco áreas de trabajo:

Proceso Nacional de la Violencia Política

Coordinado por Rolando Ames, este grupo investigará las causas –históricas, culturales, económicas, políticas, institucionales, psicosociales, etcétera– que permitieron la situación de violencia vivida en nuestro país en el periodo 1980-2000. Estudiará la actuación del Estado, los grupos subversivos, los paramilitares, los partidos políticos y la sociedad civil.

El trabajo de este grupo tiene una utilidad política y un impacto muy concretos, pues de lo que se trata es de esclarecer las responsabilidades de las instituciones durante este proceso.

Esclarecimiento de Hechos

Bajo la responsabilidad de Carlos Iván Degregori, este grupo tiene como tarea reconstruir los contextos en los que se produjeron los crímenes y las violaciones de los derechos humanos. Con tal fin, sus integrantes recogerán los testimonios de las víctimas, reconstruirán sus historias y levantarán un riguroso registro de los acontecimientos.

Lo relativo a fosas y exhumaciones también concierne a este grupo, y su responsabilidad recae en Beatriz Alva.

Audiencias Públicas

A cargo de Sofía Macher, tiene la misión de organizar y conducir la realización de audiencias públicas en las que los comisionados recibirán testimonios de las víctimas de la violencia. Así, no solo se recogerá el punto de vista de estas sino que se reconocerá su dignidad y se pondrán a su disposición oportunidades para que clausuren simbólicamente su sufrimiento. Además, la información que se recoja servirá como instrumento pedagógico para alimentar un diálogo nacional sobre la reconciliación en el que se incluya la voz de los sectores cuyos derechos fueron atropellados.

Las audiencias públicas podrán tratar casos individuales (alrededor de 16), ejes temáticos como mujeres, niños, etcétera (aproximadamente 9), lo que ocurrió en determinadas regiones del país y, por último, la responsabilidad de diversas instituciones durante el periodo de violencia.

Secuelas, Reparación y Reconciliación

Este grupo, coordinado por Gastón Garatea, señalará las consecuencias de 20 años de violencia; planteará formas de reparación para las víctimas y, sobre todo, propondrá fórmulas que permitan llegar a una verdadera reconciliación nacional.

Comunicación y Educación

Con la conducción de Enrique Bernales, el grupo diseñará y llevará a cabo programas de participación ciudadana y de educación orientados a alcanzar la paz y la reconciliación nacional.

El trabajo de la Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva, a cargo de Javier Ciurlizza, es el órgano de apoyo a las labores de la CVR. Se encarga además de la gestión administrativa y de la ejecución de los programas aprobados por el pleno de los comisionados. Las labores que realiza están organizadas en cinco áreas u oficinas:

Equipo Central de Investigaciones

Se encarga de recoger testimonios, elaborar relatos, seguir los casos y realizar toda la parte operativa relacionada con el trabajo de investigación que permitirá reconstruir los contextos en los que se produjeron los crímenes y las violaciones de los derechos humanos.

Sistemas de Información y Equipo de Apoyo Metodológico

Proporcionará soporte técnico y metodológico a las labores de registro, sistematización, procesamiento y análisis de la información que maneje la CVR.

Área de Comunicación y Educación

Divulgará las acciones de la CVR. Se encargará de diseñar y conducir las relaciones entre la Comisión y los medios de prensa, y establecerá mecanismos de información interna. Además, promoverá la participación ciudadana en apoyo a las tareas de la CVR y coordinará la red de voluntariado en la que se concretará este apoyo. Asimismo, colaborará con el trabajo de la Unidad de Audiencias.

Coordinación Territorial

Para organizar mejor su labor, la CVR ha establecido cuatro sedes regionales en el interior del país: Huamanga, Huancayo, Huánuco y Sicuani. Estas sedes, creadas justamente en las zonas más afectadas por la violencia política, contarán a corto plazo con oficinas zonales que permitirán una presencia cercana y constante de la Comisión. De esta manera, las sedes regionales funcionarán como centros de coordinación para toda una región territorial. La sede central se encontrará en Lima. Las sedes, sobre todo las zonales, pueden ser trasladadas; así, por ejemplo, una vez terminado el trabajo en una zona se procede a movilizar la sede a otro lugar donde sea necesaria su presencia. Todas las oficinas zonales y regionales estarán integradas por personal del mismo lugar que maneje el idioma y esté compenetrado con la cultura de la zona.

Gerencia

Brindará apoyo gerencial a la CVR. (Mari Fernández)

 

Presencia nacional de la Comisión

La CVR pretende llevar a cabo una labor descentralizada por medio de sus sedes regionales y zonales. Sede Regional Sur Central, ubicada en Huamanga; próximamente funcionará una sede zonal en Andahuaylas. Sede Regional Nor Oriental, en Huánuco y con una zonal en Tingo María. Sede Regional Sur Andino, en Sicuani, con una zonal en Ayaviri y próximamente otra en Abancay. Sede Regional Centro, ubicada en Huancayo.

Entre el 12 de noviembre del 2001 y principios de enero del 2002 la CVR ha recogido aproximadamente 600 testimonios.

 

Chuschi: La primera exhumación

Sillcaqasa es un paraje situado en el distrito ayacuchano de Chuschi. El 14 de mayo de 1983 cayeron asesinados en este lugar ocho campesinos. Los restos de siete de ellos fueron enterrados en una fosa clandestina, mientras que los de la octava víctima quedaron abandonados en una quebrada cercana.

Existen indicios que permiten presumir que los autores del crimen fueron los integrantes de una patrulla del Ejército peruano perteneciente a una de las bases contrasubversivas afincadas en el corredor de Totos y Morochuco y que actuaba bajo las órdenes de un oficial conocido como "Chacal". Al parecer, ellos detuvieron a los campesinos en Chuschi acusándolos de ser terroristas y luego, tras hacerlos caminar hasta Sillcaqasa, los ultimaron al borde de la carretera.

Después de 18 años durante los cuales los familiares de las víctimas nunca cesaron de clamar por una investigación, el 27 de enero del 2002 peritos del Ministerio Público y del Equipo Peruano de Antropología Forense concluyeron, luego de ocho días de arduo trabajo, el proceso de excavación, exhumación, análisis e identificación de los restos. Esto les permitió corroborar la información que fuera proporcionada anteriormente por la Defensoría del Pueblo. Los restos fueron enterrados al día siguiente durante una misa en la que participaron los familiares, los comuneros de la zona y miembros de la CVR que viajaron especialmente al lugar para acompañar el proceso.

El Ministerio Público y la CVR están investigando los hechos para reconstruir las circunstancias exactas en las que estos se produjeron. Con tal fin, se ha solicitado al Ministerio de Defensa la relación del personal que operaba en la mencionada base militar en ese entonces. Las conclusiones de esta investigación serán incluidas en el informe final de la Comisión.

La exhumación de la fosa de Chuschi –localidad en la que se inició en 1980 la violencia terrorista en el Perú– sienta un importante precedente y da inicio a un proceso que al parecer será largo, pues se calcula que existen en todo el territorio nacional cientos de fosas clandestinas que guardan restos de personas asesinadas por los grupos terroristas o por agentes estatales.

Esta labor, que se realiza en estrecha coordinación entre la CVR, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Grupo Peruano de Antropología Forense y organismos de derechos humanos, forma parte del esfuerzo por impulsar una reconciliación nacional sustentada en la verdad.

 

"Mi historia por fin será escuchada":

La Comisión de la Verdad realizará audiencias públicas

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha tomado la acertada decisión –con la que estamos absolutamente de acuerdo– de celebrar audiencias públicas en las cuales las víctimas de la violencia tendrán la oportunidad de dar sus testimonios. ideele conversó con Lisa Magarell, integrante del Centro Internacional de Justicia Transicional, con sede en Nueva York, acerca de la  experiencia de países donde se han realizado este tipo de audiencias. Presentamos un resumen de sus ideas centrales.

 

Si bien en algunos países las comisiones de la verdad se abstuvieron de hacer pública la información que iban recibiendo de los testigos, por temor a las represalias que estos pudieran sufrir especialmente en los casos en que el conflicto había sido muy reciente, la experiencia de otros fue distinta. Así, las audiencias públicas realizadas en Sudáfrica, Sri Lanka, Uganda y Nigeria fueron un instrumento muy útil para reconstruir lo que pasó. El Perú será el primer país latinoamericano en aplicar este mecanismo.

Cuando apenas empezaron a surgir las comisiones de la verdad, se ponía el énfasis en los resultados. Sin embargo, hoy se sabe que el proceso mismo puede ser tanto o más importante que el informe final. El lento camino de reconstruir lo ocurrido sobre la base de entrevistas y audiencias públicas es la mejor forma de garantizar que la sociedad asimile experiencias que por su crudeza se tiende a negar.

Las audiencias públicas tienen un impacto sobre el conjunto de la sociedad que ha atravesado una etapa de violencia. Son capaces de generar debates que de otra manera tal vez nunca se producirían, y que ayudan a esclarecer y procesar hechos sobre los cuales existen versiones muy diferentes.

En Sri Lanka se tuvieron que suspender algunas audiencias públicas debido a las amenazas. Pero otros casos exitosos, como el de Sudáfrica, demuestran que estas pueden sentar las bases para un debate sano: cuando las víctimas empezaron a hablar, sus testimonios se convirtieron en un tema de interés para el futuro.

No se trata de un proceso fácil

Narrar frente a un auditorio las situaciones traumáticas por las que tuvieron que pasar es siempre para las víctimas un trance doloroso. El caso de Sudáfrica demuestra que revivir frente a los demás hechos tan duros es una decisión que requiere mucho valor, y obviamente no todas las personas querrán o estarán en condiciones de hacerlo. Sin embargo, saber que su historia por fin será escuchada, que podrán contar la verdad a un público que se interesa por lo que les pasó y las acompaña en su sufrimiento, puede significar un importante alivio para las víctimas que voluntaria y conscientemente opten por esta alternativa. 

La reconciliación es un tema complejo que debe ser abordado con delicadeza y que obviamente tiene un significado muy distinto para una víctima que para un responsable de violaciones de los derechos humanos. Hay que aceptar la posibilidad de que algunas personas nunca superen el dolor por el daño que se les ha causado. Su actitud es completamente entendible, y nadie puede obligarlas a perdonar a quienes las agredieron.

Además, las audiencias públicas tienen otros aspectos difíciles de manejar. Por ejemplo, un tema complejo es definir si se permitirá que las víctimas señalen a presuntos responsables. Empero, hay formas de abordar este delicado problema; una de ellas es contar con un testimonio escrito en el que se consigne la información completa mientras que en la audiencia pública se mantenga reserva sobre determinados datos.

Diferentes tipos de audiencias

Está generalizada la idea de que las audiencias públicas consisten en que una serie de personas hablen sobre sus experiencias individuales, pero existen también otras formas de esclarecer los atropellos contra los derechos humanos.

En Sudáfrica, país en el que las audiencias públicas fueron muy importantes, se realizaron audiencias sobre ejes temáticos
–por ejemplo, la experiencia de la mujer ante la violencia, la tortura, el reclutamiento forzado de jóvenes– que proporcionaron una visión más clara e impactante de los hechos.

De igual manera, hubo audiencias que giraron sobre el desempeño de determinadas instituciones. Cuando un país reflexiona sobre cómo ha logrado emerger de una etapa violenta –lo cual resulta inexplicable para muchos–, es muy útil diferenciar a los actores sociales y examinar cuál fue el papel de cada uno: ¿cómo experimentaron la situación los miembros de determinada institución?, ¿cómo reaccionaron frente a los hechos?, ¿qué razones explican su comportamiento? En Sudáfrica hubo audiencias públicas sobre el papel de distintos gremios: los funcionarios del Estado, los jueces, los periodistas, los médicos, entre otros.

Allá se realizaron, además, audiencias dedicadas al análisis exhaustivo de acontecimientos que tuvieron un gran impacto nacional o local. Observando un mismo hecho desde diferentes ángulos y experiencias –y no solo desde el punto de vista de las víctimas–, se logró reconstruir una visión más completa y objetiva.

Un tipo de audiencia pública que vale la pena destacar es el que tuvo como eje la actuación de los partidos políticos. En este caso, y en referencia siempre a la experiencia sudafricana, el primer paso consistió en enviar a los partidos una encuesta en la que se les preguntaba cuál había sido su papel durante el periodo de violencia, cuánto conocimiento tenían sobre la situación, qué posición tomaron frente a esta, etcétera. Los representantes del partido debían presentar sus respuestas por escrito y luego se realizaba una sesión en la que ellos exponían el contenido del documento; posteriormente, en la segunda sesión, los comisionados estaban en condiciones de realizar preguntas más específicas. Estas audiencias brindaron a la población sudafricana la oportunidad de conocer qué podía esperar de sus líderes políticos en el futuro.

Es pertinente recordar que una comisión de la verdad forma parte de un proceso, está enmarcada en la historia de una sociedad. Por eso, lo importante no es solo la labor que la comisión realiza sino la forma en que interactúa con instituciones que van a permanecer vigentes por mucho más tiempo que ella, que, por su propia naturaleza, es temporal. La labor de una comisión de la verdad puede ayudar, por ejemplo, a que se realicen reformas orientadas a que determinadas instituciones estén en mejor capacidad de defender los derechos de los ciudadanos.