Colombia:

Proceso de paz entre la agonía y la esperanza

Mike Shifter

ideele se ha propuesto reforzar su sección internacional por una sencilla razón: en general hay poco análisis de lo que ocurre en el mundo que tenga como punto de partida códigos y preocupaciones nacionales. Iniciamos esta etapa con artículos que sabemos nuestros lectores sabrán apreciar por su calidad.

La reciente alza de Álvaro Uribe en las encuestas a solo cuatro meses de las cruciales elecciones presidenciales colombianas es, antes que cualquier otra cosa, una muestra muy elocuente de la extendida frustración ciudadana con los esfuerzos del presidente Pastrana por poner fin al conflicto interno que asola el país por cuatro décadas. Uribe, un ex gobernador de Antioquia, es conocido por su línea dura en relación a cómo enfrentar a la insurgencia colombiana, especialmente a las FARC.

Entre los principales candidatos presidenciales, es el que más duramente ha criticado el acuerdo del 20 de enero entre las FARC y el gobierno colombiano, en el que se aprueba un cronograma hacia el cese del fuego el 7 de abril. En otras palabras, Uribe es percibido como el anti-Pastrana.

El hecho de que Uribe lidere las actuales encuestas con 39% da más cuenta de la profunda decepción de la mayoría de los colombianos con los esfuerzos de Pastrana que de una real intención de votar por él el 26 de mayo. Aunque todo parece indicar que cuando la elección se acerque la maquinaria del Partido Liberal se activará plenamente, no está claro si su candidato, Horacio Serpa (quien perdió con Pastrana en 1998 y tiene ahora el 30% de la intención de voto), finalmente se pondrá adelante. En la actualidad Uribe tiene mucha fuerza. En todo caso, parece probable que habrá que ir a una segunda vuelta en junio.

El fenómeno Uribe se explica en gran medida por la indetenible violencia, el cuestionable manejo por el gobierno del proceso de paz y por la intransigencia de las FARC. (Cuando le pregunté a un colega colombiano cómo pensaba que veían las FARC a Uribe, me dijo: "oscilan entre querer matarlo y querer elegirlo presidente".) La sensación compartida por la mayoría de los colombianos es que poco ha cambiado luego de la última rueda de conversaciones entre el gobierno y las FARC, que son percibidas como un ritual ya conocido. El incremento de la violencia luego del reciente acuerdo no hace sino reforzar esta percepción general.

Pese a ello, es importante hacer un análisis más profundo y sacar las lecciones adecuadas de lo que los diplomáticos llaman el "acuerdo sobre el cronograma". Este acuerdo demuestra que buscar negociar con las FARC no es necesariamente un vuelo de la imaginación. Con la correcta medida de control político y presión militar aplicada por el gobierno colombiano, las FARC tuvieron después de todo que cambiar sus cálculos y actuaron de acuerdo con sus intereses. En el momento en que Pastra-
na se puso firme, el grupo
guerrillero retiró su demanda de que el gobierno eliminase todos los controles de seguridad de la zona desmilitarizada controlada por ellos desde hace tres años, aceptando discutir el fin de los secuestros y de todas las hostilidades. La lección es que cierta firmeza e iniciativa del gobierno y una saludable dosis de realismo pueden funcionar. Aunque la hipótesis de que negociar con las FARC vale la pena dista mucho de estar probada, por lo menos cabe ensayarla.

Sin embargo, al mismo tiempo hay amplio terreno para el escepticismo. Sería un error interpretar el último acuerdo como un paso importante o cualitativo en las conversaciones con las FARC. Los cambios que emergen son sobre todo cosméticos y poco sustantivos. Independientemente del incremento de la violencia por las FARC –el alcalde de Bogotá Antanas Mockus puso la ciudad en estado de alerta máxima menos de una semana después del acuerdo debido a una serie de ataques–, hay serias preguntas sobre si el cronograma y la agenda son mínimamente realistas. El 21 de enero, un artículo del Washington Post –increíblemente, sin ninguna señal de ironía– describía cómo definía cada lado el cese del fuego: "el gobierno quiere que las FARC dejen de atacar pueblos y tropas y dejen de secuestrar y extorsionar, justamente los métodos que les permiten conseguir mucho de su dinero. Las FARC entre tanto sostienen que un cese al fuego debe incluir un compromiso del gobierno de no privatizar las empresas y agencias estatales, suspender la extradición de nacionales colombianos y proporcionar subsidios para el creciente número de desempleados en el país". No es necesario decir que los obstáculos por delante son formidables.

Uno de los más alentadores resultados del acuerdo de enero es que las terceras partes se han convertido en una característica permanente en el proceso entre el gobierno colombiano y las FARC. Tenía poco sentido para el gobierno actuar a la vez como mediador y como parte en el conflicto. Se estaba frente a una situación que parecía fuera de control, pero el entusiasta y activo representante de las Naciones Unidas, James Lemoyne, demostró que podía marcar una diferencia positiva en construir confianza entre las dos partes y llevarlas hacia un acuerdo. Lemoyne merece reconocimiento por esta acertada labor diplomática. Después de todo, él no contaba con mucho con qué trabajar, sobre todo si se toma en cuenta que tenía de un lado a un presidente de salida y del otro a una terca e inflexible guerrilla. Además, los diez "amigos" del proceso con las FARC fueron también útiles para evitar una ruptura y encarrilar de nuevo las discusiones. El hecho de que el papel de estos actores claves esté ahora institucionalizado llama positivamente la atención, si tomamos en cuenta las profundas suspicacias de las FARC hacia esos actores, así como la histórica ambivalencia del gobierno colombiano frente a ellos.

Por supuesto, la pieza que falta y la gran pregunta en todo esto es el papel de los Estados Unidos. Hasta ahora hay poca evidencia de que los Estados Unidos esté preparado para involucrarse políticamente y jugar un papel catalizador para que todos los sectores aprovechen la oportunidad para un acuerdo negociado. Como ha sido ampliamente reportado, existe un profundo debate en el gobierno de los Estados Unidos sobre Colombia. Hay una creciente tentación, especialmente en ciertos niveles del Departamento de Defensa, por desarrollar una línea más dura en relación con las FARC, la que podría caracterizarse como una aproximación "contrainsurgente". Este cambio puede ser atribuido no solo al clima menos tolerante luego del 11 de setiembre en los Estados Unidos, sino también a la creciente frustración de lo que es percibido en Washington como el cruel juego de las FARC y su falta de voluntad de negociar de buena fe. La reciente solicitud de Pastrana de usar parte de la asistencia de seguridad de los Estados Unidos para ayudar a proteger oleoductos vulnerables y otra infraestructura les brinda una justificación para insistir en su punto de vista.

Si bien esta perspectiva puede estar ganando terreno, no puede ser vista todavía como una posición oficial de los Estados Unidos. Hasta el momento no hay consenso ni claridad. Algunas oficinas del Departamento de Estado, por ejemplo, tienen una visión más clara de los propósitos políticos involucrados en el fortalecimiento de la capacidad del aparato de seguridad del gobierno colombiano, y en particular en el Congreso, hay profundas dudas especialmente sobre el compromiso del gobierno colombiano para controlar a las brutales fuerzas paramilitares.

Después de todo, el 10 de setiembre su organización central, las AUC, fueron colocadas junto con las FARC y el ELN en la lista oficial de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Las preguntas sobre derechos humanos ocupan un lugar prominente en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos y van a seguir siendo un asunto de preocupación en la política hacia Colombia, sobre todo en el Congreso.

Sería por tanto un error asumir que el gobierno de los Estados Unidos necesariamente querría ver a Uribe como el próximo presidente de Colombia (a pesar de que este haya nacido el 4 de julio). Los informes sobre las relaciones que mantienen algunos colaboradores de Uribe con gente cercana al paramilitarismo preocupan a muchos funcionarios norteamericanos.

Sin embargo, no hay que olvidar que en los Estados Unidos se vive aún en el clima post-11 de setiembre y, más todavía, después del discurso a la nación del presidente Bush del 29 de enero, es razonable anticipar un endurecimiento de la política hacia Colombia. Después de todo, ese discurso no se distingue particularmente por sus matices y tiende a ver el mundo dividido entre "buenos" y "malos". El tradicional, estrecho y equivocado foco en el tema drogas puede ser reemplazado por la lucha contra el "terrorismo"; pero enmarcar el asunto en términos de luchar contra las drogas o luchar contra los terroristas (al menos de la manera como Estados Unidos está haciendo esto en Afganistán y en Filipinas) no va a ser muy constructivo para ayudar a los colombianos a lidiar con sus problemas fundamentales.

Lo que los días previos al 20 de enero –cuando se firmó el acuerdo del cronograma– han mostrado es que la mayoría de los colombianos están frustrados y son críticos de la manera en que la administración de Pastrana ha manejado el asunto de la paz, pero que a la vez continúan favoreciendo una solución política al conflicto. Como es natural, ante la alternativa de una guerra total, la mayoría de los colombianos se sienten muy nerviosos. Mientras Colombia lucha por encarrilar su proceso de paz, los Estados Unidos deberían tratar de comprender bien la situación y evitar tratar al país de una manera distorsionada, sea mirándolo a través de la óptica de "drogas" o de "terrorismo", aun a pesar del atractivo que esto tenga para las sensibilidades políticas internas.

Por cierto, es importante ser realista. Washington está dedicado a responder a los sin precedentes ataques del 11 de setiembre, y ahora a los indignantes escándalos asociados con la más grande bancarrota empresarial en la historia de los Estados Unidos. Va a ser enormemente difícil conquistar el interés de los más importantes líderes políticos de los Estados Unidos para que le presten atención al asunto colombiano. ¿Percibirán los Estados Unidos esta nueva oportunidad que ahora nace para buscar en los próximos meses una salida política coherente al conflicto colombiano, trabajando en colaboración con la nueva administración y otros gobiernos europeos y latinoamericanos? Esta pregunta, siempre pertinente, es hoy día más urgente que nunca.

Mike Shifter es vice presidente del Diálogo Interamericano.