Cuesta abajo en la rodada

las ilusiones pasadas...

Patricia Valdez

¿Cómo y por qué Argentina llegó a la situación actual? A fuerza de repetición, esta pregunta se convirtió en un lugar común entre los extranjeros que tratan de entender lo que nos ocurre. En este artículo intentaremos algunas explicaciones que buscan un sentido en los acontecimientos que desencadenaron la profunda crisis que hoy atravesamos.

Los títulos de algunas notas periodísticas publicadas desde entonces dicen: "Su problema es que no se pusieron a trabajar"
(A. Touraine), "Los patrones argentinos están acostumbrados a ganar beneficios en los pasillos de la Casa Rosada (Casa de Gobierno)" (D. Rock); "Meditación sobre el derrumbe" y "Crisis de la República" (N. Botana); "La historia de la Argentina es la de un milagro al revés" (J.J. Sebrelli); "Las mejores ideas, sin poder"

(B. Sarlo); "Se está cuestionando una forma de democracia" (A. Argumedo). El actual y quinto presidente en ejercicio desde que el deterioro comenzó a fagocitarlos cual pac-man ha repetido en las últimas semanas dos afirmaciones: "Estamos fundidos, estamos re-fundidos" y, parafraseando a H. Jaguaribe, "La Argentina está condenada al éxito".

Es probable que cada una de las afirmaciones anteriores contenga una parte de la verdad. En la crisis actual convergen múltiples factores, y ninguno de ellos aparece siquiera como el que precipitó la caída. Se trata en todo caso de un encadenamiento de hechos que marcarán sin duda un cambio de etapa en la historia política e institucional de este país. Las explicaciones
–todas aún parciales– conducen necesariamente a buscar la clave de cómo se configuró la pervertida estructura que hoy ofrece el Estado en la historia de los ciclos económicos y políticos de Argentina.

Los hitos más claros de las últimas décadas estaban marcados por el tránsito de la dictadura a la democracia, la crisis de la deuda y la apertura del país al mercado global. Estamos más o menos acostumbrados, entonces, a recurrir a los estudios de la transición y las teorías del ajuste para explicar los rasgos centrales de la situación actual: presencia débil de un Estado además maltrecho; escasa representatividad de los partidos políticos, que hoy son apenas aparatos electorales, y una consecuente ausencia de instituciones previsibles y entrenadas en el funcionamiento democrático.

La salida de la última y más cruel dictadura militar de la historia y el advenimiento de la democracia política (1983) no inauguró una línea de crecimiento en las condiciones de participación ciudadana que acompañara las expectativas despertadas por la nueva etapa y permitiera establecer una relación nueva con la sociedad civil. Tampoco se produjo un recambio de los personajes, ni en las formas de expresión y de relación de las fuerzas políticas con la sociedad.

Los sindicatos volvieron a la arena democrática con los mismos reflejos corporativos de antaño, reforzando un estilo de relación burocrático y autoritario entre los intereses que dicen defender y el Estado regulador de políticas. La justicia, que había mostrado un nuevo rostro en el ejemplar juicio a las juntas militares y en la prosecución de otros múltiples procesos vinculados, no impulsó ninguna reforma seria a su trabada estructura. Y durante el gobierno de Menem fue inundada desde el poder con el nombramiento de magistrados adictos que fueron cuidadosamente ubicados unos, promovidos otros, para construir una eficaz arquitectura del aparato judicial que asegurara la impunidad. Para coronar este proceso de neutralización, se amplió –de cinco a nueve– el número de miembros de la Corte Suprema.

Pero esta no es una enumeración tardía. A poco andar, los comportamientos descritos aparecieron como déficit evidentes del régimen democrático recobrado. A la luz de las teorías de la transición, se interpretaron algunas conductas como resabios de una relación antinómica entre autoritarismo y democracia que estaba en proceso de licuación. Y, más aún, las posteriores teorías del ajuste anunciaron que los procesos de democratización avanzarían de la mano del mercado y la desregulación de la economía (privatizaciones y apertura al mercado global mediante). De este modo se irían abandonando los patrones de vinculación vertical y clientelista entre el Estado y los diferentes grupos sociales y económicos que parecían ser la característica central de la matriz bajo la cual se había producido el proceso de crecimiento del país y establecido un modelo de hiperpolitización de las demandas.

Nada de eso ocurrió en Argentina. El resultado electoral que terminó con la dictadura en 1983 logró inspirar en la sociedad un aprecio por la vida en democracia y motivar el rechazo claro a los intentos de jaquearla desde el autoritarismo militar. Pero la crisis desatada por la deuda, la vulnerabilidad y el caos terminaron con el gobierno de Alfonsín.

La década Menem ofreció a las manos privadas, y sin condiciones, los pocos activos que entonces le quedaban al país en un proceso que se llamó "el desguace del Estado". Para entonces Argentina seguía exclusivamente el ritmo de los acreedores de la abultadísima deuda externa y cumplía a rajatabla el papel de "alumno modelo" que Estados Unidos y los bancos le habían asignado. Pero hay que destacar –y no es un dato menor– que la cifra del dinero de los argentinos en el exterior es equivalente o mayor que la mencionada deuda externa.

Los resultados de estas políticas que llevaron a que hoy haya en Argentina 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, una fragmentación social profunda, ausencia de liderazgos significativos y una perspectiva árida sobre el surgimiento de otros nuevos, no constituyen una novedad. En los últimos diez años muchas voces lo advirtieron (analistas, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales, escritores, periodistas), e incluso los lemas electorales de la "Alianza para la Justicia, el Trabajo y la Educación" con la fórmula De la Rúa-Álvarez recogió las ideas centrales que expresaban el hartazgo ante la corrupción, el poder absoluto, la falta de transparencia y la frivolidad que habían caracterizado a la década menemista.

La fractura veloz de la Alianza con la renuncia del ya vicepresidente Álvarez contrastó con el ritmo cansino y pesado de las escasas medidas orientadas a producir cambios en las áreas que le dieron nombre a la Alianza. Antes bien, y una vez más, el gobierno quedó atascado en las variables macroeconómicas que la deuda imponía. Y fue probando sin éxito fórmulas insólitas de la mano de tres ministros de Economía. Pero al no alterar las reglas de juego con los grupos económicos nacionales y extranjeros, el país nuevamente quedó en jaque.

En este contexto, los temas vinculados a la reforma política imprescindible y a la necesidad de detener el progresivo aumento de la pobreza alterando el patrón de distribución quedaron desterrados por la urgencia totalizante de reducir el gasto público, el contexto recesivo y la aplicación de la "Ley de Equilibrio Fiscal" de julio del 2001 –más conocida como "Ley de Déficit Cero"–.

Mientras se profundizaba la desigual distribución del ingreso y cada día ingresaban nuevos argentinos a la categoría de "pobres" –700 000 en el último año–, se multiplicaban los conflictos sociales, el desempleo alcanzaba el 18,3% y el subempleo el 16,3%; además, 41,1% de los asalariados trabaja hoy por fuera del sistema de seguridad social.

Mientras, la población se enteraba con más detalle de los montos percibidos por los miembros del Congreso nacional y las Legislaturas provinciales y locales por concepto de salarios, pasajes y otros beneficios. Los contrastes son abrumadoramente significativos y por cierto indignantes. Más allá de una campaña simplista y favorecedora de un inconducente sentimiento antipolítico, este era el último botón de muestra para confirmar el divorcio entre la clase política, los partidos políticos y los ciudadanos.

En tal situación, los apremios económicos que la población debe enfrentar como consecuencia de las medidas del ministro Cavallo superaron el límite de tolerancia de la sociedad, ya acosada por una larga crisis.

Con el antecedente de saqueos en diversos lugares del país, las formas de protesta activa de los sectores medios urbanos comenzaron el 19 de diciembre¹ y no se han detenido. Bajo el novedoso formato inicial de los "cacerolazos", surgidos minutos después de los anuncios presidenciales, la población salió a la calle masivamente y se dirigió a dos lugares de relevante simbolismo político: la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso.

El ministro de Economía renunció durante la movilización. Pero la suerte estaba ya echada. En esa tensa madrugada los ánimos se fueron caldeando. Al promediar la mañana del día 20 y cuando el estado de sitio ya había sido declarado, comenzaron los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. El resultado fue trágico: seis muertos sólo en la plaza². Al caer la tarde, en uno de los peores momentos de la República, el presidente De la Rúa renunció.

Ya es conocido lo que ocurrió luego, hasta culminar en la presidencia de Eduardo Duhalde, quinto presidente en diez días.

La salida de la "convertibilidad" por la cual un peso valía un dólar está siendo traumática, pero se observa claramente quiénes ganan y quiénes pierden. La "pesificación" de las deudas y depósitos y la prohibición de disponer de ellos salvo en los plazos y modalidades establecidos desde el Ejecutivo, ha significado la disponibilidad por parte del Estado del dinero de los ahorristas y, a través de la devaluación y la caída del salario real, una transferencia varias veces millonaria a los grupos económicos dominantes.

La Corte Suprema –cuya renuncia exigen casi desde el primer día los reclamos caceroleros– denegó los pedidos de desbloqueo que rápidamente habían iniciado algunos ahorristas y adoptó la posición contraria en un fallo reciente, cuando el proceso de juicio político a algunos de sus miembros se estaba iniciando en el Congreso de la Nación. Este gesto añade un nuevo ingrediente a la crisis, no solo por las consecuencias económicas del fallo, sino por el significado del enfrentamiento entre dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial.

Lo que viene después es difícil de prever. La crisis puede precipitarse, pero es posible también que las medidas económicas –al redefinir quiénes se benefician con el nuevo programa– tengan la capacidad de conducir a una dinamización de la economía argentina. Sin embargo, lo que está claro es que el problema de la distribución de la riqueza se ha acentuado en el mismo sentido dominante de las últimas décadas. Los más ganarán menos y los bienes seguirán concentrándose en un sector reducido y cada vez más poderoso. Cualquiera que sea el próximo escenario, la ecuación es clara.

Argentina enfrenta una situación crítica sin precedentes. Es obvio que, aun dentro del esquema neoliberal, no habrá salidas en el corto plazo. Podemos sostener entonces que lo que suceda en el futuro puede tener las señales y direcciones más imprevisibles.

Pareciera que la sociedad argentina está identificando a los responsables más directos de la crisis. Pero al menos por ahora, no muestra signos de su capacidad para establecer vínculos entre todos los sectores sociales que –con efectos distintos en la vida cotidiana– sufren las consecuencias. Una cosa más queda clara: en esta crisis, más allá de las intervenciones de los organismos internacionales en el manejo económico, las instituciones de gobierno del país, los líderes políticos y la sociedad toda tienen una significativa responsabilidad en su devenir y en sus resultados.

1 La más significativa expresión anterior a diciembre habían sido los resultados de las elecciones de renovación legislativa de octubre del 2001, cuando se expresó el "voto bronca" que significó cerca del 50% de los votos en blanco.

2 Sin embargo, durante el tiempo en que el estado de sitio estuvo en vigencia –algo menos de 48 horas– murieron alrededor de 30 personas, otras 4500 fueron detenidas y numerosos policías resultaron heridos.