Comisión de la Verdad y perspectiva de género
La Comisión de la Verdad debe tener una perspectiva
de género. Obvio. Pero, ¿qué quiere decir exactamente y cuáles son los
supuestos y consecuencias prácticas de esta afirmación? Presentamos textos y recuadros
que ayudan a plantear y asumir el tema.
Género y justicia
"Siempre estamos caminando
en quejas porque no hay justicia acá."
Entrevista, Club de
Madres, una comunidad en las alturas de Huanta, Ayacucho.
Kimberly Theidon
Las
Comisiones de la Verdad se han convertido en estructuras estándar para
contextos posconflicto, estableciéndose como el modelo reinante para construir
la nación después de periodos sostenidos de violencia estatal. Como una
manifestación de la globalización de los derechos humanos, han asumido una
validez transnacional como un mecanismo central para anunciar un nuevo orden
democrático.
En este artículo quiero ir más allá de la filosofía
trascendente de los derechos humanos, la verdad y la justicia, para examinar la
"vida social" de estos conceptos tal y como están puestos en práctica
en las comunidades campesinas ayacuchanas. Como intentaré mostrar, cuando
"aterrizamos" estos conceptos vemos que la justicia tiene dimensión
de género.
Comisionando la
verdad, narrando el pasado
Una meta de las Comisiones de la Verdad es construir nuevas
narrativas de la nación que sean más inclusivas de las experiencias de los
grupos que han sido históricamente marginados. Desde esta óptica, la idea es
suplantar la "memoria oficial" por la "memoria popular".
Quiero problematizar esta estrategia explorando las
narrativas que se han ido desarrollando en el campo ayacuchano respecto de la
guerra interna. Estas narrativas sirven como un componente central en la
elaboración de identidades locales, tomando a la épica heroica de la guerra
como la estructura que guía tanto la forma como el contenido de dichas
historias. Este estilo épico hace hincapié en el heroísmo masculino, y ha sido
canonizado no solo por las comunidades mismas sino por la literatura académica.
Esta versión masculinizada de la guerra –de ronderos defendiendo sus pueblos,
derrotando a Sendero Luminoso y estableciendo nuevas prácticas democráticas y
demandas de ciudadanía– oscurece los procesos disyuntivos y contradictorios de
la construcción de ciudadanía dentro de estos pueblos. Sugiero que estas
disyunciones reflejan los ejes de diferenciación que operan en estos pueblos, y
un eje central es la dimensión de género.
Entonces, si bien su participación armada en la guerra
contra Sendero Luminoso ha permitido a los sectores subalternos del campo
ayacuchano conquistar escenarios nacionales en el proceso de construcción de
ciudadanía, esa misma participación armada y la relación que las rondas
establecieron con las Fuerzas Armadas han reforzado de manera decisiva las
relaciones patriarcales dentro de estos pueblos, lo que ha dado como resultado
una desigual conquista del ejercicio de derechos y sentido de pertenencia a esa
comunidad imaginada llamada nación.
La integración nacional producto de la participación en un
conflicto armado influye la cultura política que sigue, contribuyendo a lo que
Caldeira y Holston llaman "la democracia disyuntiva". Como ellos
explican:
"[Con la] democracia disyuntiva queremos enfatizar que
ella abarca procesos en la institucionalización, práctica y significado de la
ciudadanía que nunca son uniformes ni homogéneos. El concepto de democracia
disyuntiva pone énfasis, por lo tanto, en que en un momento dado la ciudadanía
puede ampliar los derechos en un campo mientras que los contrae en otro. El
concepto también significa que la distribución y profundidad de la democracia
entre una población de ciudadanos en un espacio político dado son
desiguales".
Que la distribución de la democracia varía según los ejes de
diferenciación que atraviesan cualquier espacio político –sea el estado-nación,
sea una comunidad campesina–, hace estallar la idea de que se puede hablar de
lo "subalterno" o "popular" como un grupo monolítico cuyos
intereses fluyen "naturalmente" de su posición de marginación.
Cualquier lógica binaria que pretenda construir una dicotomía rígida entre
"lo oficial" y "lo popular" oscurece tanto la fluidez
dentro de tal dicotomía como la fragmentación que existe en ambos lados.
Esta misma lógica binaria se manifiesta en la gran mayoría
de los textos sobre represión política, procesos posguerra y memoria. Hay una
estructura analítica repetitiva que informa tanto la producción académica como
la de los activistas respecto de estos temas.
Por un lado de la dicotomía se encuentra la categoría
"memoria oficial". Ella aparece bajo varios nombres y adjetivos:
"Estado", "grupos dominantes", "memoria
hegemónica" –en fin, "memoria mala o represiva"–. Por el otro
lado se encuentra la "memoria popular". Esta vez los nombres y adjetivos
son: "grupos subalternos" o "marginalizados",
"sociedad civil", "memoria contrahegemónica" –en suma, la
"memoria buena o emancipatoria"–. Entonces, la meta implícita es
suplantar "la memoria oficial" por "la memoria popular"
como un proyecto intrínsecamente democrático.
Sin embargo, ¿es verdad que el poder y la estratificación no
operan dentro de lo subalterno o lo popular? ¿Qué pasa con los ejes de
diferenciación ya mencionados? Homogeneizar "lo popular" es borrar el
hecho de que ello puede ser simultáneamente oposicional y hegemónico en un
determinado contexto. Cualquier persona que ha pasado tiempo en una comunidad
rural sabe que estamos lejos de la imagen indigenista de la comunidad andina
como una entidad eterna y armoniosa. Si bien existe una "ideología de la
armonía", esta coexiste con los conflictos perpetuos. La comunidad es más
bien una identidad estratégica y construida, y su mantenimiento recurre a
procesos que buscan perpetuar lo que Mallón llama la "hegemonía
comunal".
Es decir, si bien los procesos comunales intentan mantener
la comunidad porque los comuneros se benefician de su pertenencia a un
colectivo, ello no significa que todos –y
todas– los comuneros y comuneras perciben que la comunidad brinda
igualdad o justicia. Así como el poder de la palabra –la autoridad de narrar
los años de la guerra– se ha quedado sólidamente en las bocas de los varones,
la administración de justicia se ha quedado en sus manos.
Administrando
"lo comunal"
El tema de la complementariedad ha tenido una influencia
tenaz en los estudios de género en la región andina. Aprecio este acercamiento
feminista que ha buscado ir más allá de los estereotipos insultantes de las
mujeres campesinas, que oscilan entre las representaciones de mujeres
campesinas como mujeres reprimidas, tímidas –como poco más que "bestias de
carga" caminando pasivamente atrás del varón– y la chola Jacinta mediática
con sus trenzas sucias, carcajadas vulgares y sonrisa desdentada.
Tengo que aplaudir cualquier intento de desafiar el racismo
que ha permitido a muchos limeños distanciarse del dolor de los pueblos rurales
ayacuchanos. La reconciliación en el Perú tendrá mucho que ver con un proceso
de sensibilización de la población nacional respecto del sufrimiento del
"otro".
Sin embargo, tengo que notar una cierta miopía en esta
literatura, que construye un modelo de complementariedad utilizando el hogar
como la unidad de análisis, oscureciendo tanto las desigualdades en la familia
como los conceptos de género que moldean el mundo más grande dentro del cual
estos hogares se encuentran. Enfáticamente, la complementariedad no es la
igualdad. Tampoco me siento satisfecha con la idea de que "el
silencio" en sí mismo es una forma de comunicación. Cuando el equipo de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación llegue a estas comunidades, buscará
testimonios perceptibles al oído: es difícil registrar el silencio.
En un cierto momento de mi trabajo de campo decidí invertir
mi pregunta. En vez de plantearme por qué las mujeres no hablan en las
asambleas, busqué los espacios comunales donde sí se les escucha, donde las
mujeres no solamente estaban presentes sino eran además locuaces. Mi búsqueda
me llevó a analizar el qarawi y
las quejas.
Si bien la administración de justicia está bajo la autoridad
masculina, las mujeres nunca dejan de presentar sus quejas, aun sabiendo que
muy a menudo la solución estará más dirigida a mantener la ya mencionada
hegemonía comunal que hacia la satisfacción de sus pleitos. Quiero concentrarme
en dos ejemplos que iluminan los procesos del perdón y reconciliación que
practican en estas comunidades.
Un componente de mi investigación
fue la genealogía de la moralidad y la micropolítica de la reconciliación entre
"enemigos íntimos". Una particularidad de las guerras internas es que
el enemigo muy a menudo fue un vecino, un padrino, una nuera o la comunidad que
está al frente. Me interesó cómo la gente construye y deconstruye la violencia
letal, y cómo recupera no solamente la humanidad del otro, sino su propia
humanidad después del sufrimiento experimentado e infligido. Al rastrear casos
de arrepentimiento en estas comunidades encontré mecanismos impresionantes para
administrar tanto la justicia retributiva como la restaurativa, siempre tomando
en cuenta lo que significó la comunidad antes de y durante la violencia, y
reafirmando la importancia de mantenerla en el presente.
Pero fue durante mis tardes hablando con las viudas que
aprendí a apreciar los límites del perdón. Sugiero que pensemos en una
"economía política del perdón". Las condiciones duraderas de la vasta
desigualdad social y económica no son conducentes al perdón. Insisto en que en
condiciones de pobreza extrema la compasión también se restringe. En mi
experiencia, es precisamente el sector más pobre de estas comunidades el que
expresa el mayor rencor –las viudas, cuya pobreza les sirve como un recuerdo
constante de todo lo que han perdido–. Como nos preguntó la mamá Benita:
"¿cómo voy a perdonar a ese cuando vive tranquilito allá en su casa,
mientras que yo no tengo ni ropa, ni techo, ni nada?". Los conceptos
morales no son ni ahistóricos ni abstractos: nacen en las condiciones
materiales, en nuestro empeño "senciente"
con el mundo. En un mundo de privación, es poco probable que el perdón
florezca.
Además, hay que diferenciar entre la "reconciliación
horizontal" y la "reconciliación vertical". Mientras las
prácticas de la reconciliación que estudié al nivel comunal son notables por su
capacidad de frenar la violencia letal, sugiero que es mucho menos aceptable
para los campesinos el solo perdonar a las Fuerzas Armadas que saquearon sus
comunidades, mataron a sus familiares y violaron a sus mujeres y niñas. Los
campesinos, como cualquier grupo dominado, están muy atentos al desbalance del
poder entre ellos y el Estado, y hasta ahora el Estado no ha sido ni castigado
ni perdonado. Es notable el uso de las palabras "engaño" y
"burla" cuando hablan de su interacción con los representantes del
Estado. Se utilizan estas palabras tanto para hablar de cómo los hombres
"aprovechan" de las mujeres cuanto para referir a la relación que sus
comunidades tienen con el Estado. Estas palabras constituyen un discurso sobre
el poder y la desigualdad, y este discurso tiene dimensión de género.
Conclusiones
Termino con una reflexión sobre los modelos de las
Comisiones de la Verdad que son restringidamente
"factuales-forenses". Hay que contrastar el proceso de recomponer la
vida humana y las relaciones sociales posguerra con las limitaciones de un acercamiento
excesivamente tecnócrata que no puede responder a preguntas profundamente
filosóficas y morales. Pienso en Weber y sus comentarios sobre la ciencia: los
métodos científicos pueden determinar cómo
alguien ha muerto, pero nunca van a satisfacer a una madre que quería saber por
qué es su hijo el que ha
muerto. El mundo del sentido y el de la significación escapan de los perímetros
de una ecuación matemática: los estadísticos no tienen ni rostro ni alma.
Reflexiono sobre mi última estadía en Ayacucho. Pasé una
tarde hablando con la señora Angélica Mendoza, de ANFASEP. Me habló de los años
que ha pasado buscando a su hijo desaparecido. De hecho, el tema de "la
búsqueda" es una constante en las entrevistas que he llevado a cabo
durante varios años trabajando en Ayacucho. "La búsqueda" llevó a
mucha gente –en su mayoría mujeres– hasta las puertas de los poderosos, puertas
que quedaron cerradas en sus caras por dos décadas. Estas no son solamente
narrativas de la pérdida, sino que indican la naturaleza de las relaciones
Estado-sociedad durante muchos años de "democracias inciviles".
La señora Angélica describió cómo las mujeres salían cada
vez que llegaban los rumores de que había más cadáveres amontonados en las
afueras de la ciudad. Salían a buscar entre los cuerpos, gritando los nombres
de sus seres queridos desaparecidos: "¡Cómo gritábamos sus nombres! Pero
solamente los barrancos nos contestaron". Con los ojos llenos de lágrimas,
ella sacudió la cabeza: "Después de tanto tiempo, posiblemente es el Estado
el que nos va a contestar".
Ojalá que sí, pero antes de contestarles hay que
pensar bien cómo y dónde escuchar sus voces. Hay que deconstruir "el
popular" para examinar sus fragmentos múltiples y su totalidad compleja,
articulando ambos con relaciones de poder al nivel local, regional y nacional.
Y una vez que la polifonía de voces históricas sea registrada, posiblemente se
podría desarrollar una democracia más amplia que permitiría a todos –y a todas–
los miembros de estas comunidades reconocer sus historias en las nuevas
narrativas de la nación.
Kimberly Theidon es antropóloga, Syracuse University.
Indonesia: Educación para una nueva mentalidad
Muchos de los habitantes de Indonesia ignoran que
durante la II Guerra Mundial varias de sus mujeres fueron forzadas a
convertirse en "mujeres consoladoras" por las tropas japonesas. Así,
las mujeres de su país se encontrarían también entre las más de 200 000 que
fueron forzadas a la esclavitud sexual por el ejército imperial japonés en toda
Asia Oriental. Como solución a este grave olvido, estos crímenes sexuales han
sido incluidos finalmente en los temas escolares de los estudiantes indonesios.
Así, poco a poco se abre el camino a una memoria más honesta de una época de su
historia.
Guatemala: Extractos de un
informe revelador
"La violación sexual fue una práctica generalizada y
sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia
contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror, en
grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Las víctimas directas de los derechos humanos fueron
principalmente mujeres y niñas, pero también fueron ultrajados sexualmente
niños y hombres. Las violaciones sexuales causaron sufrimientos y secuelas profundas
tanto en las víctimas directas como en sus familiares, cónyuges y comunidad
entera. Igualmente tuvieron graves efectos de carácter colectivo para el grupo
étnico de las víctimas.
"El hecho de la violación sexual estuvo acompañado por
la vulneración de muchos derechos. Por lo general, los casos de violaciones
sexuales individuales o selectivas se dieron en el contexto de la detención de
las víctimas y muchas veces fueron seguidas de su muerte o desaparición. Los
casos de violaciones masivas o indiscriminadas y públicas se registraron en
áreas de gran concentración indígena, como una práctica común luego de la
instalación de destacamentos militares y PAC, de modo previo a masacres o como
parte de operaciones de tierra arrasada. También se dieron acompañadas de la
muerte de mujeres embarazadas y la destrucción de los fetos.
"Por su modus
operandi, las violaciones sexuales originaron el éxodo de mujeres y la
dispersión de comunidades enteras, rompieron lazos conyugales y sociales,
generaron aislamiento social y vergüenza comunitaria, provocaron abortos y
filicidios, impidieron matrimonios y nacimientos dentro del grupo, facilitando
la destrucción de los grupos indígenas."
Violencia sexual contra la mujer
Julissa Mantilla
Uno de los grupos más
afectados en un contexto de enfrentamiento armado está constituido por las
mujeres, quienes deben sufrir no solo los efectos generales de este tipo de
situaciones, sino además numerosas violaciones de sus derechos por el solo
hecho de ser mujeres. Esto es lo que en el Informe de Guatemala se conoce como
"violencia de género", es decir, aquellos actos de violencia cuyas
principales víctimas son mujeres o que son dirigidos específicamente a las
mujeres por el solo hecho de serlo. Estos actos, sea que se realicen en el nivel
público o en el privado, han sido reconocidos internacionalmente como
violatorios de una serie de derechos como la vida, la libertad, la integridad,
la igualdad, etcétera.
Con esto en mente, se hace necesario reconocer que la
violencia contra la mujer es una práctica violatoria de los derechos humanos
condenada internacionalmente en las numerosas conferencias y documentos que se
han ocupado del tema. Al respecto, por ejemplo, debe decirse que durante la
Conferencia de Derechos Humanos se sostuvo que las violaciones de los derechos
humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones
de los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
El caso concreto de la violencia sexual merece además
especial atención, sobre todo en un contexto amplio de violencia política, dado
que su empleo como táctica de guerra es reconocido como una práctica habitual.
Al respecto, Naciones Unidas ha señalado que si bien la
violencia sexual afecta tanto a hombres como a mujeres durante un conflicto
armado, es evidente que las mujeres están más expuestas a ser víctimas de este
abuso. Lo que debe quedar claro es que las razones que originan la violencia
sexual y los efectos que se derivan de esta son diferentes para los hombres y
las mujeres. Así, por ejemplo, solo las mujeres corren el riesgo del embarazo a
consecuencia de la violación sexual, los efectos en el sistema reproductivo de
hombres y mujeres es diferente, etcétera.
Hablar de violencia sexual implica
referirse a crímenes como la violación sexual, mutilación sexual, humillación
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, entre otros, hechos todos que
pueden llegar a configurar un crimen contra la humanidad y de guerra. Al
respecto, un momento importante en la materia se dio en el caso del tribunal de
Ruanda y la ex Yugoslavia, cuya jurisprudencia ha permitido la condena
específica y directa de una serie de situaciones de violencia sexual presentes
en los conflictos y enfrentamientos armados. Así, por ejemplo, el 22 de febrero
del 2001 el tribunal para la ex Yugoslavia dio la sentencia del caso Foca, por
medio de la cual se condenó a tres serbios por su participación en el rapto,
tráfico y violación sexual de mujeres y niñas desde los 12 años. La importancia
de esta sentencia para el derecho internacional radica en el hecho de que
finalmente los crímenes sexuales dejan de ser un daño colateral y que las
modalidades de violación masiva y esclavitud sexual pasan a ser consideradas
como un crimen contra la humanidad.
El Estatuto de Roma, que da origen
a la Corte Penal Internacional, sigue esta línea cuando, al hablar de este tipo
de crímenes, condena como tales "la violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra
forma de violencia sexual de gravedad comparable", cuando se cometa
"como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque".
Es necesario, además, tener
presentes ciertos aspectos importantes:
a) La violencia sexual ha sido
empleada tradicionalmente como una manera de afectar a los varones de una
comunidad. En el caso guatemalteco, por ejemplo, hubo una estrategia destinada
a debilitar la resistencia civil mediante la culpa y el miedo, así como la
sensación de vulnerabilidad que generaba en los varones el hecho de no haber
cumplido con su papel de protector de las comunidades.
b) La violencia sexual –y de
manera especial la violación– no se dio aisladamente ni como actos meramente
espontáneos, sino como parte de una estrategia más amplia de entrenamiento
militar que supuso la existencia de una infraestructura y organización previa
(recintos especiales, presión para el uso de métodos anticonceptivos en las
mujeres violadas, etcétera).
c) El rol de la mujer como madre y
esposa fue utilizado permanentemente como una forma de tortura psicológica,
presión y amenaza que afectó de manera específica a las mujeres. Frases del
tipo "si no hubieras salido de la casa", "si no te hubieras
metido en esto", son comunes en estos casos y han contribuido a trasladar
la culpa de lo sucedido del victimario a la víctima.
d) La violencia sexual fue
utilizada también como forma de castigo tanto para aquellas mujeres que
desarrollaban un rol activo de organización o representación, cuanto para
aquellas que tenían un vínculo familiar con miembros de las organizaciones
terroristas (madres, esposas, hermanas, etcétera).
e) El tema de la discriminación
racial ha sido un factor adicional que ha contribuido al desarrollo de la
violencia sexual.
f) Gran parte de estos casos no
han sido denunciados, y en muchas ocasiones ni siquiera la propia víctima los
ha asumido como tales, adoptando más bien un papel de testigo presencial de
otras violaciones y no de víctima directa. Esto va ligado al sentimiento de
culpa y vergüenza que estos hechos ocasionan en las víctimas.
g) Los efectos y secuelas de la
violencia sexual van más allá del caso individual y han afectado la existencia
y el desarrollo de las comunidades enteras; uno de sus efectos es el
desplazamiento. Debe tenerse en cuenta que las violaciones sexuales originan el
éxodo de las mujeres y la dispersión de comunidades enteras, la ruptura de
lazos conyugales y sociales, el aislamiento social y la vergüenza comunitaria,
abortos y filicidios, etcétera.
Estos aspectos no agotan el tema, pero dan una idea
aproximada de la complejidad del fenómeno que la CVR debe explorar.
Julissa Mantilla es consultora en el tema de género
en la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Yugoslavia: Violación sexual, de "daño
colateral" a crimen contra la humanidad
Se ha instalado ya un hito en la
lucha por la condena de los crímenes sexuales cometidos contra las mujeres en
casos de conflicto armado. Estos no serán vistos nunca más como "daños colaterales"
en situaciones de conflicto bélico –ubicados dentro del ámbito privado–, sino
que los culpables de violación masiva y esclavitud sexual serán juzgados por
crímenes contra la humanidad. Gracias al valor de mujeres que acusaron a sus
agresores en medio de un contexto terriblemente hostil, el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia dictó sentencia histórica el 22 de febrero
del 2001 y condenó así a tres oficiales serbiobosnios a 60 años de cárcel por
crímenes sexuales en la guerra de Bosnia, como parte de la campaña de limpieza
étnica contra los musulmanes. (Mabel
Gonzales Bustelo, España.)