11 de setiembre, 20 de febrero:
¿Pax americana?

Ricardo Soberón

Los previsibles –aunque no deseados– efectos de los atentados del 11 de setiembre se comienzan a sentir en la región, especialmente en países que padecen procesos de violencia, como es el caso de Colombia. Un bien informado artículo de Ricardo Soberon, quien actualmente vive en Colombia analiza esta infeliz coincidencia de escenarios..

Hace poco, una edición del diario colombiano El Tiempo presentaba una foto de la recuperación militar de San Vicente del Caguán, en la que durante tres años fue la zona de despeje. En ella se veía a un soldado estadounidense con uniforme de combate en medio de un territorio que horas antes había sido ocupado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aparte de ciertos escozores generados, surge la pregunta: ¿estamos ante un nuevo escenario de intervención militar norteamericana en regiones calientes?

En el año 2000 Estados Unidos devolvió el Canal de Panamá, de paso que se dispuso a rediseñar su sistema de seguridad hemisférica luego del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) a partir de una estrategia antidrogas que le permitiese mantener presencia en la región a través de otros mecanismos de asistencia militar y de interdicción policial que no remitiesen a una injerencia directa y tradicional. Los sucesos posteriores al 11 de setiembre y la ruptura del proceso de paz en Colombia le dan la oportunidad de ampliar su "mandato" y su hegemonía de una manera tan explícita como cuando establecieron en 1947 el TIAR para enfrentar la amenaza soviética durante la Guerra Fría (1945-1991).

Hasta antes del atentado en Nueva York, el pivote fundamental en la región fue el denominado Plan Colombia (1300 millones de dólares), diseñado para incrementar el pie de fuerza de la Policía (110 000 hombres) y el Ejército (140 000 soldados) colombianos en su lucha contra el narcotráfico y, de paso, contra la guerrilla más antigua de la región –las FARC–, bajo el paraguas de la relación entre drogas y guerrilla: el narcoterrorismo, eufemismo harto conocido en nuestro país.

Las limitaciones impuestas por el Congreso norteamericano redujeron su ámbito al equipamiento y entrenamiento de brigadas antinarcóticos¹ y la provisión de más de 70 helicópteros, así como al suministro de información e inteligencia destinadas a la interdicción contra las drogas y la erradicación (fumigación de cultivos).

La prohibición de comprometer su asistencia a la lucha contra la insurgencia/guerrilla estaba dada por el temor de verse involucrados en un complicado conflicto interno que no calzaba con los moldes tradicionales de la estrategia antiguerrillas: (i) inexistencia de apoyo formal ruso/cubano; (ii) autonomía financiera de la guerrilla lograda a partir del secuestro, las vacunas y las drogas; (iii) el carácter democrático de los sucesivos gobiernos colombianos; y, (iv) la inexistencia de interés de las FARC por expandir el conflicto a otros países (efecto dominó).

Los crecientes temores de los gobiernos de países vecinos de Colombia ante un potencial desborde del conflicto, las alharacas del entonces presidente peruano Alberto Fujimori, que declaró en Washington que Colombia era una amenaza a la estabilidad y seguridad regionales, así como algunos hechos aislados ocurridos en las zonas de frontera, llevaron a Bill Clinton, entonces presidente estadounidense, a plantear la Iniciativa Regional Andina (IRA) como una manera de compartir los recursos económicos entre todos los países de la región (Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia). Aun así, ni el Plan Colombia ni el IRA permitían dirigir frontalmente sus recursos a la lucha contra las FARC: el intermediario siempre eran los cultivos ilícitos en el Putumayo. A pesar del incremento de las acciones de fumigación en el 2001, los cultivos ilícitos de coca y amapola se mantienen en el orden de las 160 000 hectáreas, mientras que se recuperan rápidamente en el Perú (50 000 hectáreas).

Hasta hoy, 250 asesores asentados en las bases de Tres Esquinas, en Caquetá, o Apiay, en Meta, se encargaban del entrenamiento o del suministro de información e inteligencia. Otros 100 contratistas eran responsables de las tareas de fumigación de cultivos y asistencia a la Policía colombiana. El otro componente fue el establecimiento de los Forward Operational Locations en Manta (Ecuador), Aruba y Curazao, todos en proceso de terminación y funcionamiento. Pero el síndrome de Vietnam y los reparos políticos en Washington (violaciones de los derechos humanos y ahora por la fumigación y sus impactos) se convirtieron en los principales frenos a cualquier intervención militar directa.

El problema es más que complejo para los políticos en Washington: el fracaso en la lucha antidrogas debería llevar a la no certificación de Colombia, pero ello acarrearía menos asistencia militar para combatir a la guerrilla. ¿Qué hacer?

Nuevo panorama

La situación cambia dramáticamente, conforme menos resultados se obtienen en Afganistán, con el desenvolvimiento de los acontecimientos en Colombia. El primer asunto (¿dónde está Bin Laden?) hace que la administración de Bush vuelva su mirada a un nuevo Eje del Mal, tan distante como difuso: nuevamente Saddam Hussein en Irak, el más moderado gobierno iraní y una famélica Corea del Norte. Incluso, algunos informes de Inteligencia sostienen que el primer ministro inglés Tony Blair y el presidente Bush estarían planeando para abril una misión contra Irak. Pero ni la convulsionada situación del Medio Oriente ni el sudeste asiático (participación en la lucha en Filipinas contra el movimiento islámico Abu Sayaf) permiten justificar en Washington una mayor presencia militar al sur del Canal de Panamá.

Sin embargo, la situación se mueve entre el conflicto colombiano y la falta de estabilidad política en Venezuela y económica en Argentina. Por ello, la ruptura del proceso de paz y la guerra contra el terror en marcha caen "como anillo al dedo" a los sectores más conservadores y militaristas tanto dentro del Capitolio cuanto en la industria tecnológica-militar de los Estados Unidos.

En 1999 las FARC asesinaron a tres indigenistas estadounidenses en momentos en que algún funcionario del Departamento de Estado se había permitido sostener conversaciones informales con representantes de la guerrilla. Si bien las FARC estaban en la lista de organizaciones terroristas, el hecho de que condujeran el proceso de conversaciones con el gobierno del presidente Pastrana actuaba como factor restrictivo en la mirada que de ellas se tenía. Pero han sido las últimas acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario, la continuación de la práctica del secuestro, la vacuna (extorsión), el reclutamiento de niños y atentados contra fuentes de agua los que han justificado la ruptura del proceso y, con ello, la nueva posibilidad de intervención militar (indirecta) en Colombia.

Petróleo, infraestructura, secuestro...

La solicitud del Ejecutivo para el año fiscal 2003 incluye otros 600 millones de dólares para Colombia. El primer gran cambio ocurre con la entrega de ayuda militar para la protección del oleoducto que recorre desde Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas en la costa atlántica, allí donde la Occidental Petroleum Company tiene interés principal. Incluso la embajadora de Estados Unidos en Bogotá dijo hace pocos días que su país tenía hasta 300 puntos de interés estratégico en Colombia. Solamente el 2% del petróleo importado por Estados Unidos viene de Colombia, pero ante la situación en el Medio Oriente y la volatilidad del régimen del presidente Chávez en Venezuela, es conveniente resguardar otras fuentes de reserva estratégica.

Se pensó en un monto de 98 millones de dólares adicionales que estarían destinados al reentrenamiento de la Brigada 18 (1800 hombres más dos batallones adicionales que suman 4000 hombres y 12 helicópteros) para la defensa de infraestructura crítica: petróleo y torres. La línea que antes separaba claramente a la guerrilla de la insurgencia y a esta de la criminalidad y las drogas se ha quebrado, creemos, por un buen tiempo. Ahora se piensa en la provisión de inteligencia en tiempo real, la entrega de equipos militares adicionales, el levantamiento de restricciones a las brigadas y a los helicópteros para responder ataques de las FARC. Finalmente, se baraja la posibilidad de intervenir en el secuestro de ciudadanos norteamericanos en el exterior (en la última década, 50 ciudadanos de los Estados Unidos fueron secuestrados en Colombia). Esto hace recordar el criterio de extraterritorialidad con el que en el pasado intervenían los policías de la DEA para secuestrar extranjeros y llevarlos ante cortes federales. ¿Terror, insurgencia, drogas, delincuencia o protección energética?

Los mandatos de actuación de tropas norteamericanas en el exterior son más abundantes que nunca. Ni siquiera sus aliados en la OTAN, UE o la propia Rusia están muy seguros del excesivo alargamiento de sus competencias.

Ricardo Soberón es analista internacional.

1 Y la formación de una unidad de despliegue rápido (FUDRA, 4000 hombres).