Bolivia:
Lecciones desde el AltiplanoWilfredo Ardito
Aunque hace pocas semanas Toledo hizo dos visitas seguidas a Bolivia, los conflictos sociales que vive este país son desconocidos en el Perú, y a veces parecerían una versión agravada de situaciones todavía incipientes entre nosotros.
Trabajar en la Defensoría del Pueblo de Bolivia no es tarea fácil. A comienzos de febrero, La Paz, Cochabamba y otras ciudades se encontraban aisladas por grupos de campesinos que bloqueaban las carreteras. Solo había conexión aérea, y los pasajes son bastante más caros que en el Perú, a pesar de que, en general, el costo de vida es más bajo en Bolivia.
Este último conflicto comenzó cuando el presidente Jorge Quiroga suscribió el Decreto 24625, que penalizaba la venta y el transporte de la hoja de coca en el valle del Chapare, una zona tropical que podría hacer recordar a nuestro Alto Huallaga. Apenas en setiembre, Quiroga había aceptado que los campesinos erradicasen poco a poco sus cultivos, conforme llegara el apoyo para productos alternativos. Esta prohibición ha provocado muchos enfrentamientos entre soldados y cocaleros en la ciudad de Cochabamba, capital del departamento, con un saldo de varios muertos.
Muchos cocaleros eran años atrás dirigentes mineros que emigraron al Chapare cuando las minas cerraron por el "golpe" neoliberal que supuestamente estabilizó la economía boliviana. Tienen una tradición de organización y lucha sindical. Evo Morales, uno de sus principales líderes, había sido elegido hace cuatro años diputado por Cochabamba con más del 70% de los votos.
La inmunidad parlamentaria de Morales le permitía seguir alentando a los cocaleros, por lo que el 24 de enero, el mismo día que Toledo llegaba a La Paz, el Congreso le retiró la inmunidad y pidió que se le abriera instrucción por instigación al delito y homicidio de varios soldados. Un proceso normal de desafuero dura varios meses, incluyendo 15 días de plazo para que el acusado prepare su defensa, pero, como en nuestros tiempos fujimoristas, el proceso duró menos de dos días y violó todos los procedimientos internos.
Para el movimiento campesino, esta sanción no se debía a ningún hecho delictivo (al fin y al cabo, muchos de los que lo desaforaban eran congresistas abiertamente corruptos), sino a que Morales es un líder que representa a los pobres y los indígenas. Por ello esta medida causó aún mayor indignación entre los cocaleros y propició el ingreso en escena de la pesadilla de los ministros de Gobierno bolivianos: el Mallku. Este nombre, que significa literalmente cóndor, es el título de los líderes tradicionales aimaras, y así se autodenomina Felipe Quispe, líder de los aimaras del altiplano, quien en solidaridad con los cocaleros anunció el bloqueo de las carreteras que comunican La Paz con el Perú y varias ciudades (hacia Cochabamba y Santa Cruz ya habían sido bloqueadas por los cocaleros).
Todos estos conflictos han generado una febril actividad en la Defensoría del Pueblo, dirigida por Ana María Romero de Campero. Así, ha debido instalarse una oficina especial en el Chapare, a pesar de que existía otra relativamente cerca, debido a los abusos que las fuerzas de seguridad cometían contra los cocaleros en las supuestas acciones de erradicación de cultivos (torturas, robos, violaciones, detenciones arbitrarias, etcétera).
La posición de la Defensoría no era la de ceñirse a las normas legales promulgadas por el Gobierno, sino enfrentar el problema social más violento de los últimos cinco años. "Toda esta violencia se debe a sus decisiones políticas", le indicó la Defensora del Pueblo al presidente Quiroga en una carta pública. Entretanto, un informe defensorial confirmó las denuncias de los aimaras: los soldados les disparaban por la espalda, y así había muerto un anciano.
En cuanto a la Iglesia, su pedido de diálogo fue en un principio rechazado con indignación por el Gobierno, pues implicaba reconocer el derecho de los campesinos a cuestionar las leyes. Mientras, religiosas y sacerdotes mantenían una vigilia en las gradas de la Catedral de Cochabamba para que el Gobierno aceptase dialogar con los cocaleros: para la Iglesia, tratarlos como delincuentes no soluciona el problema. Todos saben que cuando debe salir un cargamento importante de droga, los uniformados hacen la vista gorda.
Por fin, el Gobierno cedió y aceptó la mediación de la Defensoría, la Iglesia y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) para dialogar con Morales, el Mallku y los demás dirigentes. Al momento de redactar estas líneas se había reabierto el mercado de coca del Chapare y se había derogado la prohibición del transporte. Los bloqueos se estaban levantando, pero la sensación general era que se trataba de una tregua y que un nuevo conflicto ocurriría más temprano que tarde.
"Es un ciclo: el Gobierno incumple los acuerdos, vuelve el bloqueo, vuelve la negociación", declara Guillermo Villela, de la APDH. "De hecho, va a ponerse cada vez peor", me dice Sacha Llorente, de la misma institución.
El poder de los terratenientes
En un país con tantas divisiones étnicas y regionales es fundamental el trabajo a escala nacional de la Iglesia, la Defensoría y la APDH. Las tres instituciones han asumido que, aun cuando formalmente exista democracia, las violaciones de los derechos humanos de la población se mantienen, y muchas de ellas se deben a la exclusión social de la mayoría.
La población no cree en los partidos tradicionales: la ADN de Bánzer y Quiroga, el MNR de Sánchez de Losada y el MIR de Paz Zamora. "Los tres respaldan el mismo modelo", me dice un abogado del Centro de Estudios Judiciales e Investigación Social (CEJIS) que, como muchos campesinos, lleva varios años votando en blanco. De hecho, los tres partidos cerraron filas para retirar la inmunidad parlamentaria a Morales.
A CEJIS los conflictos en las zonas rurales lo mantienen siempre alerta. Está atendiendo a los sobrevivientes de una masacre ocurrida el 9 de noviembre en el departamento de Tarija, cerca de la frontera con Argentina. Unos campesinos del Movimiento sin Tierra ocupaban una hacienda abandonada hacía décadas, pero los terratenientes vecinos rechazaban su presencia. Ese día, un grupo de paramilitares los desalojó a tiros; el saldo, ocho campesinos muertos. A 150 metros de la masacre se encontraba un destacamento militar que se limitó a contemplar los hechos. En el enfrentamiento, los campesinos mataron a pedradas al jefe del grupo paramilitar, puesto en libertad la noche anterior por orden del Poder Judicial. El Ministerio Público no ha investigado a nadie por la muerte de los campesinos, pero sí ha denunciado a los campesinos heridos por la muerte del paramilitar.
Para José Bailaba, dirigente chiquitano de Santa Cruz, esta actitud de las instituciones estatales no es sorprendente. Él nos explica que el jefe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el presidente del Tribunal Agrario, el ministro de Agricultura y Desarrollo, el superintendente Agrario –es decir, las autoridades que deberían dirimir los conflictos entre campesinos y terratenientes–, están, todos, vinculados a estos últimos. Según una cooperante colombiana, los hacendados no necesitan contratar abogados de prestigio, como hacen en el Perú Lucchetti o Yanacocha, porque "controlan los tribunales".
Los procesos de titulación ante el INRA son por eso muy burocráticos y atienden siempre las objeciones de los terratenientes. "Ellos sienten que cada hectárea que se titula a favor de los campesinos es una hectárea que han perdido", me explica Leonardo Tamburini, abogado argentino del CEJIS. El mismo Tamburini conoció en carne propia el odio de los ganaderos. El 15 de setiembre, un grupo de ellos lo secuestró, lo golpeó y lo exhibió sangrante en una plaza, mientras exigían a las autoridades que fuera expulsado del país. Poco después, el presidente del principal gremio ganadero manifestó su extrañeza de que CEJIS "no entendiera" el mensaje y continuara azuzando a los campesinos. Una campaña de solidaridad internacional evitó nuevas agresiones, demostrando a los ganaderos que los indígenas y sus asesores no estaban solos.
Los retos por enfrentar
Para los activistas de derechos humanos es también un reto enfrentar el nivel de violencia de la población. Una abogada acudió a mediar en un bloqueo en el altiplano, cuando un campesino había caído abatido por los soldados. De inmediato, ellos querían enfrentarse a los soldados, "para matarles también a uno". "A veces pareciera que se habla de un partido de fútbol y no de muertos", sostiene el padre Clemente Díaz, designado mediador por la Iglesia. De esa misma forma varios uniformados capturados por los cocaleros fueron cruelmente torturados antes de ser asesinados. Quizá para cambiar de tema, la televisión mostró, "en tiempo real", cómo dos ladrones eran golpeados y quemados vivos en las afueras de Santa Cruz, y esto era solo uno de varios linchamientos que se producían en todo el país desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
Para las organizaciones de derechos humanos, el reto consiste en enfrentar una retórica que justifica estas muertes con el argumento de que los derechos humanos son normas occidentales o por el grado de opresión de los indígenas.
Con su discurso radical, el Mallku canaliza el resentimiento de muchos campesinos e indígenas bolivianos. Sin embargo, su honestidad es discutible: por lo menos una vez, recibió una importante cantidad de dinero para levantar un bloqueo. Mucha gente de izquierda se ha distanciado de él por considerar que manipula a los aimaras para llegar al poder, pero la mayoría de campesinos continúa siguiéndolo y seguramente se mantendrá como un agente importante en la política boliviana.
En medio de tan polarizada situación, no puede dejar de reconocerse el trabajo de diversas instituciones como el CEJIS, cuyos integrantes mantienen su compromiso a pesar de las amenazas y de la creciente violencia. También lo hace la Iglesia Católica, cuyo cardenal, nombrado en la misma ceremonia que Cipriani, ha logrado intervenir en numerosos conflictos políticos y sociales. Lo propio ocurre con la Defensoría del Pueblo, no solo por su firmeza, sino por su decisión de intervenir en conflictos sociales. Finalmente, la propia APDH se acerca más a los CODEH que a las ONG peruanas, porque sus integrantes son voluntarios.
Además, en este contexto adverso se han obtenido logros, inclusive de empresas muy poderosas: hace tres años, cuando Petrobras construyó el gasoducto hacia Brasil, debió pagar a los indígenas amazónicos una compensación de dos millones de dólares en proyectos de desarrollo. ¿No es este un precedente útil para las víctimas de Antamina, Pluspetrol y La Granja? ¿No convendría que el consorcio que explota Camisea buscase alguna compensación para los pueblos a cuyo paso se extenderá el gasoducto?
Wilfredo Ardito es miembro del Instituto de Defensa Legal.