Venezuela. La ruptura del hilo constitucional: antecedentes y consecuencias

Nuestro agradecimiento a Carlos Ayala por haber aceptado conversar con ideele en días tan agitados para su país. Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constitucionalista, él es una persona sumamente reconocida por sus méritos académicos y su trayectoria democrática.

A continuación, la edición de sus principales ideas.

En Venezuela se ha ido profundizando en la última década una crisis en distintos sentidos, pero fundamentalmente económica, social y política. Las primeras derivadas no solo de un esquema económico rentista (petróleo) y de políticas que fomentaron la ineficiencia de la economía privada, sino además, recientemente, de la disminución de los ingresos petroleros, el aumento de las deudas del Estado -tanto internas como externas-, la disminución del ingreso per cápita, la caída del crecimiento económico y de los puestos de trabajo, y la crisis en los servicios públicos fundamentales que atienden a los más necesitados (educación, salud y vivienda). Todo esto ha ido generando un clima de conflictividad social que se ha venido agudizando.

Desde el punto de vista político, la democracia representativa reinstalada en 1958 se fundamentó en un sistema de partidos fuertes -sobre todo de centro- que en el momento de la instauración de la democracia apareció como un mecanismo efectivo para afianzarla. Eso consiguió dotar al país de cierta estabilidad política por algunos años, pero fue generando al mismo tiempo una disminución cada vez más severa de la participación ciudadana, de la representatividad, así como falta de transparencia en muchos asuntos públicos.

Las condiciones económicas, sociales y políticas descritas llevaron a las distintas crisis que sufrió Venezuela con el estadillo social del Caracazo, el 27 de febrero de 1989, seguido por el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y, finalmente, por el enjuiciamiento del presidente en ejercicio Carlos Andrés Pérez en mayo de 1993 y su salida institucional del poder. A estos eventos siguió un gobierno provisional y luego el gobierno del presidente Caldera, y en 1998 la elección de Chávez como presidente y la posterior convocatoria a referendos, Asamblea Constituyente y nuevas elecciones.

La situación era y en cierta forma sigue siendo crítica: los partidos políticos venezolanos se hallaban seriamente debilitados y el vacío originó que otras instituciones pasaran a cumplir un papel más activo (ejemplos, la Iglesia, los medios de comunicación social, la sociedad civil); pero, a la vez, la participación ciudadana seguía y siendo limitada. A esto debe añadirse la lamentable situación social y económica. En ese contexto, la llegada de Chávez al poder representó para muchos venezolanos -especialmente los más pobres- una firme esperanza de cambios en todo sentido.

A pesar de que Venezuela ha dado algunos pasos adelante, entre los cuales se halla la existencia de una Constitución moderna (1999) que da primacía a los derechos humanos como no lo hace prácticamente ninguna otra, persisten en el diseño del poder algunos elementos problemáticos de concentración, como son, entre otros, la reelección presidencial por dos periodos de seis años, la existencia de un capítulo separado para los temas de las Fuerzas Armadas, seguridad y defensa, algunos privilegios para los militares en materia de seguridad social, contraloría interna y la imposibilidad de procesar penalmente a altos oficiales sin el privilegio del antejuicio de mérito.

Ahora el problema ha sido que aspectos importantes de esta Constitución han sido desaplicados y hasta violados. Ello se ha basado en una doctrina del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la supuesta “transitoriedad” de la Constitución, según la cual mientras no se desarrolle legislativamente toda la Constitución, se pueden tolerar normas y actos no sujetos a ella (¿?). Así, por ejemplo, la Constitución establece un procedimiento de participación ciudadana, de postulación a través de la sociedad civil organizada para los candidatos a cargos en el TSJ, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Fiscal y Contralor General. No obstante ello, la Asamblea Nacional dictó una ley por la que la Constitución no se aplicaba directamente en el procedimiento constitucional de postulaciones y, en lugar de presentarse postulaciones por comités formados por la sociedad organizada, estos fueron fundamentalmente de parlamentarios y mesas de diálogo mal estructuradas. Por ello, gran parte de la población no puede evitar tener la impresión de un copamiento político de los poderes públicos. Por cierto que esa Asamblea Nacional sustituyó a nuestros Congresos bicamerales, lo que resulta un contrasentido en un estado federal como Venezuela.

Libertad de prensa

A las crisis anteriormente mencionadas debe añadirse la situación generada por la actitud del Gobierno hacia todos aquellos críticos del régimen, quienes llegaron a ser insultados verbalmente en público -insultos de los cuales se ha disculpado recientemente también en público-. Estos insultos fueron seguidos, asimismo, por actuaciones de círculos de defensa de la revolución llamados “círculos bolivarianos”, financiados y organizados por el Estado, hecho que llevó a cuestionar el pluralismo democrático y la transparencia en el gobierno de Venezuela. Existen varias denuncias según las cuales algunos de los integrantes de estos círculos incluso están armados, lo mismo que se dice de algún grupo antichavista radical. El desarme inmediato por parte del Estado de todos esos grupos, es un imperativo para la paz y la convivencia democrática.

La situación venezolana debe ser examinada detenida y cuidadosamente. Por distintas causas se ha puesto seriamente en peligro nuestra convivencia pacífica tradicional. Se trata de un caso atípico, pues si bien no hay ahora un periodista o representante de medios preso, ni un medio cerrado, y hasta hace poco podíamos inclusive afirmar que no había un periodista muerto -ya existen periodistas agredidos, amenazados y en la marcha del 11 de abril murió un reportero gráfico en circunstancias aún no aclaradas-. Sin embargo, en los últimos tiempos han venido ocurriendo serios acosos contra los medios y periodistas libres críticos a la revolución bolivariana.

Este tipo de acoso ha llevado a solicitar diversas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Además, el Gobierno ha planteado la posibilidad de hacer aprobar una ley de contenidos para de este modo evitar el abuso de la libertad de expresión. Inclusive, el TSJ dictó la llamada sentencia 1.013 sobre libertad de expresión, que establece como doctrina judicial vinculante, entre otras, que: toda persona que sea periodista o que tenga acceso a los medios carece del derecho de réplica; las ideas u opiniones agraviantes están excluidas del derecho de réplica; valida las leyes de desacato, es decir, aquellas que penalizan la difamación a autoridades públicas (delito de vilipendio); y autoriza la censura judicial a la libertad de expresión.

Los sucesos a partir del 11 de abril

Por distintas causas y motivos ese día se produjo en Caracas una gigantesca movilización social (de más de medio millón de personas) seguida por los llamados a huelga de la Central de Trabajadores de Venezuela, por Fedecámaras, partidos de oposición y sectores de la sociedad civil, todo esto acelerado por la crisis de PDVSA (Petróleos de Venezuela) en rechazo a la directiva política nombrada y los despidos públicos de empleados que manifestaron en contra. Esa manifestación reunida en el este de la ciudad decidió, por sugerencia de algunos líderes, dirigirse al centro (a unos 15 kilómetros) y luego al palacio presidencial. Por su lado, los dirigentes del Gobierno y del partido oficial habían estado convocando una concentración en las puertas del palacio presidencial para defender la revolución. La fuerza pública fue instruida para impedir el choque de marchas. El Presidente entró en cadena nacional por todos los medios de radio y televisión justo antes de iniciarse la represión de la marcha, y las televisoras que partieron la pantalla para mostrar lo que estaba ocurriendo fueron sacadas del aire de inmediato. Fue entonces cuando, en circunstancias aún no del todo aclaradas, se dieron los desgraciados acontecimientos: las noticias de fuentes creíbles hablan de 11 muertos y casi 100 heridos incluso en ambos lados. En los días posteriores se produjeron sucesos que implicaron saqueos que dejaron un saldo total de más de 40 muertos y más de 200 heridos. Los hechos del 11 de abril redundaron en una crisis generalizada que desafortunadamente fue aprovechada por un grupo de militares para dar un zarpazo que llevó a una ruptura temporal del hilo constitucional.

A partir de ese momento, las personas especialmente preocupadas por los derechos humanos nos pusimos en alerta, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció no solo en rechazo de los hechos del 11 sino de inmediato a los del 12 de abril (ruptura del hilo constitucional). Al asomar las primeras señales de lo que podía ser el inicio de algún tipo de represión a los personeros del régimen de Chávez, se solicitó a la CIDH medidas cautelares que fueron otorgadas inmediatamente al diputado Tarek William Saab, a quien fuimos a visitar estando incomunicado en la Policía de Seguridad (Disip).

Luego fue dictado un decreto que disolvía los poderes públicos y que evidenció que estábamos frente a un grosero golpe de Estado. Sin embargo, así como Chávez salió militarmente, entró también militarmente, con el apoyo de muchas personas -pertenecientes sobre todo a las clases populares- movidas por la decepción al ver que la figura de Chávez, su esperanza de igualdad más cercana, se estaba desvaneciendo. Chávez representa una esperanza para los pobres, aunque aún no haya cumplido con aspectos concretos en la mejora sustancial de la calidad de vida. Pero este es hasta ahora un dato no solo objetivo sino también importante.

Al momento de producirse la entrevista, en la Asamblea Nacional se está considerando la constitución de una Comisión de la Verdad que evalúe los hechos del 11 de abril y días subsiguientes. Sin embargo, esperamos que esa Comisión cumpla con los estándares de una comisión imparcial formada por expertos, con supervisión internacional y capacidad de hacer recomendaciones vinculantes, sobre todo de reparación inmediata a las víctimas y sus familiares. Esperamos también que esa verdad oficial -no judicial- pueda ser tomada en cuenta por los órganos competentes, como el Ministerio Público, para investigar y realizar las acusaciones, y por los tribunales penales competentes, para respetar los debidos procesos y aplicar las sanciones legales. Por otro lado, la discusión sobre la necesidad de legitimar los poderes públicos mediante nuevas elecciones y designaciones ha comenzado también.

La Comisión Interamericana y la OEA

Debe recordarse que lo importante es llamar al diálogo, a la paz y a la concordia, pero siempre de acuerdo con la justicia y el respeto de la democracia y los derechos humanos.

La CIDH hará una visita in loco preparatoria durante el mes de mayo, con la asistencia de su presidente y relator para Venezuela (Juan Méndez) y el secretario ejecutivo (Santiago Cantón).

A partir de lo ocurrido en Venezuela, la OEA tuvo la primera oportunidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana, y su secretario general, César Gaviria, pudo no solo constatar el restablecimiento del hilo constitucional, sino también de entrevistarse con sectores de oposición, partidos políticos, sociedad civil, ONG de derechos humanos, medios de comunicación social y periodistas. En su informe a la Asamblea General convocada al efecto figura, por supuesto, la celebración del restablecimiento del hilo constitucional y el rechazo a su ruptura, así como también los antecedentes en hechos de violencia política, la participación de los militares en la política, la exigencia de desarme de los círculos bolivarianos y otros, y la necesidad de un verdadero diálogo nacional.

La Resolución del 18 de abril (AGxxxix-E/02) no solo rechazó la ruptura y celebró el restablecimiento del orden constitucional, sino además hizo referencia aparte a los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática aprobada en Lima el 11 de setiembre, los cuales incluyen como elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia representativa, entre otros, la importancia del Estado de derecho, la separación de poderes, el mantenimiento de un Poder Judicial independiente, derechos humanos y libertad de expresión, temas pendientes en la democracia venezolana.

La presencia militar

La unidad militar parecería estar fracturada, y mientras se recompone la tranquilidad y la gobernabilidad del país sin duda se dificultan. No está de más subrayar que en una sociedad democrática el poder militar debe estar sujeto y sometido al poder civil. Si bien en un país como Venezuela los militares pueden tener derecho al voto, no deben deliberar sobre las decisiones políticas del poder civil para pretender vetarlas o imponer otras. Uno de los problemas a resolver es, pues, la delimitación del espacio propio para las Fuerzas Armadas en un Estado de derecho y en una democracia moderna.

El llamado al diálogo

Todos esperamos que el diálogo y la reconciliación puedan ser una realidad. En este sentido, esperamos que el llamado al diálogo hecho la semana pasada por el presidente Chávez se concrete y se traduzca en un estilo de gobierno realmente abierto, tolerante y pluralista, es decir, que garantice la libertad de disidencia a las distintas posiciones y que tenga siempre presente que lo más importante son los venezolanos y no las posiciones particulares. Democracia es diálogo, discusión respetuosa, pero también compromisos transparentes, responsables y participativos. Toda la sociedad debe estar comprometida a ello.

Hoy puede decirse que existen esperanzas en un espacio abierto para el diálogo. Los partidos de oposición cuentan con parlamentarios, gobernadores y alcaldes; la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que ha llegado a definirse en oposición en defensa de los trabajadores, ha manifestado estar dispuesta al diálogo en este momento; lo mismo ocurre con los empresarios y la sociedad civil. Pero si este no se concreta en breve, corre el peligro de desvanecerse.

No hay aún propuestas concretas, pero muchos coincidimos en la conveniencia de la presencia de algún tipo de intermediario o facilitador en estos diálogos. El modelo peruano con la OEA no debería descartarse. Se ha planteado la posibilidad de que sea la Iglesia la que asuma esa función, o tal vez alguna figura o entidad internacional. En esta próxima fase los venezolanos debemos demostrar que somos capaces de dialogar en paz, como ya lo hemos hecho antes en nuestra historia; que somos capaces, en fin, de llegar a acuerdos -lo cual no significa unanimidad-, de respetar a las minorías, de satisfacer las aspiraciones de los más necesitados, de asegurar normas predecibles y seguras a los empresarios, de promover una amplia clase media profesional y, por sobre todo, de respetar los derechos humanos y las reglas de un orden constitucional y democrático.

No hay otra opción a la violencia que la paz, y esta se consigue a través de un diálogo sincero. Si el diálogo fracasa, la paz se verá comprometida. Venezuela es un país que necesita -hoy más que nunca- democracia, Estado de derecho, tolerancia, diálogo, pluralismo, justicia e igualdad para resolver sus problemas.