Procuraduría Ad Hoc y derechos humanos:

Aquí estamos, aquí seguimos

Ronald Gamarra

En el Perú, que un funcionario público cumpla con su labor eficazmente y con honestidad llega a ser un acto subversivo. Nuestro respaldo y reconocimiento a Ronald Gamarra, procurador especial para derechos humanos, por su coraje y consecuencia.

 

Desde fines del año 2000, la Procuraduría Ad Hoc participa activamente en el combate a la corrupción y en la lucha contra la impunidad. En este tiempo se han dado pasos decisivos encaminados a la investigación y sanción a los autores de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y se ha empezado a discutir en sede judicial importantes temas como la aplicación de los tratados y las decisiones de los tribunales internacionales en el ámbito interno, los límites de la justicia militar, la cosa juzgada fraudulenta y la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.

En las últimas semanas, la Procuraduría ha centrado su atención en el proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori y en la investigación adelantada por el Ministerio Público acerca de ejecuciones extrajudiciales perpetradas con ocasión del rescate de rehenes en la residencia del embajador del Japón en el Perú, tomados en acción bárbara por terroristas del MRTA.

La activa intervención de la Procuraduría en el proceso anticorrupción, y particularmente nuestro accionar en el tema de derechos humanos, ha despertado más de una ira y no pocos recelos. Particularmente del sector castrense, que no ve con buenos ojos el compromiso de la Procuraduría con el descubrimiento de la verdad de los hechos. De ello ha pretendido aprovecharse un pasquín dirigido por socios de la mafia de Fujimori y Montesinos –que, precisamente, a petición de la Procuraduría se encuentran procesados y sometidos a una medida de restricción de la libertad– para agraviarnos. Pues, en verdad, se nos insulta cuando se pretende vincularnos con organizaciones terroristas.

Los agravios, por cierto, no nos arredran o amilanan. Cuando asumimos "accidentalmente" el cargo, sabíamos que el tema de los derechos humanos no era
–no es– una causa popular; que de ello se valdrían los que no quieren la verdad para obstaculizar nuestra labor; y que, en el camino, nos arrojarían lodo y piedras.

Estamos preparados. Así que aquí estamos, aquí seguimos. Acompañaremos las investigaciones fiscales y los procesos penales contra los violadores de derechos humanos mientras sigamos en el cargo (y, francamente, también después).

A continuación, una reseña del estado de algunos de los casos que ocupan parte de nuestra labor diaria.

Extradición de Fujimori

Atendiendo a los crímenes contra los derechos humanos que se atribuyen al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori
–casos La Cantuta y Barrios Altos–, así como a su fuga y posterior refugio en el Japón, la Procuraduría ha solicitado la extradición activa del imputado con base en el principio de reciprocidad (no existe un Tratado de Extradición con el imperio del sol naciente) y la obligación de los estados de extraditar a personas responsables de crímenes de lesa humanidad, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

La solicitud de extradición activa se ampara por cierto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, según la cual "La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y los tratados, y según el principio de reciprocidad"; así como en el artículo 3 de la Ley 24710 que "... reconoce excepcionalmente la extradición por reciprocidad dentro de un marco de respeto a los derechos humanos...". La reciprocidad
–han afirmado connotados autores– es una fuente supletoria de la concesión de la extradición, que actúa en defecto de tratado. Se le entiende como el acuerdo entre las partes y el compromiso por el Estado solicitante de acceder a la extradición cuando se presente un caso análogo.

La petición de la Procuraduría se apoya también en el deber e interés especial y prevalente de los estados en proteger a los individuos de las violaciones de los derechos humanos; de lo que deriva la obligación internacional de persecución penal de los responsables y la correspondiente sanción de los autores del delito, que bajo ninguna circunstancia o motivo pueden ser desconocidos o dejados a un lado.

Como se ha afirmado unánimemente, todos los estados tienen el deber –en algunos casos, solemne– de extraditar a las personas de las cuales se supone que han cometido esta clase de crímenes y se hallen en el territorio de su jurisdicción.

Hemos sostenido, además, que no existen obstáculos legales o procesales para la procedencia de la extradición de Alberto Fujimori: los hechos imputados al ex presidente son de naturaleza común, no política; las leyes de amnistía de 1995 dictadas por el propio Fujimori para exculpar a los autores de violaciones de derechos humanos no impiden una persecución penal, y han sido declaradas "sin eficacia jurídica" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los ex jefes de Estado no pueden invocar inmunidad o privilegios especiales para eludir su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad; y los delitos que se le imputan no han prescrito.

Con fecha 29 de mayo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dictaminó que se declare procedente la solicitud de extradición planteada por la Procuraduría Ad Hoc.

Ejecuciones extrajudiciales de miembros del MRTA

Tras catorce meses de investigación de las denuncias planteadas por los familiares de las víctimas, Aprodeh y la Procuraduría Ad Hoc, la fiscalía especializada en derechos humanos solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de doce miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en el rescate de los rehenes que se encontraban en poder del MRTA, por su vinculación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales en agravio de tres emerretistas.

La doctora Cecilia Polack, del tercer juzgado anticorrupción, decretó la detención de los comandos. La decisión judicial, defendida abiertamente por la Procuraduría, causó un verdadero revuelo, que fue seguido por una intensa campaña de agravios en su contra, del fiscal Saavedra y del procurador adjunto ad hoc. En esos días, la intromisión política en los asuntos propios del Poder Judicial –denunciada de forma pública por nosotros– fue evidente y diaria. Por su parte, el poder militar y algunas autoridades administrativas se negaron a ejecutar la decisión judicial, en franca y abierta rebeldía; hecho que se mantiene a la fecha, sin que la judicatura haga valer su resolución.

Aprovechando el éxito y el prestigio popular de la operación Chavín de Huántar, el sector militar y algunos funcionarios públicos han pretendido deslegitimar la investigación fiscal, la decisión judicial y la intervención de la Procuraduría; poner en cuestión a las entidades del sistema anticorrupción (a tal punto que se intentó el nombramiento de un procurador especial para conocer el caso); modificar la legislación de la materia; y, aparentemente, impedir en adelante cualquier otra investigación vinculada a violaciones de derechos humanos.

La campaña de difamación, tanto como las iras de los militares y de los civiles "militarizados", fue dando paso a parte de la verdad. Poco a poco, las autoridades castrenses tuvieron que reconocer que con ocasión del operativo Chavín de Huántar se habían producido ejecuciones extrajudiciales, aunque estas fueron atribuidas a "gallinazos" del Servicio de Inteligencia Nacional que estuvieron en los alrededores de la residencia del embajador del Japón.

En días recientes, el fiscal Saavedra formalizó denuncia contra miembros de las fuerzas de seguridad por la comisión de homicidio calificado en agravio de tres emerretistas; ejercitó la acción penal en contra de tres oficiales de la Policía Nacional por delito de encubrimiento real; y, existiendo indicios de la participación del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori en la perpetración del ilícito, remitió copias a la Fiscalía de la Nación para la correspondiente denuncia constitucional.

Justicia militar

Recientemente la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado se abra proceso penal contra veinticinco miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar por la comisión del delito de asociación ilícita. Para nosotros, se ha llegado a reunir suficientes elementos de incriminación en contra de los jueces castrenses que los liga con el aparato delincuencial organizado por el ex asesor presidencial desde las estructuras del poder, con el fin de perpetrar un programa sistemático de violaciones de derechos humanos; en cuyo contexto, los militares jueces cumplieron el rol de avocarse indebidamente al conocimiento de los hechos para finalmente, a través de resoluciones de archivo, sobreseimiento, condenas menores y aplicación de leyes de amnistía, lograr la impunidad de los verdaderos autores de los crímenes.

En el seno de la justicia militar, y actuando en el nivel de su más alto tribunal, los denunciados formaron parte de toda una organización encargada de viabilizar, a través de distintas acciones supuestamente propias de la competencia de dicha institución, el manejo delictivo y los designios de Vladimiro Montesinos Torres; vale decir que en la distribución de funciones de la organización les cupo ejercer el rol de operadores jurídicos ejecutores de la política de impunidad.

Por lo demás, es de indicar que existe evidencia de que Guido Guevara Guerra, Raúl Aurelio Talledo Valdiviezo, Óscar Rolando Granthon Stagnaro, Luis Enrique Delgado Arena, José Balarezo La Riva, Carlos Espinoza Flores, Miguel Montalbán Avendaño y Héctor Serpa Bustamante, concurrieron en distintas oportunidades a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a fin de coordinar –entre otros– los casos de La Cantuta, Barrios Altos, Leonor La Rosa y Gustavo Cesti Hurtado.

En las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, el mismo Vladimiro Montesinos Torres y sus asesores redactaron o modificaron las resoluciones jurisdiccionales que finalmente recayeron en casos importantes y de interés de la organización criminal, así como también elaboraron comunicados del Consejo Supremo de Justicia Militar.

 

El derecho de asesinar

Entendemos –en el IDL– que un caso que se origina en una cobarde toma de cientos de rehenes durante un cocktail de una embajada, rehenes que  fueron mantenidos secuestrados durante más de cuatro meses, no es un buen caso para hacer pedagogía en derechos humanos. Pero aun así, en tiempos de transición democrática, es decir, supuestamente libres de Fujimori y Montesinos, caben las siguientes preguntas: ¿Está bien asesinar a terroristas capturados y rendidos? ¿Un asesinato dejará de ser asesinato si hay razones que lo justifican? ¿Militar que participó en acción heroica, adquiere licencia para matar? ¿Cada vez que un juez tome una decisión frente a militares, el ministro de Defensa deberá decidir si se cumple o no?  ¿Militar que aporta en la lucha antisubversiva queda automáticamente excluido de las leyes y de la justicia? ¿La disyuntiva es o a favor de las ejecuciones extrajudiciales o enemigos de las Fuerzas Armadas? ¿En qué se diferencia el régimen de Fujimori y Montesinos de la transición democrática en temas como estos? (IDL)