¿104 millones de dólares devueltos a la corrupción?

La impunidad puede costar caro, por lo menos 104 millones de dólares, a los que se suman los dineros bloqueados en Suiza. La Mesa de Repatriación advierte que la lucha contra la corrupción corre el riesgo de estancarse.

 

Hace un año, la fiscal suiza Cornelia Cova anunció que en setiembre del 2001 los primeros dineros podrían volver al Perú. Ahora estamos a junio del 2002 y, a pesar de una intensa diplomacia viajera de jueces, fiscales y procuradores a la ciudad de Zurich, el Perú aún no ha visto ni un dólar de los 104 millones bloqueados en Suiza.

¿Dónde están las fallas? Todo indica que están en el Perú y su administración de justicia, como nos lo confirma Inés Arias, secretaria ejecutiva de la Mesa de Repatriación, una instancia que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil peruana y suiza para vigilar el proceso de repatriación.

En un reciente viaje a Suiza Inés pudo compartir sus preocupaciones con representantes de la sociedad civil suiza y con la misma fiscal Cornelia Cova. "Hasta final de abril la fiscal Cova tuvo que devolver todas las cartas rogatorias porque no cumplían con los requisitos formales." No es que una carta rogatoria pidiendo la continuación del bloqueo de las cuentas sea una cosa del otro mundo: basta con enviar evidencias de que se están investigando los casos y dar una razón del porqué las cuentas suizas son sospechosas.

¿Por qué entonces los retrasos? Por un lado, por el desconocimiento de trámites; por otro, la falta de coordinación  entre las distintas instancias de la administración de justicia, la precariedad de sus medios de trabajo y largos trámites burocráticos estorban un procedimiento más efectivo.  Lamentablemente, los únicos beneficiarios de estos impasses son los implicados en la red de corrupción. Es de esperar que los jueces y fiscales logren agilizar los trámites de repatriación; si no, los dineros, en especial los diez millones de Víctor Joy Way, corren el peligro de ser desbloqueados.

El gustito amargo de la Ley de Colaboración Eficaz

Hay dos posibilidades para repatriar el dinero de Suiza: la primera es con una sentencia ejecutable en contra de los titulares de las cuentas; la segunda, que las personas titulares pidan que el dinero venga al país. No lo suelen hacer gratuitamente, sino a cambio de beneficios que les otorga la Ley de Colaboración Eficaz. Así, por traer 22 millones a su nombre desde Suiza, los tres traficantes de armas israelíes no solo recibieron la absolución de toda pena, sino que se pueden quedar con 700 000 dólares. "Objetivamente, negociar acuerdos con los inculpados es la única vía razonable para obtener algo. Porque lamentablemente el Código Penal peruano prevé penas tan bajas para los delitos de corrupción que hasta sin acogerse a la colaboración eficaz ellos habrían obtenido una pena muy reducida", informa Inés Arias. "Sin embargo", añade, "te queda un gustito amargo porque esa gente hasta sale recompensada por la ley."

Señala el caso del dictador difunto Sani Abacha, de Nigeria, que tenía más de 600 millones de dólares escondidos en cuentas suizas. Un arreglo entre el gobierno nigeriano y los herederos de Abacha acabó por dejar a estos la "modesta" suma de 100 millones. Los herederos del difunto Fernando Marcos, otro ex titular famoso de cuentas suizas, no solo se siguen peleando con el gobierno filipino por la pertenencia de los millones, sino además volvieron a ocupar cargos públicos en las Filipinas (véase recuadros). ¿Qué lecciones nos pueden dar estos casos para el Perú?

"La impunidad se ha impuesto tanto en Nigeria como en las Filipinas. Eso no debe suceder en el Perú." Para Inés Arias y la Mesa de Repatriación, el "sencillo" caso de repatriación se ha vuelto un tema mucho más espinoso de lo que pensaban. "Vemos que la lucha contra la corrupción ha desaparecido del primer plano de la atención pública." Además, la Mesa de Repatriación está preocupada porque muchos fondos mal habidos están sin detectar en cuentas del extranjero. Por eso la sociedad civil se ha propuesto vigilar los pasos legales necesarios en el Perú para que los dineros mal habidos vuelvan al país. Al contrario, los lejanos escenarios filipinos y nigerianos podrían pronto convertirse en amarga realidad nacional.

 

Nigeria:
¿100 millones para los ladrones y el resto para el FMI?

Después de la muerte del dictador de Nigeria Sani Abacha en 1998, en Suiza se bloquean sus cuentas por un valor de más de 500 millones de dólares en distintos bancos suizos. Estos últimos no eran nada inocentes del caso, porque aceptaron el dinero a sabiendas de que era mal habido.

Entonces se desata una fuerte batalla judicial entre los herederos de Abacha y el Estado nigeriano sobre la pertenencia de los fondos. El 17 de abril de este año llegaron a un acuerdo en Ginebra que parece satisfacer a todos: la familia Abacha devuelve mil millones de dólares (en cuentas en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Gran Bretaña) a Nigeria, los bancos suizos se deshacen de estos dineros vergonzosos, y la familia Abacha está absuelta de toda inculpación, además de quedarse con la suma de 100 millones.

Luchar por la repatriación de la suma completa y además sentenciar a los Abacha le habría costado al Estado nigeriano años de batalla en los tribunales, sin pronóstico seguro. Sin embargo, como lo comenta una periodista de Le Temps de Ginebra, es otro caso de corrupción en el que no se ha llegado a hacer justicia. "A pesar de todas las evoluciones recientes, el sistema legal internacional parece aún tener mucha clemencia con los corruptos." Si los 500 millones para Nigeria algún día llegarán al país africano, es más que inseguro. El acuerdo prevé que el dinero se deposite en la cuenta de Nigeria en el Banco de Reglamentos Internacionales que tiene su sede en Basilea. Las instituciones internacionales deben vigilar por su uso. (Según un rumor que nos ha llegado, el FMI ya sacó sus tentáculos para reclamar ese dinero y cobrar la deuda externa de Nigeria.)

 

Filipinas:
Dieciséis años de disputa sobre pertenencia de los dineros

A 540 millones de dólares ascendieron las cuentas suizas del ex dictador de Filipinas Ferdinand Marcos, muerto en 1989 en el exilio en Hawaii. Después de una larga batalla judicial, Suiza devolvió ese dinero en 1998 a una cuenta cerrada en Filipinas, aunque no existía ningún fallo ejecutable en contra de los Marcos.

Desde entonces la pelea por los fondos se trasladó a las Filipinas: la familia Marcos –la viuda Imelda y tres hijos–, reinstalados tanto en la política como en el jet set de las Filipinas, afirman que les pertenece legalmente por salir de negocios privados y no de las arcas del Estado. El Estado filipino, en contra, reclama ese dinero como propiedad del Estado y anuncia que lo quiere usar para una reforma agraria.

El último fallo de la corte anticorrupción "Sandiganbayan", del 1 de febrero del 2002, rechazó la reclamación del Estado por esos fondos y dio la razón a la familia Marcos. La batalla judicial continuará.

Pero hay una tercera parte en el asunto: en 1992 unas 10 000 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Marcos, representadas por el abogado estadounidense Robert Swift, ganaron un pleito contra el Estado filipino. Un tribunal de Hawaii les concedió una reparación de dos mil millones, pagables de las cuentas suizas. Por miedo de quedarse con nada debido a la pelea sobre la pertenencia de los fondos, las víctimas acordaron con la familia Marcos una reparación de 150 000 dólares de los fondos suizos en disputa.

El hecho de que las víctimas, representadas por Robert Swift, negociaran con los antiguos torturadores, causó una ruptura entre las organizaciones de derechos humanos en Filipinas.

Hasta ahora ninguna parte ha visto ni un dólar de los famosos fondos. Única noticia buena: en dieciséis años de acumulación de intereses, el monto en disputa ha ascendido a 660 millones. (HW)