Transición democrática y Fuerzas Armadas

En nuestro número anterior les presentamos parte de la entrevista con Felipe Agüero, reconocido académico especialista en temas de Defensa y Fuerzas Armadas. Esta vez, la edición de sus opiniones sobre estos temas en el marco de las experiencias de transición española, chilena y argentina.

ESPAÑA:
Un caso excepcional de transición pactada

La transición española fue, en términos militares, extraordinariamente difícil, ya que se enfrentó al ejército franquista: es con estas Fuerzas Armadas que se llega a la transición; con ellas muere Franco y a ellas se enfrenta Adolfo Suárez. España era entonces el país de los pronunciamientos militares. Sin embargo, a partir de 1982 nadie habló más del problema militar.

Este cambio paradigmático se caracterizó por tres elementos centrales: 1) una voluntad expresa de la elite política de ponerle el cascabel al gato, pues era indispensable para la modernización y legítima europeización de España; 2) una mayoría política en el Congreso que favoreció la enorme cantidad de proyectos legislativos necesarios para implementar la reforma militar en el terreno de la justicia, de las definiciones constitucionales y las leyes orgánicas; 3) el factor internacional: la participación de la OTAN fue decisiva en la consolidación de la modernización democrática del Ejército español. La ausencia de este tercer factor resulta especialmente notoria en el caso de América Latina, por lo que somos nosotros mismos los responsables de generar nuestras propias oportunidades en el terreno internacional.

Se suele ver a la transición española como modelo, pero hay que tener cuidado de no caer en el vano intento de generalizar aspectos propios de este caso particular; por ejemplo, la idea de la transición pactada.

Si en el caso español se puede hablar de transición pactada, no se debe tan solo a los pactos de la Moncloa, o a las conversaciones de Adolfo Suárez con Felipe González, con Santiago Carrillo, o a la ley para la reforma política que disolvió las cortes franquistas, sino principalmente al carácter consensual de la Constitución española, producto de la Asamblea Constituyente instaurada por la primera elección democrática. Algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso chileno, donde lo que hubo fue una transición auspiciada por una Constitución autoritaria y donde no se ha dado –hasta el día de hoy– un diálogo libre respecto de la Constitución que el país quiere y se merece.

En el caso español, esta transición pactada fue posible gracias al esfuerzo de todos los sectores políticos, motivados por la memoria de los horrores de la guerra civil y la firme voluntad de evitar su repetición. Elemento que permite una cierta comparación con el Perú, pues si bien en el caso peruano no existe el hito de la guerra civil española, sí observamos elementos comparables producto de lo ocurrido en las últimas décadas: muertes, inestabilidad, violaciones de los derechos humanos. Frente a ese pasado, al Perú se le presenta hoy una oportunidad única de alcanzar un consenso real y positivo.

CHILE:
La necesidad de una reforma constitucional

En el caso chileno tenemos un consenso parcial dirigido a posibilitar la transición a un presidente civil y a las elecciones competitivas, pero que dejó intactos aspectos claves heredados de la Constitución de Pinochet. Como ejemplos de esto último podemos enumerar la inhabilidad del Presidente de disponer de los cargos superiores de las Fuerzas Armadas o el rol y la composición del Consejo de Seguridad Nacional, pues aunque se ha eliminado la presencia militar mayoritaria y es ahora posible un empate, el voto presidencial para la designación de senadores vale aún lo mismo que el del comandante de la Marina.

Elementos como estos resultan impresentables en un país que aspira a ser moderno y democrático, por lo que se impone la necesidad de una reforma constitucional. Si una reforma carece de soporte constitucional, inclusive cuestiones positivas ocurridas en el ámbito militar resultan asuntos ideados, diseñados e implementados por los pliegos militares, y acompañadas desde el Ministerio de Defensa. Estas cuestiones deberían ser dirigidas por el gobierno, para lo cual necesita dotarse de facultades que la Constitución chilena no le otorga actualmente.

El terreno es hoy especialmente propicio para una reforma constitucional: existe cierto consenso entre los líderes de oposición que apoyan esta reforma y no es posible ya mantener disposiciones constitucionales tan retrógradas. Además, considerando la eventualidad de un gobierno diferente en Chile como el de Joaquín Laven, a este no le va a interesar tener jefes del Ejército de los cuales no pueda disponer.

Sin embargo, existen aún algunos entrampamientos que podrían retardar este proceso: a la oposición le interesan ciertos aspectos de la reforma constitucional, y al gobierno otros. Así, la oposición busca apoyar la reforma constitucional siempre y cuando no se reforme el sistema electoral, mientras el gobierno busca reformar la Constitución siempre que se apruebe todo, inclusive lo relativo al sistema electoral, en la parte que resulta injusta y constituye a la vez una herencia autoritaria.

Vale destacar que, a pesar de este legado autoritario, se ha logrado imponer durante el breve mandato del presidente Lagos cierto principio de autoridad, aunque carezca de respaldo constitucional, así como una cierta normalidad y aciertos muy interesantes como el nombramiento de una ministra de Defensa efectivamente respetada y de gran porte simbólico, pues es hija de un general asesinado por la dictadura de Pinochet.

ARGENTINA:
Una transición de éxito relativo

Con la derrota de las Malvinas, Argentina se enfrentó a una auténtica posibilidad de cambios, a una verdadera oportunidad de transición. Transición que, finalmente, si bien no supo aprovechar todos los caminos abiertos, sí pudo explotar los fundamentales, por lo que podemos hablar de un éxito relativo.

Se trató de un proceso exitoso en tanto hizo posible que las fuerzas militares no tengan ya ninguna injerencia legítima en política, lo que ha propiciado un cambio positivo en su misión. Debería considerarse también para el resto de América Latina el uso más activo de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales de paz, pues la experiencia argentina demuestra que esto ayudó a cambiar mentalidades y modernizar a las Fuerzas Armadas.

Decimos que este proceso de transición ha sido solo relativamente exitoso porque el Poder Ejecutivo, el Congreso y las fuerzas políticas no persistieron en algunos cambios fundamentales emprendidos inicialmente. Así, el debilitamiento de los militares en Argentina no ha ido necesariamente acompañado del fortalecimiento del órgano civil político de dirección, como podría haber sido si se hubiera seguido potenciando al Ministerio de Defensa. Lamentablemente, el resultado de esta omisión es que hallamos actualmente un ministerio trunco, cojo y profundamente implicado en las dificultades económicas por las que atraviesa el país.