Tambogrande:
"No van a sacar los huesos de nuestra madre
tierra"
Por qué todo un pueblo rechaza la promesa de oro
Hildegard Willer
El 74% de la población concurrió a la consulta
popular del 2 de junio y el 98% dijo NO a la empresa minera Manhattan. ¿Puede
prescindirse de resultados tan contundentes?
"Eso no
puede ser, que la minera entre a Tambogrande", dicen al unísono doña
Eugenia y su hija Margarita*. Son dueñas de una bodeguita a dos cuadras de la
Plaza de Armas de Tambogrande, a unos 90 kilómetros al este de Piura, donde esa
tarde se están reuniendo más de 2000 pobladores por el cierre de campaña del
Frente de Defensa de Tambogrande.
Doña Eugenia cuenta con grandes ojos que la minera
Manhattan, cuando entró por primera vez al pueblo en 1999, pagó jornales de 100
soles a sus trabajadores y 1500 soles "a muchachas sin ninguna preparación
para hacer propaganda para la empresa". Su voz vacila entre la indignación
y la incredulidad por esas sumas inauditas en Tambogrande. Es probable que las
cifras correspondan más a un mito que a la verdad. Pero un mito que no ha
calado hondo.
A pesar de que la alguna vez vitrina de la agricultura
peruana, el valle de San Lorenzo, no provee de riquezas a sus hijos, el rechazo
a la mina es más fuerte que la tentación del oro que yace bajo el pueblo. A
tres días de la consulta vecinal para que los ciudadanos den su voto a favor o
en contra de que la minera Manhattan explote los yacimientos mineros de
Tambogrande, la consigna es "Por la vida y el agro, no a la minería".
El lema se encuentra en todas las puertas, en las banderolas que penden en las
calles, y hasta las mototaxis hacen propaganda por el "no". ¿Dónde
está el "sí"?
El señor Roberto Obradovich es gerente peruano de la minera
canadiense Manhattan Sechura y reside en una oficina en San Isidro, Lima. En la
pantalla de su lap top muestra
su visión del desarrollo de Tambogrande: el tajo abierto rodeado de árboles en
lo que es ahora el centro poblado, 2000 casas reubicadas al otro lado del
pueblo y una gran zona de infraestructura minera. Todo ordenado, todo previsto
para que la población se sienta bien en sus nuevas casas modernas y, además,
tenga puestos de trabajo, hospital y escuelas nuevas.
No cabe duda de que Obradovich, con su carisma y jovialidad,
puede convencer a los accionistas canadienses y a una u otra periodista
capitalina de las bondades del proyecto; ni hablar de un gobierno nacional en
serios apuros económicos. Solo que no logró convencer a los tambograndinos de
que la mina que él pretende explotar en Tambogrande sea su gran oportunidad de
desarrollo.
¿Quién decide sobre el
desarrollo local?
La tragedia de todo radica en que nadie, ni el gobierno ni
la empresa minera –y, lamentablemente, tampoco la ley–, consideraron necesario
consultar desde un inicio a la población de Tambogrande si estaban de acuerdo
con tener una mina de tajo abierto en su pueblo. No se les consultó si el
modelo de desarrollo nacional que escogió el gobierno les conviene para su
desarrollo local.
Cuando, en 1999, el gobierno entregó la concesión de los
yacimientos mineros de Tambogrande a la Manhattan –algunos dicen que
anticonstitucionalmente, por su ubicación en zona fronteriza con Ecuador–, no
había contado con la resistencia de los pobladores. La exploración minera en un
centro poblado y en una región de agricultura intensiva, como lo es el valle de
San Lorenzo, es un caso sui generis,
no solo en el Perú sino en el mundo entero, donde hay apenas dos o tres casos
parecidos.
El conflicto era previsible, pero el gobierno se retiró del
asunto y dejó el campo de batalla a la empresa minera y a los pobladores. Una
batalla que costó la vida al dirigente Godofredo García Baca, asesinado en
circunstancias aún no del todo aclaradas, y que resultó en actos violentos
contra instalaciones de la empresa que por fin tuvo que retirarse de
Tambogrande e instalarse en Piura.
Cuando por fin, en octubre del 2001, el Ministerio de
Energía y Minas tomó cartas en el asunto y convocó a una mesa de diálogo, las
posiciones ya estaban demasiado cerradas. El diálogo fracasó en el punto de la
consulta vecinal. Los tambograndinos querían una consulta antes de que se
presentara el Estudio de Impacto Ambiental, y el Ministerio insistió en el
procedimiento legal. La ley prevé audiencias públicas en las que la población
puede objetar el proyecto con base en el estudio, pero no dar un veto al
proyecto en sí. El alcalde y los dirigentes rechazaron la propuesta del
gobierno y decidieron hacer su consulta por su cuenta.
Votar por el
"no": un deber ciudadano
Domingo 2 de junio: El pueblo parece de fiesta nacional. La
gente hace cola delante de los seis centros de votación. Muchos pobladores han
venido de caseríos lejanos. Policías velan por el orden, miembros de mesa
buscan los nombres de los votantes en el padrón electoral y no falta ni la
tinta para el dedo, signo visible de haber cumplido con el deber ciudadano.
En el Mercado Central de Tambogrande, los comerciantes están
más que contentos: 74 por ciento de la población vino a votar, y la mayoría de
ellos, sobre todo los del campo, aprovecharon el acto electoral para darse una
vuelta por el mercado. "Ha venido más gente que el día de las elecciones
presidenciales", comenta una comerciante.
Como periodista y además gringa, no es fácil romper la
desconfianza de la gente. ¿Acaso vienes de la empresa? Cuando escuchan
"revista ideele", me
rodea una decena de hombres con intenciones nada amables. Necesitan como cinco
minutos de explicaciones y una carta del director, que es minuciosamente
estudiada, hasta que la gente se convence de que la revista ideele de Lima nada tiene que ver con
La Revista Dominical. El hecho
de que el periodista Nicolás Lúcar los haya difamado como terroristas, ha
ofendido profundamente a los tambograndinos. De hecho, el tiro le salió por la
culata: ante las difamaciones a escala nacional; ante el retiro de las
entidades estatales, primero del gobierno, después de la ONPE; ante las
acusaciones abiertas y disimuladas de que toda la consulta era una manipulación
de dirigentes radicales y de que era ilegal, los tambograndinos se han unido
más.
Votar por el "no" se convirtió en deber ciudadano
tambograndino. "Voté por el ‘no’, primero, por ser hijo del pueblo;
segundo, por ser Tambogrande un pueblo agrícola; y, tercero, por el futuro de
nuestros hijos", se escucha más de una vez.
También el señor Obradovich piensa que su pleito con los
tambograndinos se debe a la manipulación de dirigentes extremistas y a que la
población había dado un voto desinformado. Tal vez una "conversa" con
el señor Villegas le podría enseñar que su problema de comunicación con el
pueblo de Tambogrande tiene antecedentes históricos y que el gobierno no le
dijo todas las verdades sobre los rebeldes tambograndinos.
El señor Villegas es presidente de la Asociación de
Comerciantes del Mercado y de su asentamiento humano. Con lápiz y un bloc de cuentas en mano, expresa su
indignación ante el desentendimiento del gobierno. "El problema no viene
de la Manhattan. Yo tengo cincuenta y seis años y desde niño conozco este
problema con la mina de Tambogrande", cuenta el dirigente.
El descubrimiento del yacimiento minero data de 1850. Tanto
en los años sesenta cuanto en 1981 los pobladores protestaron contra la
explotación minera de la zona, cuando sacaron con sus protestas a la minera
francesa BRGM. "A mí no me digan que estoy desinformado; los desinformados
son los políticos en Lima. Tal vez no sabemos hablar tan bien como ellos, pero
sí sabemos decir sí o no. Mire cómo la gente ha venido voluntariamente de los
caseríos; están desesperados por dar su opinión."
El señor Villegas cuenta cómo los de la Manhattan llegaron a
su casa ofreciéndole una gran suma de dinero. Después lo vino a buscar gente de
Construcción Civil de Piura tratando de convencerlo de lo provechoso del
proyecto. "En eso me acordé de las palabras de nuestro presidente difunto
del asentamiento humano: ‘para sacar los huesos de nuestra madre tierra que nos
sostiene tendrán que ir sobre nuestros cuerpos’". Dijo "no" a la
empresa, porque no quiere vender el futuro de sus hijos. A la vez, hace un
reclamo al gobierno: "Aquí se tiene que explotar la naturaleza; que el
Estado invierta en la agricultura".
El señor Obradovich le contestaría, probablemente, que la
minería moderna no afectaba la agricultura, que más bien la podría incentivar,
que podrían coexistir perfectamente, y que su negocio de abarrotes afloraría
como nunca con una mina en el pueblo. Y que existían muchos prejuicios contra
la minería. En esto último tiene razón. Lo que pasa es que son prejuicios que
no carecen de razonamiento: a pesar de que las inversiones mineras traen
divisas al país, ellas han sido objeto de cuestionamientos ecológicos y
sociales.
¿Hasta qué punto las mineras aportan a un desarrollo
sostenible en los niveles local y regional? ¿No será demasiado alto el costo
ecológico y social frente a los beneficios? ¿Quiénes vigilan el cumplimiento de
las leyes y los contratos de concesión? Esas preguntas sin contestar han
generado un malestar generalizado contra la inversión minera y constituyen el trasfondo
del caso Tambogrande. ¿Acabaría la mina con la agricultura en el valle? Aun sin
tener el Estudio de Impacto Ambiental para Tambogrande, el sentido común dice
que es muy probable que un tajo abierto en el pueblo de Tambogrande contamine
el agua, y que el fuerte viento norteño desparrame las tierras sulfúricas sobre
las plantaciones de limón y mango. Causaría un daño serio a los pobladores y al
desarrollo agrícola en el valle de San Lorenzo, ya que el mango se vende en el
extranjero y allí los consumidores reaccionarían muy sensibles a posibles
ingredientes no tan sanos.
El oro de arriba y el
oro de abajo
"Hay tantas zonas mineras en el país, que no son ni tan
pobladas ni son zonas agrícolas. Yo digo que las mineras exploten esas zonas, y
que en Tambogrande se impulse más bien el agro." Lo dice el alcalde,
ingeniero Alfredo Rengifo. El día de la consulta vecinal es su día. Nunca antes
lo había perseguido tanta prensa; nunca antes habían venido tantos observadores
internacionales a invitación de la municipalidad; nunca antes Tambogrande y su
alcalde se habían convertido en centro de la atención nacional.
El alcalde Rengifo está indignado por las declaraciones del
viceministro de Energía y Minas, quien dijo que en Tambogrande podían hacer
todas las encuestas que querían, y que eso no obligaría al gobierno a nada.
"A nosotros nos han llamado terroristas, pero la violencia verdadera es
eso, decir que el voto del pueblo, la opinión del pueblo, no vale nada."
Si el gobierno no respeta el voto del pueblo, advierte el alcalde, apelarán a
todas las instancias, "y como último recurso recurrimos a la resistencia
pacífica a lo Gandhi".
A las cuatro cierran los locales de votación. Los pobladores
de los caseríos ya han emprendido su camino de regreso, y los tambograndinos
descansan después de una jornada electoral sin mayores incidentes. Doña
Eugenia, reclinada sobre la puerta de su bodega, me saluda. Por supuesto que ha
votado por el "no". "¿Ves que somos un pueblo pacífico?",
me grita llena de orgullo tambograndino.
A unos quinientos metros de su bodega se eleva el cerro que
dio origen a toda la disputa. Desde el mirador se puede apreciar, íntegro, el
valle de San Lorenzo. El sol –el oro "de arriba", lo había llamado
una muchacha en el mercado– se está poniendo sobre el río, sobre los árboles de
limón y de mango, sobre los arrozales que se extienden hasta donde el ojo
alcanza. Bajo los pies del Cristo que vela sobre el valle yace el oro "de
abajo". ¿Podrá seguir descansando en paz?
Una perifoneada voz anónima saca del idilio a las parejas
que suelen citarse en el mirador. "El conteo de los votos de la consulta
vecinal da la victoria rotunda al ‘no’ a la minería, 98 por ciento se han
expresado en contra de la minería." Y continúa sin pausa: "Para la
cosecha de ají y páprica se necesitan cincuenta mujeres y diez hombres. Que se
presenten a las cinco de la mañana en el paradero. Jornal: 10 soles". El
pueblo de Tambogrande ha dado su voto.
* Nombres
cambiados.