Entrevista con José Zalaquett

Hay que cuidar lo mucho que hemos avanzado

José Zalaquett es una de las personas más valoradas en el mundo de los derechos humanos. Es que combina dos rasgos que son claves para lograr resultados en este campo por momentos tan a contracorriente: alto nivel profesional y calidad personal. Pese a moverse entre estándares universales, es a la vez muy libre en su pensamiento –antiideología, diríamos en el IDL–, lo que para nosotros es una virtud más. Actualmente es profesor de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta primera parte de la entrevista contiene sus ideas sobre el estado actual del Sistema Interamericano de derechos humanos y sobre experiencias de Comisión de la Verdad.

 

¿En qué términos plantearía usted hoy los temas de especial interés para la actual Comisión Interamericana?

Por supuesto, la Comisión se interesa por la protección de todos los derechos humanos contenidos en las declaraciones y convenciones interamericanas, pero nuestra carga de trabajo y los tipos de casos que vemos en un momento determinado dependen de la situación de los distintos países y de la iniciativa de los peticionarios. En la actualidad hay mucho menos casos que responden a esas políticas centralizadas de violaciones masivas que estaban dirigidas a mantener las dictaduras militares de antaño.

Sin embargo, se dan otras graves formas de violencia que está abordando la Comisión. Recibimos, naturalmente, numerosas peticiones de Colombia. También de Haití, país que vive una grave inestabilidad política. Asimismo, la Comisión examina casos de violencia que provienen de bandas armadas al servicio de poderosos intereses particulares, o bien de grupos clandestinos adscritos a la Policía. En tales casos, uno de los puntos que la Comisión considera es si se ha incumplido la obligación de los estados de prevenir o investigar los crímenes violentos, esto es, la obligación de "garantizar" los derechos.

Nos llegan también muchos casos sobre libertades civiles, en particular libertad de expresión. Asimismo, recibimos peticiones sobre la protección de determinados sectores vulnerables, como por ejemplo niños, mujeres, trabajadores migrantes. Sobre tales temas, la Comisión ha instalado relatorías especiales.

Numéricamente, ¿de cuántos casos estamos hablando?

Las estadísticas del Informe del 2001 señalan algo más de mil casos, comprendiendo todo lo que llega, incluso las peticiones que terminan archivándose o siendo declaradas inadmisibles.

Además, debe de ser difícil que se pongan de acuerdo todos los miembros de la Comisión, sobre todo ahora que casi todos son personas que conocen muy bien de derechos humanos, en términos teóricos y prácticos.

Es cierto que hace quince años hubiera resultado impensable que la Comisión estuviera conformada por personas con una trayectoria tan marcada en la defensa de los derechos humanos como la de Juan Méndez, Bob Goldman y Susana Villarán, entre otros. Se trata sin duda de personas que en los ochenta no hubieran tenido posibilidad de ser elegidos por los gobiernos para este tipo de función. Esta es una prueba clara de que la Comisión se está fortaleciendo.

Y, entonces, ¿cuán fácil o difícil es ponerse de acuerdo entre estas personas que en los ochenta no hubieran tenido ninguna posibilidad de ser comisionados?

Los puntos se argumentan a veces con gran pasión intelectual, lo que, en mi opinión, es muy sano. Por supuesto, es un debate racional y con fundamentos no solo éticos sino también jurídicos. Además, el staff de la Comisión, que incluye muchos abogados de nuevas generaciones, tiene un fuerte compromiso intelectual y moral con esta labor. Es verdaderamente estimulante.

Entre los comisionados casi siempre llegamos a acuerdo, pero a veces se usa el voto razonado, que concurre junto al voto mayoritario pero por distintas razones, o incluso el voto disidente. Ahora, es cierto que estas alternativas no se dan en la Comisión tanto como en la Corte, y la razón es que nuestra función no es propiamente jurisdiccional sino investigadora e informativa, de promoción y de cierta mediación en la búsqueda de un acuerdo amistoso.

¿Y cómo se explica la carga de casos por países?

Las cifras que he mencionado demuestran que se está desarrollando una mayor capacidad de actuar desde la base, desde los peticionarios, hacia los órganos de protección (Comisión y Corte). Los países en los que más se ha desarrollado esta capacidad tienen, naturalmente, un mayor número de peticiones; es el caso, por ejemplo, de Argentina. Por eso mismo, el número de peticiones no es necesariamente un indicador de un ránking de gravedad de la situación, sino que depende de una combinación de factores: los problemas del país más la capacidad de acceder al sistema, el know how de los grupos de derechos humanos, abogados, organizaciones, etcétera.

Hace relativamente poco, el Sistema Interamericano demostró fragilidad, cuando el retiro del Perú de la competencia –según nuestra apreciación– lo hizo tambalear. ¿Usted diría que esta situación ha cambiado y que ahora el Sistema se está fortaleciendo?

Si bien en un momento los gobiernos del Perú, Trinidad y Tobago y algunos otros manifestaron reticencias o reservas, recientemente hemos observado un fuerte reconocimiento de la importancia de nuestra labor, así como una voluntad de cooperación expresada en reuniones de cooperación o en declaraciones conjuntas con el propio gobierno del Perú, así como con los de Brasil y México. Algunos países han expresado su interés por encontrar soluciones globales a los problemas que están en manos de la Comisión, sin perjuicio de ver cada caso, en el marco de una política de puertas abiertas. Esto sin duda indica un respeto al trabajo de la Comisión.

Es que hemos avanzado mucho. Ya no estamos en la época en que la Corte no tenía más trabajo que evacuar opiniones consultivas. Todavía vamos a la zaga del sistema europeo, pero en unos quince o veinte años, y no en cuarenta.

Resulta relevante, además, que tanto la Comisión cuanto la Corte tengan ahora nuevos reglamentos que enfatizan el seguimiento del cumplimiento de las decisiones y un envío más sistemático de casos pertinentes desde la Comisión a la Corte. Esto último resultará en una mayor carga de trabajo para la Corte, cuyos casos litigiosos no superan la cincuentena, porque ahora la regla general es que todo caso en que la Comisión ha concluido que se han violado los derechos humanos y no ha habido solución amistosa o cumplimiento de recomendado, se envíe a la Corte, salvo que haya una poderosa razón en contra.

Debido a esta rápida expansión, hay que cuidar al Sistema en términos de rigor profesional; nos preocupa, por ejemplo, que si no solucionamos el serio problema de recursos que tenemos (el sistema europeo tiene muchísimo más staff y cuenta con miembros a tiempo completo), el aumento de la carga de trabajo puede resultar en mayores demoras o presionar hacia la baja los estándares de calidad.

Hasta hace poco se temía que prosperaran las iniciativas que planteaban la fusión de la Comisión y la Corte. ¿En qué han quedado?

Aunque se ha descartado temporalmente la idea de la fusión, que se inspira en el modelo europeo, estoy seguro de que se replanteará con fuerza en el futuro, quizá no en los próximos cinco años pero sí en diez o más. Lo veremos en su momento, pero la dualidad del Sistema Interamericano nos sirve bien ahora.

¿Y cómo se está avanzando en el Sistema en la construcción de estándares respecto de derechos económicos y sociales, algo que –como sabemos– es bastante más complejo que en relación con los civiles y políticos?

Sí, naturalmente es más fácil determinar criterios de incumplimiento cuando se trata de una violación de la obligación del Estado de "respetar", esto es, de no violar determinados derechos –no matar, no censurar, no encarcelar arbitrariamente, no torturar– que cuando se trata de garantizar o promover derechos, o de cumplirlos progresivamente, lo que supone medidas activas de políticas públicas que están, por su propia naturaleza, abiertas a mayores controversias y diferencias de opinión.

Esto último es lo que ocurre en general en el ámbito de los derechos económicos y sociales, con la excepción de algunos de ellos –por ejemplo, ciertos derechos laborales y el derecho a no ser discriminado–. Estos últimos imponen también obligaciones de carácter negativo (como en el caso de los derechos civiles y políticos), aunque incluyan obligaciones complementarias de tipo positivo.

En suma, los derechos económicos, sociales y culturales imponen en general obligaciones "de medio o de comportamiento". Se ha avanzado en la determinación de estándares para juzgar si el comportamiento o los medios que emplea el Estado son idóneos, pero es preciso reconocer que hay muchos interrogantes sobre desarrollo económico o políticas sociales respecto de los cuales las normas o la teoría de derechos humanos no tienen respuestas.

Un punto importante sobre derechos económicos, sociales y culturales es que los estados cumplan su obligación de informar de sus avances a los organismos internacionales de protección y que dichos informes sean transparentes, de modo que la sociedad civil sea capaz de contribuir al debate sobre las medidas económicas y sociales.

Pensando en el Perú, ¿qué ocurre cuando un régimen democrático hereda una deuda de casos de violaciones de derechos humanos que están corriendo en el Sistema? ¿El Sistema contempla algún mecanismo especial para ayudar a sanear la situación? ¿Qué ventajas tiene un Estado que demuestra que quiere cumplir con el Sistema?

La pregunta tiene que ver con dos temas. El primero: asumir la continuidad de la responsabilidad del Estado. Si un gobierno benévolo sucede a uno cuyas acciones han sido condenables, el Estado continúa obligado a responder por las violaciones del pasado y el nuevo gobierno deberá hacerse cargo de enfrentar el peso de esa herencia. Esto tiene un claro fundamento en el derecho internacional. Más aún: recordemos que la responsabilidad del Estado puede quedar comprometida no solo por actos u omisiones del gobierno de turno que ejerce poder ejecutivo, sino también por actos u omisiones del Congreso o del Poder Judicial.

Segundo, el juicio que se tenga sobre las intenciones y conducta del nuevo gobierno es principalmente de carácter ético o político: el nuevo gobierno puede actuar de buena fe y aun así puede continuar comprometida la responsabilidad legal del Estado, aunque el juicio moral o político respecto de tal gobierno de turno deba ser indulgente o incluso aprobatorio.

Sobre la buena fe de los estados, recordemos que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana que dispone que, en caso un Estado viole sistemáticamente los derechos humanos, la carga de la prueba se alivia para el peticionario. En cambio, en el caso de un Estado que puede tener problemas endémicos, situaciones aisladas o deficiencias en el aparato estatal, pero que no lleva adelante una política de violación de los derechos humanos, sino un esfuerzo honesto por cumplir con las reglas del Estado de derecho, la carga de la prueba para demostrar la violación descansará sobre todo en el peticionario.

Ante un gobierno dispuesto a enfrentar un legado de violaciones de derechos humanos, se debe buscar combinar
una voluntad de vigilancia crítica con un espíritu de cooperación.

 

La Comisión de la Verdad como experiencia refundacional

Las Comisiones de la Verdad suelen ser un componente central en políticas de contenido refundacional después de un quiebre radical de un sistema político, o de la ruptura de una convivencia civilizada que ha derivado en violencia, violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, corrupción o graves injusticias sociales.

Lo que se busca en tales casos es construir o bien recomponer una especie de contrato social, esto es, una alianza nacional con un basamento moral. Esto supone construir una memoria colectiva de lo sucedido, así como que todos los sectores involucrados reconozcan la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y la sociedad formule un "Nunca Más", es decir, la firme determinación de que jamás vuelvan a ocurrir. De este modo se apunta a reafirmar los valores transgredidos, recuperar la dignidad de los ultrajados, reparar hasta donde se pueda los males causados y rescatar del olvido a las víctimas. Se trata, en suma, de políticas encaminadas a construir un orden justo sobre los escombros de la división, la corrupción, la guerra civil y las violaciones de derechos humanos.

En situaciones en las que no existe suficiente conciencia de la magnitud de lo ocurrido, es crucial que haya un importante grado de reconocimiento de los distintos actores de la sociedad de lo que realmente sucedió. Quienes participaron en las violaciones del pasado, sea como dirigentes políticos, gobernantes, militares o guerrilleros, deberían reconocer lo ocurrido y admitir que ciertos hechos son siempre condenables, independientemente de la causa que se persiga.

Por supuesto, la fórmula precisa para construir una memoria social varía de país en país. En algunas naciones se comenzó este proceso partiendo por rescatar la dignidad de los más postergados, que son por lo común los que más sufren, permitiendo que se oyera su voz y que la historia de su drama personal, familiar o comunitario alcanzara difusión pública. Sudáfrica lo hizo así, y creo que el Perú está incorporando aspectos de esta experiencia. En otros países, como Chile o Argentina, el énfasis se puso en hacer luz sobre crímenes ocultos que aquellos que habían apoyado a los regímenes militares se rehusaban a creer o necesitaban negar a fin de poder vivir tranquilos con su conciencia, y de exponer abiertamente tales hechos de manera que ya nadie pudiera negarlos, todo lo cual requiere una metodología distinta.

Los métodos y mandatos de las Comisiones de la Verdad pueden ser variados, pero el objetivo es el mismo: contribuir a un proceso de construcción o recomposición política y moral, permitir que cada uno se sienta parte de una sociedad de la que antes fue víctima o bien militante de alguna de las facciones que se enfrentaban de modo irreconciliable.

 

La valentía de aprender a vivir con el miedo

En el mundo de los derechos humanos se le valora mucho, pero hay a la vez quienes creen que algunas de sus posiciones son –por decirlo de alguna manera– polémicas. ¿Qué comentarios le merece tal afirmación?

Hay quienes me consideran polémico a partir de, precisamente, mi posición frente a los procesos de transición. En ese sentido, no puedo evitar seguir siéndolo y continuar explicando mi posición, de la misma manera como quienes polemizan conmigo tienen pleno derecho a defender la suya.

Yo parto de la base de que quienes trabajamos en derechos humanos gozamos de una estampa de legitimidad, inclusive a veces de un aura de heroísmo un tanto exagerada ante los ojos de la sociedad. Si por ello nos ubicamos en un sitial de superioridad y empezamos a emitir edictos éticos de carácter absoluto, podemos caer en una posición no de rectitud sino de soberbia moral.

Personalmente me inspira mucho la imagen bíblica del profeta versus el rey y lo que pasa cuando el profeta se transforma en rey. Tenemos el caso de Mandela, un profeta que pasó veintisiete años preso, un hombre de una estatura moral solo comparable a Gandhi o Martin Luther King, y que más tarde llega a gobernar Sudáfrica. Cuando estaba preso en Robin Island, la decisión de no ceder ante el gobierno y, por tanto, de seguir preso, gravitaba directamente sobre sí mismo y su círculo más inmediato. En cambio, cuando estaba gobernando Sudáfrica, sus políticas y sus decisiones seguían estando guiadas moralmente pero tenían repercusiones sobre toda su nación. No cambió su fundamental actitud ética, pero su papel sí cambió y, por tanto, sus responsabilidades.

En este debate sobre las políticas de transición y derechos humanos he enfatizado tanto los principios éticos como el sentido de responsabilidad. La mayor parte de quienes debaten estos temas actúan de buena fe, y con el tiempo las posiciones se han ido acercando. Creo que todos debemos aprender a tener un poco de modestia, a escucharnos, a no sentirnos héroes. A algunos nos tocó el privilegio de estar, en un cierto momento, en una trinchera determinada cumpliendo un noble deber. Pero todos, salvo aquellos pocos que son innatamente valientes, simplemente aprendimos a vivir con el miedo. Ese es el nombre de nuestra valentía: aprender a vivir con el miedo, como el cirujano aprende a vivir con la vista de la sangre o el bombero con el fuego, nada más.