Colombia:
¿En busca del líder "salvador" y el camino hacia el autoritarismo?
Diego Pérez G.
Complejo y lúcido análisis de lo que sucede hoy en Colombia, país con tanto potencial, pero que día a día vemos con dolor cómo va siendo devorado por una espiral de violencia sin límites. El autor, un reconocido académico y consecuente defensor de los derechos humanos de dicho país. Su mensaje, según interpretación de ideele, es claro: ante una situación complejísima, doble cuidado con los "simplismos".
Desde el pasado 20 de febrero, cuando se produjo el rompimiento de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, el país entró en una fase de escalamiento de la guerra, y ese fue el contexto en el que se celebraron las elecciones para Senado y Cámara el 10 de marzo y para la Presidencia el 26 de mayo.
Campaña electoral en medio de la guerra
A partir del rompimiento de los diálogos, las FARC centraron sus estrategias en el principio de "desgaste militar" del enemigo, es decir, responder pero no confrontar directamente a la Fuerza Pública y esperar a que la "euforia" del gobierno por la retoma de la zona de despeje (área geográfica donde se celebraban los diálogos) a través de la campaña militar denominada "Tánatos"1, con operaciones de bombardeo, ametrallamiento y fuerzas de despliegue rápido, se agotaran en sí mismas. Mientras tanto, ellos canalizarían sus fuerzas hacia la guerra en las ciudades, grandes e intermedias, a través de acciones terroristas y del traslado gradual del conflicto del campo a la ciudad.
Su segunda estrategia de guerra se dirigió contra la economía: afectar la infraestructura energética del país, torres de energía, oleoductos y puentes, apuntando al deterioro de la economía como "condición objetiva" para el ablandamiento de los gremios económicos y del gobierno, por un lado, y la generación de un levantamiento popular, por el otro.
Finalmente, una estrategia contra la clase política o la "oligarquía", a través de los secuestros para presionar un canje por sus militantes presos en las cárceles del país.
Los efectos de estas estrategias no han sido otros que la vulneración de los derechos de la población civil: una candidata a la presidencia, un gobernador, un ex ministro de Defensa y consejero departamental de paz, un senador, cinco parlamentarios más secuestrados y en poder de la guerrilla.
Agudización y ampliación (territorial) de la crisis humanitaria. Confrontación de intereses territoriales en disputa en zonas como Magdalena Medio-Nororiente, Urabá-Atrato, Pacífico de norte a sur, Arauca y Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia. Dicha crisis estaría caracterizada por la decisión de las FARC de recuperar militarmente zonas que habían perdido frente a los paramilitares; el control de los actores armados de la subsistencia y abastecimiento de las poblaciones (alimentos, medicinas, artículos de primera necesidad); las presiones sobre la comunidad y sobre las organizaciones sociales y ONG regionales para que opten por uno de los bandos en contienda y cumplan tareas específicas en el marco de la confrontación; impedir las acciones de investigación, veeduría, acompañamiento y observación de violaciones masivas de derechos humanos y del derecho humanitario; cerco a las comunidades y poblaciones, utilizándolas como escudos humanos; desplazamientos masivos en algunas regiones, y en otras resistencia colectiva a desplazarse, pero con la consecuencia de que estas últimas queden atrapadas por la confrontación y los actores, en situaciones bastante críticas de supervivencia; y limitaciones mayores para realizar la acción humanitaria.
La urbanización del conflicto: los actores buscan trasladar su guerra a las ciudades y, en ellas, aquellos territorios (barrios) periféricos que están en la cabecera de los "corredores estratégicos" serían los objetivos principales de disputa y control. Efectivamente, ciudades como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Apartadó, Turbo, Quibdó y otras como Medellín, Cali y Pasto, han sido objeto de fuerte confrontación con graves consecuencias para la población que habita en estos sectores, en su mayoría población desplazada y pobladores urbanos excluidos.
A pesar de que en días pasados la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Defensa y Seguridad (aprobada en agosto del 2001), varias de las normas y de las conductas que se habían implementado aún no han sido desmontadas. En su aplicación se afectaron derechos sustanciales de libertades individuales y colectivas (allanamientos, detenciones arbitrarias), restricciones de garantías de movilización, de opinión, violaciones al debido proceso. Si bien es cierto que, a la fecha, los decretos sobre orden público y teatros de operaciones fueron declarados inconstitucionales por la Corte, en la práctica muchas de las medidas se siguen aplicando en las zonas de conflicto.
En varias zonas del país, los grupos paramilitares presionaron y amenazaron a la población para que votaran por Uribe Vélez. Por su parte, las FARC, con sus acciones militares, buscaron aislar a varios municipios para impedir la realización de la jornada electoral. En las pasadas votaciones para Senado y Cámara, diecinueve municipios (de los 1084 que tiene el país) se quedaron sin elecciones2.
Análisis de los resultados electorales
Para aspirar a la presidencia se inscribieron once candidatos, dos de ellos mujeres. El número de personas en capacidad de sufragar es de 24 millones 208 mil 150. Escrutado el 98,99% de los sufragios, estos fueron los resultados: total de votación, 11 millones 244 mil 288; votos nulos, 148 383; votos en blanco, 195 465. Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia con el 53,04% (5 millones 829 mil 958 votos) en la primera vuelta. Veamos algunas claves para leer estos resultados.
La Constitución de 1991 consagró el sistema de la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que obtuvieran las mayores votaciones en la primera oportunidad. Esta doble vuelta, que se experimentó por primera vez en las elecciones de 1994, formaba ya parte del imaginario político de los colombianos y se quebró con las elecciones recientes, cuando Uribe ganó por mayoría absoluta.
El alto índice de abstención (53,7%). La violencia no es suficiente argumento para explicar el fenómeno. Detrás de esto está la falta de credibilidad de una buena parte de la ciudadanía en las instituciones; en el caso particular de estas elecciones pudo haber influido el hecho de que las campañas se centraron en la disyuntiva de la guerra o la paz, cuando la mayoría de los colombianos sabe que el conflicto y sus soluciones son mucho más complejos que las maniobras que pueda hacer un "líder salvador".
Ha quedado en evidencia que seguimos confundiendo la acción política con la actividad electoral. Las campañas (y los medios masivos de comunicación) no se centraron precisamente en el debate de las ideas, tesis, concepciones y programas, sino en orientar la opinión hacia la votación. El mensaje que se impuso es que lo que estaba en juego en las elecciones era la guerra o la paz, cuando lo que se jugaba en realidad era la democracia. La opinión se fue orientando rápidamente hacia el lugar común de recuperar el orden público y la seguridad a todo costo; a la legitimación de un líder que enarbole la autoridad y la norma; a mostrar en Uribe Vélez la encarnación de esa voluntad política para reconstruir la autoridad. No debemos olvidar que muchos de los regímenes autoritarios del siglo XX fueron regímenes avalados democráticamente o fueron regímenes plebiscitarios.
Las encuestas eligieron. La falta de cultura política, señalada anteriormente, se expresa en que aquí confundimos la encuesta con la elección. Una opinión pública tan mal informada y tan débilmente formada, como la nuestra, determina su voto según las encuestas. En estas elecciones predominó la teoría del "voto útil", sumarse al ganador. Las encuestas mantuvieron a Uribe Vélez en el primer lugar desde meses atrás, e importantes columnas de opinión de varios periódicos del país lo presentaron como el presidente ganador en la primera vuelta dos días antes de que se realizara la jornada electoral.
Partidos sin representación real. Como sucedió en las pasadas elecciones para Senado y Cámara y ahora en las presidenciales, tanto los aspirantes cuanto los electores juegan y recurren al rol individual en la sociedad; la mayoría de candidatos se presentan a nombre de movimientos casi con exclusivo alcance electoral. Estas elecciones colocan sobre la mesa la profunda crisis de los partidos y, por ende, las profundas limitaciones de la gobernabilidad democrática.
Un eminente peligro del unanimismo logrado en torno del liderazgo de Uribe Vélez, de las tesis de recuperación del orden público y de seguridad y de la reconstrucción de la autoridad y la norma, es la eliminación de la oposición democrática. Efectivamente: a la fecha, el ex candidato del Partido Liberal (Horacio Serpa), segundo en votación, y la ex candidata del Movimiento Sí Colombia (Noemí Sanín), que ocupó el cuarto lugar, hicieron público su apoyo y colaboración con el gobierno; mientras que Luis Eduardo Garzón, que ocupó el tercer lugar por el Polo Democrático, ha solicitado garantías para ejercer la oposición y apoyar críticamente los esfuerzos por la renegociación de la deuda y la mediación internacional para un eventual diálogo con las guerrillas.
Sin lugar a dudas, los hechos políticos más significativos de la jornada electoral del pasado 26 de mayo fueron la visita de la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, a la sede de campaña de Álvaro Uribe. Patterson estuvo acompañada del asesor político del Departamento de Estado Phillip Chicola, y la visita se realizó mucho antes de que los candidatos perdedores reconocieran el triunfo de Uribe y de que la Registraduría Nacional proclamara al nuevo presidente. Calificado como un hecho sin precedentes en la historia del país, varios analistas señalaron que la visita era el signo claro del apoyo de Estados Unidos al programa de gobierno de Uribe.
El segundo hecho tuvo que ver con el sobrio discurso del presidente electo la noche de proclamación de su triunfo. El discurso fuerte y triunfalista de campaña dio paso a un discurso en tono más conciliador, pero, sobre todo, reflejó que la realidad del país es mucho más compleja que la reducción simplista presentada en la campaña, y que para darle salidas se requiere del concurso de muchos. Esta constatación no significa, a mi modo de ver, que el presidente Uribe vaya a cambiar sustancialmente sus tesis y la orientación de una administración de mano fuerte.
Escenarios y retos del nuevo gobierno
Hay un consenso generalizado respecto de que el presidente electo debe conducir un país que atraviesa por la peor crisis de toda su historia. Estos serán los principales escenarios y retos en el futuro inmediato:
1. Enderezar la economía manteniendo la promesa de fortalecer el aparato militar
Los analistas económicos han señalado que la economía colombiana se encuentra en cuidados intensivos. Desde 1999 el promedio de crecimiento no ha pasado del 0,5 por ciento anual; el ingreso actual por habitante es equivalente al que tenían los colombianos en 1992; el desempleo llega al 18 por ciento (el más alto de América Latina); dos terceras partes de la población se encuentran en la pobreza y el 23 por ciento vive en condiciones de miseria; las finanzas públicas muestran un saldo en rojo equivalente al 6 por ciento del producto bruto interno y, en consecuencia, la deuda del sector público ha pasado del 27 por ciento en 1996 al 57 por ciento en el 2001.
A pesar de este panorama, el presidente electo se ha comprometido con el aumento de la inversión social, el aumento del gasto en defensa y la reactivación de la economía. Asimismo, ha señalado que buena parte de las sumas que se necesitan deben provenir de ahorros dentro de la propia administración pública y de esfuerzos de los contribuyentes.
Los retos para armar este rompecabezas son: mantener el ajuste fiscal poniendo el gasto público en cintura, para lo cual se propone cerrar una veintena de embajadas y consulados y cambiar la actual legislación tributaria debido a la cantidad de exenciones que contempla; sacar adelante la reforma pensional; evitar a toda costa la revaluación de la tasa de cambio (mantener devaluación del peso) para lograr competitividad de las exportaciones; renegociar, con el FMI y el Banco Mundial, los plazos de la deuda pública por un nuevo paquete de créditos a plazos más largos que permitan asegurar un margen de maniobra mucho más amplio; reducir el tamaño del Estado e impedir el crecimiento de la nómina de la administración pública.
Consciente de la importancia de recomponer este frente para poder avanzar en el de la guerra y el de la reforma política, Uribe nombró desde ya a su ministro de Hacienda, Roberto Junguito3.
2. Recuperar el orden público, con estatuto antiterrorista y algunas violaciones de los derechos humanos
Algunos analistas consideran que fue el tema de la recuperación del orden público y de la seguridad el que le generó la confianza y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, por lo cual constituye el reto más grande que tiene el Presidente. Alfredo Rangel, experto en los temas de seguridad y conflicto, señala que mostrar resultados en este frente es una carrera contra el tiempo, porque la guerrilla estaría interesada en deteriorar de manera catastrófica la situación y quebrantar la voluntad del gobierno de doblegar a los violentos.
Este sería el principal motivo por el cual Uribe planteó la mediación internacional para reanudar contactos con la guerrilla, bajo la condición de que, para volver a conversar, la guerrilla declare un cese el fuego y termine con las acciones terroristas (ataques contra la población, secuestro y extorsión). A pesar de ello, la comunidad internacional no podrá hacer gran cosa si las FARC mantienen su renuencia a aceptar una mediación internacional. Por otro lado, la guerrilla tampoco acepta la condición previa de tregua para poder conversar; su idea sigue siendo negociar en medio del conflicto y con la exigencia de una zona geográfica de distensión, para lo cual anunciaron ya la exigencia de desmilitarización de los departamentos de Putumayo y Caquetá, así como la no calificación de terroristas y una clara política gubernamental para erradicar el paramilitarismo.
Respecto del paramilitarismo, Uribe Vélez ha sintonizado con las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Otto Reich, quien señaló que Colombia debe negociar también con los grupos paramilitares y que estos deben ser tenidos en cuenta en un eventual proceso de paz. Sin embargo, en reciente declaración, Carlos Castaño, jefe político de los paramilitares, ha planteado al gobierno de Uribe la liberación de sus 1700 presos que se encuentran en las cárceles del país como condición previa para negociar.
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas requiere apoyo al menos en tres campos:
El presupuestal: pasar del 2,5 por ciento al 4 por ciento del PBI en gastos de defensa, con un impuesto de guerra a todos los ciudadanos y un esfuerzo tributario de la clase económica y dirigente del país, además de la ayuda de Estados Unidos.
El institucional: por un lado, mejorar sustantivamente la profesionalización del pie de fuerza en tecnología e inteligencia y mostrar resultados contundentes. Por otro lado, Uribe busca crear unas relaciones distintas de la Fuerza Pública con la población, que le permitan legitimarse y de paso involucrar a la población civil en las tareas de la guerra. Para lograrlo, su estrategia será la implementación de las Campañas Cívico Militares, al estilo de las experimentadas en El Salvador y Nicaragua.
En el campo del aumento del pie de fuerza, Uribe anunció el aumento de 45 000 nuevos soldados profesionales,
100 000 nuevos agentes de la Policía y un millón de ciudadanos como parte de las redes de información y colaboración.Estatuto antiterrorista. Como estrategia complementaria para la recuperación del orden público, Uribe planteó la creación de un estatuto antiterrorista que ofrezca facultades especiales a la fuerza pública para investigar, privar de la libertad, del derecho a la libre movilización, del derecho a la intimidad personal y limitar las garantías al debido proceso.
3. Mediación internacional para la paz y apoyo de Estados Unidos para la guerra
Como ya ha sido señalado, Uribe solicitó la mediación de las Naciones Unidas para restablecer los contactos con la guerrilla, y el próximo 20 de junio tendrá la entrevista con Kofhi Anan para hablar del asunto. Si bien es necesario abonarle a Uribe haber tomado la delantera en este campo, aún rondan muchas preguntas sobre la precisión del tipo de servicio solicitado a la ONU; el peso que pueda tener esta en el papel que vaya a cumplir, toda vez que su actual bajo perfil y las imposiciones de Estados Unidos sobre este Foro son inobjetables y, lo más importante aún, si se contará o no con el consentimiento de la guerrilla. Vale la pena señalar que la tendencia en Naciones Unidas es a manejar estos temas desde la oficina de asuntos políticos de Nueva York, marcando claras fronteras con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Desde nuestra perspectiva, esta relación entre ambas oficinas es fundamental para el aporte que la ONU pueda hacer en el caso colombiano.
Mientras tanto, la agenda bilateral con Estados Unidos se fortalece: desde la embajadora de ese país en Colombia hasta el asesor político del Departamento de Estado (Chicola) y el subsecretario para el hemisferio occidental (Otto Reich) han visitado al nuevo Presidente para expresar su respaldo a las propuestas de gobierno y reafirmar el apoyo de Estados Unidos; en correspondencia, Uribe ha ratificado al actual embajador colombiano en Washington por el excelente manejo de las relaciones.
En la primera cita de Uribe con Bush, por celebrarse el 18 de junio, estará la solicitud de aumentar el apoyo al Plan Colombia y la ayuda militar en su conjunto, levantando los condicionamientos en materia de derechos humanos y de orientación en el destino de la lucha contra las drogas.
Los países vecinos deben compartir un mismo esquema de seguridad hemisférica. Por ello, Uribe ha enviado mensajes para sondear la posibilidad de brigadas y operaciones militares combinadas entre las Fuerzas Armadas de diferentes países del área que se orienten a combatir el terrorismo y a perseguir el crimen organizado. Un refuerzo a esta estrategia acaba de darse por la decisión de la OEA de firmar la convención interamericana contra el terrorismo, por la cual las naciones miembros de la OEA se comprometieron a intensificar su cooperación de información e inteligencia y a hacer más estrictos los controles fronterizos, confiscar fondos y otros bienes de grupos identificados como terroristas. A diferencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, esta convención sí fue firmada de inmediato por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell.
4. Los costos políticos de su reforma política
El Presidente se verá abocado a cumplir su compromiso de presentar, el mismo día de su toma de posesión (7 de agosto), el proyecto de convocatoria al refrendo para reducir el tamaño del Congreso, eliminar las prebendas y la corrupción.
Algunos analistas plantean que acometer una reforma política cuando la situación fiscal del país exige que el Congreso apruebe reformas en materia pensional y tributaria, puede acabar rápidamente con el margen de maniobra del mandatario. Su gran reto es acertar en los cálculos políticos y en el manejo de los tiempos de presentación y gestión de la reforma.
Lo que la reforma política implica no es, principalmente, el tamaño del Congreso o reformas al sistema electoral. Se trata de redefinir las reglas de juego de la relación entre el Estado y los ciudadanos; cambios en la cultura política y en el sistema de partidos; el restablecimiento de la institucionalidad en la toma de decisiones y el equilibrio de poderes entre las ramas del poder público; el ordenamiento territorial, entendido como el espacio donde adquiere sentido la participación y se potencia el cambio político.
1 La declaratoria de guerra del gobierno estuvo acompañada de un paquete de normas, en el marco de la Ley de Defensa y Seguridad. Entre ellas se destacan la creación de los "Teatros de Operaciones", consistentes en territorios bajo una autoridad militar por encima de la civil, y una serie de medidas que conllevan la reducción del ámbito de vigencia y garantía de los derechos y libertades básicas.
2 Como parte del "Plan Democracia", el gobierno nacional implementó un dispositivo de seguridad que involucró a 212 000 hombres de la Fuerza Pública; 2000 policías de carabineros para patrullar las carreteras, 5000 miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, 3172 fiscales y 500 agentes encubiertos, apoyados por el sobrevuelo de aviones y helicópteros en varias ciudades y regiones del país, vigilaron la legalidad del sufragio en los puestos de votación.
3 Roberto Junguito es actual director ejecutivo para Colombia del Fondo Monetario Internacional. Fue embajador ante Francia y la Comunidad Económica Europea, ministro de Agricultura y de Hacienda durante el gobierno de Belisario Betancur (1985), y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Con este nombramiento el Presidente está mostrando sus prioridades en la materia: ortodoxia en el manejo de la economía, buenas relaciones con los organismos multilaterales y capacidad de manejo del Congreso para que puedan pasar las reformas.