La Asamblea de la OEA

Barbados

Hans Landolt

Mientras las aguas permanecían tranquilas, algunas corrientes, no precisamente marinas, siguieron abriéndose paso en el calor del Caribe.

Desde que cambiaron los procedimientos y el papel del Consejo Permanente (CP), las asambleas de la OEA prácticamente se han librado de sobresaltos. Todo, o casi todo, llega previamente acordado, "consensuado". Es, sin duda, un proceso más ejecutivo y eficiente, y que crea nuevos retos para la participación de las organizaciones no gubernamentales.

Esta participación es relativamente reciente, pero en ese corto periodo ha logrado avances notables. Además del status que ahora tienen acreditado, esta vez ha quedado prácticamente institucionalizada la reunión previa de los cancilleres con la Coalición de ONG de derechos humanos. Horas antes de la sesión inaugural de la Asamblea, en un amplio salón en el que ya no cabía un alfiler, en el diálogo con la sociedad civil el secretario general de la OEA respondió en repetidas oportunidades las preocupaciones sobre los principales temas que la Coalición incluyó en su pronunciamiento público; temas tan relevantes como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el necesario fortalecimiento del Sistema Interamericano de derechos humanos, la situación que atraviesan Venezuela y Colombia, y asuntos concernientes a la Corte Penal Internacional, los niños soldados y los defensores de derechos humanos. En el diálogo intervinieron también otros jefes de delegación, entre los que cabe destacar a la ministra de Relaciones Exteriores del país anfitrión, que dio el saludo y la bienvenida oficial a las ONG presentes.

Sociedad civil y defensores de derechos humanos

Durante las sesiones oficiales, sendas resoluciones acentuaron esta corriente. Se ha reafirmado el "derecho a participar" de la sociedad civil, y sus contribuciones se reconocen como "un recurso importante y valioso [...] en la consolidación de la democracia". Se ha encomendado al CP que "diseñe, consulte y adopte estrategias con el fin de aumentar y fortalecer la participación de la sociedad civil", incluyendo la viabilidad de un fondo específico; y se apoyará a los Estados Miembros para "aumentar la capacidad institucional de sus gobiernos para recibir, integrar e incorporar los aportes y las causas de la sociedad civil".

Entre "las causas de la sociedad civil", una es sin duda la de los derechos humanos. De ahí la importancia que también se haya dado al "respaldo a la importante tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos", y reconocido "su valiosa contribución"; no sin dejar de expresar preocupación y "condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan". Por ello, se invita a los estados a que promuevan la difusión y aplicación de los instrumentos pertinentes del Sistema y de las Naciones Unidas, y a la Comisión Interamericana a elaborar un estudio integral sobre la situación de los defensores.

La Convención contra el Terrorismo

Este fue el tema de agenda más propagandizado de la Asamblea y, obviamente, de gran relevancia en la coyuntura internacional. La Convención traza un derrotero para enfrentar "un grave fenómeno delictivo que [...] atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales [...] desestabiliza y socava las bases de toda la sociedad y afecta seriamente el desarrollo económico y social". Y, simultáneamente, reafirma que "la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas, para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el Hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra el terrorismo".

El balance que ofrece el texto y las salvaguardas de su artículo 15 contrastan con las medidas de excepción que se han dado en muchas partes del mundo y que han hecho tabla rasa de derechos, libertades y valores democráticos. Por ello, esta Convención, pese a algunas objeciones que se le han hecho y riesgos que se han advertido, constituye una victoria frente a corrientes que no vacilan en arrojar al bebé con el agua sucia de la bañera. Esto se evidenció en el debate de dos resoluciones que llegaron directamente a la Asamblea sin pasar por el tamiz del Consejo Permanente.

Una, presentada por Colombia, pretendía que el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) "recabe información de los Estados Miembros acerca de grupos, organizaciones y/o personas que se sospeche que han cometido o tienen la intención de cometer actos de terrorismo" y "prepare una lista para compartir" información. La propuesta fue vapuleada y quedó tan aislada que tuvieron que retirarla íntegramente. Pero otra, presentada por México, destacando que todas las personas tienen derecho a que se respeten sus derechos y libertades en todas las circunstancias y que los estados no pueden renunciar a su deber de respetarlos, reafirmó que "la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto a la ley, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos". Esta resolución expresó una corriente mayoritaria y, pese a las resistencias iniciales de Estados Unidos y Ecuador, fue adoptada.

Esa misma corriente ha dejado su huella en resoluciones como la de "Promoción y respeto del Derecho Internacional Humanitario" y otras sobre promoción de la democracia y de la cultura democrática.

El "enfoque multidimensional" de la seguridad hemisférica

En esta ocasión, el tema de debate en el que las delegaciones concentraron su atención fue el de la seguridad hemisférica; y en este tema pareciera que las corrientes se bifurcan, se cruzan y forman remolinos. Se ha convocado una Conferencia Especial sobre Seguridad que dará continuidad a los debates, pero los enfoques presentados a la Asamblea de Barbados reiteran el propósito de redefinir el concepto de seguridad de modo tal que abarque "amenazas nuevas" e incluya "aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales".

Nadie ha expuesto la razón para que temas como el VIH/sida, la pobreza, la sostenibilidad ambiental, los desastres naturales o la migración dentro del hemisferio tengan que abordarse bajo el concepto de "seguridad" y no del de "desarrollo", por ejemplo. Nadie ha argumentado tampoco sobre la conveniencia de poner en un mismo saco el lavado de activos o la delincuencia organizada, con las disputas territoriales y fronterizas.

No cabe más que estar vigilantes frente al riesgo de un remake del concepto de seguridad nacional que tantos perjuicios trajo para la democracia y los derechos humanos en décadas anteriores; y así tal vez pueda fortalecerse la corriente que logró dejar de lado el propósito de adoptar una declaración de ese tenor en la Conferencia convocada y no por ello dejó de adoptar, en consenso, al menos diez resoluciones que sí tienen que ver directamente con temas militares: promoviendo la transparencia en las políticas de defensa y orientadas a suscribir instrumentos vinculantes sobre fabricación y tráfico de armas, armas convencionales y armas pequeñas y ligeras.

Venezuela, Haití y Colombia

Sobre los dos primeros países, y pese a los esfuerzos de concertación previos expresados en sendas resoluciones, Estados Unidos promovió algunos cambios en exclusivos tratos bilaterales que causaron escozor aunque no alteraron su sentido fundamental: en ambos casos la comunidad hemisférica se ha hecho un lugar, exhorta al diálogo entre las partes y no deja dudas sobre la necesidad de respetar el Estado de derecho en la solución a las crisis políticas.

En el caso de Venezuela, en edulcorado lenguaje diplomático se acoge la decisión de crear una Comisión de la Verdad. Sobre Haití, la resolución es más detallada y exigente en sus demandas, orientadas a la celebración de elecciones y el combate a la impunidad. Sobre Colombia, lo que llamó la atención fue la omisión, el silencio.

El fortalecimiento del Sistema Interamericano de derechos humanos

Los que no guardaron silencio y hablaron fuerte y claro fueron los presidentes de la Corte y la Comisión. El primero, que contó con el respaldo de una resolución que "reitera que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables", resaltó los beneficios de su nuevo Reglamento y fue firme en exigir los recursos que se requieren y les regatean. El segundo, entre otros puntos, advirtió sobre un estancamiento del avance democratizador en la región, abrigó esperanzas de un replanteamiento en la política de aislamiento a Cuba, ofreció los buenos oficios de la Comisión para el proceso de paz en Colombia, garantizó una presencia continua en Venezuela, mientras cuestionó la existencia de una auténtica voluntad de diálogo y adelantó que estudiarán las respuestas al terrorismo de los Estados Miembros.

Varias resoluciones se adoptaron sobre temas sensibles para los derechos humanos que permiten cifrar esperanzas en logros futuros. Estas van desde la Corte Penal Internacional hasta la simple convocatoria a una pronta reunión de alto nivel para tratar los desafíos de la pobreza. En el aspecto crucial de la lucha contra la discriminación, la Asamblea ha expresado preocupación por el "resurgimiento de tendencias discriminatorias, racistas y de exacerbación de la intolerancia [...] agravando las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión social"; y reafirmado que los "Estados deben, de forma decidida, condenar todos los actos de racismo y procesar a quienes cometan delitos motivados por el racismo". A ellas se suman resoluciones sobre la equidad e igualdad de género, sobre derechos de pueblos indígenas (avanzando hacia la adopción de una Declaración Americana); otra, bastante fuerte, sobre los trabajadores migratorios y una, bastante débil, sobre la responsabilidad social de las empresas.

En fin, un derrotero por seguir y una corriente que la participación de la sociedad civil ojalá convierta en torrente.

Hans Landolt es miembro del IDL.