Es tiempo de volver a preguntarnos qué fue lo que finalmente
se expresó en los sucesos de Arequipa y de aquí para adelante qué. ideele recurrió esta
vez a tres arequipeños que de una u otra forma expresan distintos puntos de
vista.
¿La batalla del fin del mundo?
Rolando
Luque M.
Cuando se
producen estallidos sociales de la envergadura del ocurrido en Arequipa, son
varias las batallas que se libran simultáneamente. En algunas los ganadores son
claros, en otras no hay una definición precisa, y hay las de pronóstico
reservado.
No cabe la menor
duda de que la batalla de la dignidad ha sido ganada por todo lo alto. El
pueblo ha castigado la mentira, la prepotencia y las ofensas. El gobierno, rojo
de vergüenza, ha tenido que pedir disculpas y comprender que gobernar no es
imponer sino convencer; no es gruñir sino dialogar con el pueblo y sus
dirigentes; no es ocultar información sino ser transparentes y mostrar los
mejores argumentos.
El resultado de
esta batalla tonificará, sin duda, la estima de la gente, y pueda que instale
en la conciencia de todos los peruanos un chip de rebeldía que nos
empuje a protestar no solo por las ollas vacías y los platos famélicos sino por
cuestiones de honor. De ahí a la defensa de principios y valores democráticos
hay un paso que es posible dar. Entonces la democracia pasará a formar parte de
la canasta familiar de todos los hogares y los golpistas se batirán en retirada
para siempre.
La batalla de la
legalidad se viene librando en este momento. Serán los abogados los que crucen
sesudos alegatos y finalmente los jueces los que decidan. Lo que se ha ganado
aquí es el respeto al señor juez. Ministros y demás funcionarios están
notificados de que las amenazas y las presiones no son armas democráticas y de
que la independencia del Poder Judicial pasa por la distancia política que
deben observar frente a los jueces. Esperemos el fallo de la sala
correspondiente y respetémoslo, tal como nos hemos comprometido. El caso puede
terminar allí o continuar en otras instancias. En el momento en que este
artículo es despachado a ideele, se oyen
todavía los bocinazos de los arequipeños en contra del dictamen del fiscal Hugo
Ramos. Cuidado que un lado y el otro han empeñado su palabra de no presionar a
la autoridad jurisdiccional.
Pero hay una
batalla de pronóstico reservado (hay quienes ya la dan por perdida), y es la
del bienestar. La pregunta es: ¿quién va a financiar el desarrollo de Arequipa:
el ahorro interno, el endeudamiento externo, la inversión pública, la inversión
privada extranjera? En este momento nadie lo sabe. Lo que humea ahora no son
las llantas sino las cabezas, de tanta confusión.
Arequipa tiene el más alto índice de desempleo
del país, un sector industrial quebrado, problemas sociales crecientes y
oportunidades políticas desperdiciadas por la poca voluntad para el consenso.
Convendría –no hoy, por cierto– hacer un análisis más detenido de este pasado
de frustraciones, de los liderazgos decepcionantes y de la sorprendente
carencia de instancias confiables de intermediación que eviten justamente que
unos y otros traspongan la barrera de lo razonable.
Confieso que ver
tanques y tanquetas en el centro histórico me produjo una fuerte repulsión, no
solo porque creo firmemente que el orden no proviene principalmente de la
fuerza, sino porque esta etapa de transición democrática ha sufrido un serio
revés. No es de buen augurio, a pocos meses de instaurado un gobierno
democrático, recurrir al régimen de excepción. Ha habido algo o mucho de
claudicatorio en esta medida. Costará trabajo olvidar esas imágenes, costará
retomar el hilo democrático y, lo que es peor, costará mucho que la política de
privatizaciones pueda ser convincente y que el presidente vuelva a verse a la
cara con millones de personas en el sur del Perú.
No podemos
dormirnos en los laureles de la dignidad sino capitalizar su poder nutritivo y
discutir a fondo la modernización de Arequipa. Quizá en medio de este debate también
se aclare hasta dónde las antiguallas políticas se mantienen y cuánto terreno
han ganado en estos días los violentos y los anacrónicos.
¿Se nos va la vida en las privatizaciones de estas empresas?
¿Es Juan Manuel Guillén una especie de Antonio Consejero que libra batallas
contra la modernidad? Veamos, veamos.
Rolando
Luque Mogrovejo es coordinador de la Oficina Regional Lima Norte Oriente Sur de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La
oportunidad perdida
Pablo
Alcázar
Primero hay
que tener en cuenta los factores que han desencadenado este levantamiento.
Siendo esquemático, el primer factor sería el descontento popular generado por
el desempleo y la falta de oportunidades en la región. El segundo factor es que
ha habido una manipulación política abierta de este tema, en la que han
intervenido movimientos de carácter extremista. El tercer factor es el
aprovechamiento de algunas autoridades para salir nuevamente a la palestra y
ganarse puntos políticos, y va de la mano con la proximidad de las elecciones
regionales y para la alcaldía. Así, esto se volvió una oportunidad de oro para
poner en vigencia algunas candidaturas.
Creo que en último lugar vendría el tema de
la privatización en sí mismo, es decir, la intención de los habitantes de Arequipa
de retener como suyas las empresas hidroeléctricas debido a valores
principistas y por el temor al alza de tarifas o por el desempleo que se podría
generar. Esto tiene relación con las privatizaciones que se dieron en el
fujimorato, que no han servido al país directamente sino que una buena parte
fue a dar a los bolsillos de algunos ladrones.
Entonces, todos
estos factores se han conjugado para dar lugar a una situación compleja que
definiría como un descontento social de todos los sectores, desde las clases
medias hasta los sectores populares, que ha dado lugar, incluso, a la
violencia. Esto no ha sido un paro popular sino una "asonada
popular".
Un factor aparte
es el pésimo manejo que ha dado el gobierno a este tema. Primero, porque la
discusión de un planteamiento de inversión por medio de las privatizaciones ya
había generado resquemores en el pasado, no solamente en el Perú sino en varios
países donde se han dado estas privatizaciones; entonces, lo que ha debido
hacer el gobierno es tomar dos caminos: prepararse con mucho tiempo y hacerlo
después de las elecciones presidenciales, para que no se politice el tema, o
hacerlo en el primer trimestre del año.
En segundo lugar,
no ha habido información adecuada ni una apropiada traducción del mensaje privatizador
hacia un lenguaje comprensible para la mayoría del país.
También se ha
considerado dentro de la responsabilidad del gobierno el hecho de que la
privatización se haya producido con pocos postores, lo que ha dado la sensación
de que el gobierno ha impuesto a la empresa ganadora y se considera que no ha
habido un proceso de elección eficiente. Respecto de este punto, en la Cámara
de Comercio tenemos una opinión contraria, porque dada la situación del mercado
eléctrico en el mundo (sobre todo por la crisis creada por Enron) era muy
difícil conseguir una inversión energética; sin embargo, se logró a un precio
que podría ser discutible pero que iba a ir disminuyendo en el futuro. Es decir
que si este año fue difícil conseguir este precio, el próximo año va a ser aún
más difícil, y vamos a terminar perdiendo dinero.
Debe quedar en
claro que la privatización de estas empresas era beneficiosa para Arequipa
desde todo punto de vista, pero con el prerrequisito de invertir en obras que
generen riqueza, como en el caso de la infraestructura.
En el caso de
Arequipa hay varios proyectos de esta naturaleza y que son fundamentales; por
ejemplo, las obras de interconexión con otros mercados sudamericanos como la
carretera interoceánica, la consolidación de las vías de intercambio de
mercadería con Bolivia y Brasil. Todo esto genera, por sí mismo, nuevas
opciones de negocio y bienestar en las empresas y, finalmente, crea trabajo.
Obviamente, también se debería considerar un porcentaje para las obras sociales
como la electrificación rural y para dotar de servicios a los pueblos jóvenes.
Por ejemplo, en el cono norte de Arequipa hay 140 000 personas que solamente
reciben agua por medio de camiones cisternas durante dos horas al día. Un
beneficio importante hubiera sido que una empresa como TRACTEBEL establezca su
sede principal para la región en Arequipa, pues así habría atraído otra clase
de negocios. Otro factor se refiere al negocio mismo: el Estado peruano no va a
poder mantener la eficiencia de las empresas eléctricas donde se requiere
inversiones mayores para dotar a estas empresas de tecnología de punta y
hacerlas competitivas. En el caso de Egasa, en tres años ya habrá perdido
competitividad.
Respecto de la
respuesta que dio el alcalde Guillén y el Frente Amplio de Arequipa, ellos
tienen razón en dos aspectos. Primero está el hecho de las promesas
incumplidas: el presidente Toledo viene aquí y ofrece que no se van a
privatizar estas empresas y además lo firma en un escrito. Segundo, la
exigencia de que el Poder Judicial se mantenga independiente sin ningún tipo de
presión del gobierno central. En lo que no tienen razón y es algo en lo que no
han meditado con profundidad es que han impedido que 160 millones de dólares
ingresen en la economía de Arequipa. Sobre todo si vemos que la inversión del
Estado en Arequipa no llega a dos millones de dólares al año. Si se invierten
160 millones de dólares en tres años, se está hablando de ochenta veces lo que
invierte el Estado, es decir, se daría la inversión de ochenta años por
adelantado. Considero que se ha podido lograr esta inversión y a la vez exigir
al gobierno que se respete la dignidad de Arequipa y el cumplimiento de los
valores democráticos. Lamentablemente, en el aspecto económico Arequipa ha
terminado perdiendo.
Lo
que se debe tomar en cuenta es que actualmente se está viendo en el Poder
Judicial el 51 por ciento de las acciones de SEAL y el 9,98 por ciento de las
acciones de Egasa para la región. Tengo la esperanza de que se pueda llegar a
un acuerdo entre los compradores y la región, de tal manera que esta
privatización pueda ser mixta y los compradores tengan una participación
mayoritaria con sus compromisos de reinversión en la empresa, que haya
representantes de la región en el directorio y en la junta general que les
permita hacer un seguimiento y auditoría a la ejecución de las obras.
Lo que le
queda a Arequipa ahora es mostrar una imagen que permita el ingreso de
inversiones y del turismo, ya que en el momento se está dando una imagen
conflictiva. De esto no escapa el gobierno, que no muestra una política clara
frente al programa de inversiones.
Pablo
Alcázar es presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, miembro de la
Asamblea de la Macro Región Sur.
Ecos de
Arequipa
Patricia
Salas O´Brien
Lo sucedido
en Arequipa en torno de la privatización de las empresas eléctricas provoca un
conjunto de reflexiones aún desordenadas y tal vez muy cargadas por sentir que
de alguna manera a todos nos toca una parte de la responsabilidad.
Quizá lo primero
sea constatar que tapar el sol con un dedo ya no es la mejor manera de hacer
política hoy en día. Me refiero a los numerosos intentos por minimizar, ignorar
o simplemente no prestar oídos a lo que se venía diciendo y haciendo en
Arequipa en torno de la privatización; nadie puede decir que la postura de los
arequipeños fue un suceso repentino y por lo tanto impredecible.
Lo que pasó fue
simplemente que no tomamos en serio la opinión explícitamente expresada de un
sector de la población, y eso es algo que no se puede hacer después de más de
dos años de campañas y discursos tratando de convencer a la población, que
tiene derechos, de que en una democracia el gobierno debe tomar en cuenta su
opinión, que debe organizarse y manifestarse para hacer escuchar su voz y que
debe ser parte activa de las decisiones que la afectan.
No es pues
posible que pensemos que los movimientos sociales se pueden prender y apagar a
voluntad, en función de lo que los líderes de turno consideren conveniente para
la nación. Ello es francamente una caricatura mal lograda de la relación entre
la sociedad y sus líderes.
No
debemos olvidar que en varias ciudades la población estaba movilizada y
protestando activamente. Arequipa no fue la única. Lo que pasa es que aquí el
movimiento estalló. Esas movilizaciones empezaron a dar una fuerte sensación de
ingobernabilidad y le hicieron sentir al gobierno que no tenía el control de la
situación, pues a pesar de sus esfuerzos de convocatoria y concertación en
diversas áreas y niveles, varios sectores de la población se mantenían en pie
de lucha. La reacción fue de endurecimiento, buscando leyes más represivas y
ofreciendo declaraciones que al querer dar una imagen de firmeza más bien
terminaron por recordar estilos autoritarios, a partir de los cuales se intentó
aplacar los ánimos con el miedo. Lo que se consiguió, en cambio, fue solo
indignación.
Una
segunda evidencia de la sordera y falta de sensibilidad de nuestra clase
política fue el no haber percibido que el tema de la privatización no era un
tema que se resolviera solo en el nivel técnico, que era un tema político, que
había puntos de vista diferentes respecto de él que implicaban un conjunto de
imágenes y certezas populares, las que, por otro lado, no son nuevas.
En
efecto, se puede afirmar que tradicionalmente los sectores populares del país
son antiprivatización y antitransnacional, expresiones tal vez de un largo y
creciente sentimiento de despojo, de pérdida de capacidades propias,
tristemente reforzada por experiencias como la privatización de Telefónica o de
las eléctricas en Lima, que se constituyeron en fuente permanente de abuso de
los usuarios, o de estas y algunas minas u otras empresas estatales que
terminaron por precarizar las condiciones de trabajo de su personal; a lo que
hay que añadir la gran desconfianza generada por la pérdida de los dineros
recaudados por concepto de esas ventas.
Hasta aquí
pareciera que no se necesitaban más razones para oponerse, y los arequipeños
tenían una más, una promesa puesta por escrito y firmada por el propio Alejandro
Toledo; este solo hecho saca el tema del plano técnico para ponerlo en el
político, y se requería de una estrategia en ese nivel.
En el fondo, da
la impresión de que los políticos dejan de ser tales cuando llegan al gobierno;
entonces todo es técnico y por ello se vuelve indiscutible. En esa lógica lo
político se convierte en malo, en fuente de desestabilización, y así se busca
minimizarlo o satanizarlo, cuando no se ignora totalmente.
Cuando lo que
hace falta en el país es reconstruir la esfera política, de eso se trata cuando
hablamos de la necesidad de generar y fortalecer instituciones y de reconstruir
los actores y las representaciones, pues ellos son elementos indispensables
para la negociación de los intereses y puntos de vista de la sociedad sobre sí
misma y su futuro.
Se trata
pues, finalmente, de evitar que el único actor en la escena política sea el
Estado que, como tal, tiene licencia para hacer lo que considere conveniente en
el país. Esa es la principal llamada de atención que nos hace el estallido
social de Arequipa, que se ha convertido en un reto, el de construir a partir
de esa fuerza movilizada una capacidad de acción que le permita enfrentar su
desarrollo, su relación con el gobierno y el papel de su propio gobierno
regional.
Patricia
Salas O´Brien es socióloga y profesora en la Universidad de San Agustín.