Alberto Chirif

La Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) es actualmente el campo de batalla en el que combaten la Jefatura del área y algunas instituciones interesadas en el buen uso de sus recursos contra extractores ilegales que actúan con prepotencia al amparo de una práctica estatal poco coherente en el tema de la conservación y manejo y, con frecuencia, de funcionarios complacientes o directamente coludidos con los intereses de los infractores. Observan la contienda miles de pobladores, en buena parte indígenas de diversas tradiciones, que ya no se extrañan de la gordura de la vista de esos administradores, pero sí reclaman que la vara sea distinta para ellos, que están allí desde tiempos inmemoriales y que necesitan más del bosque, su única despensa, que los madereros, que nunca han sido sancionados sino más bien, como veremos, apoyados para consolidar sus delitos.

La Reserva: Características y problemas

En su forma y tamaño actual, la RNPS fue creada en 1982, aunque desde 1940 varias normas establecieron diversos tipos de reserva para la misma área que ponían especial énfasis en la conservación de sus recursos pesqueros y, más específicamente, del paiche (Arapaima gigas), un enorme pez de carne muy apreciada que puede sobrepasar los dos metros y los cien kilos. La RNPS, con sus 2 080 000 hectáreas, es el área natural protegida más grande del país, y se ubica en el triángulo formado por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali.

Las reservas nacionales son una de las categorías de áreas naturales protegidas (ANP) establecidas por la legislación peruana desde 1975, cuando se dio la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Nº 21147). Inrena es el órgano responsable de administrar las ANP, para lo cual dicta normas y nombra jefaturas para cada una de ellas. Las reservas nacionales no son áreas de protección estricta, sino de manejo. La actual ley, de 1997 (Nº 26834), las define como "áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados por la Autoridad Nacional competente" (artículo 55.1). No obstante, prohíbe la actividad comercial de aprovechamiento de madera, salvo que esta provenga del manejo agroforestal y del manejo y plantaciones para enriquecimiento de bosques secundarios (artículo 55.4).

La RNPS es un área de fuertes conflictos. En primer lugar, por la existencia de gran cantidad de pobladores que viven tanto dentro como en sus zonas de influencia y que usan sus recursos. La mayoría de ellos, principalmente descendientes del pueblo Cocama-Cocamilla, fueron expulsados con violencia por el Estado en la década de 1970, cuando el área fue declarada por primera vez como reserva nacional, proceso que ha sido poco documentado. En segundo lugar, por las actividades depredadoras de madereros ilegales (tema de este artículo) y contaminantes de empresas petroleras, que rebelan a los moradores que comparan la libertad de actuación de estos con la represión de que son objeto. Finalmente, por la reiterada negativa de algunas autoridades para buscar soluciones reales a la igualmente real ocupación del área por ribereños e indígenas, en su mayoría asentados allí desde mucho tiempo antes de la declaración de la Reserva.

Esta situación de conflicto permanente ha motivado muchas agresiones contra el personal de la RNPS, una de las cuales tuvo como trágico corolario la muerte de tres guardaparques del PV 1 del Samiria: Milton Chumbe Ayllón, Javier Garay (ambos biólogos) y el guardaparque Jairo López fueron asesinados en 1998 por infractores a los que horas antes les habían decomisado aparejos de pesca.

Cuando Dourojeanni (en ¿Amazonía, ¿qué hacer? CETA, 1990, p. 333) señala que el patrimonio natural de todas las unidades de conservación de la Amazonia en el Perú está bajo amenazas concretas y que "El mayor violador ha sido y es el propio Estado", está afirmando lo que por desgracia es una gran verdad. Esas violaciones ocurren a veces por incoherencia, como en Madre de Dios, donde ha creado dos parques nacionales (Manu y Bahuaja-Sonene), una reserva nacional (Tambopata-Candamo) y una comunal (Amarakaeri), y una zona reservada (Manu). Pero, a la vez, por el lado del desarrollo, deja actuar a una industria aurífera que contamina el agua y la atmósfera con mercurio y modifica paisajes, y a una maderera, dentro de la cual una empresa extranjera construye una carretera de 150 kilómetros al lado de la frontera (también los militares tienen gorda la vista), hasta ricos manchales de árboles de caoba que son cortados sin permiso aparente.

La historia de la RNPS tiene ilógicas comunes. Luego de la expulsión violenta, por 1970, de los pobladores asentados en sus zonas centrales, el Ministerio de Pesquería desató una verdadera persecución contra el paiche, con la finalidad de llevarlo no solo a los mercados regionales sino también al nacional e internacional, sin planes de manejo ni medida alguna de uso racional del recurso.

Ilegal pero no clandestina

La actividad maderera en la Amazonia peruana es altamente selectiva, es decir, de la gran diversidad de especies solo se utilizan unas pocas. El argumento para esto es que no existen mercados, aunque sería más exacto decir que los industriales no se han interesado por crearlos, ya que tales mercados nunca aparecen por generación espontánea. Antes era incluso más selectiva, pero la reducción de las existencias de algunas especies o las crecientes dificultades para su explotación (han quedado más al centro de la selva) los ha llevado a ampliar su menú.

El corazón de la Reserva alberga aún bastante caoba. Es la zona comprendida entre el alto Pacaya (cuenca del Ucayali) y el alto Samiria (del Marañón), que se unen en épocas de creciente, donde se forman nuevos cuerpos de agua que actúan como comunicadores. También hay maderas valiosas en el complejo de las cochas de Punga (Ucayali) formado por treinta y seis lagunas interconectadas. A partir del 2000 se prohibieron los contratos de extracción en la llamada zona de amortiguamiento (una franja de unos 15 km de ancho en promedio que bordea la Reserva), porque esto se prestaba a trampas de los extractores que hacían pasar como proveniente de ella madera talada en su interior. Hasta entonces hubo once de estos contratos. Otra manera de engañar era mediante los permisos de tránsito para transportar madera por ríos dentro de la Reserva, supuestamente extraída fuera de ella.

Mientras que en el Samiria los madereros son grupos relativamente pequeños que operan en periodos cortos, en el Pacaya y el Puinahua son más grandes y, algunos, estables. En la Jefatura de la RNPS nos dijeron que los campamentos están compuestos por dos motosierristas, dos mitayeros (cazadores), dos materos (personas que ubican y marcan los árboles) y entre diez y quince obreros. En resumen, un promedio de veinte hombres por campamento, y anualmente funcionan unos cincuenta de ellos, bien comunicados a través de trochas para agruparse en caso de incursión policial. Como tienen armas de caza, más de una vez han rechazado autoridades a tiros, incluyendo al jefe de la Reserva y una comitiva también integrada por un trabajador de WWF/DK.

El mayor tamaño y estabilidad de los campamentos en la parte de la Reserva que limita con el río Ucayali (lado este) se debe a que Pucallpa, punto intermedio de destino, está en la misma cuenca, más al sur. Antes de llegar allí, la madera pasa por Orellana, donde la "blanquean", es decir, la legalizan aserrándola con sierra cinta para borrar las huellas de haber sido aserrada con motosierra, modalidad prohibida porque implica gran desperdicio de madera, y se le preparan papeles como si saliera de zona bajo contrato. Ahora también la legalizan en el terreno, con aserraderos portátiles de cinta. De allí va a Contamana y, luego, a Pucallpa y Lima. La madera que se extrae por el otro límite, el del Marañón, va a Yurimaguas y de allí a Tarapoto y Lima.

Sea que la transporten en trozas (secciones del tronco de unos 4 m) o en cuartones aserrados en campo, la madera es llevada en chatas, que son grandes plataformas de fierro empujadas por una embarcación de gran caballaje. Para cargarla utilizan grúas que, igualmente, están montadas sobre chatas.

La sonoridad y visibilidad de esta operación de cien motosierristas al año, gente en campamentos conocidos y permanentes, chatas que transportan madera y grúas, hacen que esta actividad ilegal sea todo menos clandestina. No es el caso del ladrón que se protege en las sombras de la noche ni del burro o del quetero que esconden droga en los lugares más insospechados. La respuesta de un ex jefe de Inrena en Iquitos ante una denuncia por esta actividad fue que necesitaba datos, nombres, cantidades, lugares. Al parecer no había leído las numerosas denuncias anteriores, los informes de la propia Jefatura de la RNPS (organismo que pertenece también a Inrena), ni la consultoría de Sandra Tapia del 2001 (encargada por WWF/OPP), con fechas, volúmenes, transportistas, patrones, aserraderos y mucha información más.

El decomiso

Los guardaparques decomisan la madera y luego la Policía hace atestados adjuntando el acta de decomiso. Si se puede, deben incluirse datos de cubicación; si no, solo se indica el número de trozas o de cuartones. Por ley solo se debe cuidar la madera inmovilizada en el monte durante diez días, plazo en el que se supone debe ser trasladada a lugar seguro.

En el 2001 se decomisaron
300 000 pies tablares. En realidad, se inmovilizó mucho más madera, pero como se hizo en medio del monte y la institución no tuvo fondos para trasladarla hasta los puestos de vigilancia (PV) ni quiso arriesgar más a su personal que la custodiaba obligándolo a permanecer en zonas aisladas, se la abandonó. El acarreo es caro, porque la madera llega de muy lejos; por ejemplo, del alto Samiria, lo que puede implicar un recorrido de más de 300 km y de ocho a diez días. Entonces se trata de 300 000 pies efectivos, ya que la demás se perdió, es decir, la recuperó el maderero o se quedó botada en el monte pudriéndose. La Jefatura de la Reserva estima que ahora se decomisa el 50 por ciento de la madera extraída; antes era solo el 20 por ciento.

El jefe de cuenca (depende de la Jefatura) hace un informe con el acta de decomiso y lo firma junto con los guardaparques, policías, comuneros y otras autoridades locales. Luego da a conocer el hecho a la Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre del Inrena (con sede en Iquitos). Esta recibe la madera en el PV donde está custodiada. De allí debe trasladarla a Iquitos, pagando ella el servicio. A comienzos de este año pagó 7500 nuevos soles por el flete de 540 cuartones. Otras veces el cobro es por pie tablar, a razón de entre 15 y 20 céntimos por cada uno. Al llegar a la ciudad, si son trozas, quedan en una boya del Inrena en el Amazonas, y si son cuartones o bloques los llevan a sus almacenes.

Junto con la madera se han decomisado equipos. Hace poco la Jefatura incautó once motosierras. Desde el 2000 ha confiscado más de cien. Antes las entregaba a la Fiscalía, pero esta muchas veces las devolvía a los madereros. Ahora la ley dice que deben quedar a cargo de la Jefatura.

En Iquitos la madera se remata en subasta pública. Según nuestras fuentes, el precio base se fija en un 30 por ciento o 40 por ciento menos que el de mercado.

Conclusiones

A pesar de las buenas intenciones y de los esfuerzos hechos por la actual Jefatura de la RNPS, el sistema de vigilancia es deficiente en su concepción y ejecución. Funciona sobre la base de puestos de vigilancia, que son centros ubicados a lo largo de ríos interiores del área, como el Pacaya y Samiria (existen siete en el primero y seis en el segundo) y en algunos caños que drenan aguas desde el corazón de la Reserva. El problema es que durante la época de creciente (enero a mayo) la zona queda bajo las aguas en un 85 por ciento de su extensión, con lo cual las posibilidades de ingreso se multiplican: casi todo se convierte en un inmenso caño donde el control es irrealizable. Por otro lado, los PV suelen estar mal equipados y mal abastecidos. Un pequeño bote de motor que no siempre funciona, gasolina escasa y locales con malas condiciones de habitabilidad convierten un trabajo de por sí difícil (por el aislamiento y los riesgos de agresión) en generador de tensiones.

Sin embargo, al menos el límite este de la Reserva sería relativamente fácil de controlar si se abandonara el sistema de PV aislados y mal abastecidos y se concentrara a los guardaparques en la entrada y salida del canal de Puinahua (cuenca del Ucayali), sobre el cual operan varios de los grupos de extractores ilegales más grandes y permanentes y se pasean las chatas que acarrean grúas y trozas. A su vez, esto permitiría dar más seguridades, tanto físicas como psicológicas, al personal de la Jefatura.

Por otro lado, sería indispensable que el Estado repensara su política sobre áreas naturales protegidas y la tomara con seriedad. Hasta hace poco era fácil observar el tremendo divorcio al interior del Inrena-Iquitos: mientras la Jefatura denunciaba infractores y decomisaba madera, el director de la unidad los dejaba actuar y los apoyaba porque, a fin de cuentas, era asesor de madereros. Pero no solo a este nivel tiene el Estado que darle coherencia a su política de conservación, sino que también es necesario que sintonice esta con la de desarrollo. Algunos ejemplos: al interior de la RNPS está la "batería Yanayacu", que consiste en unos cinco pozos petroleros que vierten diariamente cientos de barriles de agua de formación (a 80º C y con alta concentración de metales pesados) a sus ríos y cochas. Otro es el caso de Iquitos, ciudad que se abastece de agua del río Nanay, donde se han instalado dragas que extraen oro y contaminan el agua y aire con mercurio.

Como sucede en otros casos, las sanciones previstas por el Código Penal son insuficientes; en realidad, casi una broma: nunca se han hecho efectivas, porque solo valen para madereros que infringen las condiciones de sus contratos y los extractores ilegales de la RNPS no los tienen. Por otro lado, no hay prisión efectiva por delito ambiental, ya que las penas son de hasta tres años.

Por último, el mecanismo de rematar la madera incautada nos parece simplemente perverso, ya que lo que hace es legalizarla. La actividad es ilícita por donde se la mire: porque se taló sin autorización, porque no es posible dar contratos de extracción de madera en las reservas nacionales que provengan de bosques no manejados (ahora, en teoría, en ninguna parte), porque los cuartones han sido aserrados mediante la técnica prohibida de la motosierra y por la violencia ejercida por los madereros contra los guardaparques. Rematar la madera y, además, a precios menores que los del mercado luego de que el Estado ha asumido el costo de su traslado, es no solo un gran negocio para los ilegales sino una fórmula perfecta para insertar un producto ilegalmente obtenido en el circuito comercial: a partir de esto, los infractores tendrán todos los papeles necesarios para trasladarlo.

Dar coherencia y fortaleza a la política de conservación y manejo de recursos naturales es velar por recursos que pertenecen a la nación y constituyen la riqueza que debe beneficiar a la generación actual y a las futuras.

Alberto Chirif es antropólogo y director del Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya Samiria, WWF/DK.