Globalización, bancos y derechos humanos

Empresas y bancos se transnacionalizan, pero la justicia también. Por primera vez víctimas de violaciones de derechos humanos demandan reparaciones a bancos y empresas extranjeros.

Aprovechando la oportunidad del tema, luego viene una entrevista con Óscar Ugarteche sobre "delitos económicos" en el caso peruano.

El 15 de junio, el abogado estadounidense Ed Fagan y la ciudadana sudafricana Dorothy Molefi presentaron públicamente en Zurich (Suiza) una demanda que habían enfilado el mismo día en Nueva York. La señora Molefi había perdido a su hijo en 1976, cuando este fue asesinado durante una protesta en contra del régimen del apartheid. Veintiséis años después del asesinato, 800 víctimas de violaciones de derechos humanos del régimen del apartheid en África del Sur (1948-1992) demandan a dos grandes bancos suizos por una reparación de 80 000 millones de dólares. Unos días antes su abogado, Ed Fagan, había presentado una demanda similar contra el grupo banquero estadounidense Citicorp. Unos días después lo iba a hacer contra tres grandes bancos alemanes y la IBM.

Negocios peligrosos

Todos estos bancos y empresas tienen algo en común: mantuvieron relaciones de negocio con el régimen del apartheid en Sudáfrica, a pesar del embargo pronunciado por Naciones Unidas. Mientras que el régimen de la minoría blanca oprimía a la mayoría negra del país, estas empresas hicieron buenos negocios con el régimen. En concreto, Fagan acusa a los bancos de haber prolongado el régimen injusto. Si los bancos no hubieran apoyado la renegociación de la deuda externa sudafricana en 1985, el régimen opresor habría colapsado mucho antes. Es decir que, con sus prácticas de negocios, los bancos y empresas habrían prolongado el sufrimiento y la situación injusta de la mayoría negra.

Los bancos niegan cualquier complicidad. Al contrario, aducen que hasta trataron a su gente mejor de lo que la ley de entonces les exigía. Solo cumplieron la ley a cabalidad. Aunque fueron unas leyes que despertaban el rechazo mundial.

"Si alguien quiere comprar un arma declarando que la usará para matar a otra persona, el vendedor no puede afirmar que él no tenga culpa cuando se produce un asesinato." Para el juez sudafricano Dumisa Buhle Ntsetzeze, miembro de la Comisión de la Verdad, la cosa está clara. Las empresas tienen que asumir su parte de la responsabilidad. Así concluiría el trabajo de la Comisión de la Verdad, dice él.

Existe un precedente famoso de la corresponsabilidad de empresas y bancos: el tribunal de Nüremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde los criminales de guerra alemanes fueron condenados por crímenes contra la humanidad. "En Nüremberg las instituciones financieras y empresas fueron advertidas de que si vendían armas y equipamientos con los cuales se cometieran crímenes contra la humanidad, entonces contraen una corresponsabilidad", señala Ed Fagan.

Recolectando víctimas

Ed Fagan, quien representa a las 800 víctimas y quien por medio de anuncios periodísticos busca más víctimas que se adhieran a la demanda, es una persona bien conocida aunque también cuestionada en los ámbitos de los juicios de indemnización. "Recolector de víctimas" lo llaman algunos, porque cada vez que ocurre un accidente masivo o un delito causado por empresas y bancos, Ed Fagan está allí para reunir a las víctimas y convencerlas de enfilar una demanda colectiva, siempre acompañado por los reflectores de cámaras de los medios de comunicación. Hace unos seis años ganó un juicio importante contra los bancos suizos. En representación de los herederos de judíos que ante la persecución de los nazis habían depositado sus fortunas en bancos suizos, Fagan logró que la banca suiza les pague la suma de 1250 millones de dólares. Las víctimas judías tenían el respaldo del gobierno norteamericano, y la banca suiza estaba entonces bajo gran presión internacional. Esta vez la perspectiva de que la demanda tenga éxito no es tan alentadora. Las víctimas del apartheid no pueden contar con un lobby fuerte en los países donde radican los bancos, y la relación causal entre culpable y víctima no es tan evidente como lo fue en el caso de las víctimas del Holocausto. Pero sobre todo, no pueden contar con el respaldo de su propio gobierno.

Alianza blanco-negra

El aliado más importante de los bancos suizos para rechazar la demanda de las víctimas es el gobierno actual de África del Sur. El presidente Mbeki se encuentra ante el dilema de todo líder de un país pobre y dependiente de inversiones extranjeras: sopesar el costo y el posible beneficio económico. El gobierno de Sudáfrica teme que demandando a los bancos y empresas podrían espantar a inversionistas y a la cooperación internacional. Por eso el gobierno no se pronuncia a favor de la demanda de Fagan, ni, menos, lanza una demanda propia en contra de los bancos.

Aparte de sus penurias económicas, el gobierno sudafricano tiene que afrontar las demandas de las víctimas. La Comisión de la Verdad había recomendado, entre otras cosas, pagar una suma de unos 11 000 soles a cada una de las 21 000 víctimas identificadas por la Comisión. El Estado sudafricano, responsable de implementar las recomendaciones, hasta ahora no ha cumplido. Muchas víctimas que habían dado su testimonio ante la Comisión de la Verdad están decepcionadas y ponen su esperanza en Fagan. Una esperanza que arriesga ser defraudada otra vez, ya que, por las razones mencionadas, el éxito de la demanda es más que cuestionable y el juicio puede demorar años.

En medio de todos los factores desconocidos, la demanda de las víctimas contra los bancos ha puesto el dedo sobre aquellos actores que suelen gozar de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos: los actores de la economía y de las finanzas internacionales. En caso de que la demanda de Fagan prospere, se abrirá una nueva dimensión para las responsabilidades internacionales por los derechos humanos.

El caso de Sudáfrica y la demanda civil de las víctimas podría dejar como lección la urgencia de que en el Perú se tomen medidas y precauciones para que el Estado tenga los medios para implementar las recomendaciones en torno de la política de reparación. El dinero de la repatriación presenta esa oportunidad de que las víctimas no se queden con las manos vacías. (Hildegard Willer)