Entrevista con   Óscar Ugarteche:

Delitos económicos   made in Perú

 

Reconocido economista, Óscar Ugarteche integra el equipo de investigación sobre delitos económicos y financieros durante los diez años del gobierno de Fujimori. En diez meses la Comisión investigó  privatizaciones, operaciones bancarias y licitaciones que comprometían 7418,2 millones de dólares de fondos públicos.

ideele conversó con Óscar sobre las posibilidades de sancionar a los que más se han beneficiado de estos delitos económicos.

 

 

¿Quiénes se han beneficiado más de los delitos económicos y financieros que ustedes investigaron?

Óscar Ugarteche: Los grandes beneficiados que nosotros encontramos son los siguientes: un gran grupo de poder que es el Banco de Crédito; una empresa de ingeniería, la del ex ministro Jorge Camet; cuatro estudios de abogados que han hecho el 80 por ciento de la facturación. También se beneficiaron un grupo de profesionales vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas y los consultores que hicieron los contratos.

Y, por supuesto, todas las empresas que compraron en la privatización. Todas menos dos: Telefónica y Shougang Hierro Perú parecen haber pagado un precio más justo. En cambio a las otras se las ha vendido a precio de ganga. Las peor malbarateadas son las eléctricas. Las empresas de electricidad relacionadas a ENDESA y Duke Energy se beneficiaron de una revaluación de activos para no pagar impuestos a la renta durante una década. Además, se quedaron con dinero del Fondo Nacional de la Vivienda. O la empresa chilena que compró Solgás por 7 millones de dólares y dos años más tarde vendió el 60 por ciento de la empresa en 39 millones.

El costo de todo eso para el Estado fue de aproximadamente 2000 millones de dólares.

Y los damnificados, ¿quiénes han sido?

Óscar Ugarteche: Los peruanos hemos sido los damnificados, porque aquí ha habido una transformación del patrimonio nacional en gasto corriente. A espaldas de cualquier sistema de control público. Y eso adrede, porque se redujo el personal de la Contraloría de la República en 7 octavos y quedó una institución sin personal, con un mandato cambiado que no permitía revisar las privatizaciones y con un equipo técnico que incluía como auditor interno al contador de la banda de narcotraficantes Los Camellos.

Pero algo del dinero de la privatización se usó en gasto social y en obras...

Óscar Ugarteche: Sí, 1800 millones; una parte pequeña que se fue en el Pronaa y en infraestructura. Ha habido obra, pero como no ha sido fiscalizada, uno no sabe.

El dinero inyectó un crecimiento económico o, mejor dicho, dio la sensación de un crecimiento económico. Un crecimiento que solo fue posible gracias a los fondos obtenidos por la venta de empresas del Estado. Me pregunto si esa será la verdad no solo para el Perú sino para el resto de América Latina. Entonces el cuento del crecimiento económico sería el bluff más grande del mundo.

¿Ves alguna posibilidad de que los que se han beneficiado tengan que someterse a juicio o pagar algún tipo de reparación?

Óscar Ugarteche: Lamentablemente, en materia de delitos económicos el Código Penal es una tomadura de pelo. No puedes acusar al abogado que negoció la deuda externa y a la vez fue abogado de los acreedores, porque ya pasaron dos años. El plazo para la Comisión de Ética del Colegio de Abogados es de dos años. De la misma manera, tampoco se puede abrir juicio a Jorge Camet, porque ya prescribió el cargo de colusión. Nuestro sistema de castigo es absolutamente insuficiente.

Además, no existe un sistema de reparación civil. Me parecería conveniente que el procurador que reciba esos paquetes abra un juicio civil a los principales beneficiarios o tomadores de decisión que afectaron el uso de esos fondos.

¿Hay también empresas internacionales que se beneficiaron del régimen de Fujimori?

Óscar Ugarteche: Las empresas extranjeras que compraron empresas del Estado. El problema con el Perú es que el gobierno de la dictadura tenía apoyo internacional. La campaña electoral fue financiada con plata del Banco Mundial y del BID. Fue desembolsada en setiembre del 94 y marzo del 95 para construir carreteras. No es un asunto penal, pero es bien feo. La otra cosa extraña es el papel de Naciones Unidas durante la dictadura.

¿Cómo se puede prevenir que no vuelvan a ocurrir delitos económicos a gran escala?

Óscar Ugarteche: La gran lección de este año es que necesitas un equipo de gente que mire las grandes transacciones del país. La Contraloría solo investiga una parte: el cumplimiento de los funcionarios. Pero aquí hay que investigar las relaciones entre funcionarios y empresas.

Lo otro es hacer una reforma del Código Penal y poner castigos severos. Cuando empezamos la investigación, me sorprendí al saber que, en términos penales, una transacción fraudulenta solo es un delito para la persona mientras es funcionario. Pero el que se beneficia no comete ningún delito.

Un tercer punto: los procesos de privatización requieren de transparencia. La población debe estar informada y ser consultada. Una vez ocurrida la privatización, un comité tiene que vigilar el uso de los fondos obtenidos. No puede ser que una ley dicte un uso tal y el acuerdo con el FMI diga otra cosa.