Seguridad ciudadana:

Comentarios a las propuestas del Poder Ejecutivo

Enrique Castro Vargas

La hostilidad que encontramos en los individuos es la hostilidad del hombre atemorizado.

Fromm, Erich: Patología de la normalidad.

 

 

Con la finalidad de proteger a la ciudadanía de la delincuencia común, el Ejecutivo ha presentado diez proyectos al Congreso, como resultado del trabajo realizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana presidida por el vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco. El Congreso no se quedó atrás, y ya existen varias propuestas que demandan la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

 

Diseño de una política de Estado

La preocupación del gobierno radica en la ausencia de una política de Estado y un sistema de seguridad ciudadana que enfrente integralmente el problema. El Ejecutivo cree conveniente contar con una estructura  nacional para enfrentar una realidad que tiene orígenes locales. Se entiende que la propuesta de constituir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) tiene por fin contar con una visión macro, pensar en políticas públicas y establecer un plan de acción unificado; pero es necesario advertir la posibilidad de caer en error al penalizar conductas en lugares donde estas no se realizan, como en el interior del país (sierra y selva), donde las prácticas criminales y violentas tienen orígenes y manifestaciones distintas de los que se viven en zonas urbanas sobrepobladas.

 

Ampliación del concepto de seguridad ciudadana

Cabe resaltar que el proyecto incluye al ministro de Salud o a su representante. Esta inclusión insinúa un ajuste del concepto de seguridad ciudadana, al establecer la salud pública como una variable a tomar en cuenta (los 12 348 casos “registrados” de VIH y  las otras enfermedades de transmisión sexual). El CONASEC estaría integrado también por “cuatro representantes de organizaciones nacionales de la sociedad civil reconocidas por ley”. Sería conveniente conocer con anticipación cuáles serán los criterios de selección de estas organizaciones y si habrá una convocatoria o se elegirán unilateralmente. La ausencia del nivel regional en el proyecto es también un punto por discutir, ya que si bien es cierto la práctica criminal suele ser local, también existe la migración criminal que puede y debe ser atendida por un subnivel de gobierno que podría ser el regional.

 

 

Otorgamiento de nuevas prerrogativas a la Policía

El Ejecutivo intenta llenar el vacío de la falta de fiscales suficientes frente a la demanda de los agentes del orden al momento de realizar sus investigaciones. Por ello señalan que “cuando sea materialmente imposible que el fiscal asuma de inmediato la dirección de la investigación por razones o circunstancias geográficas, por desconocerse su paradero que haga imposible su presencia, la Policía, dejando constancia del impedimento y dando aviso en el día al Ministerio Público, podrá realizar algunas diligencias preliminares para proteger la prueba”. Es muy cierto que el Ministerio Público no cuenta con el personal necesario para participar en toda intervención policial, pero hay que abrir bien los ojos porque esta mayor discrecionalidad policial puede degenerar en prácticas violatorias de derechos fundamentales, como la inviolabilidad de domicilio y la intimidad, en pro de la búsqueda y la conservación de la prueba.

 

Flexibilización de la legítima defensa

En el caso de la legítima defensa, el Poder Ejecutivo considera que existe un tratamiento excesivamente restringido, en desmedro de las personas que solo se defienden de alguna agresión delictiva. El proyecto introduce la exigencia de que la necesidad del medio empleado se derive del “contexto” y de las circunstancias de los hechos. Quizá sería más conveniente tener jueces capacitados, que tomen en cuenta de manera racional el uso a priori del contexto, antes que colocarlo en la norma, salvo que se quiera proteger –aunque de forma ambigua- al policía que pueda reaccionar de manera desproporcionada frente a la agresión violenta de manifestantes o vándalos.

 

Beneficios penitenciarios

Se restringen los beneficios penitenciarios de secuestro, robo agravado, violación de menores, delitos financieros, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, y delitos contra la humanidad, entre otros. La obtención de beneficios se haría siguiendo una formula: “un día de pena por dos de labor efectiva y comprobada bajo la dirección y control de la administración penitenciaria, salvo lo dispuesto en el artículo 46”. En el caso del interno que recibe educación se “reduce un día de pena por tres de estudio. Para tal efecto debe acreditarse la asistencia y haber aprobado la evaluación periódica de los estudios realizados”.

No hay duda de que si se cae preso se preferirá trabajar antes que estudiar con el propósito de obtener una más pronta libertad. El sistema penitenciario desalentaría, así, el estudio en beneficio del trabajo. Esta situación puede prestarse a cierta suspicacia cuando paralelamente se desarrolla, en otro proyecto de ley, la participación de unidades receptoras, públicas y privadas, para la ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad. El sentenciado que pretende conquistar su libertad lo más pronto posible optará por trabajar en lugar de estudiar; esto llevará a que los beneficiados directos sean las “unidades receptoras” de trabajo comunitario administradas por el INPE. Vale la pena precisar que este último proyecto no señala cuáles serían los criterios de selección para que una institución pública o privada se convierta en unidad receptora.

 

Prevención y difusión de valores

La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana constata un fracaso de la política de prevención y difusión de valores de la escuela pública. Por tal motivo, recomienda reformar el currículo. La pregunta de fondo es en qué y cómo se va a cambiar el referido currículo teniendo en cuenta la heterogeneidad cultural del país y las indefiniciones de la actual política educativa. La educación en valores democráticos, que son los que permiten la convivencia, no se lleva a cabo solo en un curso o talleres, sino que compromete la práctica cotidiana del conjunto del mundo escolar.

 

Algunos comentarios finales

1.     Resulta de vital importancia la iniciativa del Poder Ejecutivo para establecer una política de Estado integral en relación con la seguridad ciudadana. Esta decisión representa un esfuerzo por superar un enfoque que pretendía resolver el problema del crimen confiando –casi exclusivamente- en la dureza de la ley, los tribunales y las prisiones.

2.     Las propuestas de discriminar algunos tipos penales para otorgar beneficios penitenciarios, la iniciativa para enfrentar el problema de la violencia infantil y juvenil desde la escuela, la convocatoria ciudadana para luchar contra la delincuencia, entre otras alternativas planteadas, apuntan en la dirección de diseñar un nuevo perfil para abordar la inseguridad ciudadana.

3.     Sin embargo, el otorgamiento de nuevas atribuciones a la Policía en la fase de la investigación (este punto es especialmente delicado), la mayor protección a la misma PNP en la ejecución de órdenes, la falta de criterios para privilegiar el trabajo sobre el estudio en la obtención de beneficios penitenciarios y la instalación de una ambigua forma de trabajo gratuito para resarcir faltas, son algunos de los aspectos de los proyectos que merecen replantearse o, en todo caso, un debate más concienzudo.


Qué es seguridad ciudadana (Recuadro)

El concepto de “seguridad ciudadana” aparece de manera alternativa al de “orden interno”, que incluye propuestas para enfrentar al terrorismo y se limita a la función de las fuerzas del orden (Policía y otras formas de seguridad) para mantener y controlar las conductas que irrumpen la tranquilidad pública, sin importar que el orden protegido sea injusto e irracional y a veces paternalista. La seguridad ciudadana se funda en la protección del ciudadano antes que en la del Estado; en la satisfacción objetiva de condiciones de vida adecuadas, así como en la institucionalización del diálogo como herramienta para la solución de conflictos interpersonales y sociales. Sobrepasa la esfera de la acción policial y, además de repensar el orden imperante, integra a organismos e instituciones tanto del Estado cuanto de la sociedad civil, lo que permite afianzar los niveles de gobernabilidad.