Reforma policial:
No se trata solo de
“subir y durar”
Santiago Pedraglio
La
salida de Gino Costa del Ministerio del Interior y la crisis posterior es una
clara señal de que la reforma de la Policía –como la de las Fuerzas Armadas
o la de cualquier otro sector que comprometa directamente al Poder Ejecutivo–
no puede iniciarse ni sustentarse de manera fundamental en el propio ministerio
sino que precisa el compromiso claro y la confianza plena de Palacio.
Una reforma con la
importancia de la iniciada por Fernando Rospigliosi y continuada por Costa y su
equipo debió tener como supuesto previo una decidida y abierta voluntad política
del Presidente de la República y del núcleo central del gobierno.
La razón es muy
sencilla: los cambios que deben producirse para que la reforma beneficie a la
institución policial y a la población tienen que empezar por romper con una
inercia soberbiamente establecida. Involucran y afectan conductas, intereses y
percepciones, primero, de los integrantes de la Policía, y, segundo, de la
llamada elite política y de la propia ciudadanía con respecto a la función y
el comportamiento de la Policía.
Premisas
para el cambio
Primacía
y liderazgo civil
Una primera condición
para lograr el cambio es la decisión real –no formal– de dejar claramente
establecido que el poder constitucional manda sobre la Policía. Que, por lo
tanto, la Policía es una institución de carácter no deliberante, que se
somete al poder político. Si esta consideración no es asumida por el
Presidente de la República y por el gobierno en general, cualquier propuesta de
reforma policial se desbarata en un dos por tres. Esto es parte del abecé que
la democracia plantea en relación con sus instituciones militares y policiales.
Pues bien: por más
elemental que parezca, el presidente Alejandro Toledo lo puso en duda cuando
avaló o, si se quiere, no rechazó con firmeza la insubordinación del general
José Tisoc.
La segunda
consideración es que, así como el Ministerio de Defensa no es “propiedad”
de las Fuerzas Armadas, el del Interior no lo es de la Policía. Ni tampoco de
los militares, valga la aclaración, porque estos suelen encargarse de dirigirlo
durante los gobiernos dictatoriales. El Ministerio del Interior debe estar a
cargo del poder elegido democráticamente y punto. Esto deben tenerlo muy
claro los oficiales de la Policía y, más aún, los gobernantes y los políticos
civiles que tanto gruñen apenas escuchan las primeras resistencias internas a
los cambios propuestos por quienes quieren reformar e innovar.
La
Policía no es una fuerza tutelar (o una mala interpretación de “A la Policía
se la respeta”)
A los pocos días
de la salida de Costa del gabinete y del consiguiente retiro de Tisoc de la
dirección de la Policía, este general declaró, en entrevista con Rosa María
Palacios (canal 6), que la PNP es una fuerza tutelar de la nación. Difícil
emprender una reforma con quien tiene esta idea sobre su institución. Tutela
implica minusvalía de quien o de quienes son tutelados (¿la ciudadanía?, ¿las
instituciones democráticas?). El general expresó así su muy particular
interpretación de lo que él –y seguramente otros oficiales– entienden
sobre la campaña “A la Policía se la respeta”.
La
Policía no puede dirigir su propia reforma
En esa misma
entrevista con Rosa María Palacios, el general Tisoc afirmó también que nadie
como la Policía conoce sus propios problemas y su situación. Es muy probable
que así sea, pero esta constatación no significa que los policías estén
automáticamente capacitados para autorreformarse ni que tengan derecho a veto,
aunque sin duda deben participar activamente del proceso de cambio desde los
puestos de mando que les sean asignados.
El hecho de que los
policías conozcan desde siempre su situación no ha añadido ni quitado mucho a
la urgente necesidad de modificarla. La fuerza impulsora del cambio, que no
reside en el simple conocimiento de la situación policial, tiene que surgir
desde el poder político. Por la naturaleza de la institución y la magnitud del
cambio, se requiere de una enorme voluntad política que solo puede provenir del
gobierno central. Es claro que tal cambio tiene que llevarse adelante en
estrecha relación con los sectores de la institución policial que apuestan por
la renovación. En las circunstancias actuales, además, la reforma debe romper
con la indolencia y los intereses de muchos estamentos policiales que pueden
conocer su situación pero que no tienen voluntad de cambio ni, menos, un
proyecto para transformarse. Más aún –y esto vale la pena remarcarlo en
estos tiempos–: la PNP no es el Poder Judicial, que sí es un poder del Estado
y que tiene, en tal virtud, el legítimo derecho de dirigir de manera unilateral
su reorganización.
Áreas
de la reforma: Solo los primeros pasos
Orden
interno y defensa nacional, orden público y seguridad ciudadana
El gobierno adoptó
medidas prácticas, aunque todavía iniciales, tomando como referencia la
distinción entre orden interno y defensa nacional, confusión que tan graves
problemas provocó la última década y media. El proyecto constitucional en
debate contempla esta diferencia sustancial, que permite distinguir el papel de
las Fuerzas Armadas del de la Policía. La propuesta de instalar los
comisionados de la paz en las zonas con presencia subversiva y en las que se
requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, fue un paso adelante.
Ha sido también un
paso importante, tal como lo explicó el ex ministro Gino Costa, distinguir
entre seguridad ciudadana, entendida como el cuidado de las personas en la calle
y el hogar, y orden público, considerado como el ámbito privilegiado –aunque
no exclusivo– de actuación de la lucha contra el delito organizado: narcotráfico,
terrorismo y violaciones de las reglas tránsito, entre otros.
La seguridad
ciudadana debe ser el ámbito preferente de las comisarías; el orden público,
el de las unidades especializadas. Esta distinción involucra prioridades y
criterios a la hora de la distribución de los recursos, y es seguro que también
en este terreno habrá tensiones, sobre todo provocadas por quienes pueden
perder posiciones de poder dentro de la institución.
Comisarías
y unidades especializadas
La reforma iniciada
puso gran énfasis en el nuevo papel de las comisarías. Este fue quizá uno de
los rasgos más distintivos del proceso en marcha. A través de esta política
se trata, sobre todo, de modificar la imagen policial y hacer frente a los
aspectos más conflictivos de la inseguridad ciudadana.
En esta
perspectiva, se seleccionó y capacitó a los comisarios que asumieron sus
funciones durante el 2002. Se alentó la competencia entre las comisarías y se
fomentó la productividad en el trabajo mediante concursos entre las de
Arequipa, Trujillo y Lima. Como parte de este esfuerzo por mejorar la calidad
del servicio y establecer estrategias para alcanzar el objetivo de fortalecer el
trabajo en el ámbito local, se instaló la comisaría piloto de Surquillo, en
la ciudad de Lima.
Derechos
y reconstrucción de la moral policial
La Defensoría del
Policía fue una iniciativa novedosa. En ella los policías y las policías podían
acceder a ser tratados con absoluta confidencialidad. La Defensoría abordó
temas relacionados con reincorporaciones, pensiones, trato de los superiores con
los subalternos (incluyendo las denuncias por acoso sexual), entre otros. En su
corto tiempo de existencia recibió más de tres mil consultas: 60 por ciento de
suboficiales y 40 por ciento de oficiales superiores, incluso generales. De
estas, cerca de 1300 se convirtieron en casos-expedientes por resolver. Se tenía
prevista una descentralización de su trabajo.
Educación
Tres fueron los ámbitos
en los que se produjo un mayor avance: transparencia en los procesos de ingreso
a las escuelas de oficiales (se estableció un convenio con la Universidad Católica),
se mejoró la infraestructura de las escuelas de formación, y se promovió que
los cadetes estudiaran, paralelamente a su formación policial, una carrera
universitaria (convenio con la Universidad de San Martín de Porres).
La
lucha contra la corrupción
Esfuerzos iniciales
en la transparencia de la gestión, como es el caso del convenio con Proética
para la supervisión de la compra de los uniformes. Como parte del mencionado
esfuerzo se acordó publicar las adquisiciones y licitaciones en la página web.
Un paso muy
importante fue la creación de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del
Interior, que consideraba dentro de su ámbito de control no solo a la dirección
de la Policía del ministerio sino a todas las direcciones del sector. La
referida oficina asegura el acceso confidencial y tiene la posibilidad de
ejercer un nivel efectivo de control sobre la Inspectoría de la Policía.
Además, se
constituyó la comisión revisora especial del reglamento disciplinario de la
Policía y se tomaron acciones legales contra la compañía SITRE y otras
empresas. Se inició, por otro lado, un esfuerzo por garantizar la máxima
transparencia en la compra de gasolina y su posterior distribución a través de
los servicentros ganadores de las licitaciones. Después del cambio ministerial,
se denunció en un canal de televisión el caso del Fospoli, fondo formado con
recursos del gobierno central, que se dedica a la compra de medicinas y a cubrir
los gastos de traslados, y en el que se ha presentado el gran riesgo de las
adjudicaciones directas.
A
modo de conclusión, dos preocupaciones
- El poder político
central –representado en este caso por el Presidente de la República y el
premier– mostró falta de convicción cuando tuvo que sostener a quienes
lideraban la reforma policial. Y aunque sus voceros aseguran que mantienen el
compromiso con el plan de cambios (ojalá que así sea), es muy probable que su
adhesión sea más bien frágil, poco convencida y superficial, actitud que
estuvo en el origen de la reciente crisis del sector. Dicho en positivo: es
indispensable una voluntad política gubernamental explícita para afrontar y
sostener una reforma que se basa en la urgencia de asegurar la tranquilidad pública
y en un diseño de Estado democrático y eficiente.
- Los avances
parciales indican que el camino avanzado parece ser el correcto. El gobierno y
su nuevo ministro, Alberto Sanabria, tienen que dar señales, en el más corto
plazo, de que desean continuar con el proceso iniciado.
Santiago Pedraglio
es periodista.