los que supuestamente iba a resolver.SEGURIDAD CIUDADANA
Si hubiera que jerarquizar, solo la falta de trabajo y los bajos ingresos superarían en el día a día de las preocupaciones reales de la gente aquella relativa a la inseguridad. La violencia en la calle es cada vez más fuente de malestar y temor ciudadano; puede además convertirse, en el mediano plazo, en un problema político de primer orden para la democracia. ¿Hay solución en el corto plazo? ¿Sirven de algo las nuevas leyes aprobadas por el Congreso? ¿Hay una política de Estado al respecto?
¿Hay solución para la inseguridad ciudadana?
Carlos Basombrío Iglesias
Partamos por decir que se trata del problema más complejo y de más difícil solución a los que hacemos frente en el campo de la seguridad. Con todas sus complejidades, es mucho más claro lo que hay que hacer para enfrentar eficazmente al crimen organizado (léase drogas, terrorismo, secuestros, etcétera) que lo que se requiere para hacer frente al que te roba el reloj o la billetera, al que te rompe la luna en el semáforo, al que te birla el espejo del auto estacionado, a los pandilleros del barrio y los fumones de la esquina. En el caso del crimen organizado, planes bien diseñados, profesionales bien capacitados, buena labor de inteligencia y uso adecuado de la tecnología moderna dan resultados importantes. A lo segundo, justamente por su simpleza, por su masividad, por su multicausalidad y por su permanente reproducción, es mucho más complejo hacerle frente.
Por ello, una de las preocupaciones de la Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional que hace un año trabajó el diagnóstico, las recomendaciones y el cronograma de ejecución para la reforma de la Policía Nacional, fue analizar la visión negativa que la Policía proyecta a la comunidad, por su ineficacia para contener el delito común que afecta al ciudadano de a pie, en cualquier esquina y a la hora menos pensada.
Las razones del problema
Hubo mucho debate al respecto. Instintivamente la Policía —y para el caso muchísimos de los afectados— respondía que el problema se explicaba por cuatro razones complementarias entre sí: la falta de recursos, la falta de atribuciones para detener, la benignidad de las penas por aplicar y la poca colaboración de jueces y fiscales.
Sobre lo primero había y hay mucho de verdad. Para empezar, los recursos humanos. Así, el número de efectivos policiales, en lugar de aumentar, se ha ido reduciendo; de 120 000 policías a fines de los ochenta se cuenta en la actualidad con poco más de 90 000. Como es obvio, en el mismo periodo creció la población y la complejidad del problema, por lo que la brecha es aún más importante. Además la Policía es, como todas las otras instituciones del Estado, pobre en recursos materiales, y tiene innumerables carencias. En la medida en que ello no puede cambiar radicalmente en un país pobre como el nuestro, la legítima demanda por mayores presupuestos para la Policía debe venir acompañada de cambios de conducta que legitimen socialmente el reclamo y de un mejor y más creativo uso de recursos escasos. En todo caso, de haberlo, el dinero por sí solo no soluciona nada, como se demostró en los noventa, cuando los recursos fueron más abundantes y en gran medida solo sirvieron para engordar los bolsillos de algunos altos jefes.
Sobre lo segundo hubo mucho mayor discusión. Muchos policías pensaban —y probablemente aún piensan— que debían recuperar la atribución de detener sobre la base de las sospechas y de manera preventiva; en sus versiones más extremas, y aun cuando parezca increíble, hay todavía añoranza y reclamo por restablecer la "ley de vagancia", derogada una generación atrás. No creo que hayamos convencido a muchos oficiales en este tema, pero se llegó al acuerdo de que eso contravenía expresamente la Constitución y que podría generar tantos problemas a la ciudadanía, y a la propia Policía, como
Sobre lo tercero, a saber, que las leyes son muy blandas o insuficientes, estamos ante una percepción que comparten desde el más encumbrado general hasta el más modesto suboficial. El ejemplo usual es que nada se puede hacer frente al ladrón que roba a los pobres porque el monto no excede los límites a partir de los cuales se configura delito. Es un tema clave, y sumamente interesante, que merece un análisis a profundidad (lo ofrecemos para una próxima edición de ideele), pero adelantemos que hicimos un análisis muy cuidadoso con juristas expertos y comprobamos que se trata de un mito que, por más creído y extendido que se encuentre, no se transforma en verdad. Lo que hay es un profundo desconocimiento de las normas existentes (¡¡¡severísimas!!!) y, por tanto, un uso muy limitado de sus múltiples posibilidades. En todo caso, a este respecto hay una inmensa tarea de educación al interior de la institución (que ya habíamos iniciado) sobre las posibilidades que la ley ofrece a las autoridades en el combate al delito.
El cuarto tema se refiere al bajísimo nivel de concertación y colaboración entre los distintos agentes del sistema penal. La Policía se queja amargamente de jueces y fiscales que no colaboran con ellos al ritmo y con el compromiso que la lucha contra el delito requiere. Puedo dar testimonio personal de múltiples circunstancias en que ello fue así. Pero es cierto también que en determinados momentos se logró excelentes niveles de cooperación con muy buenos resultados. Este debería ser, por cierto, con inteligencia y voluntad política, el problema más fácil de solucionar, ya que los objetivos de una sociedad segura en la que la ley se respete son de interés común de ambas instituciones y, para el caso, compartidos por todos los ciudadanos.
Ahora se cuenta con un instrumento novedoso, la ley del sistema de participación ciudadana, la que, llevada creativamente a la práctica, abre posibilidades insospechadas.
Cómo enfrentar el problema
¿Cuáles son, a mi juicio, las líneas maestras para un enfrentamiento adecuado del problema?
En primer lugar, un diagnóstico apropiado. Allí, de partida, una advertencia dura pero honesta: se trata de un mal común a las grandes y medianas ciudades modernas, y no hay ninguna ciudad en el mundo que pueda sostener que lo puede erradicar por completo; menos aún en países pobres del tercer mundo. El diagnóstico debe también comprender la inutilidad de militarizar la lucha contra el crimen y la naturaleza compleja y diversa de las causas (y, por tanto, de las soluciones).
En segundo lugar, desarrollar una política de seguridad ciudadana que incluya la participación activa de la comunidad y de otros sectores del Estado. La experiencia de las rondas campesinas en muchas zonas del campo ha sido un ejemplo de lo que se puede conseguir. Queda ahora continuar en los esfuerzos ya iniciados por mejorar la relación entre Policía y ronderos, para que no se perciban entre sí como rivales sino como complementarios. En el caso de las ciudades, la experiencia de las juntas vecinales promovidas por la Policía desde hace algunos años es extraordinariamente valiosa y debe ser potenciada. Ahora se cuenta además con un instrumento novedoso y potente, a saber, la ley del sistema de participación ciudadana aprobada en el Congreso (dicho sea de paso, una de las propuestas centrales de la Comisión de Reestructuración en esta materia), la que, reglamentada adecuadamente y, sobre todo, llevada creativamente a la práctica en cada distrito y provincia del país, abre posibilidades insospechadas de colaboración y participación de diversos agentes del Estado y la comunidad en esta tarea.
En tercer lugar, una Policía confiable y eficaz. Para ello es fundamental la continuidad de la reforma policial. La dignificación de la función policial y la lucha contra la corrupción, las dos caras de la moneda de la campaña "A la Policía se la respeta", son solo el lado visible de un proceso de cambios en marcha que va desde la definición de la misión, la educación, la carrera policial, la estructura orgánica, la administración de los recursos, los regímenes disciplinarios, la relación con la comunidad, el bienestar de sus miembros, etcétera. Todo ello, de continuarse, debería permitir tener en el mediano plazo una institución cada vez más profesional, eficiente, honesta, moderna y con pautas de actuación concordantes con las de una sociedad democrática.
En cuarto lugar, una adecuada política frente al crimen. No se puede caer en extremos absurdos. La disyuntiva no puede estar entre la impunidad generalizada o el convertir al país en una cárcel inmensa. Existen otras opciones. Hay todo un trabajo ya avanzado para el uso eficaz de penas alternativas para delitos menores (trabajo comunitario principalmente); ello puede traer una auténtica revolución cultural en lo que a la ley se refiere. Se cuenta ya con todo el marco legal, incluso con normas aprobadas recientemente para romper los cuellos de botella que impedían que el sistema funcionase. Se requiere ahora un gran esfuerzo concertado de los diversos sectores implicados, liderados por el Ministerio del Interior, para ponerlo en práctica.
En quinto lugar, una asignación presupuestal acorde con la prioridad del problema. No se trata de competir con educación o salud, pero la seguridad debe tener un tratamiento preferencial en la asignación presupuestal que permita contar con más policías y pagarles mejor, así como invertir en tecnología moderna, transportes y comunicaciones. Lo segundo, por cierto, de ser concebido austeramente y manejado con honestidad, no debería envolver recursos inalcanzables incluso para los parámetros actuales de nuestra economía.
Todos y cada uno de estos temas merecen un tratamiento a profundidad, pero creo que configuran los ejes fundamentales de una estrategia de seguridad ciudadana que sea razonablemente eficaz y que fortalezca y no debilite la democracia y los derechos de las personas.