Fecha: 
09/2013

Más de dos décadas después de iniciadas las reformas penales en América Latina, es bien conocido que las transformaciones hacia sistemas acusatorios se proponían ga- rantizar de mejor manera los derechos de víctimas e imputados, incorporando es-

tándares internacionales y nuevos desarrollos de las ciencias criminales, tarea no siempre im- plementada con éxito. En este devenir, la prisión preventiva ha ocupado un significativo lugar en los debates como indicador del adecuado o inadecuado funcionamiento de proceso penal.

Hoy por hoy, la aplicación de esta medida cautelar continúa generando fuertes tensiones, que han dado cabida a la discusión en torno a una aparente incompatibilidad entre la aplicación de los principios del Estado democrático y constitucional de derecho, tales como la presunción de inocencia, plazo razonable del juicio, privación de la libertad como última ratio del sistema penal, y la necesidad de contar con políticas eficaces de seguridad ciudadana y sanción del delito.

En muchos países de la región puede observarse un cotidiano cuestionamiento desde los medios de comunicación hacia el funcionamiento del sistema judicial, instalando nociones como las de “la puerta giratoria” o el “garantismo” como sinónimo de impunidad o, al menos, de falta de voluntad en la aplicación oportuna de la ley. Estas exigencias de seguridad ciudadana provenientes de diversos sectores, generan coyunturas que propician el endurecimiento de los regímenes de la prisión preventiva, las que se evidencian con las contrarreformas específicas al régimen de medidas cautelares que se han multiplicado en los códigos de procedimiento penal en los últimos años.

Si bien, en los ordenamientos constitucionales contemporáneos, los jueces se erigen en ga- rantes de los derechos de las personas y en contralores de los poderes públicos, contribuyendo a asegurar una respuesta estatal idónea frente al delito, esta responsabilidad es presentada como si consistiera en el combate del delito, tarea que corresponde a otros brazos del Estado. A esta circunstancia se suman, la endémica sujeción de los órganos judiciales a poderes políticos y fácticos y una escasa capacidad de los sistemas de justicia penal para comunicar sus decisiones y el fundamento de las mismas fuera del ámbito judicial.

En los primeros años de esta ola de reformas, el abordaje crítico de la prisión preventiva tendía a centrarse en el elevado número de personas privadas de libertad sin condena debido a la lentitud de los juicios. En la actualidad, las altas cifras de presos sin sentencia siguen siendo un reto que los sistemas de justicia deben atender con urgencia. Sin embargo, en más recientes análisis, el persistente aumento de la prisión provisoria puede adjudicarse no solo a la falta de celeridad procesal sino, en gran medida, a la escasa utilización por parte de los jueces de medi- das alternativas a la prisión y a la poca importancia que se ha dado a las formas de implementa- ción y control, cuando estas han sido aplicadas.

DPLF, desde su Programa de Independencia Judicial, conscientes del contexto descrito que hacía patente la necesidad de cambios impostergables, y a la vez comprometidos con el fortalecimiento de las judicaturas en América Latina, se dio a la tarea de reflexionar cómo estas dos pro- blemáticas interactúan: una insuficiente independencia judicial frente a la aplicación extendida de la prisión preventiva por razones no justificadamente cautelares. Estas reflexiones tenían a la base dos consideraciones. Por un lado, los estándares internacionales que configuran la pri- sión preventiva y que están incorporados en la mayoría de legislaciones nacionales, los cuales la circunscriben a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, y al fin precautorio de asegurar las resultas de la justicia. Por otro lado, que el ejercicio de la función judicial debe ser garantía para un juicio regido conforme a las reglas del debido proceso, aún más cuando está en juego la libertad de las personas.

Así nació la iniciativa, con el apoyo de Open Society Foundations (OSF) bajo su “Campaña Global para la Justicia Previa al Juicio”, de llevar a cabo una investigación, que ahora presenta- mos, en cuatro países de la región: Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, seleccionados por representar diversas caras del fenómeno de la creciente “prisionización” en la etapa previa al juicio y porque, en conjunto, muestran los problemas que enfrentan los jueces en la región, con el fin de ilustrar los principales desafíos y amenazas a la independencia y la imparcialidad judi- ciales, en relación con sus efectos sobre la problemática de la prisión preventiva en la América Latina del siglo XXI.

Esta investigación, coordinada desde DPLF, comprende informes por cada país elaborados por organizaciones nacionales, de larga trayectoria y experticia en la materia a estudiar: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) en Colombia, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) en Ecuador y el Instituto de Defensa Legal (IDL) en Perú, y un análisis comparativo, a cargo del reconocido consultor Luis Pásara, que condensa las tendencias comunes y formula propuestas para responder institucionalmente al problema en la región.

El objetivo general trazado consistía en verificar tanto la existencia de injerencias en las decisiones judiciales concernientes a la prisión preventiva, que tienen origen desde el exterior y desde el interior del sistema de justicia, como la presencia y el funcionamiento de mecanis- mos institucionales encaminados a contrarrestar tales injerencias de modo de salvaguardar la imparcialidad del juez. Esto, dado que los Estados, en particular, los poderes judiciales, deben contrarrestar o contener presiones e interferencias, sin pretender su completa anulación. De hecho, la existencia de presiones es inevitable y no necesariamente negativa; en muchos casos es incluso, legítima en tanto opiniones vertidas y manifestaciones públicas que corresponden al ejercicio lícito del derecho de expresión.

El primer aspecto a dilucidar fue el “concepto” de prisión preventiva que enmarcaría la presente investigación. Como se sabe, existe consenso sobre las características cautelares que reviste esta medida, apuntadas arriba, pero permanece abierto un debate en el continente, que trasciende los fines de este estudio pero que se hizo presente en las primeras etapas de esta in- vestigación, acerca del momento procesal en que concluye la presunción de inocencia y se deja la categoría de preso provisorio: para algunos se entiende hasta antes de la condena de primera instancia, y para otros, hasta que se produzca la sentencia firme según la legislación nacional. La diferencia entre una y otra concepción cobra relevancia al momento de precisar cuantitativa- mente la magnitud de los detenidos en prisión preventiva y las consecuencias jurídicas para ambos supuestos son diferentes. Sin embargo, hecha estas precisiones, para efectos de la metodolo- gía diseñada, optamos por dejar a salvo a cada autor a cual criterio atendería, en el entendido de que si bien las estadísticas nacionales han sido un parámetro a tomar en cuenta, el objeto mismo del estudio –la relación independencia judicial deficiente y prisión preventiva deformada- es de orden cualitativo y no se vería sustantivamente alterado por la opción que se tomase.

Superado este primer escalón, se partió de la hipótesis de que los funcionarios judiciales de la región son, en menor o mayor medida, vulnerables a presiones externas, legítimas e ile- gítimas, que les dificultan interpretar y aplicar la detención preventiva según los parámetros internacionales. En las investigaciones se encontró evidencia cualitativa que confirmó esta hi- pótesis, al menos para algunos casos con características específicas, como aquellos donde existe una mayor atención mediática, ya sea por el tipo de delito o las condiciones de la víctima o la persona imputada.

La investigación se fundamentó en una combinación de metodologías que se aplicaron en lo sustancial bajo el mismo esquema en los cuatros países. Primero, revisión de fuentes norma- tivas, jurisprudenciales y doctrinales acerca de la detención preventiva, así como las estadísticas oficiales disponibles para el período entre 2010 y 2012. Segundo, un trabajo de campo consis- tente en entrevistas a diversos actores relacionados con la cotidianidad de la aplicación de la prisión preventiva. Tercero, un análisis de varios casos concretos en que funcionarios judiciales tomaron decisiones acerca de la detención de personas imputadas, dentro de situaciones de pre- sión externa, o fueron objeto de procesos disciplinarios como consecuencia de sus resoluciones en relación con la prisión preventiva, especialmente en casos donde existía un rechazo público a la medida.

Esta obra que hoy ofrecemos a todo lector interesado, resulta innovadora a nivel de la temá- tica, pues hasta ahora se carecía en América Latina de un estudio comprehensivo que exami- nara cómo la adopción de decisiones jurisdiccionales sobre el estatus procesal de los imputados penales debe soportar presiones intensas e injerencias indebidas de diversos actores tanto de la Legislatura y el Ejecutivo, como de los medios de comunicación y otros grupos sociales.

Esperamos que el diagnóstico de los problemas identificados y las propuestas para enfren- tarlos que se desarrollan en los informes de país y en el análisis comparativo, sean retomados por los operadores de justicia y tomadores de decisión en políticas públicas, particularmente políticas judiciales, para perfeccionar su diseño y mejorar la eficacia de las respuestas institucio- nales a las injerencias identificadas. En definitiva, confiamos en que esta investigación contribu- ya a robustecer la independencia judicial a fin de que el juzgador pueda hacer uso de la prisión preventiva en los términos establecidos por la ley y los estándares internacionales.

Katya Salazar
Director Ejecutiva DPLF

Leonor Arteaga
Oficial de Programa DPLF