Fecha: 
09/2013

En los países andinos existen importantes mecanismos de justicia local, como la justi- cia comunitaria o indígena y la justicia de paz, las cuales, desde diversas perspectivas, permiten a la población de zonas rurales y urbano-marginales concretar derechos y resolver conflictos cruciales de su vida cotidiana. Se constituyen, así, en vías importan- tes para el acceso a la justicia y en ámbitos de intensa experiencia intercultural en la administración de justicia.

Actualmente, a nivel regional, se cuenta con avances normativos para el reconocimien- to de estas formas de justicia. Sin embargo, se requiere mayor desarrollo de políti- cas públicas estatales que promuevan mejores mecanismos de interacción entre los diversos sistemas de justicia. Esto, a su vez, supone la necesidad de profundizar el conocimiento sobre cómo se vive la interculturalidad en la justicia y qué problemática genera. Por ello, el libro Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones para su estudio, busca aportar reflexiones para el mayor reconocimiento del pluralismo jurídico y la promoción del acceso a la justicia en la región. Su contenido está conformado por diversos artículos, cuyos autores son investigadores y líderes indígenas, y se organi- za en los siguientes ejes temáticos: a) movimientos sociales y justicia comunitaria, b) perspectivas indígenas, c) género y justicia comunitaria, d) diagnósticos sobre justicia comunitaria y e) respuestas estatales para una justicia intercultural.

Esta publicación es fruto del esfuerzo de las instituciones miembros de la Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria, la cual tuvo una primera etapa entre los años 2001 y 2005, con presencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Durante esa primera fase, la Red Andina desarrolló una serie de actividades de incidencia, investiga- ción y propuestas, además de generar interesantes espacios de intercambio de expe- riencias entre autoridades locales de justicia de varios países. Toda la experiencia logra- da en los años iniciales fue retomada y fortalecida en una segunda etapa, llevada a cabo en el marco del proyecto Consolidación de la Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria (Oct. 2010–Set. 2013), que ha sido desarrollado gracias a la contribución financiera de la Unión Europea. En este nuevo período, han formado parte de la Red Andina el Instituto de Defensa Legal (Perú), el Centro sobre Derecho y Sociedad (Ecuador) y la Red de Participación y Justicia (Bolivia).

El objetivo central del proyecto ha sido fortalecer la Red Andina como un espacio de realización de acciones conjuntas para contribuir en el reconocimiento del pluralismo jurídico en Perú, Ecuador y Bolivia. Bajo este norte nos propusimos desarrollar varios ejes de trabajo complementarios. En primer lugar, hemos tenido el reto de generar espacios de diálogo regional entre autoridades estatales vinculadas a la justicia y líderes indígenas. En segundo lugar, ha sido clave participar en los procesos nacionales para generar mejores políticas públicas a favor del pluralismo jurídico y la coordinación en- tre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Finalmente, hemos considerado necesario sostener espacios de capacitación y brindar apoyo técnico a organizaciones indígenas e instituciones del Estado.

El proyecto se ha desarrollado en un contexto positivo y favorable para Perú, Ecuador y Bolivia. Consideramos que ha sido una intervención pertinente que ha contribuido de manera importante en la concreción del mayor reconocimiento de la justicia indígena y otros mecanismos de acceso a la justicia en la región andina. La Red Andina se ha consolidado como una entidad con legitimidad para generar espacios de diálogo entre líderes indígenas y entidades estatales de nivel judicial.

En el Perú, a partir del año 2009 el Poder Judicial comenzó un proceso importante de reformas para darle mayor reconocimiento y validez a la administración de justicia comunal y la justicia de paz. Se trata de dos ejes vitales para el acceso a la justicia en el Perú, sobre todo para la población indígena y de menos recursos. Durante el año 2010, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio inicio a los Congresos Internacio- nales sobre Justicia Intercultural, que en diciembre de 2012 llegó a su cuarta edición. Asimismo, se han venido implementando las Escuelas de Interculturalidad en diversas Cortes Superiores. Estas acciones estatales han permitido establecer mayor cercanía entre magistrados y líderes indígenas, y la posibilidad de formular un proyecto de Ley de coordinación de instancias entre la administración de justicia estatal y la administra- ción de justicia comunitaria.

En Ecuador, el proyecto se ha ejecutado en una coyuntura marcada por el proceso de reforma de la función judicial del año 2011. Lamentablemente el tema del acceso a la justicia no consideró temas complementarios e importantes como la justicia indí- gena, la justicia de paz o los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación, conciliación y arbitraje. A pesar de esto, el proyecto ha sido valorado por entidades públicas como la Asamblea Nacional que ha participado activamente en diversas actividades desarrolladas para la aprobación de la ley de cooperación y coor- dinación entre la justicia indígena y la ordinaria. De igual modo, se ha trabajado con organismos como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Consejo de la Judicatura.

En Bolivia, el proyecto se ha desarrollado en un contexto de adecuación de nuevas nor- mas relacionadas con el tema de justicia y en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. Se ingresó a un proceso de cambios basado en el análisis y deliberación del marco normativo sobre la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley de Autonomías. Estos cambios normativos han tenido como objetivo central generar cambios y avanzar en la aplica- ción de la justicia plural en el país.

Luego de transcurridos casi tres años de ejecución del proyecto, las instituciones miembros de la Red Andina, podemos afirmar que se ha logrado contribuir en la im- plementación de nuevos enfoques en el funcionamiento de los sistemas de justicia en la región. Cada país con su particularidad ha desarrollado acciones importantes para lo- grar un mayor reconocimiento y funcionamiento de la justicia indígena o comunitaria y su relacionamiento con la justicia ordinaria. En esta tarea hemos estado íntimamente involucrados.

Una de las acciones más importantes del proyecto ha sido el impulso de espacios de diálogo regional que ha logrado integrar a los tres países de la región, a través del inter- cambio de experiencias entre autoridades estatales de justicia, entre líderes indígenas y entre ambos actores. En esta línea, cabe mencionar que el Perú ha dado aportes técni- cos importantes al Consejo de la Judicatura del Ecuador, en el tema de Justicia de Paz. Gracias al apoyo del proyecto, esta institución logró que se organice un departamento de pluralismo jurídico, con lo cual se están desarrollando actividades de coordinación con la justicia indígena a nivel interno y se ha iniciado un proceso sostenido para la implementación de un programa piloto de justicia de paz.

En el Perú se ha contribuido en el impulso de actividades de incidencia y la formulación de proyectos de ley que regulen la Justicia de Paz. Mientras el proyecto se encontraba en ejecución se aprobó la Ley de Justicia de Paz (Ley 29824, publicada el 3 de enero de 2012), norma muy esperada que ha mejorado la regulación de esta materia. Por otro lado, se trabajó un proyecto de ley sobre mecanismos de coordinación entre las juris- dicciones indígenas y la administración de justicia estatal, habiendo logrado la apertura de debates sobre el contenido de esta propuesta y la necesidad de su aprobación; actualmente continúa en debate nacional al respecto. Otra de las actividades más resal- tantes ha sido el apoyo técnico a la Corte Suprema de Justicia, a la Oficina Nacional de Justicia de Paz y a las Oficinas de interculturalidad de las Cortes Superiores de Cuzco, San Martín, Junín y Loreto.

En Ecuador se ha logrado impulsar dos proyectos de ley que se debaten en la Asamblea Nacional, la Ley de cooperación y coordinación entre la justicia indígena y justicia ordi- naria y la Ley Orgánica de derechos colectivos del pueblo Afro-ecuatoriano. Asimismo, se han desarrollado actividades para promover espacios de diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en diversas zonas de Ecuador: Esmeraldas, Chimborazo, Pastaza, Morona Santiago, Cotopaxi y Loja. A través de estas actividades, se ha gene- rado un debate profundo sobre la ley de cooperación y coordinación entre los dos sis- temas de justicia, con la participación de funcionarios y autoridades estatales y líderes de varias nacionalidades indígenas. El Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) ha logrado reconocimiento, posicionamiento y legitimidad ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como en el Consejo de la Judicatura. Por ello, ha sido convocado para asesorar permanentemente en el debate del proyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria así como sobre la implementación de la justicia de paz en parroquias rurales del Ecuador.

En Bolivia se ha participado activamente promoviendo espacios de diálogo y elaboran- do propuestas normativas relacionadas a la aplicación e implementación de la justicia plural, tal como el caso de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Asimismo, se han impul- sado espacios de diálogo y coordinación entre la jurisdicción Ordinaria y la Justicia Indígena Originaria Campesina, posibilitándose la firma de un convenio con el Poder Judicial, como un mecanismo formal que ayudó a generar espacios de coordinación y cooperación. Con las actividades desarrolladas se logró incidir a nivel de las autorida- des de ambos sistemas, sobre la importancia y necesidad de participar activamente en procesos de coordinación y cooperación que ayuden a la implementación efectiva del sistema de justicia plural, a fin de consolidar su implementación y mejorar los niveles de acceso a la justicia en beneficio ciudadano en ambas jurisdicciones.

Se ha participado de forma activa a través de acciones desarrolladas con distintos ac- tores como asambleístas, miembros de la Comisión de Justicia Plural, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Magistrados, Vocales y Jueces del sistema de Justicia, Vice ministerio de Justicia, Ministerio de Autonomías y Autori- dades de Naciones y Pueblos Indígenas. Asimismo, se ha trabajado de manera focaliza- da con la nación Yampara Suyu y la nación Guaraní, con la finalidad de tener un trabajo más sostenido con dos pueblos específicos.

Asimismo, el proyecto ha favorecido la implementación de espacios de debate inter- nacionales. Esto se concretó de cuatro formas: a) la realización de seminarios inter- nacionales en cada uno de los tres países; b) encuentros binacionales entre líderes indígenas y autoridades estatales; c) el programa de radio Justicia en mi comunidad, que se emitía los viernes por la mañana desde Radio San Borja en Lima y con conexión en directo con radios en Quito y La Paz; y d) el observatorio de acceso a la justicia con información actualizada proveniente de los distintos países andinos y latinoamericanos (www.justiciaenlosandes.org).

En base a esta historia reciente de la Red Andina, la publicación de este libro se presen- ta como testimonio de la constante preocupación por ampliar los conocimientos que se tienen sobre la justicia intercultural en la región andina y la necesidad de continuar planteando propuestas que contribuyan a su mayor reconocimiento.

Lima, setiembre de 2013.
Cecilia Serpa Arana
Coordinadora General Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria