Fecha: 
03/2014
Autores o Editores: 

El Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su equipo profesional “Justicia Viva”, desde hace muchos años hace seguimiento, fiscalización y formula propuestas dirigidas a mejorar sustancialmente el sistema de justicia, combatir la corrupción y consolidar el Estado de derecho en el Perú. En ese marco, preocupan las numerosas denuncias de corrupción contra las altas autoridades o ex autoridades señaladas en el artículo 99° de la Constitución (Presidentes de la República, parlamentarios, ministros, entre otros)2 que, pese a ser investigados por el Congreso de la República como presuntos delitos o infracciones constitucionales, con frecuencia quedan impunes tanto en sede parlamentaria como fiscal o judicial.

En el presente informe queremos concentrarnos en analizar el actual problema de la falta de tipicidad de las infracciones constitucionales que ha identificado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el particular, en especial la sentencia TC en el caso conocido como “Tineo Cabrera” (STC N° 00156-2012-PHC/TC), pues nos preocupa que tal jurisprudencia –en principio positiva- pueda llegar a ser utilizada o manipulada para propiciar –aún más- la impunidad. Coincidimos que estos procesos político parlamentarios deben observar las garantías del debido proceso, pues en un Estado constitucional no deben existir zonas exentas de control de constitucionalidad (principio de interdicción de la arbitrariedad), pero, a la vez, consideramos que tales garantías deben ponderarse con otros derechos y bienes jurídicos constitucionales

En consecuencia, el reto es cómo lograr que estos procesos político parlamentarios observen las garantías del debido proceso –entre ellas, por cierto, la tipicidad de las infracciones constitucionales-, sin que ello lleve –finalmente- a la impunidad de graves infracciones a la Constitución en las que puedan haber incurrido altas o ex altas autoridades públicas. Consideramos que no es incompatible observar la Constitución y sancionar los graves actos de corrupción, sino que, por el contrario, ambos propósitos son complementarios, pues un marco constitucional que no sólo respete el debido proceso sino que también sancione ejemplarmente la corrupción, contará con la confianza ciudadana.