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Caso Madre Mía debe ser reabierto por la Justicia
02/05/2017
  • Perú

La aparición repentina de algunos audios que contienen escuchas telefónicas realizadas al entonces candidato a la Presidencia de la República Ollanta Humala Tasso que acreditarían la compra de algunos testigos para que varíen sus declaraciones en el proceso judicial en el caso de los desaparecidos en la Base Militar de Madre Mía el año 1992, durante el régimen de Alberto Fujimori, se debería convertir en el elemento probatorio que permita la reapertura del caso.

 

Como es de público conocimiento existe una sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Cesar San Martín Castro, de diciembre de 2009 por la cual se confirmó la decisión de la Sala Penal Nacional de no abrir juicio oral contra Humala Tasso por una supuesta inexistencia de pruebas, y también existe  una sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida  Javier Villa Stein de mayo de 2012, que confirmó la absolución contra los tres imputados en la compra de testigos en el caso Madre Mia, dos jueces que por lo general han tenido  posturas contrarias en materia de derechos humanos, coincidieron en este caso.

 

Como lo dijimos en su momento, mas allá de la absolución el IDL siempre ha considerado que la naturaleza particularmente grave de los hechos –la desaparición y probable ejecución extrajudicial de dos personas por elementos militares- constituyen un crimen de lesa humanidad por lo tanto no prescribe y permite que las víctimas, aun con el paso del tiempo, puedan ejercer sus derechos a la verdad y la justicia.

 

Esa fue la alternativa que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desarrolló cuando hacia mediados de la década pasada se comprometió con el patrocinio legal de los familiares de las víctimas logrando que el Poder Judicial inicie un proceso penal contra Humala Tasso y luego de que la Corte Suprema confirmara el archivamiento del mismo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta la fecha sigue abierta en dicha instancia internacional y consideramos que ese es  el camino más eficaz para reabrir el caso. Para que ello suceda invocamos a que el Estado peruano reconozca responsabilidad internacional en esos hechos, ello habilitaría a la Comisión, como en otros casos, formular recomendaciones expresas y urgentes para la anulación de los resoluciones judiciales y para la reapertura del proceso penal.

 

El IDL, como parte de la CNDH, siempre ha estado comprometido con los principios de verdad y justicia a favor de las víctimas de este tipo de crímenes y nuestra trayectoria no deja lugar a dudas, pero también estamos comprometidos con la defensa de la democracia y las libertades fundamentales que este régimen comprende y fue este importante elemento político el que durante las elecciones presidenciales del año 2011 nos planteó una disyuntiva en medio de la cual optamos por  la alternativa electoral menos riesgosa no sin antes exigir compromisos muy concretos con los fundamentos centrales del sistema democrático, esto frente al evidente  retorno del fujimorismo al poder lo que consideramos hubiera significado un retorno a los 90s.