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Congreso remueve a contralor, pero es urgente destituirlo
03/07/2017
  • Perú

Ante la remoción de Edgar Alarcón Tejada como Contralor General de la República, por 22 votos a favor, 1 abstención del congresista Bienvenido Ramírez y 0 abstenciones en la Comisión Permanente del Congreso, el Instituto de Defensa Legal – IDL debe señalar enfáticamente lo siguiente:

  1. La remoción del ahora ex Contralor, en base al Informe del Grupo de Trabajo presidido por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, es un clamor ciudadano y responde a la exigencia de luchar contra la corrupción, exigiendo un perfil intachable en el titular de la institución que cuida de los dineros del Estado.
  2. Con esta decisión, se identifican 4 supuestos de “falta grave” que indica el artículo 82 de la Constitución para la remoción del Contralor: el favorecer indebidamente en la contratación de personal asesor en oficinas de la Contraloría; el someterse a un auditor de la Contraloría siendo aquél la máxima autoridad de la institución y el Congreso el único órgano de su fiscalización; el realizar operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría; el omitir la presentación debida de declaración jurada de bienes y rentas. Todos ellos, violaciones a los deberes funcionales del cargo.
  3. A la par de este importante paso, se evidencia que falta mucho aun para que no prime la impunidad o para que el caso no se repita. Por ejemplo, no da garantías que la Contraloría de la República quede interinamente en manos de quien fue el vicecontralor de Alarcón Tejada (artículo 33 de la Ley 27785), Oswaldo Esteban Yupanqui Alvarado, quien no ha dicho nada sobre las faltas graves del hoy removido. Yupanqui es vicecontralor desde el 2009, nombrado en ese cargo de confianza por Fuad Khoury. En el 2012, según se conoció, su nombre fue tomado para realizar presuntos actos de corrupción en el Municipio de Vítor, en Arequipa, y evitar la intervención de la Contraloría a cambio supuestamente de 45 mil dólares.
  4. El hoy removido ex Contralor ha indicado que podría continuar en la institución, ya que conservaría su cargo de origen en el que no ha sido removido. Esta situación no solo es un contrasentido y un absurdo, ya que ha violado deberes que iluminan a la función pública, sino que evidencia los vericuetos legales que podrían utilizarse a favor de la impunidad.Por ello urge que la Contraloría destituya del cargo a Alarcón, y que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones por la responsabilidad penal que los hechos en cuestión puedan entrañar o derivar. Sobre lo primero, preocupa que dicho procedimiento vaya a desarrollarse cuando quien asume el cargo es quien se desempeñaba como su vicecontralor, el señor Yupanqui.
  5. Es particularmente grave que la Universidad San Agustín de Arequipa ya haya señalado que el título profesional de Alarcón no haya sido emitido con los requisitos de ley. Ese hecho no puede quedar en la impunidad pues configuraría el ejercicio ilegal de la profesión de acuerdo al artículo 364 del Código Penal: “El profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años e inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36º,  incisos 1 y 2.”.
  6. Lo anterior, evidencia la necesidad de una urgente reforma  en la fiscalización a los funcionarios del sistema de control. Cuatro puntos son clave: reformar el proceso de elección de estos funcionarios, crear y reforzar un sistema ciudadano de control, plantear la prioridad en la agenda del Congreso de los casos que involucren a altas autoridades, y elevar el estándar para el acceso y duración en el cargo. Sobre esto último, es necesario que se legisle la garantía de la sola “apariencia” de idoneidad para el cargo, sostenida en antecedentes razonables de su conducta personal y profesional.