26 Julio, 2018

Hace más de dos años, Gustavo Gorriti y Romina Mella publicaron una serie de notas relacionadas al caso Odebrecht, en las que implicaban a los empresarios Gonzalo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi en la creación de empresas off shore vinculadas a la empresa brasilera.

En mayo de 2016, los aludidos interpusieron una querella en contra de los dos periodistas por difamación y calumnia, que fue admitida por el juez del 22 Juzgado Penal de Lima. Dos años después, los querellantes plantean una recusación para cambiar de juzgado, ya que dudan de la imparcialidad del juez, quien, además de no archivar el caso ante las evidencias presentadas por Gorriti y Mella, decidió inhibirse del mismo.

El 18 de julio de este año el expediente se traslada al 42 Juzgado Penal, pero el juez a cargo, César Augusto Lozano Vásquez, alega que no hay motivos legales para que el juez del 22 Juzgado se inhiba, y eleva la consulta a la instancia superior, es decir, a la Tercera Sala Penal Superior de Lima.

La demanda contra IDL-Reporteros es una clara expresión de la incomodidad que genera el periodismo de investigación en ciertas esferas del poder vinculadas a actos de corrupción que ahora son materia de investigaciones en el Ministerio Público.

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