30 Abril, 2014

El Tribunal Constitucional ha resuelto el expediente Nº 00791-2014-PA/TC nombrando como Fiscal Supremo del Ministerio Público al exfiscal Mateo Castañeda Segovia, anulando el nombramiento de las doctoras Zoraida Avalos y Nora Miraval y ordenando que se habiliten dos plazas más para su posterior reincorporación a la Fiscalía Suprema. Ante ello el Instituto de Defensa Legal (IDL) señala lo siguiente:

  1. El Tribunal Constitucional acaba de dar un severo golpe a la institucionalidad democrática en el país. Nombrar a un fiscal supremo cuando ello es competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya se pronunció en seis oportunidades en este caso, es violar directamente la Constitución y producir un acto propio de los sistemas autoritarios.
  2. La grave inconstitucionalidad en la que incurre el TC es de fondo y de forma, ya que la “resolución” no cumple con los requisitos del artículo 10 del reglamento normativo del TC que expresamente dicen “El quórum del Pleno del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros”. Esta “decisión” se ha dado solo “con la asistencia” de los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda por lo que no se ajusta a ley y ahonda en la sospecha de que este deslegitimado Tribunal está cometiendo arbitrariedades ad portas de ser remplazado.
  3. De acuerdo al artículo 45 de la Constitución las autoridades ejercen el poder “con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”; por lo que esta “decisión” de los tres magistrados no solo es nula sino que amerita la inmediata investigación por el Congreso de la República.
  4. El artículo 46 indica que nadie debe obediencia “a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”, por lo que el CNM debe en defensa de sus funciones constitucionales no juramentar al ex fiscal Mateo Castañeda; y la Junta de Fiscales Supremos debiera negarse a que forme parte de su colegiado. De lo contrario,  la Constitución establece que “Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
  5. Además esta irregular sentencia contradice lo que el mismo TC, en febrero del año 2012, reconoció en comunicado oficial afirmando que sus sentencias referidas a los postulantes Castañeda e Hinostroza eran respecto a un defecto de motivación del CNM y que Diferente sería el caso que el TC hubiera ordenado que se disponga el nombramiento de ambos postulantes, hecho que no ha ocurrido”.
  1. El IDL hace un urgente llamado a todos los ciudadanos y todas las autoridades democráticas para no dejar pasar este golpe a la institucionalidad y al Estado de Derecho, y para que de una vez por todas elijan a los nuevos integrantes del TC y ejerzan el debido control sobre los magistrados que desde hace mucho tiempo vienen deshonrando a este Alto Tribunal.

IDL Artículos