12 Septiembre, 2018

El día 10 del presente mes, las organizaciones sociales de Cotabambas en Apurímac, con el patrocinio legal de Aprodeh-Apurímac e IDL, presentaron un escrito solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre los estados de emergencia abusivos que el Gobierno expide, sin acreditar que realmente se haya producido una grave afectación del orden público, tal como lo exige el artículo 137 de la Constitución.

El estado de emergencia ha sido decretado en el corredor vial -482 kilómetros-, que atraviesa las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, y afecta a 50,000 personas. Según el Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas, procede declarar el estado de emergencia en Velille y Maras (Cusco) y Yavivi (Apurímac), donde sí hay protestas sociales (que en su opinión están justificadas), pero no en los otros distritos en los que no hay una afectación grave del orden interno.

Ya el año pasado el IDL había presentado una demanda de hábeas corpus contra el D.S. No 101-2017-PCM, que declaró el estado de emergencia en Chalhuahuacho (Apurímac), y que en octubre del mismo año el Gobierno derogó. Ahora está solicitándole al Tribunal Constitucional que no declare la sustracción de la materia, pues si bien la norma que la originó (101-2017-PCM) ya perdió efecto, hay una nueva norma (D.S. 091-2018-PCM) que genera las mismas violaciones a los derechos fundamentales de la población en el corredor vial.

“Sustentamos nuestro pedido en el principio que el TC ha desarrollado en su jurisprudencia. El TC ha establecido los casos en los que una norma debe ser declarada inconstitucional no solo por razón de 'conexidad' o 'consecuencia', supuestos contenidos en el artículo 78 del Código Procesal Constitucional, sino cuando hay una relación de 'identidad' material entre dos normas: el contenido del Decreto Supremo No. 101-2017-PCM se repite y se reproduce materialmente en los hechos en el D.S. 091-2018-PCM, aprobado por el Gobierno. Ambas normas declaran el estado de emergencia en el corredor vial del sur andino”, agrega Juan Carlos Ruiz, abogado coordinador del área.

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