Agenda nacional e internacional
para el trabajo de Derechos Humanos
en América del Sur

FUNDAMENTACIÓN:

Los atentados del 11 de setiembre han determinado que la lucha contra el terrorismo pase a ser prioridad fundamental en la agenda internacional y en las agendas nacionales. 

Esta lucha ha promovido en un escenario desfavorable y hasta adverso para la vigencia de los derechos humanos. 

Si bien la experiencia peruana en torno a Sendero Luminoso ha demostrado que una respuesta inadecuada del estado, basada fundamentalmente en una represión indiscriminada y en la conculcación de derechos y libertades, puede terminar ayudando al terrorismo en el cumplimiento de sus objetivos, la manera en que se debe de combatir el terrorismo constituye todavía una materia en disputa, puesto que durante los años del régimen de Fujimori, se construyó y difundió una versión oficial distorsionada, que se mantiene arraigada en las autoridades y en la población en general. 

Las restricciones a los derechos humanos aprobadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos son malas señales para los países de la región y algunos sectores autoritarios están empleando este nuevo escenario regional para poder generar políticas que se pensaban superadas, inclusive en asuntos no directamente relacionados con la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, hubo también cierto consenso en que la situación no es solamente un reto, sino una oportunidad. 

Estamos así ante la necesidad y oportunidad de demostrar que la vigencia de libertades y de derechos no está reñida con la búsqueda de eficacia en el combate frente al terrorismo. Es por eso que resulta fundamental la existencia de un movimiento que al mismo tiempo que defiende libertades y derechos tenga un compromiso activo en relación a la lucha contra el terrorismo. 

En este sentido, el movimiento peruano de derechos humanos, que tiene condena activa del terrorismo una de las razones de su legitimidad, puede ser el punto de partida para construir una coalición regional al respecto y replicar esta práctica entre otros países de la región. 

Existe entonces una necesidad y una oportunidad para que, con posterioridad al 11 de setiembre, pueda consolidarse un fuerte movimiento de derechos humanos en los países de la región que pueda enfrentar el resurgimiento de respuestas autoritarias contra el terrorismo. 

OBJETIVOS:

_ Defender las libertades civiles y los derechos humanos en los países de la región andina y el Cono Sur, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, posteriormente a los atentados del 11 de setiembre.

_ Contribuir a la lucha contra el terrorismo desde una perspectiva democrática y de derechos humanos.

_ Ayudar a revertir las renovadas tendencias autoritarias que han resurgido en los países de la región a partir del 11 de setiembre.

_ Fortalecer el papel del movimiento de derechos humanos frente a las necesidades y oportunidades generadas a partir del 11 de setiembre.

_ Generar información, planteamientos, propuestas y medidas que respondan a una concepción en la que se busca la vigencia de libertades y derechos y a la vez eficacia en la lucha contra el terrorismo.

_ Creación y consolidación de espacios, liderazgos, redes para el seguimiento y la actuación en torno a las consecuencias del 11 de setiembre.

_ Estimular el debate al interior del movimiento de derechos humanos sobre su papel en las actuales circunstancias.

AMBITO E INSTITUCIÓN QUE DIRIGE EL PROYECTO:

El ámbito de ejecución del proyecto comprende a los siguientes países: Argentina, Colombia, Brasil Chile, Perú y Venezuela. 

El proyecto es dirigido por el Instituto de Defensa Legal, el Instituto fue creado en 1983 cuando la violencia sacudía el país, debido a los actos de terrorismo de Sendero Luminoso y la respuesta del gobierno con similares violaciones a los derechos humanos, principalmente contra inocentes. Posteriormente, durante los años del gobierno de Fujimori, dedicó parte de su trabajo a contribuir con la recuperación de la democracia, y actualmente desarrolla un conjunto de líneas de acción vinculadas a transición democrática y reconstrucción de la institucionalidad. 

ACTIVIDADES:

1. Creación de un grupo regional de trabajo de alto nivel. 
   
   Se ha establecido un grupo de trabajo regional, integrado por 12 miembros, entre defensores de derechos humanos y académicos, elegidos de manera coordinada entre la Fundación Ford y el IDL que tendrá los siguientes objetivos:
    

   	Discutir el nuevo escenario y la consecuente agenda para el trabajo en derechos humanos en la región y promover y proponer medidas para proteger los derechos humanos a nivel nacional, en un contexto de lucha contra el terrorismo.
   	Alentar un compromiso más activo y propuestas de medidas efectivas contra el terrorismo de parte del movimiento de derechos humanos.
   	Constituir un referente contra las respuestas regresivas que en los países de la región se planteen como la única “solución” contra el terrorismo.
   	Elaborar propuestas específicas a nivel de la región respecto a la situación de Colombia.

2. Constitución de red de contrapartes nacionales. 
   
   Se ha seleccionado una institución en cada uno de los cuatro países participantes en calidad de contraparte nacional del proyecto con el fin de hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en su país, lo que se materializará en dos informes. También se organizarán 4 talleres nacionales y colaborarán en la realización de otras actividades del proyecto.
    

3. Difusión del proyecto. 
   
   Para efectos de lograr una intensa difusión del proyecto se aprovecharán las reuniones del grupo regional de trabajo, los seminarios internacionales, las conferencias internacionales, las investigaciones realizadas y el documentos final. 
   
   Se recurrirá a medios de comunicación propios de las organizaciones vinculadas al proyecto y a medios de comunicación masiva. 
   
   Este proyecto se desarrolla gracias al apoyo de la Fundación Ford.