Fecha: 
Diciembre, 2012
Autores o Editores: 

El presente “Informe Anual 2012 sobre Seguridad Ciudadana” del Instituto de Defensa Legal se publica con el propósito de continuar la labor de medición periódica de la situación de inseguridad en nuestro país, así como evaluar las principales medidas adoptadas por nuestras autoridades. En esta ocasión estimamos oportuno transmitir a las mismas la necesidad de confeccionar políticas e implementar medidas que sean adecuadas a la dimensión real del problema y que se orienten a combatir tanto las consecuencias como las causas del fenómeno delictivo.

Al igual que en años anteriores, el informe contiene información proveniente de diversas fuentes (estadísticas oficiales, información periodística, publicaciones e investigaciones propias y de otras instituciones) y está compuesto por tres partes: un diagnóstico sobre la situación de inseguridad, un análisis de las medidas adoptadas por parte de las autoridades y una muestra de la distribución de los recursos preventivos del delito en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.