Fecha: 
Diciembre, 2015
Autores o Editores: 
El primer número de la serie Informe Anual de Seguridad Ciudadana, publicado por el área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL-SC), vio la luz al fi nal del segundo gobierno aprista, en septiembre del 2010. En ese momento, el balance de lo hecho durante el quinquenio presidencial llevó a que el subtítulo del informe fuera «El legado del gobierno de Alan García: un país más inseguro».
 
Este libro es el sexto de la serie y se publica en el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala. Por esa razón, sus pretensiones son diferentes de las que tuvieron los informes del 2011 al 2014, en los que presentamos lo hecho durante el año. En esta ocasión, apuntamos a analizar los principales logros y debilidades de la gestión saliente. Entre los datos más relevantes, encontramos uno que amerita ser resaltado: la disminución, en alrededor de 10 puntos porcentuales, del índice de victimización.
 
Mientras que al inicio del gobierno de Humala 4 de cada 10 ciudadanos respondían que habían sido víctimas de un delito, al terminar su gestión 3 de cada 10 sostienen lo mismo. Sin embargo, a pesar de esta victoria, nuestra evaluación de lo hecho durante el gobierno es que se trata de un quinquenio en el que no se han producido cambios sustanciales. La ausencia de liderazgo y de ideas fi rmes, así como la alta rotación de ministros del Interior, han minado la posibilidad de impulsar una reforma policial y desarrollar políticas públicas sostenibles en temas como la eliminación del 24 x 24, la corrupción y la educación policial.
 
Como indicamos en el capítulo 1, si bien se ha avanzado en la construcción de indicadores, la falta de estos nos mantiene en la opacidad y el desconocimiento acerca del problema de la inseguridad. Salvo el índice de victimización, la data disponible no muestra una mejoría de la seguridad ciudadana, sino lo contrario. Ante esto, ¿qué políticas públicas se han impulsado? ¿Cuál es nuestro balance sobre la actuación del gobierno? Estas preguntas —y otras relacionadas— son materia del segundo capítulo, INTRODUCCIÓN 12 SEGURIDAD CIUDADANA. INFORME ANUAL 2015 en el que también nos referimos a las expectativas defraudadas de la ciudadanía, que creyó que la presencia de un exmilitar en la presidencia de la República resolvería el problema de la inseguridad. En el tercer capítulo, mantenemos la tradición y la esperanza.
 
Como lo hemos hecho en números anteriores, hemos recopilado buenas prácticas locales de seguridad ciudadana, que IDL-SC ha identifi cado —y en algunos casos acompañado— durante el 2015. La idea es mostrar experiencias locales que puedan servir como ejemplo para otros barrios. Para eso, este año hemos desarrollado una metodología de evaluación del trabajo policial desde la óptica de la prevención, que hemos aplicado como piloto, a fi n de obtener lecciones aprendidas y hacer un contrapeso a la lógica represiva. El cuarto capítulo ha sido, sin duda, el más difícil. Hemos recogido información sobre los riesgos y recursos preventivos de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao. La data que se encuentra en este capítulo se refi ere a tres aspectos: el número de delitos y faltas denunciados, así como los tipos de estos; el número de efectivos policiales y de serenazgo, y de miembros de las juntas vecinales; y la inversión municipal en seguridad. Esperamos que este capítulo sirva para que los vecinos y vecinas organizados, al igual que las autoridades, cuenten con información fi dedigna que les permita ensayar estrategias de prevención y represión para mejorar la seguridad en sus localidades.
 
Como suele suceder, este libro es fruto de una suma de esfuerzos. La autoría le corresponde al equipo de IDL-SC, compuesto por César Bazán Seminario, Nancy Mejía Huisa, Isabel Urrutia Villanueva y Arturo Huaytalla Quispe. Sin embargo, no hubiera sido posible sin el apoyo de Aracelli Serra Tejada, Angélica Maldonado Santiago, Luz Amelia y Ana María Mejía Huisa. Además, la recopilación de información fue respaldada por Hernán Núñez y Marité Bustamante, regidor y exregidora de Lima Metropolitana, respectivamente. A ellos les agradecemos profundamente, al igual que a cada una de las municipalidades que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporcionaron la data necesaria. No podemos dejar de mencionar a Anaclaudia Rossbach y Marie-Alexandra Kurth, y a la agencia Cities Alliance, donde ellas trabajan, cuyo compromiso con el proyecto fue imprescindible para que se hiciera realidad. Este libro se publica ya iniciada la campaña electoral del 2016, uno de cuyos puntos de debate programático será —como es previsible— la seguridad ciudadana, principal problema del país y uno de los más grandes del continente. Por la relevancia del tema y por el dolor cotidiano que la delincuencia genera, corresponde que los candidatos formulen propuestas sensatas, dejando de lado el populismo (punitivo), que únicamente juega con el temor de la población, ya que sus medidas no representan soluciones efectivas.
 
Es inadmisible que mientras las personas 13 I. CARACTERIZANDO EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA son asaltadas y agredidas, políticos irresponsables planteen propuestas inconducentes, como la salida de los militares a las calles, la instauración de la pena de muerte, la entrega de armas letales para serenos, etcétera. Ese tipo de «soluciones» hacen perder el tiempo a la población y desnudan la baja calidad de las propuestas de los candidatos, quienes, en lugar de hacer demagogia, deberían debatir respuestas integrales, realmente efi cientes.

IDL Artículos

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  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.