Fecha: 
Octubre, 2014
Autores o Editores: 

La presente publicación tiene como objetivo proporcionar un texto sencillo que reúna las normas que regulan el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en nuestro país. Nos referimos a las normas nacionales, a los tratados internacionales de derechos humanos, como a la jurisprudencia obligatoria tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.

La configuración del contenido constitucional del derecho a la consulta previa, no solo se debe hacer desde lo que establecen la ley de consulta y su reglamento, sino a partir de lo establecido en las diferentes fuentes de derecho nacional e internacional que han precisado el derecho a la consulta, con especial preeminencia de aquellas fuentes de jerarquía constitucional.

En tal sentido, existen reglas jurídicas obligatorias referidas a la consulta previa que están dispersas en diferentes leyes y sentencias vinculantes, y a las cuales el lector no especializado difícilmente podrá acceder, a pesar de su fuerza normativa y su carácter obligatorio.

Consideramos que este material será útil para los diferentes actores que participarán en los diversos procesos de consulta previa que se convocarán, sean estos líderes de pueblos indígenas, funcionarios públicos, operadores del sistema de justicia, periodistas y público en general. Incluso para aquellos que quieran tener un mejor conocimiento de las normas que regulan los derechos de los pueblos indígenas.

Estamos convencidos de que la solución a los conflictos surgidos entre pueblos indígenas, Estado y empresas extractivas, debe darse dentro del Estado de Derecho, es decir en el marco del cumplimiento de las normas legales y constitucionales, especialmente de las normas que reconocen derechos a los pueblos indígenas. Por ello, resulta de vital importancia que los pueblos indígenas puedan no solo «conocer» sino «apropiarse» del ordenamiento jurídico, para exigir sus derechos al Estado y a las empresas. Ciertamente esta exigibilidad no solo se debe plantear ante las autoridades políticas, sino también ante los tribunales de justicia, cuando el Gobierno y las empresas privadas no quieran cumplir con las normas que reconocen estos derechos.

Una vez más debemos decirlo, no se trata de ponerle trabas al gobierno y a la política energética, es decir de oponerse a las actividades de explotación minera o de hidrocarburos. Estas actividades son importantes para el país y gozan de cobertura normativa e incluso constitucional. De lo que se trata es de armonizar, de articular y de compatibilizar estas actividades, con los derechos de los pueblos indígenas y con los estándares de protección del medio ambiente. En tal sentido, no debemos esencializar las actividades extractivas ni los derechos de los pueblos indígenas, ambas tienen cobertura constitucional.

Esperamos que esta publicación ayude a dar herramientas a los pueblos indígenas que en nuestro país intentan reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Si eso lo logramos, nos sentiremos satisfechos sabiendo que el esfuerzo valió la pena.

Finalmente, queremos agradecer el apoyo de la Broederlijk – Delen, al Instituto de Defensa Legal, por el apoyo y respaldo siempre constante, y de manera especial a Graciela Lavado y a Paulina Quispe, sin las cuales esta publicación no se habría concretado.