9 demandas ciudadanas urgentes contra el golpe al Ministerio Público
Justicia Viva – IDL
1. El Poder Judicial tiene que priorizar la decisión sobre las demandas de amparo y medida cautelar que se presenten, como la de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza.
2. La Fiscalía de la Nación no puede ser dirigida ni de forma interina, ni de forma titular, por un fiscal involucrado por el caso “Cuellos Blancos”.
3. La Junta Nacional de Justicia debe definir de una vez la reconsideración planteada contra la decisión de no vacar a su presidente Gino Ríos, para que las demandantes prosigan con la necesaria acción legal en defensa de la ley de incompatibilidades para el cargo.
4. El Poder Judicial debe priorizar la decisión sobre la demanda de amparo que plantea, por todos los vicios que existieron, un nuevo proceso de selección para la Junta Nacional de Justicia, un centro de poder de violación a la independencia del sistema. El caso está por verse si se acumula a uno previo, o si continúa en el tercer juzgado constitucional de Lima.
5. El Tribunal Constitucional debe rechazar la medida cautelar y demanda competencial que la JNJ ha puesto contra el Poder Judicial, por la demanda de amparo anteriormente señalada. Porque si la JNJ no está de acuerdo, debe debatir ello en el amparo mismo ante el Poder Judicial, y si está en desacuerdo con el resultado, recurrir a un amparo contra amparo. Lo otro, es desnaturalizar el proceso competencial.
6. La Fiscalía y el Ministerio del Interior no pueden dejar sin resguardo de seguridad a la fiscal Delia Espinoza. Ya antes ha ocurrido con, por ejemplo, la fiscal Ávalos. La seguridad de operadores de justicia, sobre todo los criminalizados como Espinoza, es prioridad y una exigencia internacional.
7. El Ministerio Público (como el Congreso y la Junta Nacional de Justicia) debe dejar de desacatar los estándares internacionales (caso “Casa Nina vs. Perú” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos): aún está impune la remoción de las fiscales Delgado y Cárdenas, retiradas de las investigaciones a su cargo por parte de Tomás Gálvez, el fiscal interino, que, con evidente conflicto de interés y sin razón válida, las separó de las investigaciones que lo vinculan directa e indirectamente con el caso “Cuellos Blancos”. Hasta ahora no son repuestas. La Junta de Fiscales Supremos no pueden obviar esta grave violación de su representante máximo que impacta a favor de la presión indebida en el trabajo fiscal.
8. El Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima debe priorizar las causas respecto de abogados y abogadas que ocupan cargos públicos y están incurriendo en graves inconductas éticas. Patricia Benavides, Javier Arévalo y Juan Antonio Fernández Jerí tienen causas presentadas desde el año pasado, entre cosas por no hacer pública su tesis (Benavides). Y cuatro integrantes de la JNJ actual, también están sometidos a proceso desde este año. Estas causas, por el impacto para la profesión del abogado, defensores del Estado de Derecho, son de primer orden y deben ser resueltas con urgencia.
9. La reforma constitucional y legal al sistema de justicia no puede darse con este Congreso ni en este escenario. Lo que acaba de suceder con la Fiscal de la Nación es la muestra de la inexistencia de garantías para una reforma que provea de independencia al sistema, y la muestra de la falta de legitimidad: ha quedado probado que lo que se busca es la venganza y la impunidad, votos que no pueden avalar la reforma de todo el sistema. Sea por la vía de la Comisión Especial de Reforma que lidera María del Carmen Alva (quien votó a favor de este golpe), o las Comisiones de Constitución y Justicia, el Pleno del Congreso ha anulado ese proceso de reforma (al que, por cierto, la sociedad civil no fue convocada) con el golpe que acaba de dar al Ministerio Público.