A dos años de las protestas: el asesinato y torturas a pobladores de Andahuaylas
Sigfredo Florián, Área Legal del IDL
A fines de 2022 se produjo una crisis política cuando asumió la presidencia Dina Boluarte. El 7 de diciembre de ese año se iniciaron las protestas en diversas zonas del país. Como respuesta, el Gobierno declaró el estado de emergencia.
Específicamente en la región Apurímac, desde esa fecha hasta marzo de 2023, se registraron movilizaciones y paralizaciones del transporte. El comercio y algunas vías fueron bloqueadas.
Ante esta situación, el alto mando policial emitió una disposición de comando y estableció que a partir del 15 de enero de 2023 se ejecutarían acciones policiales de inteligencia, prevención, seguridad, protección, control, mantenimiento, y restablecimiento del orden público, a cargo del Frente Policial Apurímac, en el que participarían el personal operativo y administrativo de las diferentes Unidades y Sub Unidades PNP, y tendrían el apoyo externo de las Fuerzas Armadas.
Los hechos
El 9 de enero de 2023 ocurrió uno de los episodios más violento que dejó como saldo muertos y heridos entre la población civil que ejercía su legítimo derecho constitucional a la protesta pacífica. Los pobladores de la comunidad campesina Huancabamba, del distrito de José María Arguedas, provincia de Andahuaylas-Apurímac, y pobladores de zonas aledañas, se desplazaron hasta la vía Panamericana y se apostaron en los alrededores.
Aproximadamente, a las 11:30 a.m., miembros de la Policía Nacional se dirigieron al sector denominado “siete vueltas” para realizar el desbloqueo de la vía Panamericana. Al llegar al pesaje y/o balanza de Izcuchaca verificaron que había saqueos de camiones, camionetas y minibuses. El personal policial inicia una persecución con dirección a Puquio, y al pasar a unos 800 metros del centro poblado de Quicaccasa, y cerca al peaje de Pilluni, alcanzan a los manifestantes y realizan diversos disparos por las ventanas laterales de los camiones, lanzan gases lacrimógenos y disparan perdigones, logrando bajar el neumático del camión Isuzu de color azul, blanco y amarillo. Además, procedieron a la intervención policial de 30 pobladores. A unos 200 metros fue intervenido otro camión de color blanco, rojo, verde, marca Mitsubishi Fuso, que tenía los neumáticos posteriores desinflados. Ahí los efectivos policiales detuvieron a 10 pobladores.
Como consecuencia de la intervención policial de ambos vehículos resultaron heridos por impacto de proyectil de arma de fuego: Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño, Juan Carlos Ruiz Merino y Damián Félix Sivipaucar Jauregui. Denilson Huaraca Vílchez resultó muerto por impacto de proyectil de arma de fuego. Los heridos fueron auxiliados y llevados a un centro de salud después de varias horas.
Asimismo, los 40 detenidos fueron sometieron a actos de tortura física y psicológica. Les propinaron golpes, los amenazaron y amarraron de las manos con los brazos hacia la espalda. Los hicieron permanecer en esa posición durante tres horas aproximadamente. Mientras caía una intensa lluvia, los policías proferían insultos denigrantes contra los detenidos.
Las investigaciones en sede Fiscal
Como consecuencias de los hechos antes mencionados el Ministerio Público abrió tres investigaciones:
- Por el asesinato de Denilson Huaraca Vílchez y la tentativa de asesinato de Víctor Rojas Alarcón y otros
Este caso se encuentra a cargo del Equipo 1 del Equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales – Apurímac (EFICAVIP- Apurímac) y se tramita en la carpeta fiscal No.08-2023.
Se encuentran comprendidos como imputados 17 miembros de la Policía Nacional del Perú; entre ellos, 7 oficiales y 10 suboficiales.
Los delitos que se imputan a los miembros de la Policía Nacional del Perú son homicidio en agravio de Denilson Huaraca Vílchez, tentativa de homicidio en agravio de Damián Félix Sivipaucar Jauregui y Pablo Lazo Mariño, y lesiones en agravio de Víctor Rojas Alarcón y Juan Carlos Ruiz Merino.
El caso se encuentra con formalización de la investigación preparatoria y se le ha declarado compleja. Recientemente se han incorporado como investigados a los generales Jorge Luis Angulo Tejada y Raúl Enrique Alfaro Alvarado. La diligencia de reconstrucción de los hechos está prevista para el 19 de junio
- Por torturas a 24 personas
Este caso se encuentra a cargo del Equipo 1 del Equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales – Apurímac (EFICAVIP- Apurímac). Se tramita en la carpeta fiscal No.10-2023.
Se encuentran comprendidos como imputados 8 miembros de la Policía Nacional del Perú; entre ellos, 4 oficiales y 4 suboficiales.
Los delitos que se imputan a los miembros de la Policía Nacional del Perú son: tortura agravada con grave violación a los derechos humanos en agravio de Feliciano Rojas Diaz, Bonifacio Ramírez Silvera, Walter Rojas Ccetca, Julio Rojas Aschu, Zósimo Rojas Alarcón, Raúl Rojas Alarcón, Mónica Vanessa Chipana Huasco, Wendy Erika Abarca Cucho, Honorato Pariona Merino, Efraín Cuaresma Pocco, Omero Lima Rojas, Manuel Lima Rojas, Manuel Lima Rojas, Robert Paucar Ruiz, Javier Rojas Alarcón, Paulino Ccetca Lazo, Juan Carlos Ruiz Merino, David Rojas Lazo, Henry Jordán Quirita, Juan Carlos Cauresma Aschu, Pablo Lazo Mariño, Vicente Merino Huaraca, Víctor Rojas Alarcón, Yeferson Cliver Ramos Chilo y Yovana Orozco Huamani.
El caso se encuentra en investigación preliminar. Las victimas vienen siendo sometidas a pericias conforme al protocolo de Estambul. Aún está pendiente la diligencia de reconstrucción de los hechos y que el Ministerio Publico formalice la investigación preparatoria.
3. Por delito de disturbios en el que están implicados comuneros de Huancabamba
Este caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes. Se tramita en la carpeta fiscal No.70-2023Se encuentran comprendidos como imputados 40 pobladores del poblado de Huancabamba y zonas aledañas que se encontraban retornando a su comunidad y estaban a bordo de dos camiones.
Los delitos que se imputan a los pobladores de Huancabamba y zonas aledañas son: disturbio y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. El caso se encuentra con formalización de la investigación preparatoria desde el 22 de agosto del 2024. Está próximo a vencerse el plazo de la investigación preparatoria.
Han transcurrido más de dos años de los acontecimientos. Las víctimas y familiares vienen clamando justicia y que los responsables de los hechos sean sancionados.