Abogados de los militares acusados por caso Manta y Vilca tratan de alargar el juicio

Varias son las estrategias para demorar y alargar el juicio en contra de 13 militares por las violaciones sexuales en contra de nueve mujeres en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, durante el periodo de violencia política. Se valen de argucias como la reprogramación de las audiencias con diferentes excusas.

“Pero lo más grave es que hace tres meses interpusieron una recusación con el argumento de que el tribunal, compuesto por Edhín Campos, René Martínez y Jhony Contreras, se ha parcializado con la parte civil porque han aprobado que el juicio sea público, que haya intérpretes que hablen quechua y que las señoras cuenten con asistencia psicológica en las audiencias. Definitivamente, la defensa de los militares acusados por el caso Manta y Vilca quiere tumbarse a los magistrados del Colegiado A de la Sala Penal Nacional”, sostiene Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El abogado manifiesta que los abogados de la defensa están en contra de los magistrados porque han aceptado la posición de la fiscalía, que enmarca el juicio en la categoría de lesa humanidad y, por lo tanto, exige que se apliquen los tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Añade: “Los abogados sostienen que no se debe obedecer las disposiciones internacionales, y que el proceso debe desvincularse de las instancias como la Corte IDH. Lo otro que dicen es que el tribunal está concediendo todo a la parte civil porque se ha aceptado el derecho que tiene todo ciudadano a declarar con un intérprete, e incluso llegan a decir que la presencia de un psicólogo no está considerada en el Código”.

El recurso se debe resolver en la Corte Suprema. Lo que los abogados de los militares piden es que se retire del juicio a los tres magistrados, para que el juicio se retrase y, en el mejor escenario para ellos, vuelva a foja cero. Si la máxima instancia les da la razón, ésta sería la segunda recusación aprobada, ya que el juicio que empezó el año 2017, se anuló por la recusación que hicieron los abogados de las víctimas, en contra de la jueza Emperatriz Pérez, quien fue mencionada en los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.