Ahí están las togas: recuento de una lucha contra la corrupción de la justicia en el Perú

Por Cruz Silva.

 

El 7 de julio del 2018 explotó el más grande escándalo de corrupción en el sistema de justicia peruano con la publicación “Corte y Corrupción”. Las reformas que desde el año 2000 se gestaron luego de la cooptación fujimontesinista del sistema en los años 90, como la Asamblea Nacional de la Justicia o la misma Ceriajus del 2004, se venían abajo y se evidenciaban fracasadas. Si bien habían en lo inmediato amanaido algo del estupor que ocasionó ese vladivideo donde Montesinos, con Luz Salgado y otras autoridades, hablaba de la estrategia para cooptar la justicia; al mediano y largo plazo, esas reformas con muchos impulsores hoy evidenciados en su hipocresía. Por ejemplo, Alejandro Toledo, hoy prófugo, fue quien recibió el informe de la Ceriajus y lo mostró como uno de sus logros.

El caso demostraba un perfecto aleph de la corrupción y diversos aceites en tres troncos principales: la red de jueces, fiscales supremos y consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, que mutuamente se sumaban a empresarios (como Camayo y Monteza), y a políticos. A su alrededor, magistrados de diversos rangos, ex magistrados en actual papel de abogados, asesores como mandaderos y mensajeros, “periodistas”, un ex futbolista, medios de comunicación. Todos y cada uno unidos de diversas formas, para diversos casos, y usando diversos medios para lograr sus objetivos: desde la manipulación de nombramientos de magistrados, pasando por la contratación de personal a pedido de amigos, cruzando la intervención en casos jurisdiccionales, sin olvidar el traslado de jueces aprovechando periodos vacacionales; para proveerse de lealtades, favores a ser cobrados posteriormente… todo llenó el universo de indignación, siendo la última gota el audio de Hinostroza donde pregunta si el denunciado quería que se le baje la pena o se le declare inocente. Todo se hablaba, hasta el caso de la violación de una menor de edad.

Los audios y sus historias sentenciaban el cambio de estrategia: nunca más fiscalizar por separado a la justicia de los actores políticos y la actividad empresarial. Por eso se decía que LavaJuez cruzó con las posibilidades de éxito de LavaJato, y por eso vemos que respecto de los dos la cancha de impunidad ha sido el Parlamento. Las reformas en esos tres espacios, hoy convenientemente deshechas en el Congreso fujiaprista “cerrado”, son inescindibles. El trabajo conjunto sobre esas tres agendas es complicadísimo, pero esencial si es que no queremos en casi 20 años más del escándalo estar frente a otra explosión.

El caso también deja una lección no solo al país sino también a la región: la urgencia de la confluencia de diversas plataformas. La unión de especialistas no solo conocedores del aparataje normativo de la justicia sino también de quién es quién en sus espacios de poder; el periodismo de investigación independiente y la prensa que hizo eco de sus hallazgos, una sociedad diversa que no dudó en salir a las calles y acompañar el proceso de los sucesos, pequeños pero poderosos círculos virtuosos de jueces y fiscales que estaban ahí a contracorriente en el sistema y una autoridad de gobierno que supo leer el momento y apoyó la lucha contra la corrupción. Todos y cada uno de sus actores tuvieron procesos diferentes de trabajo y actuación que, llegada la oportunidad, se complementaron y empujaron el impacto. De esos cinco, diría que los cuatro primeros, pero sobretodo la sociedad movilizada, marcó la diferencia.

El reto, y ahí otra reflexión, es que este trabajo no es ni debe ser de momentos sino permanente y de fondo. Si vamos a comenzar a preocuparnos solo cuando venga una elección de jueces supremos, habremos perdido el conocimiento de las historia y reconformación constante (porque así es su naturaleza) de redes internas y externas a la justicia que están interesadas en su cooptación, y la denuncia será solo una medicina de efecto placebo. Si vamos a combatir al monstruo de cuatro cabezas en la oscuridad, cambiante, con solo el arma de procedimientos legales transparentes regidos por la meritocracia, lo único constante será perder las batallas. El fenómeno va más allá. Como recuerda siempre Gustavo Gorriti en este trabajo no acaba, “el costo de la libertad es la permanente vigilia”.

Al cumplirse dos años de la publicación de los CNMaudios, quiero recordar algunos aspectos de lo que fue el trabajo de IDL-Reporteros, desde la perspectiva de la asesoría experta que realizó Justicia Viva. La materia prima que anónimamente llegó a la redacción de IDL-Reporteros, fue procesada y milimétricamente investigada y corroborada en pocos meses. Miles de audios con voz de los propios protagonistas tuvieron que pasar un control de identificación y de investigación de las historias no solo de los hechos que narraban sino también de los intereses que representaban. Mucha historia judicial y fiscal, la sociología del derecho y de la norma, el entendimiento de los grupos vivos en la magistratura, el conocimiento de algunas estrategias de cooptación, el historial de relaciones en registros de diversa naturaleza, los pedidos de información, la corroboración periodística de todo lo anterior entre otras herramientas, fueron los ingredientes esenciales de ese trabajo al que en parte aportó Justicia Viva, el grupo cuya expertiz en esta materia comenzó varios años atrás.

En efecto, desde su origen en el 2003, y mucho más aún a partir del 2008, Justicia Viva comenzó a identificar casos que involucraban mucho poder y posible influencia en la magistratura, y que a la vez eran el hilo de madejas de relaciones e historias de posible clientelaje y corrupción en el sistema, así como ventana para identificar grupos en la magistratura. Tachas, pedidos de no ratificación, pedidos de destitución, investigación, pedidos de remoción de consejeros de entonces y de no juramentación, solicitudes de inhibición, denuncias de conflictos de interés, acciones antes durante y después de asumir el cargo público, con uso del derecho y de algunas herramientas del periodismo, produjeron un conocimiento creciente de quién era quién en el sistema, de las tácticas de relacionamiento e identificación de focos de posible corrupción.

Desde el pedido de no ratificación de los ex pares de Hinostroza Pariachi en el Callao, Daniel Peirano y Gastón Molina por el hábeas corpus de Roger Poemape (un caso de tráfico de drogas, una línea de trabajo que aún está por descubrirse), pasando por la denuncia disciplinaria de la entonces Sala Villa Stein por el caso de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri; la denuncia disciplinaria a José Peláez Bardales por no entregar información a una corte de Estados Unidos en un caso de la familia Sánchez, los pedidos de no nombramiento (otra vez) de Hinostroza y Mateo Castañeda como fiscales supremos, la fiscalización a los postulantes a consejeros del CNM; entre otras varias acciones, que motivaron protesta también colectiva con otras organizaciones de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos, sin olvidar por supuesto amenazas de demandas millonarias por esas acciones a fin de no seguir. Lo que obviamente, no ha sucedido. Una de las lecciones de todo este trabajo: que se pueden ir descubriendo redes de corrupción y lealtades desde la participación de la sociedad civil. Lo “curioso” fue que varios de los personajes identificados y que fueron sumamente cuestionados a lo largo de esos años coinciden con los descubiertos en los audios: César Hinostroza, todos los consejeros del CNM, Pedro Chávarry, Duberlí Rodríguez, entre otros. Ahí la dinámica de las redes.

Conocer desde dentro este proceso el trabajo que dio como resultado la saga de revelaciones iniciada por “Corte y Corrupción”, hizo ver con claridad que los ataques a la investigación que la calificaban de facilista, de solo publicar audios, o de hacerlo interesadamente, provenían del obvio interés político por acallarla, del desconocimiento de cómo se hace periodismo de investigación, e incluso de la celosilla de propios y extraños. La investigación salió progresiva y maciza, como un puño de acero que, por el nivel de conocimiento y descubrimiento que tuvo, nos evidenciaba como radiografía los intereses de todos aquellos que actuaban respecto de ella. Mientras una fiscal enviaba a su adjunto Rurush para un ataque ilegal contra IDL-Reporteros que pretendía llevarse la investigación, ya se podía ver que el esposo de la misma era mencionado en los audios; y mientras el supremo Rodríguez Monteza (aun increíblemente en el cargo) amenazaba con denunciar penalmente al equipo, ya veíamos que el empresario Mendoza le era cercano y que era por el contrario él quien debía ser el denunciado por avisar a la red que se le estaba investigando. Mientras en el Congreso se pretendía llamar a los periodistas, ya veíamos que Mülder y otros parlamentarios del fujimorismo participaban o eran nombrados en los audios.

La investigación tuvo que defenderse y así se hizo. La sociedad en las calles protegiendo a su periodismo de investigación, los colegas periodistas nacionales e internacionales que se plantaron a la defensa e hicieron eco del atropello, la solidaridad de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos, el pronunciamiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión, e incluso la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo que venía aconteciendo en el Perú, fueron parte de esa defensa que hoy, a pesar de la impunidad que aún se pretende no debe declinar, ni respecto de periodismo, ni respecto de las y los jueces y fiscales que están yendo a contracorriente de la red que aun está muy viva y reacomodada en el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin descartar al Jurado Nacional de Elecciones y otras instancias.

Hemos llegado así a los dos años, donde aún debemos identificar ese reacomodo y lanzar la información y estrategia jurídica para enfrentarlo, pero sobre todo, promoviendo que los controles en otras instancias también funcionen, a pesar de la presencia de actores relacionados directa o indirectamente con los investigados. El Congreso y el Colegio de Abogados de Lima tienen ahí una gran pendiente. El periodismo hace su papel, pero si no sigue encontrando eco y triangulación virtuosa en la gente ni en las medidas legales, solo quedaremos en la frustración y en la peor consciencia de dejarnos vivir en la corrupción.

El Congreso, con el fujimorismo y el aprismo, fue y es el mayor centro de impunidad con ese estilo de hacer política en contra de la democracia. Los jueces y fiscales supremos que luego de dos años siguen siendo el candado de la ola anticorrupción solo pueden ser retirados, luego de la evaluación que urge de la Junta Nacional de Justicia. A partir de ahí, si es que no al paralelo, urge plantear todas las medidas. Los magistrados provisionales cuestionados que estén en la Corte Suprema pueden y deben ser retirados de esa instancia de poder por el Presidente del Poder Judicial, el nombramiento de Lecaros como tal puede ser cuestionado al violar las bases de la representatividad de su elección (que no senos olvide), Rodríguez Monteza como Gálvez Villegas y jueces supremos comprometidos bien pueden ser sacados de las salas que ven casos de corrupción por violar la apariencia de independencia e imparcialidad y puestos en otras; o bien pueden medidas cautelares de amparos fundados en el mismo derecho y principio solicitar su remoción hasta que no den esa garantía; o, las medidas cautelares iniciales que muy bien puede tomar la Junta Nacional de Justicia.

Nos está costando no ver, otra vez, al sistema de justicia en su mayoría, como la red cambiante de grupos que es y que se mueven intereses particulares. Nos está costando no continuar con el foco en el sistema de justicia, más aún en plena pandemia. Y no hacerlo nos va a pasar una gran e histórica factura.

Pero aún estamos a tiempo.

Las reformas de Vizcarra si bien se dieron a la par una batalla política en la cual ganar a la corrupción descubierta, aun no es suficiente. La protección a los periodistas de investigación es otro debe del gobierno: no basta reaccionar cuando suceden los ataques, sino prevenirlos y crear las sanciones para ello. Si no somos implacables contra esta corrupción de la toga, si no cambiamos la lógica de fiscalización hacia la permanente vigilia de redes que cambian de forma y de estrategia (que se arman incluso desde las universidades, y cruza sin duda grupos de abogados), y si no se llega hasta las últimas consecuencias sea lo que sea que signifique; los “Cuellos Blanco” y todos los que se les parezcan seguirán recreando la corrupción y la impunidad.

No todo está perdido. Y no debemos dejar que lo sea.

 

Foto de portada: Andina.