Al municipio provincial de Maynas no le importa cómo vive la gente
La segunda semana de enero, en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se realizó la audiencia para ver la demanda de amparo presentada por los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Setiembre, en el distrito de Punchana, contra el Gobierno Regional de Loreto, el Municipio Provincial de Maynas y el Municipio Distrital de Punchana.
Esta demanda fue trabajada por los pobladores de ambos AA.HH. con el apoyo legal de IDL y la Vicaria de Iquitos, los párrocos Manolo y Miguel de la Parroquia Inmaculada de Punchana.
“Habíamos ganamos en primera instancia. La demanda fue declarada fundada. El juez de primer juzgado civil ha reconocido que cerca de 3000 personas viven en medio del desagüe y excrementos, que genera una situación de insalubridad grave, que afecta su derecho al agua potable y a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Y en consecuencia el juzgado ha ordenado al Municipio Provincial de Maynas que diseñe e implemente un proyecto para instalar agua y desagüe en ambos AA.HH. en el más corto tiempo”, sostiene Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
En la audiencia habló por todos los asentamientos humanos Graciela Tejada Soria, presidenta del asentamiento humano Iván Vásquez. Hizo el informe de hechos: explicó cómo viven y los problemas dermatológicos que sufren los niños y ancianos. “Hay falta de atención, nos sentimos abandonados. Las autoridades locales son indolentes. Vivimos en el desagüe, en el excremento. El municipio no recoge la basura, el camal de Punchana vierte tripas y aguas llenas de sangre. Por su parte Essalud vota aguas negras, contaminadas con residuos sólidos clínicos”, dijo enfáticamente.
Luego Juan Carlos Ruiz resumió la demanda y contestó los argumentos de fondo. Ningún abogado de los demandados se hizo presente. “Ni el abogado del Gobierno Regional de Loreto, ni del Municipio provincial de Maynas ni el Municipio Distrital de Punchana. No les interesan las personas. Apelaron la sentencia de primera instancia que los pobladores ganaron, pero no vinieron a dar la cara”, añade.
Esta apelación atrasa la ejecución de la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado. La sentencia salió en febrero del 2019. La población ha perdido un año y sigue viviendo rodeada de excrementos.