Alerta: Elecciones de nuevas autoridades del sistema de justicia exige mínimos de transparencia y participación ciudadana

Justicia Viva-IDL

Este 6 de septiembre deberá comenzar una nueva (o reelegida) gestión en la Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal Constitucional, al cumplirse dos años del actual mandato. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

1. Históricamente la elección de las autoridades que representan al sistema de justicia no ha contado con reglamentos que garanticen a los postulantes a los cargos y a la ciudadanía, transparencia, meritocracia, inclusión, participación ciudadana o prevención de presuntos conflictos de interés o actos de corrupción. Esta es una demanda histórica de la ciudadanía organizada.
2. En medio de la grave crisis institucional en la que el país se encuentra, y que amenaza la independencia del sector justicia y con ello el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de todos los peruanos y peruanas, y la independencia de operadores de justicia que vienen haciendo su trabajo, URGE que las elecciones de las autoridades de este sector tengan las garantías que exige el estándar supranacional de derechos humanos.
3. En ese sentido, elecciones como la de presidencia y vicepresidencia del Tribunal Constitucional (que cambia este 6 de septiembre), la de la nueva Junta Nacional de Justicia (que culminará el 30 de octubre), la de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (finales de noviembre), la de nueva Fiscalía de la Nación (de definir la JNJ en reconsideración la destitución de la exfiscal suprema Patricia Benavides), y la de nueva Presidencia del Poder Judicial y de todas las cortes superiores de justicia, DEBEN contar con un reglamento o información mínima que garantice que estas instituciones no serán representadas por perfiles que violan el Estado de Derecho o estén relacionados con la impunidad o el crimen. La transparencia y la participación ciudadana son claves.
4. En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en la audiencia “Perú: Corrupción Judicial” que “cuando un poder judicial es infiltrado por gobiernos que tienden hacia la hegemonización aplastante y para eso copta justamente todos los poderes, de ahí en adelante es muy difícil que ese poder judicial se levante, que se recupere la independencia del poder judicial y ese es un gravísimo riesgo para la democracia, nada puede esperar una sociedad”. Desde el 2020, ante el aumento de la crisis, tanto la CIDH, la Corte Interamericana como la Relatoría Especial de Naciones Unidas se han pronunciado varias veces por los ataques a la independencia del sistema de justicia en Perú.
5. En medio de proyectos de ley que pretenden someter totalmente la independencia del sistema de justicia y eliminar la capacidad de investigación fiscal, procesos de selección que han reducido su meritocracia (como el actual proceso para elegir a la nueva JNJ), ataques amenazas y campañas de difamación contra jueces juezas y fiscales, y autoridades que abusan del poder e incluso están relacionados a investigaciones fiscales y economías ilegales, la selección de las autoridades de las instituciones mencionadas es parte de la garantía para la defensa de la independencia de jueces y fiscales.
6. Convocamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los periodistas a estar atentos a estas elecciones y hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana y el escrutinio público. Hoy más que nunca necesitamos de liderazgos en el sistema de justicia que no permitan la influencia política ni criminal, y que promuevan decididamente el acceso a la justicia, un derecho básico en un país que hoy se enfrenta al abuso del poder, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.