Análisis de la constitucionalidad del dictamen que propone desaparecer la Junta Nacional de Justicia

Análisis de la constitucionalidad del dictamen que propone desaparecer la Junta Nacional de Justicia

 

Juan Carlos Ruiz Molleda, IDL

En días pasados, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano, aprobó el proyecto de reforma de la Constitución que elimina la Junta Nacional de la Justicia y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura. A continuación, las razones por las que consideramos que este proyecto es inconstitucional[1].

 

1. ¿Qué propone el dictamen aprobado?

Lo que este proyecto propone es fundamentalmente la eliminación de la Junta Nacional de la Justicia y su reemplazo por la Escuela Nacional de la Magistratura. Se trata la modificación de un órgano fundamental en la institucionalidad del sistema de justicia, del órgano constitucional encargado del nombramiento, selección, control y destitución de los jueces.

En el actual modelo, el órgano encargado de nombrar a los jueces es un colegiado compuesto por siete miembros elegidos por representantes del Estado de relevancia constitucional, el cual esta regulado en el artículo 155 de la Constitución:

Artículo 155. La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso.

El concurso público de méritos está a cargo de una Comisión Especial, conformada por:

  1. El Defensor del Pueblo, quien la preside;
  2. El Presidente del Poder Judicial;
  3. El Fiscal de la Nación;
  4. El Presidente del Tribunal Constitucional;
  5. El Contralor General de la República;
  6. Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad; y,
  7. Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.

El dictamen propone que la función de la Junta Nacional de Justicia sea realizada por una Junta de Gobierno, por representantes de la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos y de las universidades más antiguas, en los siguientes términos:

Artículo 153. El órgano de gobierno de la Escuela Nacional de la Magistratura es el Consejo Directivo, que se encuentra integrado por:

  1. Un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
  2. Un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos.
  3. Un exrector de las universidades nacionales y públicas licencias y con más de cincuenta años de antigüedad, elegido por sus rectores en ejercicio en un proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por cinco años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. En la misma oportunidad se elegirá a los miembros suplentes. El Consejo Directivo elige a su presidente ejecutivo por un periodo de dos años, prorrogable por un año adicional, quien ejerce la titularidad y la conducción ejecutiva de la Escuela.

 

2. Necesidad de analizar el contexto en que se propone esta reforma constitucional: las investigaciones contra congresistas por graves actos de corrupción

El Poder Judicial en estos momentos está siendo víctima de una embestida y de un avasallamiento por parte del Congreso, como consecuencia de las investigaciones en el Ministerio Público y de los procesos penales contra distintos congresistas, en trámite en el Poder Judicial. Consideramos que este dictamen y esta propuesta de reforma constitucional es parte de un conjunto de ataques a la judicatura, con la finalidad de detener y paralizar estas investigaciones y procesos, y así obtener la impunidad de sus actos delictivos.

Este ataque a la institucionalidad y a la independencia del sistema de justicia se concreta, por ejemplo, en los juicios políticos a los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, en el juicio político y en la destitución de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos, en la interferencia en el Poder Judicial, en los procesos de amparo presentados por los miembros de la Junta Nacional de la Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez contra su destitución, intervención que se realizó a través de la ilegal interferencia del Tribunal Constitucional a pedido del Congreso. Es decir, cuando el TC se avocó en procesos de amparo que aún no había sido sometidos a su jurisdicción vía los recursos impugnativos correspondientes.

El segundo elemento de este contexto es el proceso penal contra la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, cuyo juicio oral está a punto de comenzar, por graves delitos de corrupción por recibir dinero de Odebrecht, en el cual se juega una condena de pena privativa de la libertad.

El tercer elemento son las investigaciones contra 45 congresistas por negociar con representantes de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, para canjear el archivamiento de procesos penales de los primeros a cambio de votar en favor de la destitución de Zoraida Ávalos.

Un cuarto elemento son las denuncias contra varios congresistas acusados de ser “mocha sueldos” de sus trabajadores, los cuales vienen siendo investigados por el Ministerio Público, por la comisión de diversos delitos de corrupción, en los cuales se juega pena privativa de la libertad.

Un quinto elemento son las investigaciones del Ministerio Público a propósito de diferentes denuncias penales contra diferentes congresistas por actos de corrupción antes y durante su mandato.

Es en este contexto, y no fuera de él, en el que debe analizarse este predictamen aprobado por la Comisión de Constitución, como un intento de intervenir en el sistema de justicia con la finalidad de neutralizar todas esas investigaciones fiscales y los procesos penales en curso. Se trata de un esfuerzo por interferir en la administración de justicia para obtener la impunidad de sus delitos.

 

3. Un antecedente necesario a tomar en cuenta: la destitución de Inés Tello y de Aldo Vásquez es parte del proceso de captura de la Junta Nacional de la Justicia por el Congreso

La destitución de los miembros de la Junta Nacional de la Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez por el Congreso, siguiendo el procedimiento del juicio político por infracción a la Constitución, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución, es un antecedente que permite entender de qué forma el Congreso, que controla al Gobierno en este momento, intenta capturar e interferir en el funcionamiento de un órgano fundamental para la administración de justicia en el Perú, como la Junta Nacional de la Justicia.

El Congreso desconoció que nadie puede ser jugado y sancionado por un proceso si este no ha sido previamente establecido[2]. La destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez viola el artículo 139.3 de la Constitución Política, cuando establece: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”. De igual manera, al votarse con solo 66 votos, estamos ante una destitución nula, pues no se ha seguido el procedimiento previamente establecido que precisa que no votan los miembros de la Comisión Permanente.

Asimismo, no existía infracción constitucional pues, en su momento, la elección de Inés Tello fue convalidada. En relación con Inés Tello, consideramos que no constituye infracción constitucional ocupar un cargo público cuando los propios miembros de la Comisión Especial, encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como Ernesto Blume, dijeron que los 75 años era una edad para ingresar y no para permanecer en la JNJ. Han transcurrido casi 4 años desde que cumplió 75 años Inés Tello, y ni su elección ni su permanencia fue cuestionada, hasta que abrió proceso contra la exfiscal de la Nación por negociar votos con el Congreso.

Tampoco el Congreso fundamentó la decisión para destituir a Aldo Vásquez. Consideramos que no constituye infracción constitucional ocupar el cargo de miembro de la JNJ junto con Inés Tello, cuando nadie antes cuestionó el tema de la edad. Tampoco tiene razonabilidad destituir a Aldo Vásquez y no a los otros miembros de la JNJ, solo porque fue crítico con el Congreso.

De igual manera, otra crítica a este proceso es que no existió proporcionalidad entre la sanción de destitución y la presunta infracción constitucional. Tiene que haber proporción entre la infracción y la sanción. En ese caso no lo hay. Como dice el Tribunal Constitucional, “las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido” (STC 00090-2004-AA, f.j. 35). Consideramos que estamos ante una sanción desproporcionada, pues no hay consistencia y relación entre la presunta infracción constitucional y la sanción de destitución.

En realidad, esta destitución constituye un acto de venganza política contra Inés Tello por sus sentencias. La razón de fondo de esta destitución es que Tello, cuando fue jueza, condenó a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos por graves actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, no le perdonan Tello haber investigado a Patricia Benavides, con quien los congresistas que votaron por la destitución de Inés Tello negociaron sus votos para que el Ministerio Público archive investigaciones en su contra.

Asimismo, la destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez violó el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez que queda en evidencia que no hay razones objetivas para sancionarlos y destituirlos por infracción constitucional. Para el TC, el principio de interdicción de la arbitrariedad “tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad” (Exp. N.º 0090-2004-AA/TC, f.j. 12). En este caso, consideramos que no hay fundamentación objetiva para destituir a los miembros de la JNJ que no sea la simple vendetta política.

La destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez violó el derecho a ocupar cargos públicos, violó el derecho a la participación política y, más en concreto, el derecho a ocupar públicos. El artículo 23.1.c de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades […] de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Para la Corte IDH, este derecho se respeta cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución s[ean] razonables y objetivos” (Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela y otros, párr. 206). De acá se desprende un mandato, una norma convencional de que los criterios de destitución deben ser razonables y objetivos, lo que no ha ocurrido en este caso.

Evidentemente, la destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez afecta la independencia del sistema de justicia. Esta destitución constituye una grave interferencia en el sistema de justicia por parte del Congreso y lanza un mensaje intimidante a todos los jueces y fiscales, para que no afecten los intereses del Congreso. Esta destitución resulta incompatible con el artículo 139 de la Constitución, que reconoce la garantía de la “independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Según esta norma: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional [y ante el órgano fiscal] ni interferir en el ejercicio de sus funciones”. La destitución de Inés Tello y de Aldo Vásquez constituye un avocamiento en los procesos que la JNJ estaba impulsando contra los congresistas que negociaron con la fiscal Patricia Benavides.

La conclusión cae por su propio peso. La destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez tiene un vicio de nulidad. Si bien el Congreso, en el marco de los artículos 99 y 100 de la Constitución, tiene facultad de destituir a los miembros de la JNJ, debe respetar la Constitución y los derechos fundamentales en ella contemplados, los cuales cumplen una función de criterios de validez sustancial y límites materiales. En tal sentido, la destitución de los miembros de la JNJ, en el marco de los artículos 99 y 100, de la Constitución tiene un vicio de nulidad, toda vez que ha sido adoptada violando el derecho fundamental al debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución. En definitiva, este proceso de destitución es el que grafica la relación del Congreso con la judicatura.

 

4. El Congreso interfiere en el Poder Judicial y se resiste a que sus decisiones sean objeto de control constitucional

El Congreso, ayudado por el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados fueron elegidos por el primero en procesos altamente cuestionados, no solo avasalla e intenta capturar la judicatura a través de esta reforma constitucional, sino que, al mismo tiempo, se resiste a someterse al control interórganos. Se resiste a que el Poder Judicial controle sus actos y sus decisiones, aduciendo y resucitando la doctrina de los “actos políticos” no susceptibles de control constitucional.

Esta conducta del Congreso se puede apreciar con claridad en la sentencia del TC en el proceso competencial contra las resoluciones del Poder Judicial que paralizaban la elección del Defensor del Pueblo, la aprobación de la Ley Sunedu y el control político del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, recaída en la STC 00003-2022-CC.

Esta conducta del Congreso, convalidada por el TC, altera definitivamente el equilibrio de poderes, pues los procesos constitucionales contra actos del Congreso (sobre la sentencia sobre la DP, SUNEDU, investigación contra Salas del JNE) son parte del sistema de pesos y contrapesos, de controles mutuos entre los poderes, en este caso, entre el Poder Judicial y el TC.

El argumento del TC en esta sentencia es que los actos del Congreso que fueron paralizados a través de amparos no implicaban violaciones a derechos humanos. Sin embargo, en este caso, sí había derechos fundamentales afectados. En el caso del presidente del JNE Salas Arenas, se violaba el principio de legalidad penal, lex previa, pues no está regulado para este el antejuicio y el juicio político en el art. 99 de la Constitución.

El TC, secundando la posición del Congreso que los eligió, emitió sentencia en procesos constitucionales que no habían concluido, y que no estaban bajo su jurisdicción, pues aún no se había presentado el recurso de agravio constitucional. Los procesos de amparo (DP, SUNEDU, investigación contra Salas del JNE) estaban en trámite. No habían concluido estos procesos ni había sentencias firmes. Esto implica una grave intromisión en los procesos en curso del TC en los procesos de amparo en el Poder Judicial.

Estamos ante el avocamiento a un proceso en curso, expresamente prohibido por el art. 139.2 de la Constitución. Según esta norma: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.

Pero, además, el TC va contra su propia jurisprudencia, porque el Tribunal Constitucional sostuvo, en alguna oportunidad, que “afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular al poder” (STC 05854-2005-PA/TC, f.j. 7).

Finalmente, para el TC, en claro favorecimiento al Congreso, el control constitucional del Poder Judicial de los jueces ante actos administrativos del Congreso son actos de obstrucción al ejercicio de sus facultades. Estamos ante el nacimiento de un poder que puede controlar a todos los demás poderes, pero que no quiere que nadie lo controle, con el argumento de que son actos políticos. Esto significa que la Constitución ya no es exigible al Congreso.

Lo que el Congreso no entiende es que los actos políticos “puros”, denominados por el TC, deben ser objeto de control constitucional si violan derechos fundamentales, como lo dijo el Poder Judicial en la argumentación de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia[3]. Esta sala, luego de recoger el parámetro del TC de la motivación en los juicios políticos, analiza y cuestiona la resolución legislativa del Congreso y dice que es incongruente y no motiva, más aún cuando no hay una lista de infracciones constitucionales.

El tema de fondo es si la destitución de la Junta Nacional de Justicia por el Congreso y la inhabilitación por 10 años de la función pública de Inés Tello y Aldo Vásquez es un acto político puro, no susceptible de control constitucional. Es evidente que, para esta sala, si los actos políticos violan derechos fundamentales, como el debido proceso, son objeto de control constitucional, por más que el Congreso diga que son actos políticos puros, como sostiene la actual composición del TC.

En la medida que la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez viola garantías del debido proceso, como por ejemplo la tipificación de la falta, la proporcionalidad, etc., si procedía el amparo y la cautelar, pero para el Congreso se trataría de actos políticos puros, no susceptibles de control constitucional. Es evidente que la lógica del Congreso convierte a este en un superpoder, por encima de la Constitución y del poder constituyente.

En conclusión, el Congreso no quiere ser controlado por el Poder Judicial, y como no puede evitarlo, como no puede frenar los procesos de amparo y los procesos constitucionales contra sus decisiones, pretende someter a la judicatura eliminando, precisamente, a la Junta Nacional de la Justicia, que selecciona, nombra y destituye a los magistrados del Poder Judicial. La razón es que no quiere un Poder Judicial y un Ministerio Público que investiguen, procesen y sancionen a los congresistas. Y como no puede controlar a la Junta Nacional de la Justicia, decide eliminarla y crear un órgano que sí pueda controlar con menos miembros.

 

5. El dictamen constituye una grave interferencia en el sistema de justicia

El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, en el marco de estos antecedentes reseñados, al querer eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura, en las actuales circunstancias del país, de grave crisis política y enfrentamiento entre poderes, constituye en los hechos, materialmente, una grave e intolerable interferencia en el sistema de justicia.

Esta interferencia viola una de las principales garantías del debido proceso, que es la garantía de la independencia no solo de los jueces, sino del sistema de justicia. La eliminación de la JNJ es un acto de captura, cooptación e injerencia del sistema de justicia por el Congreso, con la finalidad de neutralizar la lucha contra la corrupción, contra los congresistas que vienen siendo investigados y contra los líderes de dichas agrupaciones políticas procesados. Es decir, como no logra controlar a la Junta Nacional de Justicia, la elimina.

La independencia de la judicatura está reconocida fundamentalmente en dos normas constitucionales.

“Artículo 139. – Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]

    1. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. (Resaltado nuestro)

Artículo 146. [..]El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

    1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley […]”

Como podemos apreciar, el principio de independencia judicial se encuentra establecido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, según el cual “(…) Ninguna autoridad puede (…) interferir en el ejercicio de sus funciones (…)”. E igualmente, en el inciso 1 del artículo 146 de la Ley Fundamental, por cuya virtud “(…) El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley (…)”. Son estas normas las que han sido violadas.

En relación con el contenido de este principio, el Tribunal Constitucional precisó las dos dimensiones de la independencia judicial: la externa (frente a otros poderes, públicos o privados) y la interna, según la cual (…) la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial” (STC 00019-2009-AI, f.j. 21).

Asimismo, para el TC, en el fundamento 7 de la STC 2465-2004-AA/TC, el principio de independencia judicial “(…) supone un mandato para que en todos los poderes públicos, los particulares, e incluso, al interior del propio órgano, se garantice el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el desarrollo de sus funciones (…)”.

Para el TC:

“La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional. El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a las reglas de competencia”. (Expediente 0023-2003-AI/TC, FFJJ 28, 29, 31 y 33)

Para el TC, entonces, hay un mandato a los otros poderes del Estado, en especial sobre el Gobierno y sobre el Congreso, de respetar la autonomía del Poder Judicial. Es este mandato el que se viola con este dictamen.

De otro lado, el artículo 1 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas[4], que contiene los estándares internacionales en materia de protección de la independencia de los sistemas de justicia, precisa al respecto:

  1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.
  2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
  3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.
  4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley (Resaltado nuestro).

La Corte IDH se ha pronunciado en el mismo sentido, cuando precisa que “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico”[5].

Añade la Corte IDH que “la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia.  Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad”[6].

En atención a estos argumentos es que consideramos que estamos ante un intento más del poder político por neutralizar el trabajo de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esta vez ya no se recurre a un juicio político contra los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, ni se valen del TC para desconocer los fallos del Poder Judicial, sino que lo hace a través de una reforma constitucional.

 

6. El dictamen aprobado viola el principio de separación de poderes por cuanto concreta el avasallamiento del Congreso sobre la judicatura y la concentración del poder

Consideramos que este dictamen constituye una grave afectación al principio de separación de poderes, toda vez que el Congreso no permite que el Poder Judicial lo controle, pero sí interfiere en el sistema de justicia y elimina a la Junta Nacional de la Justicia, luego de constatar que no la puede controlar. Esto es incompatible con el artículo 43 de la Constitución:

“Artículo 43°. – La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes” (Resaltado nuestro).

El principio de separación de poderes implica no solo autonomía entre los poderes, sino la existencia de controles mutuos entre ellos. La idea es que los poderes se controlen mutuamente y se equilibren. En este caso, vemos cómo el Congreso pretende controlar a otros poderes del Estado.

Para el TC, la finalidad de la separación de poderes “no implica una rígida separación entre poderes, sino que se limita a prevenir que un solo órgano acumule en sí más poderes, no rechazándose a priori la posibilidad de que –en función de moderación y freno– un órgano comparta el ejercicio de más poderes” (STC 01761-2008-PA/TC, f.j. 9). Lo que el Congreso busca es controlar la judicatura, luego de subordinar al Gobierno, y tomar control del Tribunal Constitucional, la Contraloría, la SUNEDU, y tomar control del Ministerio Público por algún tiempo.

Siguiendo al TC, “el principio de separación de poderes funciona también como regla de organización constitucional, la misma que se manifiesta, en una primera aproximación, en la necesidad que exista una ponderación entre una pluralidad de centros de poder, puestos en posición de independencia, pero también de recíproco control entre ellos, para así impedir los abusos. Asimismo, exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del Estado u órganos estatales se encuentren prohibidos de desnaturalizar las competencias de otros poderes u órganos” (STC 01761-2008-PA/TC, f.j. 9).

Para el TC, los poderes del Estado deben respetar las competencias de los demás poderes. Eso es precisamente lo que no ocurre en este caso, en el que Congreso, luego de someter al Gobierno, pretende ahora controlar a la judicatura, lo que se concretaría en este dictamen.

En esa misma línea, la Corte IDH ha precisado: “Se tiene entonces que la separación e independencia de los poderes públicos limita el alcance del poder que ejerce cada órgano estatal y, de esta manera, previene su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad”[7].

Añade la Corte IDH que “la separación e independencia de los poderes públicos supone la existencia de un sistema de control y de fiscalizaciones, como regulador constante del equilibrio entre los poderes públicos. Este modelo denominado ‘de frenos y contrapesos’ no presupone que la armonía entre los órganos que cumplen las funciones clásicas del poder público sea una consecuencia espontánea de una adecuada delimitación funcional y de la ausencia de interferencias en el ejercicio de sus competencias. Por el contrario, el balance de poderes es un resultado que se realiza y reafirma continuamente, mediante el control político de unos órganos en las tareas correspondientes a otros y las relaciones de colaboración entre las distintas ramas del poder público en el ejercicio de sus competencias”[8].

Por su parte, la Carta democrática interamericana[9], en su artículo 3, establece en ese mismo sentido: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Es la injerencia de un poder sobre el otro, por fuera de las competencias lo que el principio de separación de poderes proscribe. Como dice el TC: “Si bien dicho principio no puede negar la mutua colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, impone la ausencia de toda injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada una de las instituciones que diagraman la organización del Estado” (STC 00013-2009-PI/TC, f.j. 44).

Como podemos advertir, el principio de separación de poderes implica el control y el balance entre poderes del Estado, y no la intervención y el sometimiento de la judicatura por el poder político, en este caso por el Congreso. Como dice el TC, “cuando los órganos constitucionales o poderes del Estado no respetan el respectivo ámbito competencial de otros órganos constitucionales o poderes del Estado, no sólo afectan el respectivo ámbito de competencias y atribuciones de tales instituciones, sino además el principio de separación de poderes” (STC 01761-2008-PA/TC, f.j. 12).

De otro lado, el principio de separación de poderes se encuentra vinculado con el principio interpretativo de corrección funcional, que implica que al realizarse la labor de interpretación no se debe desvirtuar las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado (STC 05854-2005-PA/TC).

La conclusión es clara: un dictamen del Congreso, como el que pretende eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por un nuevo ente, luego de sus infructuosos intentos de mediatizar y neutralizar su trabajo, no es compatible con el principio de separación de poderes. Todo lo contrario, da cuenta de un proceso de acumulación y concentración del poder altamente peligroso para un Estado constitucional de derecho.

 

7. Este dictamen resulta incompatible con el principio de lucha contra la corrupción porque pretende dejar en la impunidad la corrupción de los congresistas

Si tenemos en cuenta los antecedentes de este dictamen, caracterizados por el intento del Congreso de neutralizar las investigaciones del Ministerio Público y los procesos penales en trámite en el Poder Judicial contra los actos de corrupción de congresistas y líderes de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, como los casos de Keiko Fujimori, Cesar Acuña y José Luna Gálvez, podemos concluir que este proyecto en realidad busca la impunidad de la corrupción de los congresistas, lo cual resulta incompatible con el principio constitucional desarrollado por el TC de lucha contra la corrupción política[10]. El principio de lucha contra la corrupción es un principio normativo vinculante de rango constitucional, en la medida que se desprende de normas de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en varias sentencias.

En efecto, por ejemplo, resulta incompatible con este principio que hayan votado 14 congresistas investigados por la Fiscalía, por presuntamente negociar con la exfiscal de la Nación, para la destitución a los que investigan a su presunta socia Patricia Benavides. Igualmente, viola este principio que un total de 54 congresistas involucrados en otros procesos de corrupción hayan votado.

En un primer momento, el TC ha señalado que “la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal”, agregando “la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución” (STC 0019-2005-PI/TC, f.j. 59).

En un segundo momento, ha señalado el TC que “la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución”, agregando que “se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción” (STC 00006-2006-PCC/TC, f.j. 11).

En un tercer momento, el TC ha establecido que “se debe partir por considerar que el ordenamiento constitucional, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción”, añadiendo que “el proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquéllas vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional concentrada y difusa, tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello, un directo atentando contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país” (STC 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC, f.j. 54 y 55).

De otro lado, tenemos el principio de lucha contra la corrupción en el derecho internacional de los derechos humanos, el cual debe ser aplicable en el Perú, a través del control de convencionalidad. Este derecho es tambien reconocido y dotado de contenido por las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

El Perú es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Las convenciones, como bien ha señalado el TC, son herramientas de hard law o derecho duro, que –al momento de su suscripción o ratificación– automáticamente pasan a integrar el ordenamiento jurídico nacional en el más alto rango: el constitucional, tratándose de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, son normas de aplicación inmediata en el país y no requieren de intermediación legal. A ambos instrumentos nos referimos a continuación.

Tenemos, en primer lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la activa participación del Estado peruano el 31 de octubre de 2003, mediante la Resolución 58/4. En él, se establece la necesidad de contar con determinadas políticas y prácticas para prevenir la corrupción (artículo 5):

“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas” (Resaltado nuestro).

De igual forma, podemos encontrar medidas específicas, como las que recoge el artículo 11, que  se refieren por ejemplo a la situación particular de los jueces y fiscales, y que son de especial trascendencia:

“1. Teniendo presentes la independencia del Poder Judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del Poder Judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el Ministerio Público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del Poder Judicial pero goce de independencia análoga” (Resaltado nuestro).

En esa misma línea, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada y ratificada por el Estado peruano, el 29 de marzo de 1996 y el 4 de abril de 1997, respectivamente. Al respecto, su artículo III establece determinadas medidas preventivas de la corrupción, que deben ser tomadas en cuenta como parámetros convencionales. Señalamos algunas:

“Artículo II

Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:

    1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
    2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

No se trata entonces de un proyecto que busca realmente mejorar el sistema de administración de la justicia, sino de lograr a impunidad de actos de actos de corrupción de congresistas. Esa es la vervadera finalidad y motivación politica. Y esto resulta absoluta y frontalmente en contraposición con el principio de lucha contra la corrupción, que es plenamente justiciable[11].

 

8. Los principios constitucionales de independencia de la justicia, separación de poderes y lucha contra la corrupción constituyen criterios de validez material de las decisiones del Congreso

Una consecuencia de la especial fuerza normativa de la Constitución, y de los principios constitucionales, es que esta constituye un criterio de validez sustancial de toda decisión del Estado, en especial de los poderes públicos. El fundamento de esto se encuentra en el último párrafo del artículo 31 de la Constitución, que establece que es nulo y punible todo acto que restrinja derechos ciudadanos.

“Artículo 31

[…] Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.

En efecto, en un Estado Constitucional de Derecho, la Constitución no solo establece la reglas de “cómo” decir el derecho, sino también aquellas sobre “qué cosa” el derecho no puede decir y sobre “qué cosa” debe decir[12], ya que, en un Estado Constitucional, las normas están condicionadas a la norma superior, que es la Constitución, porque esta última, tal como lo expresa Luigi Ferrajoli, es: “La positivización de principios y derechos fundamentales en normas constitucionales, condicionando la legitimidad del sistema político a su plena tutela y observancia (…)”[13].

La Constitución y los principios constitucionales imponen dos tipos de límites, los formales y los materiales. Los primeros regulan el procedimiento de formación de las normas, obligando al órgano emisor a que cumpla la forma establecida para ello. Los segundos vinculan el contenido de las disposiciones futuras, prohibiendo el contenido que contradiga lo regulado por la Constitución[14]. En el presente caso, se han violado los límites sustanciales como son los principios constitucionales de independencia de la justicia, separación de poderes y lucha contra la corrupción.

El TC, en su jurisprudencia, ha señalado: “La legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley –más aún si esta puede ser inconstitucional– sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de legalidad», en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución, al prever que «[l]as autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (…)» (énfasis agregado)”[15].

Por ello, debemos entender que la Constitución es la norma jurídico-política suprema, jurisdiccionalmente aplicable, que garantiza la limitación del poder para asegurar que éste, en cuanto es manifestación jurídica del principio político de soberanía popular, sirva para la tutela de los derechos fundamentales y el respeto del ordenamiento jurídico de la nación[16], por lo que ninguna norma, sin importar el órgano que la emita, puede alejarse de lo dispuesto en la misma Norma Fundamental.

Así también lo ha expresado el Tribunal Constitucional español en su jurisprudencia, en la cual ha referido: “Conviene no olvidar nunca que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, están sujetos a ella”[17]. Esta Corte Constitucional resalta la importancia del Texto fundamental como verdadera norma jurídica, que obliga a todos los poderes del Estado a cumplir sus preceptos.

La consecuencia práctica es la subordinación de las leyes a las Constituciones Políticas, no sólo en lo que respecta a las formas de su producción, sino también en lo que hace a los significados normativos producidos. Esto significa que “una norma formalmente válida y, por lo tanto, existente, pueda ser, sin embargo, sustancialmente inválida porque su significado contradice las normas constitucionales sustanciales”[18].

Adicionalmente, habría que hacer mención del principio general de la efectividad de las disposiciones constitucionales, el cual reconoce el derecho a exigir el cumplimiento de las normas constitucionales. Como sabemos, el Tribunal Constitucional reconoce la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos (STC normas legales y de los actos administrativos 0168-2005-PC/TC, FJ. 9). En palabras del TC, “con base en el principio de regularidad del ordenamiento jurídico, el cual supone, como ya se dijo, la efectividad de las normas que conforman dicho sistema normativo, este Tribunal debe también reconocer la existencia de un principio general principio general principio general de la efectividad de la efectividad de las disposiciones constitucionales” (STC 05427-2009-PC, f.j. 19).

Muy relacionado con este argumento también encontramos el principio de proscripción del fraude a la constitución, que no es otra cosa que la “renuencia de las autoridades y funcionarios a sujetarse a los mandatos de la Constitución” (STC 05427-2009-AC, f.j. 16). Según el TC, esta situación conduce “al descrédito del modelo del Estado Constitucional de Derecho, las instituciones democráticas y el gobierno de las leyes, con el riesgo que ello conlleva de proliferación de la violencia social o de propuestas políticas que descreen de la democracia y que sólo pueden terminar en la anulación de todo el sistema de libertades de las personas”. (STC 05427-2009-AC, f.j. 16).

La conclusión es que los principios constitucionales de independencia de la justicia, separación de poderes y lucha contra la corrupción de lucha contra la corrupción, desarrollados por la jurisprudencia del TC, son criterios de validez, son parámetros para evaluar la validez material de las decisiones del Congreso.

 

9. Conclusiones

  • El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución propone que la función antes realizada por la Junta Nacional de Justicia, compuesta por 7 miembros elegidos por diferentes órganos constitucionales, sea realizada ahora por la Escuela Nacional de la Magistratura, que estará dirigida por una Junta de Gobierno conformada por representantes de la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos y de las universidades más antiguas.
  • Este dictamen debe ser analizado en el contexto del avasallamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público por el Congreso de la República, en venganza y en represalia por las investigaciones en el Ministerio Público y de los procesos penales contra no pocos congresistas y contra los líderes de las agrupaciones políticas a las que pertenecen. En tal sentido, consideramos que este dictamen y esta propuesta de reforma constitucional es parte de un conjunto de ataques a la judicatura, con la finalidad de detener y paralizar estas investigaciones y procesos para obtener la impunidad de sus actos delictivos.
  • El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, en el marco de estos antecedentes reseñados, al querer eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura, constituye, en los hechos, una grave e intolerable interferencia en el sistema de justicia, la cual viola una de las principales garantías del debido proceso, de la independencia no solo de los jueces sino del sistema de justicia. La modificación constitucional es un acto de captura, cooptación e injerencia del sistema de justicia por el Congreso, con la finalidad de neutralizar la lucha contra la corrupción, contra los congresistas que vienen siendo investigados y contra los líderes de dichas agrupaciones políticas procesados.
  • Está claro que el Congreso no quiere ser controlado por el Poder Judicial, y como no puede evitarlo, como no puede frenar los procesos de amparo y los procesos constitucionales contra sus decisiones, pretende someter a la judicatura, eliminando a la Junta Nacional de la Justicia, que precisamente selecciona, nombra y destituye a los magistrados del Poder Judicial. La razón es que no quiere un Poder Judicial y un Ministerio Público autónomos e independientes, que investiguen, procesen y sancionen a los congresistas y a los líderes políticos investigados por actos de corrupción. Y como el Congreso no puede controlar a la Junta Nacional de la Justicia, decide eliminarla y crear un órgano que sí pueda controlar.
  • Consideramos que estamos ante un intento más de avasallamiento por el poder político, que tiene por objetivo neutralizar el trabajo del Poder Judicial y del Ministerio Público de lucha contra la corrupción. Esta vez ya no se recurre a un juicio político contra los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, como lo hicieron, ni se valen del TC para desconocer los fallos del Poder Judicial contra decisiones del Congreso, sino que se hace a través de una reforma constitucional que liquida precisamente a este ente público que le fue incómodo.
  • La conclusión es clara: un dictamen como el que pretende eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por un nuevo ente, luego de sus infructuosos intentos de mediatizar y neutralizar su trabajo, no es compatible con el principio de independencia de la judicatura, el principio de separación de poderes y el principio de lucha contra la corrupción. Todo lo contrario. Da cuenta de un proceso de acumulación y concentración del poder altamente peligroso para un Estado constitucional de derecho.
  • En tal sentido, consideramos que este dictamen es inconstitucional porque viola el principio de independencia judicial, que se encuentra establecido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, según el cual “(…) Ninguna autoridad puede (…) interferir en el ejercicio de sus funciones (…)”. E igualmente, es incompatible con el inciso 1) del artículo 146 de la Ley Fundamental, por cuya virtud “(…) El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley (…)”. Son estas normas las que han sido violadas. Asimismo, el congreso viola el principio de separación de poderes reconocido en el artículo 43 de la Constitución, según el cual el gobierno peruano “es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”. Finalmente, este dictamen desconoce el principio constitucional desarrollado por el TC de lucha contra la corrupción.

 

Referencias:

[1] Ver también el informe de la Misión Internacional de Observación de la Junta Nacional de Justicia del Perú. Disponible en: https://dplf.org/sites/default/files/2024-06-04_informe_de_visita_1_extendida.pdf

[2] El Congreso desconoció que el debido proceso se aplica a los procedimientos parlamentarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado que el conjunto de garantías mínimas no se limita a la materia penal, sino por el contrario, han de observarse en las instancias procesales de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos y obligaciones”. (Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párrs. 69-70). De acá se desprende un mandato, de una norma convencional adscrita, que exige que cada vez que el Estado en general, y el Congreso en el caso particular va a tomar una decisión que implique materialmente ejercicio del poder sancionador/punitivo, y que afecte derechos o establezca obligaciones, se deberá aplicar un contenido mínimo del debido proceso. Fue esta garantía la que no fue respetada en este caso.

[3] Ver sentencia https://drive.google.com/file/d/1pQnyJQOkfq_dz43Y-iHYtmb2jL5tITU7/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1iWc6A7yi-dqIBI74sSuRUc9my4SrdtlVqVyDL7LBPnQDU7bjAWhqGjyQ_aem_AfZk0q7McEPk-G54LkTZGNfqLUqYpUB8fzJcpg9CIUNZKwANkBPWyYusj_UXuknDjwgHWb1tQsNzd8ydl9QFRmuW.

[4] Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary

[5] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013.

[6] Ibídem.

[7] La Opinión Consultiva  OC-28/21 trata  sobre  la  figura  de  la  reelección  presidencial  indefinida  en  el  contexto  del  Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párrafo 81. Puede consultar el resumen oficial en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_28_esp.pdf.

[8] Ibídem párrafo 82.

[9] Carta Democrática Interamericana, aprobada en la Vigésimo Octavo Período Extraordinario De Sesiones, realizada el 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú. Disponible en: https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

[10] Esta línea jurisprudencial ha sido analizada por la profesora de la PUCP Erika García Cobián Castro, Lucha contra la corrupción y derechos fundamentales en el Perú: ¿transitar del principio constitucional de proscripción de la corrupción a un derecho fundamental a vivir libre de corrupción? Disponible en http://themis.pe/wp-content/uploads/2018/07/Erika-Garci%CC%81a-Cobia%CC%81n.docx.

[11] ¿Es posible la justiciabilidad del principio constitucional de lucha contra la corrupción? Disponible en: https://www.idl.org.pe/es-posible-la-justiciabilidad-del-principio-constitucional-de-lucha-contra-la-corrupcion/

[12] Luigi Ferrajoli, Positivismo Crítico, Derechos y Democracia. En: XI Seminario Eduardo García Maynez sobre teoría y filosofía del derecho. Ciudad de México del 4 al 6 de septiembre de 2001. Pág. 10

[13] Luigi Ferrajoli, Positivismo Crítico, Derechos y Democracia. Pág. 12

[14] Ricardo Guastini. La Constitución como limite a la legislación En: Libro de Estudios de Teoria Constitucional. Fontamara: México, 2001. Pag. 47 – 48

[15] STC. Nº 3741-2004-AA/TC, f.j. 6.

[16] STC. Nº 0023-2005-PI/TC, f.j. 1.

[17] Tribunal Constitucional de España. STC. 16/1982, de 28 de abril. F. J. 1

[18] Ibídem, pág. 11.

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