Aquí no hay refugio: ¿cuándo el Estado invisibiliza migrantes (y cuándo no)?

Aldo Pecho Gonzáles

IDL-Seguridad Ciudadana

El día parece particularmente bueno. Adriana Gallegos[1] abre la puerta de la casa-edificio donde vive y el solcito se asoma tímido, aunque benevolente, para calentar la calle. Son las nueve de la mañana. Ahora tendrá que caminar las cuadras y cuadras interminables que la separan del hospital San José, en Carmen de la Legua, para ver si le pueden hacer una prueba de descarte. Desde hace una semana tiene una extraña tos seca que la aqueja, una fiebre que le viene y le va, y además ha empezado a dolerle el pecho. ¿Será la COVID-19? No quiere ni pensarlo. Pero no está demás hacerse una prueba. Si es que se lo permiten, claro. No tiene seguro privado, no tiene SIS, tampoco carnet de extranjería para registrarse. Apenas un PTP que está a punto de vencer y no sabe bien cómo empezar a tramitar su regulación migratoria.

            Dos años atrás, cuando vivía en La Guaira, Venezuela, y la situación se había vuelto insostenible, pensó en emigrar. La mayoría de sus amigos habían apuntado hacia Colombia y otros a Ecuador. La trataron de animar, pero ella miró el mapa y dijo: “No, yo no voy para allá. No me gusta. He escuchado que maltratan mucho. Me voy para Perú. Hay más oportunidades, allá no hay hambre”. Así fue como, sola, planificó un viaje que le tomaría semanas y semanas, la mayor parte en bus. Quería vivir en Perú. Y hacia aquí vino.

            —Pues sí, vivo en la avenida Perú, cuadro 38, distrito de San Martín de Porres —comenta sonriendo—. Dije “Quiero vivir en Perú”. Y literalmente, vivo en la avenida Perú. Pero las cosas no me han ido como esperaba, no siempre te puede ir bien. Ahora con esto del coronavirus no tenemos cómo trabajar de manera estable. Y también la salud. No andamos muy bien de salud.

            En la misma situación se encuentran la inmensa mayoría de los 860 mil venezolanos que, según calcula ACNUR, estaban viviendo en nuestro país antes de que iniciara la pandemia. Y como en la mayor parte de América Latina, la región más desigual del planeta, la crisis sanitaria peruana empezó a desnudar otras crisis más profundas, de corte más estructural. El resultado ha sido un golpe terrible y asfixiante para las poblaciones más vulnerables, entre ellas la población venezolana.

Una migración forzada sin posibilidad de alcanzar el estatus de “refugiado”

La diáspora venezolana no es una mera migración económica por falta de empleo u oportunidades. Es algo más que eso: un desplazamiento forzado provocado por una crisis multidimensional, que va desde la violación sistemática de derechos humanos, inseguridad ciudadana, persecución política, falta de seguridad alimentaria hasta la inflación de la canasta básica y la devaluación de la moneda, entre otras cosas. La implicancia regional que ha tenido Venezuela en América Latina, más aún con la continuidad del régimen chavista, hizo que se apuntaran los reflectores para poner en evidencia una grave situación que estaba alcanzando su cenit. La respuesta latinoamericana no tardó en presentarse en bloque, a través del Grupo de Lima. Y aunque sus esfuerzos han tenido un claro tinte geopolítico, y un marcado sesgo ideológico, resulta innegable que la crisis en Venezuela se había agravado y era necesario tomar cartas en el asunto.

            En la región andina, países como Colombia, Ecuador y Perú abrieron sus fronteras para que pudieran ingresar a sus territorios cientos de miles de venezolanos huyendo de esta crisis. A fin de facilitar el traslado, se emitieron documentos o permisos temporales de permanencia (como el famoso PTP peruano). El discurso que se manejó fue el de mostrarse solidarios y de brindarles mayores oportunidades cuando llegaran. “Los venezolanos son bienvenidos al Perú. Vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”, prometía el ahora depuesto presidente Pedro Pablo Kuczynski. En teoría, la migración fue recibida con los brazos abiertos. En teoría. Nada más.

—Entonces yo vengo aquí, alquilo una habitación con mis ahorros y busco trabajo. En Venezuela era comunicadora, hacía de todo un poco —cuenta Adriana—. Aquí no, mi título no vale nada. Que me piden esto, tienes que presentar papeles, tienes que pagar allí unos dólares, igual te van a descontar. ¿Cómo es eso? Pensé que nos darían más facilidades. No, para trabajar te ponen dificultades. Yo tengo que comer. No me queda más que salir a las calles. Tenía vergüenza, y aun así empiezo a vender en las calles. No da mucho. Ofrecían trabajo como mesera, y eso lo tomo. Yo lo tomo. Bueno, ningún trabajo es malo. Así empezamos.

            Más allá de los permisos temporales, Gobiernos como el peruano no otorgan mayores facilidades a los ciudadanos venezolanos si no tienen calidad migratoria. Es decir, presentar documentos como el carnet de extranjería, difíciles de obtener por sus exigentes requisitos. Sin estos, no habría oportunidades para obtener trabajo con beneficios laborales, seguro de salud gratuito o acceder a algún servicio público. Esta era la paradoja del discurso solidario: se abrían las puertas a los migrantes, pero se los dejaba a su suerte sin quitarles las trabas. Y tenía otras interrogantes sin resolver: si se hablaba tanto de una crisis humanitaria, ¿por qué no se les otorgaba el estatus de “refugiado”?

            Marta Castro, coordinadora de investigación de Equilibrium CenDe, refiere que la condición de refugiado no es la misma que la de un migrante. El estatus de refugiado exige una obligación por parte del Estado de proteger a los desplazados y otorgarles ciertos derechos. Perú es el país con la mayor cantidad de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos en el mundo y no ha respondido a sus requerimientos. Según ACNUR, son más de 482 mil solicitudes de las cuales tan solo se han resuelto 1225. Todo un trámite, con un tiempo de espera de aproximadamente ¡dos años! ¿Por qué esta espera?

—Ocurre, en primer lugar, porque las mismas prácticas restrictivas han limitado las vías de regularización migratoria —explica Marta Castro—. Esto ha hecho que solicitar asilo se convierta en una de las pocas opciones para ingresar y permanecer de manera regular en Perú, y ha tenido un claro impacto en el aumento exponencial de solicitudes para las que el sistema de asilo nunca estuvo preparado. Lo segundo es que, al no estar aplicando la definición ampliada de persona refugiada contemplada en la propia ley peruana, las solicitudes se resuelven de manera individual, estudiando caso por caso y sin un criterio estándar. Si se aplicase, se podrían agilizar los procesos a través de reconocimientos grupales. Otro de los problemas ha sido la poca voluntad política de reconocer a las y los venezolanos como refugiados por los posibles costos a corto plazo que esto generaría, ya que los refugiados por ley tienen garantizado el acceso a las redes de protección social. Ha sido preferible para el Gobierno mantener a los solicitantes de asilo en un limbo legal.

En el caso de Adriana Gallegos, desistió de tramitar una solicitud de asilo por desconocimiento. Refugiados solo son los perseguidos políticos, pensó en algún momento. Y ella no había militado en ninguna organización o partido, ni de oficialismo u oposición, aunque claro que tenía su propia postura y nunca tuvo problemas por eso. Sin embargo, en nuestro país la Ley del Refugiado (Ley N.º 27891) recoge la amplia definición de la Declaración de Cartagena (1984) que reconoce como refugiados a aquellas personas “que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Por lo tanto, migrantes venezolanos como Adriana deberían ser reconocidos como refugiados, ya que su desplazamiento —y en general el fenómeno de movilidad humana que viene ocurriendo desde Venezuela— tiene un carácter forzado debido a los dos últimos puntos contemplados en la Declaración.

            Lo cierto es que el Gobierno peruano no ha tenido voluntad política para reconocer esta condición. Y parece que, por lo menos a corto plazo, tampoco la tendrá.

Las políticas de sucuritización oscurecen el panorama

—No te voy a decir que al trabajar todo empezó a ser un paraíso —cuenta Adriana—. Por lo menos tenía con qué alimentarme, comprar lo necesario que quizá allá en Venezuela no podía encontrar. Me sentía más tranquila. ¿El trato? Fue bueno al inicio, digamos, pero sí me hacían trabajar bastante. Cuando sentí que ya era demasiado, muchas horas extras, y se estaba volviendo un abuso, decidí renunciar. Y así estuve de lado en lado, buscando mejores oportunidades. Un día llego a un restaurante y le digo a la señora: “Quisiera trabajar”. Le señalo el cartel. “¿Usted no sabe leer?”, me contesta. “Allí dice: no venezolanos”. Y yo: ¿Pero por qué?”. Y empezó a decirme que traíamos muchos problemas. No quiso.

            Al año de vivir en el Perú, Adriana empezó a sentir un cambio paulatino en el comportamiento de algunas personas hacia ella, concretamente en el trabajo. O cuando intentaba buscar trabajo. Lo mismo le pasó a Sebastián, su novio, un migrante del estado de Zulia a quien conoció en Lima. Escuchaban comentarios negativos constantemente: los venezolanos son flojos, roban, te pueden matar. Las mujeres solo quieren arreglarse, son muy coquetas, les quitan el marido a las peruanas. Así se fueron sintiendo desalentados. Y ellos mismos empezaron a sentirse cargados emocionalmente con lo que veían en la televisión o encontraban navegando por redes sociales. Hasta que, por salud mental, decidieron poner un alto. No revisar más esas noticias.

            Los medios de comunicación tuvieron un papel importante sobre el cambio en el imaginario de la población peruana con respecto a los migrantes venezolanos. Empezaron a manejar las noticias con un tinte de espectacularización, desde robos o asaltos cometidos por migrantes, hasta algún lío en las calles entre vendedores informales, o cosas tan nimias como los comentarios de algún venezolano sobre cómo son los peruanos. Noticia nacional, claro. En las encuestas de percepción, fueron dos los temas de mayor preocupación con respecto a los migrantes: que les quiten trabajo a los peruanos y que atenten contra su seguridad.

            Según comenta Marta Castro, la especialista de Equilibrium CenDe, el impacto de la migración venezolana sobre la economía nacional es positivo y sus efectos sobre el empleo, a mediano y largo plazo, terminan siendo también favorables. Esto, por supuesto, se encuentra demostrado por investigaciones tanto a nivel nacional,[2] como en diversos casos internacionales. El problema es que la difusión de estos trabajos, o por lo menos rescatar y hacer públicas sus conclusiones, resulta doblemente complicado en un país con escasa experiencia como comunidad de acogida. En el Perú estamos acostumbrados a emitir migrantes, no a recibirlos.

            El otro problema ha sido el de la inseguridad. Y esta es una percepción que recogió y también contribuyó a reforzar el Estado peruano, concretamente el MININTER, en la mente de muchos peruanos: los migrantes son delincuentes. En otro artículo, nos hemos encargado de demostrar cómo se ha ido construyendo este mito sin que exista prueba, respaldo estadístico ni investigación pública alguna que relacione un supuesto y dramático crecimiento de la criminalidad con la migración. Pero vale resaltar aquí las implicancias que vienen teniendo este tipo de políticas, donde la migración es un tema de seguridad ciudadana sobre la que el Estado demuestra estar en constante alerta:

            —Un día la policía lo detiene a Esteban —sigue contando Adriana—. Había un operativo. “Documentos, ¿eres venezolano?, a la comisaría”. No lo dejaban salir. Yo voy para allá: “¿Qué hemos hecho? Él no ha hecho nada, está yendo a trabajar, es obrero”. No nos hicieron caso. Todo un día detenido. Cuando vuelve a su trabajo, parece que alguien lo había visto. Cómo se habrían enterado, mira tú. “Esteban, ya no puedes trabajar aquí. Los muchachos te tienen miedo, lo siento”. Y lo despidieron. Así sin más. Lo despidieron.

            El Gobierno de Vizcarra es muy sensible a la opinión pública. Tiene un termómetro para ello y se maneja con políticas que tienen, en su mayoría, respaldo popular. Y como la cuestión venezolana es un tema muy sensible para la población peruana, además de ser fustigada por cierto sector político de derecha, lo que se ha terminado poniendo en práctica es un plan de “mano dura” contra la supuesta delincuencia extranjera. Ya vemos qué consecuencias vienen trayendo esto. Las políticas de securitización no pintan un buen panorama para los migrantes y terminan derivando en ralentizar o impedir la adquisición de sus derechos, además de imponer serias limitaciones a la movilidad humana. ¿Qué ha venido sucediendo?

—Hasta hace dos años, Perú tenía una política de puertas abiertas para migrantes de nacionalidad venezolana —nos comenta Marta Castro—. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Lo que parecía ser un discurso generoso ha dado un giro hacia un enfoque de securitización que caracteriza a los migrantes como una amenaza para la sociedad. Desde el 2018 se exige pasaporte a ciudadanos venezolanos para ingresar al territorio. Y desde el 2019 se exige la llamada visa “humanitaria”, igualmente solo a ciudadanos venezolanos. A esto se suma el fin anticipado del PTP. Estas prácticas restrictivas han limitado las vías de entrada y permanencia regular, por lo que han puesto a la población migrante y refugiada en una situación de mayor vulnerabilidad frente a grupos de trata y tráfico ilícito, especialmente a mujeres y niñas. Además, con los discursos estigmatizantes y la influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública y el imaginario colectivo, se pone en riesgo la protección e inclusión del migrante, especialmente de aquellos que tienen condición irregular, a quienes se criminaliza. Esto hace que sean más fáciles las prácticas de detención y deportación.

Con la pandemia de la COVID-19 extendida por todo el territorio nacional, la inmovilidad forzada y el cierre de fronteras, la vulnerabilidad por parte de los migrantes se ha agravado. La respuesta del Estado ante esta situación ha sido, una vez más, invisibilizarlos. Parece que solo son visibles cuando representan un “problema”.

Encontrar algunas salidas a la crisis

En el segundo mes de la cuarentena, cuando ya habían agotado la mayor parte de sus ahorros, su casero exigía el pago de la renta y los alimentos escaseaban, Adriana y Esteban decidieron improvisar un trabajo en las calles. No importaba el riesgo. Había que elegir entre el hambre o la enfermedad. Juntaron varias botellas vacías de plástico, compraron una buena cantidad de cloro e implementos sanitarios, y fueron de puerta en puerta a ofrecer servicios de desinfección en las entradas de las casas. ¿El precio? La voluntad de las personas.

            —Nos hemos ido sosteniendo así durante estas semanas. Buenos días, ofrecemos servicios de desinfección para la puerta, la entrada de su casa. Le limpiamos todo. Que no se acumule el virus si usted tiene que salir, ir a comprar, que quede todo limpio. Y así, al menos juntamos recursos para nuestro día. A veces nos regalan comida, productos, todo es bienvenido. Pero mira, ha empezado el frío. Nos estamos poniendo ya un poco mal.

            La cuarentena ha sido dura para aquella población sin posibilidad de trabajar desde casa, sin ahorros, seguro médico ni vivienda propia. También para quienes, teniendo cierta solvencia, necesita del día a día para seguir manteniendo su estabilidad. Los migrantes venezolanos se encuentran en el primer caso. La mayoría laborando en el sector informal, sin recursos, propensos a enfermedades y viviendo en un espacio de alquiler reducido (generalmente una sola habitación) y en condiciones de hacinamiento. El Gobierno peruano no tuvo ninguna respuesta de protección para ellos durante esta pandemia, agravando algo que se veía venir fácilmente: una crisis humanitaria. La asistencia para los migrantes se dejó casi exclusivamente en manos de las agencias internacionales —como ACNUR y OIM— o de algunas ONG. Los recursos son insuficientes, claro está.

            Hace unas semanas, se convocó a una Conferencia Internacional de Donantes, por iniciativa de España, la Unión Europea y las agencias de Naciones Unidas. Se buscó recaudar fondos para los migrantes venezolanos, diseminados en su mayoría por América Latina. Alrededor de 60 países donaron más de 2500 millones de euros. Una buena suma que busca cubrir las carencias de los Gobiernos de la región para atender la crisis que golpea a la diáspora. Sin embargo, nada asegura que la distribución de recursos sea equitativa ni proporcional, según la cantidad de población migrante en cada país de acogida. De hecho, en el Perú la cooperación internacional no destina generalmente una gran cantidad de recursos, a diferencia de países como Colombia. Esto a pesar de ser el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de migrantes venezolanos y tener la mayor cantidad de solicitudes de asilo. Al parecer, nuestras políticas restrictivas y la limitación en el reconocimiento de sus derechos nos han pasado factura. ¿Cómo se podría modificar este escenario?

—Para canalizar recursos de la cooperación internacional —explica la especialista Marta Castro— primero habría que cambiar el discurso de los “buenos” y los “malos” venezolanos y reconocer que la movilidad humana es un fenómeno social y natural. También respetar la narrativa de la política migratoria nacional 2017-2025 peruana, la que tiene un enfoque de derechos humanos y protección hacia la población migrante y refugiada, así como los acuerdos internacionales y regionales en materia de migración. Luego sería necesario hacer un mapeo efectivo de las necesidades y vulnerabilidades de la población migrante y refugiada, así como sus perfiles y habilidades. Esto lo podría hacer el Estado en articulación con organizaciones de la sociedad civil, la academia, las asociaciones de venezolanos y organismos internacionales. Las fuentes de información se vuelven esenciales para identificar de qué manera proteger a esta población y cómo contribuir a una inclusión positiva que les beneficie tanto a ellos como a las comunidades de acogida. Esto permitirá priorizar las áreas estratégicas que requieran financiamiento internacional y solicitarlas. La pandemia de la COVID-19 ha permitido visibilizar las condiciones precarias en las que viven, pero también supone una ventana de oportunidades para financiar acciones que permitan cerrar brechas estructurales.

Para migrantes como Adriana o Esteban, el tiempo se agota hasta esperar estos cambios. Tampoco es que tengan muchas esperanzas o crean que les pueda llegar alguna ayuda. Prefieren valerse por sí mismos, aunque las oportunidades y las condiciones sean escasas. Si no consiguen ingresos suficientes este mes, han decidido que no vivirán en situación de calle. Ella se comunicó con una amiga en Medellín, Colombia, y puede ayudarlos con un espacio hasta que se estabilicen. Están dispuestos a cruzar la frontera, caminando, y alistar maletas antes que los desalojen. Se contactaron con un grupo de migrantes por WhatsApp, quienes programan el viaje de retorno. Una nueva crisis los desplazará. No serán los primeros ni los últimos. Pero, para ellos, tener adónde ir les mitiga la incertidumbre:

—Aquí no hay refugio —comenta Adriana, desalentada—, y uno no sabe cuándo puede acabar todo esto. Si me enfermo, espero que no sea aquí, porque no tendríamos cómo sostenernos. Y no solo por pagar los medicamentos, sino también el cuarto, la comida, todo lo necesario para vivir. Sin trabajo, no podríamos más. Por eso espero que no sea nada grave y podemos irnos. Tener un lugar adónde llegar.

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[1] A pedido de la entrevistada, se reemplaza su nombre y el de su pareja por un seudónimo.

[2] Estudios como los de BBVA Research (2019), Inmigración venezolana: características e impactos macroeconómicos, disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/inmigracion-venezolana-a-peru-caracteristicas-e-impactos-macroeconomicos/; Instituto Ética y Desarrollo (2019), Impacto de la inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y Piura, disponible en: https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/IMPACTOINM2019OIM.pdf; IDEHPUCP (2019), Estudio sobre el perfil socioecónomico de la población venezolana y su comunidad de acogida: una mirada hacia la inclusión, disponible en: https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/08/02195731/estudio-final-.pdf.