Arbitrariedad y complicidad: La JNJ apunta a suspender a la Presidencia del Poder Judicial y violar la independencia judicial

La decisión de la nueva Junta Nacional de Justicia, de iniciar un procedimiento disciplinario inmediato con fines de sanción contra cinco jueces y juezas supremas, entre quienes está la jueza Janet Tello, actual Presidenta del Poder Judicial, es arbitraria y se presenta de acuerdo a lo que se conoce, como una venganza política contra el Poder Judicial, sobre todo respecto de su nueva Presidenta, elegida en diciembre del año pasado.

1. Técnicamente, la decisión es DESPROPORCIONADA Y ARBITRARIA. Un procedimiento disciplinario inmediato es excepcional porque prescinde de la etapa de investigación preliminar y tiene como requisitos no solo que la presunta inconducta sea “notoriamente irregular”, sino que debe contar con prueba evidente, que se trate de una falta muy grave y que sea pasible de sancionarse con la destitución (artículo 72 de la Ley Orgánica de la JNJ). Esos requisitos no se cumplen porque, por ejemplo, la supuesta interpretación de una norma derogada no es un supuesto expreso de falta muy grave de acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial N° 29277 (artículo 48), y más aún, la aplicación de una norma derogada al parecer NO ES ALGO QUE EN EFECTO EXISTIÓ. No se aboga por que no se investigue, se exige que se haga de acuerdo a la ley y la Constitución.
2. Lo anterior deriva al CARÁCTER POLÍTICO de esta medida que apunta a la criminalización de la Presidenta del Poder Judicial que está en defensa de la separación de poderes, de la autonomía e independencia la institución y la lucha contra la corrupción. Más aún, en un escenario reconocido nacional e internacionalmente por las violaciones al debido proceso cuando de la persecución en forma de investigación a operadores de justicia que luchan contra la corrupción se trata. La criminalización de operadores y operadoras de justicia, y el favorecimiento ilegal de intereses políticos a los que se relaciona con la corrupción, son INADMISIBLES.
3. La Junta Nacional de Justicia NO DA GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, SOBRE TODO RESPECTO DEL PODER POLÍTICO, y en consecuencia, CARECE DE LEGITIMIDAD. Ambos son requisitos esenciales para ejercer como tal. Esta es la consecuencia de un proceso de selección de integrantes de la JNJ, que no respetó escrupulosamente las normas y principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, prevención de conflictos de interés, la lucha contra la corrupción, la debida motivación ni el perfil de funcionario que la norma exige. El resultado del proceso ha sido el nombramiento de personas vinculadas con diversos poderes políticos hoy investigados por la justicia, integrantes sobre los que, además, no se conocen por ejemplo sus patrocinios como abogados litigantes, una información que no fue requerida en el proceso de selección a pesar de ser solicitada públicamente.
4. Ante la AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS INSTITUCIONAL, URGE la activación de las medidas legales contra la arbitrariedad (como el amparo, e incluso la responsabilidad ético-profesional de ser el caso), así como el ejercicio del deber de los y las operadores de justicia de defender la independencia judicial (como se ha venido haciendo por algunos jueces y juezas en los últimos meses). Al ser un caso del más alto interés público, la JNJ debe transparentar la motivación de sus decisiones pero sobre todo, ajustarse al derecho y no llevar adelante tal cual esta decisión que impacta grave y negativamente en la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.
5. Desde la sociedad civil vamos a alertar a los mecanismos de protección de la independencia judicial y de derechos humanos, así como activar las medidas legales para que la JNJ garantice real y formalmente la independencia de los operadores y operadoras de justicia, en lugar de ser un centro de riesgos y violaciones para la misma y el Estado de Derecho.